Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– Guadalupe Escobedo Mérida dio a luz en la vía pública la víspera de la Navidad de 2012, auxiliada sólo por las personas con quienes vivía en la céntrica calle de Artículo 123, cerca de la estación Juárez del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Durante ese día había sentido dolores en el vientre, pero no pensó que fueran contracciones; en lugar de eso, supuso que su dolor era estomacal, seguramente provocado por los alimentos del comedor comunitario al que había ido por la tarde. En algún momento de la noche, Guadalupe sintió su pantalón mojado y sin suponer que había roto la fuente, sólo atinó a pedir a uno de sus compañeros callejeros un pantalón prestado para cambiarse de ropa. Cuando estaba haciéndolo comenzó a parir.

“Nomás lo que hice: me agarré bien duro de un puesto y del árbol”, recuerda.

Mientras Guadalupe estaba en labor de parto pasó una patrulla, pero dice que los policías no quisieron detenerse. Fueron los policías a bordo de una segunda patrulla quienes, al verla pariendo, llamaron por radio a una ambulancia; pero para cuando ésta llegó, la bebé de Guadalupe ya había nacido.

Guadalupe llegó a vivir a la calle desde que era niña y es incapaz de precisar cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Tampoco sabe cuándo nació ni cuántos años tiene y hasta ahora no tiene ningún documento que avale su identidad. En su rostro marchito es difícil adivinar su edad.

Para proteger a la bebé del frío invernal, los compañeros de Guadalupe la envolvieron con una playera sucia, lo que le provocó una infección en la piel; también tuvo hipoxia (falta de oxígeno al nacer). Sin embargo, no tuvo secuelas ni ningún otra complicación médica, a pesar de que durante el embarazo Guadalupe tuvo sífilis y se drogaba con solventes.

Guadalupe cuenta que se enteró de su embarazo un día que terminó en el hospital, tras haberse peleado con otra mujer. El médico que la atendió y que le dio la noticia de que estaba embarazada, también le informó que tenía sífilis y la canalizó a la Clínica Especializada Condesa, un centro de atención del VIH/sida, así como de la salud sexual y reproductiva de mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad.

Ella se curó de la sífilis, pero durante su embarazo no dejó de drogarse, a pesar de las advertencias de que eso podría dañar a su bebé o provocarle un aborto. La Clínica Especializada Condesa diagnosticó  su embarazo como de alto riesgo y en esa condición la canalizó al Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, un hospital público de alta especialidad que atiende embarazos de alto riesgo.

Pero aunque tenía una carta de referencia de la Clínica Especializada Condesa y una cita agendada le negaron la atención.

“Ahí me sentí rechazada”, se queja al recordar que tanto en el primer hospital como en la Clínica Especializada Condesa (ambos públicos) había recibido un buen trato.

“Me dio coraje porque sí tenía cita. Le enseñé el papel a la policía”, recuerda, en alusión a la carta de referencia que tenía.

Desde antes de embarazarse, Guadalupe había tenido apoyo de El Caracol, una organización civil que trabaja con poblaciones callejeras.

Cuando supieron que estaba encinta, los integrantes de la asociación le sugirieron que dejara la calle y buscara un albergue para vivir, pero ella se negó, cuenta Yesenia Espitia Pérez, acompañante educativa de la organización y quien ha asistido a Guadalupe en su proceso de integración social.

Espitia Pérez explica así el trabajo que han desarrollado con Guadalupe desde su embarazo: “Siempre lleva un acompañante educativo. Ella solicita sola las cosas, a menos que veamos que se ponen rudos es como ya uno se mete, tratando de que ella vaya sola ejerciendo su maternaje y su ciudadanía para que en un momento que nosotros no podamos estar, ella sepa”.

El día que Guadalupe acudió al Instituto Nacional de Perinatología, Espitia Pérez estaba con ella, pero dice que el guardia de la entrada no le permitió el acceso como su acompañante. No pasó de la recepción del Instituto, pues dice que la recepcionista y un policía que se encontraba ahí le negaron la atención médica.

“Sí me dio coraje, porque sí tenía cita, le enseñé el papel al poli. ¿Por qué no me vas a dejar entrar si tengo cita?”, cuestiona.

