La ASF sólo tuvo acceso a la información de 2016. Ese año la Segob reportó haber contabilizado mil 168 empresas con registro a nivel federal, 80 mil 788 personas empleadas en las mismas, 44 mil 684 armas y 12 mil 50 vehículos, además de 282 mil 924 unidades de equipo como canes, fornituras, radios de comunicación y uniformes. A nivel estatal, agrega el reporte, se contabilizan cuatro mil 43 prestadores de este tipo de servicios a nivel estatal.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la declaratoria de combate frontal al crimen organizado desató una ola de asesinatos y criminalidad en México, la demanda de servicios de empresas de seguridad privada aumentó un 24 por ciento.
De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública de 2015, el número de hogares del país en los que se instalaron alarmas pasó de 596 mil 227 a 739 mil 48 entre 2007 y 2012; el total de las viviendas en las que se requirió vigilancia aumentó de 384 mil 930 a más de 575 mil, mientras que el registro de empresas autorizadas para prestar este tipo de servicios aumentó un 28 por ciento, al pasar de 714 a 914.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), sin embargo, ejerce cada vez menos supervisión sobre éstas, tiene problemas para integrar el registro de empresas con permisos estatales y las que tienen permiso federal y, en 2015, simplemente no pudo informar a la ASF cuántos negocios de este tipo existen en México, ni su personal ni su armamento.
“En ese año [2015], se desconoció el universo de empresas que operan en el territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó en 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”, dice la auditoría 12-GB, hecha a la SEGOB.
“Asimismo, se comprobó que durante el periodo 2009-2015, el número de visitas de verificación realizadas se redujo en promedio anual en 12.4 por ciento, al pasar de 691 empresas verificadas a 313 respectivamente; en términos de cobertura, sus actividades de supervisión disminuyeron en 69.8 puntos porcentuales, ya que en 2009 se verificó el 98.3 por ciento del total de empresas, mientras que en 2015 sólo el 28.5 por ciento; y en cuanto a su capacidad operativa, ésta descendió un 75 por ciento, al pasar de 16 verificadores que en promedio realizaron 43.2 verificaciones anuales en 2009 a cuatro verificadores en 2015”, agrega.
El dictamen es resultado de la auditoría realizada a la SEGOB para revisar su trabajo en materia de regulación en la prestación de los servicios de seguridad privada y para el cual se le asignaron 76.6 millones de pesos en 2015.
“La problemática que justificó la implementación del programa consistió en que los procesos que se emplean para regular la seguridad privada demandan actualización, modernización y profesionalización, derivado de factores causales como el desfasamiento de la información de las condiciones en las que operan las empresas, personal y equipo de seguridad privada; un marco normativo desactualizado y con excesivos requisitos para los trámites de autorización y revalidación, e insuficientes acciones de supervisión para identificar a las empresas que no cumplen con la normativa”, plante la ASF.
Pero la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), entidad de la SEGOB encargada de vigilar a este tipo de negocios, “no dispuso de los convenios de coordinación para establecer los medios de intercambio de información con las entidades federativas, a efecto de integrarla al Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, ni de los convenios de colaboración en relación con las visitas de verificación, debido a que la suscripción de estos mecanismos es una atribución optativa y no obligatoria”.
Ese 2015, agrega la ASF, tampoco fue posible verificar el número de empresas, personal y equipo inscritos en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, “ya que el registro no permite el intercambio automatizado de información entre los módulos, debido a que operan de manera independiente, en consecuencia, el manejo de la información es manual para la obtención de reportes mensuales sobre su operación”.
La ASF sólo tuvo acceso a la información de 2016, cuando la DGSP le reportó haber contabilizado mil 168 empresas con registro a nivel federal, 80 mil 788 personas empleadas en las mismas, 44 mil 684 armas y 12 mil 50 vehículos, además de 282 mil 924 unidades de equipo como canes, fornituras, radios de comunicación y uniformes. A nivel estatal, agrega el reporte, se contabilizan cuatro mil 43 prestadores de este tipo de servicios a nivel estatal.
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El trabajo de supervisión sobre ellas, sin embargo, es “inercial”, de acuerdo con al ASF: “No fue posible comprobar que las acciones de verificación que llevó a cabo la DGSP cumplieron los criterios establecidos en su programación, debido a que no acreditó documentalmente la atención de los supuestos a partir de los cuales debió integrar su meta, ni las actividades logísticas en las que requirió el apoyo de las entidades federativas, lo que implica que la dirección general efectuó sus acciones de supervisión de manera inercial”.
La DGSP no dispuso siquiera de la totalidad de los recursos que se le asignaron en 2015 para la vigilancia de este tipo de negocios, ya que sólo usó 45.7 millones (un 59 por ciento de los 76.6 millones) debido a que canceló 23 de las 56 plazas permanentes para profesionales dictaminadores de servicios especiales.
La ASF recuerda que, en 2006, se promulgó la Ley Federal de Seguridad Privada con el fin de normar la prestación de servicios de seguridad privada de empresas que operen en dos o más entidades federativas, así como su infraestructura, para lo cual se ordenó registrar a las empresas, así como verificar y evaluar sus servicios, personal y equipo.
Esto, agrega el documento, debido a la predominante situación de irregularidad en la que operaban hasta ese momento más de nueve mil empresas dedicadas a este tipo de servicios, de las que sólo el 2.9 por ciento se encontraba registrada.
Los avances en SEGOB al respecto, sin embargo, considera la ASF, son marginales. “En 2015, la Secretaría de Gobernación avanzó marginalmente en la atención del problema público relativo a la desactualización, falta de modernización y profesionalización de los procesos regulatorios, y de los factores causales que lo originaron, ya que la falta de mejora regulatoria y las deficiencias en la integración del registro nacional de empresas de seguridad privada impidieron que se cumplieran a cabalidad las funciones relativas al control, supervisión, vigilancia y evaluación de los prestadores de estos servicios, así como la transformación y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas que los proporcionan”, dictamina la ASF.
