En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, contrastó fuertemente la forma en que se expresaron quienes están vinculados al tema en España y en México. Grandes movilizaciones y un llamado de emergencia allá, con 90 mil personas en las calles de Madrid y otras más en ciudades autonómicas; ceremonias oficiales aquí encabezadas por autoridades estatales que entregan premios a personas destacadas en cada comunidad, así como sillas de ruedas y unidades de transporte accesible, gestos que son agradecidos por una sociedad civil desdibujada, que aprecia que al menos volteen a ver a las personas con discapacidad en este día. En algunos estados se toman más en serio que en otras el diseño e implementación de políticas públicas en favor de esta población.
Y es que en España, con todo y con que el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que las autoridades de ese país aún no adoptan plenamente el espíritu y la letra de este tratado, se han creado en décadas pasadas servicios públicos que hasta ahora son inexistentes en otros países de habla hispana, incluido México. Allá tienen todo que perder si no salen a defender sus conquistas, mientras aquí hay mucho camino por recorrer, empezando por fortalecer la organización desde la sociedad civil. Ya se habla de derechos y se toma en cuenta la Convención de la ONU (paradójicamente impulsada por este país), pero las donaciones de sillas de ruedas y de aparatos auditivos –qué bueno que existan– así como las becas de 70 dólares a veces mensuales, a veces trimestrales, no representan el cumplimiento de derechos para los 5.1 millones de personas con discapacidad y sus familias que hay en el país, de acuerdo al INEGI.
Se alientan y se premian las buenas prácticas de inclusión en el ámbito educativo con un premio anual que da la Secretaría de Educación Pública; así como la apertura de los empresarios y de las entidades públicas para dar empleo a personas con discapacidad con el reconocimiento Empresa Incluyente que otorga la Secretaría del Trabajo, junto con otras entidades. Estas son rutas que sin duda llevarán a que esas experiencias positivas algún día se generalicen y ya no sea necesario premiar lo que debiera hacerse por norma.
Pero, ¿será la ruta correcta la que han tomado organizaciones de la sociedad civil que no exigen derechos sino que los piden en voz baja y con un tono que, de preferencia, no altere al gobernante o al legislador? Habría que voltear a ver a España y solidarizarse con la lucha de su sociedad civil organizada que al menos da la impresión de estar cohesionada y fortalecida en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y sus expresiones en las distintas regiones autonómicas.
Sin embargo, parece que ellos ya van de regreso. ¡Ojalá que no!
Yo diría que para estar conscientes de lo que reclaman con ese grito de S.O.S Discapacidad, hay que considerar que allá es una realidad lo que de este lado del Atlántico apenas nos atrevemos a soñar:
La ley obliga a la contratación de personas con discapacidad (no sólo a no discriminar o a adaptar el lugar de trabajo en un plazo de 36 meses); la familia con un integrante con discapacidad severa (dependencia) recibe una especie de pensión para que alguien pueda dedicarse a cuidarlo, en cada comunidad hay casas de día donde conviven y aprenden oficios personas con discapacidad intelectual, si tienes seguridad social puedes solicitar las ayudas técnicas que necesites (sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, andaderas) sin costo o con un costo mínimo, hay ayudas económicas para el pago de terapias, los servicios de ambulancia son gratuitos, no hay que pagar una escuela particular para tener acceso a la educación, entre otros servicios.
Eso es lo que está en riesgo. Con la protesta social pacífica y enérgica en medio de una severa crisis, con la gente pateando calles, los más vulnerables de España nos están dando una lección. Están diciendo no al esquema neoliberal de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. El llamado del gobierno a “apretarse el cinturón”, se lo pasan por la Puerta de Alcalá.