Ni ella ni Espitia Pérez saben por qué razón le negaron el servicio. El director de El Caracol, Luis Enrique Hernández Aguilar, considera que se trató de un acto de discriminación contra Guadalupe porque era una mujer callejera.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señala en su informe “Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013” que las mujeres callejeras enfrentan complicaciones para recibir atención médica durante sus embarazos o al concebir a sus hijos, pues son discriminadas con base en los estereotipos negativos que hay respecto a las poblaciones callejeras, o recurrentemente se les niega la atención o los medicamentos con el argumento de que no tienen un documento de identidad. 

Tras la negativa del Instituto para atender a Guadalupe, el personal de El Caracol comenzó a buscar otro hospital que la recibiera. No lo habían conseguido cuando ella dio a luz.

Lo que vino tras el parto para Guadalupe podría resumirse así: un intento de separarla de su hija y entregarla bajo custodia al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); acusaciones de malos tratos por parte del personal médico del hospital público al que la ambulancia la llevó tras haber parido en la calle; la negativa de esa institución de entregarle el acta de alumbramiento de su hija, porque ella no contaba con ningún documento que acreditara su identidad; la imposibilidad de registrar a su hija dada su falta de documentos; y una mala experiencia en uno de los albergues del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), la instancia gubernamental encargada de atender a las poblaciones callejeras en el Distrito Federal.

MUJERES CALLEJERAS, INVISIBLES Y DISCRIMINADAS

No hay datos precisos sobre cuántas personas viven en las calles de la Ciudad de México. La única cifra oficial disponible es la de aquéllos que atiende el IASIS durante el invierno. De acuerdo con su conteo más reciente, que abarca el periodo 2011-2012, habría al menos 4 mil 14 personas en la Ciudad de México que viven en la vía pública, de las cuales 547 serían mujeres. El Instituto no contó cuántas de esas mujeres estaban embarazadas o tenían hijos.

La cantidad podría ser mucho mayor si se considera que en 1995 un censo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó que 13 mil 373 menores de edad vivían en las calles de la Ciudad de México, dice Hernández Aguilar, quien toma con reserva los datos del gobierno, pues duda que esa cifra haya disminuido.

Recientemente, El Caracol comenzó a elaborar un diagnóstico para saber qué pasa con las mujeres callejeras que tienen hijos en la vía pública. Aunque el proyecto está en proceso, Hernández Aguilar habla sobre los hallazgos que han tenido hasta ahora, a partir de los testimonios de 36 madres callejeras y 48 casos de menores de edad que han nacido en las calles.

De acuerdo con el director de El Caracol, han encontrado casos de mujeres a las que les quitaron a sus hijos, mujeres a quienes les negaron el acceso a los hospitales, o mujeres que fallecieron por complicaciones del embarazo y que no fueron atendidas en los hospitales públicos.

El Caracol, organización que lleva dos décadas trabajando en la atención y defensa de los derechos de poblaciones callejeras, ha hecho su propio conteo de muertes de personas que viven en la vía pública: entre 1995 y 2006, documentaron 273 muertes, de las cuales 63 correspondían a mujeres. Hernández Aguilar detalla que en 36 de esos casos, las mujeres murieron por enfermedades prevenibles o por complicaciones asociadas a su condición de embarazo o al consumo de sustancias tóxicas que no fueron atendidas adecuadamente.

Las personas que viven en las calles de la Ciudad de México son discriminadas y excluidas socialmente por la imagen negativa que se tiene de ellas y es común que se les atribuyan calificativos como vagos, sucios, delincuentes, alcohólicos, locos y drogadictos, señala el informe de la CDHDF.

Pero a las mujeres callejeras además se les discrimina por su condición de género, ya que socialmente la idea de la mujer está asociada con conceptos como el hogar, la protección, el cuidado y los espacios cerrados, de modo que su existencia en la calle es vista como negativa, dice Hernández Aguilar.

