La democracia es un asunto de libertades. A mayor talante democrático, mayor aceptación de libertades y menos tentación a limitarlas. Esto no quiere decir que derechos y libertades sean absolutos (aunque algunos lo sean). En un país dónde las libertades están aseguradas resulta obvio que haya un choque de éstas. La libertad de tránsito en conflicto con la de protesta. La libertad de expresión con el derecho a la discriminación. Ejemplos hay varios y lo cierto es que no hay una fórmula mágica para determinar a priori qué derecho se asegura sobre otro. Así es el juego democrático, así es el reto de hacer que todos los derechos se aseguren lo más armónicamente posible. Cuando sea inminente el conflicto se recurre a un juez para que pondere ambos derechos y determine el cauce del conflicto.

Sin embargo, no todos los actores ven al sistema democrático como un sistema de libertades. Sería iluso afirmar que no hay fuerzas que buscan menoscabar libertades. Tal vez aquellas libertades que molestan u ofuscan la convivencia social. Lo cierto es que a pesar de que una libertad o derecho no tenga un alto grado de aceptación dentro de un amplio sector de la sociedad no quiere decir que se debe de acotar o suprimir. La intención detrás estaría alimentada por obtener dividendos políticos más que otra cosa.

El diputado federal Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del PAN, tuvo a bien jugar con la idea de limitar nuestra libertad de expresión. Tal vez el diputado pensó que inscribir una iniciativa de reforma para adicionar al Código Penal Federal el artículo 141 Bis referente a los “delitos contra la paz pública” sería útil. El legislador propone penas de 10 a 20 años de prisión, y suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años, a quien realice actos contra las personas, las cosas, servicios públicos o privados que “perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada” de los ciudadanos. Para rematar, según la iniciativa, las penas se agravarían para aquellas personas que actúen encapuchadas.

Leyó usted bien. El delito se agrava si el manifestante que perturba el orden público lleva puesto una capucha. Lo que quiere decir que si un manifestante “perturba la coexistencia pacífica” y lleva puesto una capucha podría pasar 20 años de cárcel. Revisemos los acontecimientos del 1 de diciembre. Las imágenes de las manifestaciones fueron diversas. Hubo manifestantes que claramente estaban cometiendo actos vandálicos, pero también había manifestantes que estaban ejerciendo de manera legal su derecho a la protesta y algunos encapuchados. La confusión e inoperancia de las autoridades ese día fue tal, que de acuerdo a la iniciativa propuesta por el diputado Sotomayor, decenas de jóvenes podrían haber pasado decenas de años en la cárcel por el simple hecho de ir con el rostro cubierto.

Podría resultar de gran aceptación regular y castigar con cárcel a los encapuchados. Tal vez hay un amplio sector de la sociedad que vería con buenos ojos que un manifestante encapuchado sea encarcelado; seguramente así es y por ello la burda iniciativa del diputado. Pero, ¿en serio somos un estado de derecho donde a los manifestantes encapuchados lo queremos meter a la cárcel 20 años? ¿En serio le tenemos tanto pavor al derecho a la protesta? La tentación de limitar libertades.

He escuchado que uno de los argumentos policiacos es que así se podría reconocer a los manifestantes que estuviesen cometiendo ilícitos. Entonces la lógica sería una ley para aprender y criminalizar (es decir penalmente) a un encapuchado. En el caso de la iniciativa que nos ocupa, se subordina el tipo penal contenido en los “delitos contra la paz pública” a la comisión de otros ilícitos, sin establecer claramente cuál sería el elemento de valoración para diferenciarlo de otras conductas penales. En efecto, no se justifica, a partir del análisis del tipo penal, la razón por la cual se castigan las mismas conductas que ya se encuentran tipificadas en el mismo Código Penal Federal mediante delitos como “daño en propiedad ajena”, “lesiones”, etc. De esta manera se genera una “doble tipificación” lo que nos lleva a cuestionar los verdaderos motivos del diputado Sotomayor. Mi valoración es la intención de inhibir la protesta y ganar dividendos políticos.

La malicia de la iniciativa del diputado Sotomayor radica en dejar de manera ambigua lo que se debería de entender “coexistencia pacífica, armónica y civilizada”, y si ello se equipara necesariamente al “orden público”. A través de la iniciativa presentada se pretenden castigar hechos que lejos de enmarcarse en el contexto de la comisión de una conducta ilícita, se ubican en circunstancias propias de los conflictos políticos y sociales que vivimos día a día en nuestra incipiente sociedad democrática. Mantener en el campo penal ciertas conductas sociales relacionadas con el ejercicio de la libre expresión genera un efecto inhibitorio en el goce efectivo de dicho derecho. Repito: los ilícitos ya están inscritos en el código penal, además, resulta totalmente injustificado que la propuesta legislativa pretenda criminalizar a las personas que participen en las protestas portando capuchas o pasamontañas. De entrada, es una agravante sui generis, pues ningún precepto del Código Penal Federal prevé incrementar las penas por el hecho de actuar embozados. Entonces, ¿cuál sería la intención de hacerlo en el marco de las protestas? En otras palabras, en ningún código penal se describe como agravante el llevar una prenda de vestir.

En suma, se busca generar estereotipos sobre ciertos individuos, generando una falsa percepción mediante la cual se equipara a quien usa capuchas en una protesta con un delincuente. Si queremos fortalecer la democracia en nuestro país, debemos de entender el valor de la protesta y manifestación de ideas. Los abusos cometidos durante el ejercicio de este derecho deben ser sancionados, pero estigmatizar y crear marcos normativos contarios a estándares internacionales son una mala noticia para nuestro sistema político.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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