Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo/EFE).– Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos la madrugada del 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, dijo en una entrevista con The Huffington Post que la Iniciativa Mérida “se está yendo por un camino equivocado” y “está siendo usada para matar a la gente común” .

Tras su paso por Washington, el también vocero de los padres dijo que Estados Unidos debe repensar el programa de ayuda que otorga a México 2 mil 300 millones de dólares para combatir al crimen organizado.

En lugar de detener el crimen organizado, según él, la asistencia de seguridad ha ayudado a las autoridades mexicanas a que perpetúen violaciones de derechos humanos.

Para que la Iniciativa Mérida sea otorgada, el Departamento de Estado debe evaluar periódicamente los progresos del gobierno mexicano en materia de derechos humanos. El Congreso puede retener hasta el 15 por ciento de los fondos con base en esa evaluación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han pedido desde hace tiempo al Departamento de Estado a ser más duro en sus evaluaciones del gobierno mexicano, y para que el Congreso retenga ese 15 por ciento.

Los legisladores estadounidenses han retenido el pago dos veces, una en 2010 y otra en 2012, según un informe de investigación del Congreso del año pasado.

Los investigadores de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas inglés), un grupo que realiza un seguimiento de asistencia de seguridad de Estados Unidos para América Latina, sostienen que, a partir del reporte más reciente del Departamento de Estado, se pueden congelar una vez más los fondos de la Iniciativa Mérida.

“Lo interesante de informe del año pasado es que básicamente dijo que no había avanzado lo suficiente para asignar los fondos”, dijo Maureen Meyer, un asociado en WOLA al periodista Roque Planas.

El último reporte reconoce que los funcionarios mexicanos enfrentan acusaciones creíbles sobre abusos graves.

El reporte indica que “Las organizaciones criminales siguen siendo responsables significativas de homicidios y otros abusos en México”. Sin embargo, también afirma que:

“Al mismo tiempo, hay acusaciones creíbles contra las fuerzas de seguridad mexicanas de violaciones de derechos humanos y otros abusos – incluídas las relativas a las detenciones arbitrarias, las desapariciones, homicidios ilegítimos, malos tratos y tortura, la violencia contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos – incluyendo asesinatos, secuestros y amenazas, muchas de ellas con la participación de las organizaciones criminales y funcionarios corruptos – es de particular preocupación”.

A pesar de ello, el Departamento del Estado también señala que el gobierno mexicano ha hecho algunos progresos en la persecución de los militares y policías por torturas y otros abusos.

Para los activistas y defensores de derechos humanos en ambos lados de la frontera, el caso de los estudiantes que faltan se ha convertido en un emblema de los fracasos de los derechos humanos del gobierno mexicano.

NO ES UN HECHO AISLADO

El Huffington señala que la desaparición de los jóvenes no es un hecho aisaldo de violencia y como referencia toma en cuenta el informe de Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el que da cuenta que, en su esfuerzo por acabar con los cárteles de la droga, militares y policías de México utilizan habitualmente métodos brutales contra los sospechosos , incluyendo golpizas, electrocución y violación.

El gobierno mexicano ha dicho que el informe de la ONU y otras denuncias de irregularidades formuladas por los grupos de derechos humanos exageran la gravedad de la situación.

A pesar de la presión de derechos humanos, la Casa Blanca ha evitado criticar públicamente de los funcionarios mexicanos. Sin embargo, el Presidente Barack Obama ha ofrecido condolencias a las familias de los estudiantes y se lamentó, en términos generales, de la violencia que enfrenta México.

Pero no ha llegado a criticar al propio gobierno mexicano, lanzando su apoyo a Presidente mexicano Peña Nieto y a su predecesor, Felipe Calderón.

Marselha Gonçalves Margerin, Directora de Incidencia Política de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que es común para los Estados Unidos de abstenerse de criticar públicamente a los aliados, sin importar cuán grave la situación de los derechos humanos.

FAMILIARES DE LOS 43 EN CHICAGO

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pidieron hoy el apoyo de la comunidad inmigrante de Chicago (Illinois) para exigir al Gobierno de México “pruebas contundentes” sobre lo ocurrido con los desaparecidos en el estado de Guerrero.

En una conferencia de prensa, tres integrantes de la llamada “Caravana 43” que recorre Estados Unidos informaron que su propósito es “desmentir” la versión oficial, según la cual los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en un basurero y partes de los restos arrojados a una fosa común y a un río.

“Estamos desesperados e indignados por la impotencia de no poder encontrarlos y por las mentiras del Gobierno de que los estudiantes pertenecían al crimen organizado”, declaró María de Jesús Tlatempa Bello, madre de uno de los jóvenes.

“Es una calumnia inventada, porque los sentimos vivos y porque sabemos que en su desaparición participaron policías federales y militares”, agregó.

Por su parte, Cruz Bautista Salbador, maestro y tío de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que “si hubiéramos aceptado la versión oficial” se habrían enterrado los cuerpos de personas que no pertenecerían a los familiares buscados.

Sostuvo que el trabajo de antropólogos forenses independientes ha comprobado que los restos encontrados en un basurero y en fosas clandestinas no son de los estudiantes, lo que les daría aliento para continuar la búsqueda.

“El Gobierno no quiere que se sepa la verdad”, afirmó Bautista Salbador, para quien las autoridades mexicanas no han ofrecido “pruebas contundentes” que sostengan su versión.

En la conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Social de la Universidad de Illinois, en Chicago, también habló el estudiante Omar Vázquez Arellano, quien sobrevivió al ataque de policías municipales contra el grupo de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado.

El joven declaró que fue testigo de que sus compañeros fueron llevados por agentes policiales y lo denunció a las autoridades correspondientes, “pero nada de lo que vimos esa noche ha sido tomado en cuenta por las investigaciones”.

“La investigación de la Procuraduría de Justicia se basa en los supuestos victimarios, es parcial y por eso no vamos a aceptar la versión oficial”, dijo.

El Gobierno sostiene que los estudiantes fueron detenidos aquel 26 de septiembre por orden del Alcalde de Iguala, luego detenido junto a su esposa acusados de ser ideólogos de la entrega de los 43 jóvenes a un grupo del crimen organizado de Guerrero para que los desaparecieran.

Vázquez Arellano expresó que al acusarlos de ser “delincuentes y traficantes”, el Gobierno estaría burlándose “del dolor de las familias y de todo un país”.

La Caravana 43 está dividida en tres grupos que recorren ciudades del este, oeste y centro de Estados Unidos, con la intención de reencontrarse a mediados de este mes en Nueva York para plantear el caso ante las Naciones Unidas.

Además de justicia, y de que el Gobierno de México sea llamado por su responsabilidad, los padres reclaman que EU suspenda los fondos que otorga al Ejército mexicano a través del Plan Mérida, por su supuesta complicidad con violaciones de los derechos humanos.

En Chicago, la comitiva tiene previsto esta tarde una marcha por el barrio latino Pilsen, mañana visitas a iglesias locales y el lunes una protesta frente al consulado mexicano.