Las mujeres callejeras comúnmente son consideradas sucias, tanto por su aspecto como por sus prácticas: viven en el espacio público, consumen drogas y tienen prácticas sexuales riesgosas, como no usar anticonceptivos o mantener relaciones con varias parejas, “y eso las hace despreciables”, dice Nisaly Brito Ramírez, investigadora de temas vinculados con poblaciones callejeras, género, derechos humanos y exclusión social y directora de Commentas, una consultoría que entre sus áreas de trabajo contempla el de las poblaciones callejeras.

El estigma es mayor para las mujeres callejeras que son madres, dice Brito Ramírez, ya que usualmente la gente cree que por el hecho de vivir en la vía pública no tienen derecho a ser madres o no les pueden dar un buen ejemplo a sus hijos.

“La gente, de manera común, entiende que no tienen el derecho de ser mamás porque no tienen capacidad moral ni capacidad económica para hacerlo, entonces terminan colocando el derecho a la maternidad por debajo de una cuestión económica y social de clase”, considera.

En 2012, Brito Ramírez realizó una investigación sobre cómo el personal de un hospital público trataba a mujeres embarazadas que vivían en la calle y a mujeres embarazadas que no. Dice que se enfocó en la atención de la salud porque es uno de los servicios públicos que más usan las mujeres callejeras, para atender sus partos y enfermedades de transmisión sexual, y por lo tanto en donde la discriminación institucional puede ser más visible.

“Después de dios los médicos…Discriminación contra mujeres callejeras en el Hospital Materno Infantil Inguarán de la Ciudad de México”, es como Brito Ramírez tituló a su investigación de tesis de maestría, para cuya elaboración entrevistó a 17 profesionales médicos de dicho hospital -entre médicos, enfermeras y un psicólogo-, así como a cinco mujeres callejeras y una decena de mujeres no callejeras que habían atendido ahí sus partos.

A partir de esos testimonios, descubrió el personal del Hospital Materno Infantil Inguarán, administrado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, calificaba a las mujeres que viven en la calle como “irresponsables”, “criminales” y “promiscuas”, además de considerarlas incapaces de tomar buenas decisiones, de dejar las drogas y de cuidar bien a sus hijos. En consecuencia, médicos, enfermeras y personal administrativo tenía un trato distinto hacia ellas, uno más rudo en comparación con el que recibían las mujeres que no provenían de la calle.

La investigación de Brito Ramírez concluía que la discriminación del personal del hospital hacia las mujeres callejeras partía de las representaciones sociales negativas que tenían sobre el modo de vida callejero.

“Si bien es cierto que comentan qué representa para ellos como una apreciación negativa, que a lo mejor estas mujeres tienen estas connotaciones, y a lo mejor ellos responden con un trato rudo o como una situación de castigo hacia ellas, a mí me parece que esta parte tendríamos que explorarla”, dice el director general de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud capitalina, José Alfredo Jiménez Douglas.

“Pero me parece que independientemente de eso, estamos haciendo todo un esfuerzo por ir cambiando las percepciones y los conceptos que la gente tiene”, aseguró.

A decir de Jiménez Douglas, desde hace 10 años la Secretaría de Salud local ha reconocido que las mujeres callejeras deben recibir una atención apegada a los derechos humanos y a los lineamientos para poblaciones vulnerables y ha capacitado a su personal en materia de derechos humanos e interculturalidad.

No sólo la investigación de Brito Ramírez ha señalado que las madres callejeras son discriminadas en los servicios de salud públicos de la ciudad. El informe de la CDHDF -publicado este año- también advierte que la atención a la salud materna de las mujeres callejeras está medida por estereotipos de género, a tal grado que las instituciones de salud brindan servicios negligentes y de mala calidad, lo que profundiza la exclusión de género y por condición social de las mujeres callejeras.

Tras dar a luz en la vía pública, Guadalupe y su bebé fueron trasladadas al Hospital General Doctor Gregorio Salas Flores, también administrado la Secretaría de Salud del Distrito Federal, donde la bebé permaneció internada dos semanas. Guadalupe acusa que durante esos días ella recibió malos tratos por parte del personal del hospital.

A diario, Guadalupe iba a ver a su hija en los dos horarios de visitas disponibles, por la mañana y por la tarde. Como no tenía ninguna identificación, el guardia de la entrada le negaba el acceso cada vez que iba al hospital. Entonces en cada visita, es decir dos veces cada día, Guadalupe tenía que ir primero a la oficina de la trabajadora social del hospital para que ella le autorizara el ingreso.

A veces la trabajadora social no estaba en su oficina y entonces Guadalupe tenía que esperar a que llegara, lo que retrasaba la visita a su hija. Un retraso no únicamente implicaba que se reducía el tiempo que podía estar con su hija, sino que las enfermeras la regañaran por la demora.

Guadalupe refiere que las enfermeras del hospital también le prohibieron amamantar a su bebé, mas nunca le explicaron que la razón de esa prohibición era por el riesgo asociado a su consumo de drogas durante el embarazo.

Jiménez Douglas asegura que el de Guadalupe es un “caso aislado”. Según él, fue el único incidente de ese tipo que se presentó en 2012 y desde entonces no ha habido ninguna queja similar por mala atención en los hospitales administrados por la Secretaría de Salud capitalina.

“Estos casos aislados son como lineamiento de cosas que no deben pasar, ya pasaron en 2012”, dice el médico, quien ocupa su actual cargo desde julio de 2013.

Jiménez Douglas reconoce que supo del caso de Guadalupe a partir de la petición de entrevista hecha por SinEmbargo, pero se comprometió a investigarlo y a verificar si han ocurrido otros casos similares.

“Yo le voy a dar seguimiento al caso, hablaré con el director [del hospital] para que en el expediente veamos si esas personas siguen con nosotros, o ver qué pasó en ese momento, en esa realidad, en ese hospital, hace dos años”, dice.

ALBERGUES,  ¿UNA MEJOR ALTERNATIVA?

En la Ciudad de México existen 10 albergues públicos para atender a la población callejera, llamados Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), que son administrados por el IASIS. El CAIS Villa Mujeres es el único que recibe a mujeres adultas con hijos menores de edad, explica el director del IASIS, Rubén Fuentes. Agrega que en ese espacio las madres callejeras reciben el apoyo necesario para su “reinserción social”.

Anteriormente el programa de reintegración social de poblaciones callejeras del IASIS se ofrecía en el CAIS Coruña, pero a decir de Fuentes lo trasladaron al CAIS Villa Mujeres porque mucha gente “confundía el servicio” y se apropiaba de las viviendas. “No hacían nada por trabajar, no hacían nada por su reintegración”, sostiene. Según el funcionario, en Villa Mujeres hay condiciones para ofrecer un mejor servicio a las mujeres que quieren dejar la vida en las calles.

Hernández Aguilar critica que el apoyo del gobierno local se limita a llevar a las mujeres embarazadas o con hijos de las calles a los albergues, bajo la idea “asistencialista” de que lo único que necesitan es protección, pero en realidad no se les da un apoyo integral para garantizar el ejercicio de sus derechos. Además señala que los espacios donde se les mantiene están en malas condiciones.

Mientras la bebé de Guadalupe permaneció internada en el hospital, ella ingresó al CAIS Coruña, cuando en éste aún estaba vigente el programa de reintegración. Cuando su hija fue dada de alta, permaneció unos días más en ese lugar, antes de irse a vivir a una casa hogar para madres solteras, que El Caracol le ayudó a conseguir, y donde vive actualmente.

Sin embargo, Guadalupe tiene malos recuerdos de su paso por el CAIS Coruña.

“Estaba muy chico el espacio y me tocó dormir en la mera entrada, entonces todo el frío le entraba [a su hija]. Luego no tenía luz, no veía si le hacía bien los biberones, no veía si la cambiaba bien, si la limpiaba bien. Y estaba muy chiquito el espacio. No tenía dónde calentar el agua de la niña para los biberones. Luego estaba chico el espacio, los cuartos eran de lámina, le entraba todo el frío”, relata.

Durante el tiempo que su hija permaneció hospitalizada, el personal del CAIS Coruña tenía la encomienda de asistirla en sus traslados al hospital. Guadalupe afirma que tuvo problemas con las personas encargadas de llevarla al hospital, pues a veces no pasaban por ella  y no le avisaban y tenía que quedarse todo el día en el hospital, quien la llevaba no quería esperarla, o la llevaban tarde y eso le generaba problemas con las enfermeras.

Al respecto, Fuentes dice que han tomado cursos sobre derechos humanos y se han encargado de sensibilizar al personal. Asegura que se atiende cualquier queja de maltrato a cualquier persona que atiende el IASIS.

En marzo de 2013, Rosalinda Rodríguez Ruiz, quien entonces tenía 29 años y seis meses de embarazo y llevaba cuatro meses viviendo en el CAIS Coruña, contó a SinEmbargo que ella había vivido en la calle desde los 14 años, cuando escapó de casa de sus padres adoptivos en Acapulco, Guerrero.

Rodríguez hablaba sentada en una cama que ocupaba casi la totalidad del diminuto cuarto donde vivía, hecho de láminas de aluminio,  al igual que el resto de las viviendas disponibles para quienes estaban, como ella, en el programa de reintegración.

Las viviendas, de aproximadamente 25 metros cuadrados, se compartían entre varias personas, o incluso familias. Al interior, cada habitante o familia mantenía delimitado su espacio con viejas sábanas. Las viviendas no tenían baños ni regaderas, sino que éstos estaban aparte y se compartían entre todos. Dentro de los cuartos no corría agua entubada.

Una regla para poder permanecer en el programa de reintegración, tanto en el CAIS Coruña como en el de Villa Mujeres, es no consumir sustancias tóxicas.

Después de haberse drogado con solventes la mitad de su vida, Rosalinda decía que le costaba mucho trabajo abstenerse, sobre todo porque no recibía ninguna ayuda para controlar su ansiedad y afirmaba que el único apoyo que las personas callejeras tenían para tratar su adicción era un psicólogo, pero la asistencia era voluntaria.

“Pero casi no me acerco, no voy a decirle mi vida al cien por ciento. Es voluntario, pero así que te ayude, pues no”, aceptó.

Fuentes habla de las mejoras que tiene el programa ahora que está en el CAIS Villa Mujeres. Refiere que en ese lugar hay una estancia infantil y que han implementado una “Casa Taller para la vida”, que consiste en otorgar a las mujeres una vivienda y hacer que mantengan un ahorro hasta que una psicóloga determina que han demostrado ser “responsables e independientes” y por lo tanto están listas para dejar el albergue por completo.

Hasta ahora sólo cuatro mujeres han llegado hasta la etapa final de la casa taller, “pero no se logró la reinserción”, reconoce el propio Fuentes.

Sobre el estado de las viviendas, acepta que siguen siendo cuartos de lámina de aluminio, sin baños ni regaderas individuales y sin agua entubada, pero “la que se conoce como potable, sí”, dice.

El director del IASIS refiere que actualmente en el CAIS Villa Mujeres hay seis madres callejeras, quienes en conjunto suman nueve hijos. Por ahora no hay ninguna embarazada.

Fuentes dice que eso no significa que no haya mujeres callejeras embarazadas, pero hay algunas que no aceptan la atención del IASIS. Según él, la principal razón por la que no aceptan unirse al programa de reintegración es porque no están dispuestos a cumplir con las reglas de los albergues.

“El vivir en la calle, embarazado [sic] o no, tienes una total libertad, de comportamiento, de reglas, ningún horario, ninguna rutina ningún orden en su vida, ni en su alimentación, ni en nada. Entonces obviamente cuando les ofrecemos los albergues del IASIS tienen que cumplir horarios para las comidas, y hay actividades para su ‘reinserción social’”, dice.

“Y esto para la gente en condición de calle, por su misma condición, hay gente que no lo soporta, no lo resiste, o simplemente no lo acepta”, agrega.

En el caso específico de las mujeres embarazadas, Fuentes considera que “tampoco ellas toman conciencia”. Lo explica de la siguiente manera:

“Partamos que son poblaciones vulnerables que muchas veces están huidos de una realidad y muchas veces el embarazo lo toman como una condición que para ellas no les interesa. En su condición de vulnerabilidad, que las deriva que sean adictas a alguna cosa, les hace no pensar en la grave situación en que están creando una vida humana, que en algún momento va a ser afectada por sus mismos excesos, entonces por más que se les diga de mil maneras, hay gente que no acepta los servicios [y] no los podemos obligar”.

SEPARACIÓN, EL ÚLTIMO RECURSO

Los paramédicos que trasladaron a Guadalupe al Hospital General Doctor Gregorio Salas reportaron que olía a solvente, por lo que la asistente de dirección del hospital, María de Lourdes Teutli Castro, levantó una denuncia ante el Ministerio Público para que la bebé fuera entregada al DIF, refiere Espitia Pérez, acompañante educativa de El Caracol.

La decisión de Teutli Castro fue para salvaguardar a la bebé, dada la condición social de Guadalupe y el reporte de los paramédicos, supone Jiménez Douglas, y de inmediato aclara que su suposición se basa en la información que conoce del caso. Teutli Castro rechazó hablar al respecto.

Otro factor que Jiménez Douglas supone que influyó en la decisión de la funcionaria fue el antecedente de que Guadalupe había tenido ya una hija, quien al parecer fue entregada al DIF.

Guadalupe no sabe cuándo tuvo a su primera hija, pero recuerda que con ella sí vivió en la calle, por el rumbo de Canal del Norte. Para sobrevivir, pedía limosna.

“Cuando juntaba [dinero] para un hotel, me quedaba en el hotel. Si no, me quedaba en la calle”, cuenta. También recuerda que la gente le decía que no era bueno que tuviera a su bebé viviendo en la calle.

“Si tú quisieras a tu hija, no la tendrías aquí”, le dijo una vez una vendedora de pepitas que la veía en la calle. La mujer le ofreció que se fuera a vivir con ella. Guadalupe aceptó.

Ella reconoce que se desobligó de su hija, pues la dejaba sola en la casa de la vendedora de pepitas mientras ella se iba a la calle a drogarse.

“A lo mejor se desesperó porque no me veía a mí, porque [yo] no iba a ver a mi hija. La misma señora fue a entregar a mi hija al DIF”, dice, aunque no sabe con certeza qué pasó con su bebé, porque no intentó buscarla. Nunca más supo algo de ella.

Guadalupe recuerda que durante un tiempo en que un grupo de religiosos apoyó al grupo de callejeros al que pertenecía, oró por su hija: “Yo pedía mucho por ella, que donde quiera que esté dios me la cuide, y si le buscan otra mamá, que la cuide”.

Con su segunda hija ha sido diferente. Desde que nació, Guadalupe dejó la calle y las drogas.

Si bien ambas fueron condiciones a las que tanto ella como Hernández Aguilar se comprometieron para evitar que la separaran de la bebé, Espitia Pérez considera que esta vez la maternidad sí fue una motivación para que Guadalupe accediera a cambiar su forma de vida.

Contrario a lo que se piensa comúnmente, para muchas mujeres callejeras la maternidad es un incentivo para dejar la calle, si hay un acompañamiento adecuado, dice Brito Ramírez.

La directora de Commenta plantea que la separación es una forma en la que el gobierno inhibe el derecho a la maternidad de las mujeres callejeras. En lugar de eso, opina, tendría que garantizarles, como al resto de las mujeres, derechos asociados a la maternidad, como la salud, la identidad, la educación y la alimentación.

“Cuando el Estado separa a la mamá del hijo pensando en este sentido de protección [del niño], lo que hace no es quitarle un hijo a una mamá irresponsable y drogadicta. Lo que está haciendo es quitarle la mamá a un ciudadano, y eso el Estado no puede permitírselo”, dice contundente.

Brito Ramírez propone que antes de separar a las madres callejeras de sus hijos, el gobierno debería agotar alternativas como garantizarles el acceso a controles de natalidad; generar programas educativos para que las mujeres puedan construir una autonomía laboral fuera de la calle; generar lazos entre las mujeres y sus bebés para que ellas prioricen su maternidad sobre su permanencia en la calle; e involucrar a las redes de apoyo de las mujeres callejeras.

“Lo que ha hecho es que ha saltado estos pasos y se va directo a la separación”, critica.

Si no hay certeza sobre el número de personas que viven en la vía pública en la Ciudad de México, mucho menos sobre la cifra de mujeres callejeras que han sido separadas de sus hijos. Hernández Aguilar explica que uno de los obstáculos para cuantificar los casos es que las mujeres a quienes se separa de sus hijos contra su voluntad no lo denuncian, pues no se consideran con el derecho a hacerlo.

En la investigación que realiza El Caracol, que hasta ahora ha documentado 48 casos de niños hijos de mujeres callejeras, hay datos que sugieren que la separación no tiene siempre un cauce institucional: hay cinco testimonios de mujeres que dicen que alguien intentó comprarles a sus hijos y hay cinco menores que están desaparecidos, pues sus madres no saben dónde están. “A algunas no se los entregaron en el hospital; a otras, pasó una señora y se los llevó”, detalla Hernández Aguilar.

EL ÚLTIMO OBSTÁCULO

“Para que me la dieran, ¿sabes qué me pedían? Me pedían mi CURP, me pedían mi credencial [de elector], me pedían dos testigos, porque si no tenía mi credencial y no tenía mi acta, no me iban a dar a mi hija”, relata Guadalupe sobre la última traba que enfrentó para poder estar con su hija. Aunque le entregaron a la bebé, el hospital no le dio el acta de alumbramiento porque ella no tenía ningún documento de identidad.

-En la población callejera la falta de documentos es común, y en el caso de Escobedo no tiene ningún documento, y es un punto que señala el informe de la CDHDF. ¿No tendría que ser la Secretaría más sensible frente a esta realidad?- se le pregunta a Jiménez Douglas.

-Algo es sensible y algo es normativo. Sí son sensibles, por supuesto, pero hay una normatividad que hay que cumplir-responde, y agrega que dicha normatividad no la establece la Secretaría de Salud, sino el Registro Civil.

Para alguien como Guadalupe, que no tiene ningún documento personal, el acta de alumbramiento de su hija era necesario para poder registrarla. Una vez que tuviera el acta de nacimiento de su bebé, podía presentarla como documento para obtener ella su propia acta, como le explicaron en el Registro Civil a Espitia Pérez.

Pero ante la negativa del hospital para entregar el acta de alumbramiento, en el Registro Civil le recomendaron al equipo de El Caracol que mejor tramitara primero el registro de Guadalupe.

Dado que Guadalupe no tenía ningún documento, el trámite implicó una investigación sobre su pasado: averiguar si tenía familia, intentar buscarla, constatar que no hubiera sido registrada.

“Fue un año constante de investigar, prácticamente ir a tocar puerta por puerta en la colonia que ella dijo que vivía, investigar, rastrear en todos los albergues en que ha estado, todas las personas que la han conocido, ir a la colonia donde vivió. Escuelas, plazas, casa por casa, calle por calle estuvimos preguntando, pero nada”, resume Espitia Pérez el viacrucis para averiguar quién era y de dónde venía Guadalupe.

Pero algo fructificó esa búsqueda, pues en el Registro Civil también les pidieron averiguar o estimar la fecha de nacimiento de Guadalupe. Con base en la investigación que hizo para rastrear el pasado de Guadalupe, el equipo de El Caracol calculó que había nacido el 12 de diciembre de 1979. Cuando Guadalupe consiga su acta, esa quedará asentado como el día en que nació.

Como parte del proceso para el registro de Guadalupe, este lunes El Caracol presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para acreditar el parentesco entre Guadalupe y su bebé, y asentar que ésta no fue registrada. Eso servirá para poder tramitar el acta de nacimiento de Guadalupe y posteriormente la de su hija, explica Hernández Aguilar a SinEmbargo.

Guadalupe tiene claro que hará una vez que tenga su acta de nacimiento: tramitar el registro de su hija, buscar un trabajo e inscribir a su bebé a una guardería. Actualmente está aprendiendo a leer y espera que eso le sirva para conseguir empleo.

Cuando se le pregunta qué es lo que quiere para su hija, ella contesta: “Darle amor, lo que no me dieron a mí dárselo a ella. Sacarla adelante, mandarla a la escuela”.