Al menos 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 18 estados, integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, denunciaron a lo largo de todo 2018 la fallida implementación de la Ley General de Desaparecidos en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Las herramientas que establece dicha legislación, como el Sistema Nacional de Búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas, fueron instaladas sin presupuesto, sin capacidad operativa y sin participación de las familias, afirman activistas y especialistas, quienes exigen que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no los olvide, como ya hizo al reunirse sólo con los padres de los 43.
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– El 2018 se caracterizó por el aumento de la crisis de desapariciones en México y la fallida implementación de la Ley General Desaparición Forzada de Personas y Desaparición, particularmente por la omisión y olvido de funcionarios públicos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, denunciaron colectivos de familias con víctimas de desaparición forzada.
Los retrasos y falta de recursos en los mecanismos para que funcione la citada Ley fue la denuncia permanente de familiares, activistas y organizaciones civiles durante todo el año pasado, un reclamo que escaló a instancias internacionales, como el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, la ola de desaparición forzada de mujeres, principalmente en el Estado de México, es otro aspecto que también se acentuó en 2018. El aumento de reportes de desaparición alertó a organizaciones civiles, quienes solicitaron la Alerta de Violencia de Género de Violencia (AVG) por desaparición de mujeres, la primera petición de AVG específicamente por desaparición. Esta problemática también se elevó hasta organizaciones internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, que el año anterior se pronunció con alarma por el repunte de este delito en México.
La cifra oficial de personas desaparecidas en México es de 37 mil 436. Ese número se ha mantenido desde mayo pasado, pues desde entonces no se ha actualizado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). La cifra mencionada corresponde al corte del 30 de abril.
La mayoría de las desapariciones se registraron en el estado de Tamaulipas, donde según los datos oficiales, al menos 6 mil 131 personas han sido reportadas como desaparecidas; le siguieron el Estado de México con 3 mil 918 casos; Jalisco con 3 mil 388; Sinaloa con 3 mil 42 casos; Nuevo León con 2 mil 919; Chihuahua con 2 mil 211; Sonora con 2 mil 169; Puebla con 2 mil 73 y Guerrero con 1 mil 807.
La cifra total de desaparecidos en México es difusa: algunas organizaciones civiles y familiares de víctimas estiman que pudieran ser más de 50 mil, otros incluso calculan más de 100 mil.
Al menos 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas en 18 estados, integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), manifestaron a lo largo de 2018 el fracaso en la implementación de la Ley General de Desaparecidos, pues las herramientas que establece dicha legislación –como el Sistema Nacional de Búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas– fueron instaladas sin presupuesto, sin capacidad operativa y sin participación de las familias en el Gobierno de Peña.
El Programa Nacional de Búsqueda y la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda –que también mandata la Ley– presentaron graves retrasos en su creación. Hasta octubre de 2018, menos de la mitad de los estados [15 de los 32] contaban con Fiscalías Especializadas y sólo 10 entidades federales tenían Comisiones Locales de Búsqueda, de acuerdo con diversas denuncias de colectivos.
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El 16 de enero de 2018, entró en vigor la Ley General Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.
La Ley –un logro de las familias de víctimas– establece la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), y organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, y el Consejo Nacional Ciudadano de SNB. El SNB es el eje toral de la Ley General en materia de Desaparición porque este mecanismo se encarga de “establecer las bases generales, políticas públicas y todos los procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley”.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es –según la Ley– la responsable de buscar a las personas desaparecidas, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecida (SNB), es un órgano de consulta y observación integrado por expertos, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil. Otro de los aspectos importantes de la Ley, es el Protocolo Nacional de Búsqueda y la creación de registros forenses.
En febrero de 2018 se eligió a la Comisión Nacional de Búsqueda, que fue encabezada por Roberto Cabrera. Por otra parte, el Consejo Ciudadano de Búsqueda también fue elegido y rindió protesta pasado 19 de abril ante el Senado de la República.
El 11 de junio, el Consejo Ciudadano emitió su primera alerta sobre los retrasos de la implementación de la Ley.
En la Recomendación 01/2018 se advierte al Estado de mexicano que las desapariciones se agravaban en el país, mientras que la implementación de la Ley General de Desapariciones mostraba serias debilidades en la construcción de los diferentes registros de personas desaparecidas y registros forenses.
El 30 de agosto, integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, denunciaron lo mismo y que – a siete meses de la integración de la Comisión Nacional de Búsqueda- el comisionado Roberto Cabrera Alfaro no había recibido ni un peso para echar andar el organismo
El Programa Nacional de Búsqueda estaba estancado, dijeron, porque el Comisionado Nacional de Búsqueda no había empezado a trabajar debido a que no le han asignaron ni un peso de presupuesto para los mecanismos, programas y acciones de búsqueda.
“Son trabas, son problemas que nos hemos encontrado con este Gobierno para no impulsar y no implementar como debe de ser la Ley General”, expresó Yolanda Morán Isais, representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en su momento.
Ese mismo día, el Consejo Nacional Ciudadano de SNB se sumó a la exigencia para que el Gobierno de Enrique Peña Nieto intensificara las labores de instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y lo urgía a “asumir la gravedad de la situación de desaparición en nuestro país y a reconocer y corregir las fallas institucionales en materia de acceso a la verdad y a la justicia”. .
““La implementación de la Ley General es igualmente importante que la Ley misma”, explicaba en un posicionamiento[…] La Comisión Nacional de Búsqueda requiere que se le dote de todos los recursos y personal necesarios para llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas para la localización de las personas desaparecidas en México
El 9 de octubre, tras cinco meses de atraso, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) fue instalado en un acto encabezado por el entonces el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera.
Durante el evento, Navarrete Prida declaró que en México había al menos 37 mil 485 desapariciones, sin embargo, menos de 1 por ciento coincidía con restos humanos localizados en laboratorios forenses en las entidades.
Además, el ahora ex Secretario de Gobernación, anunció que la CNB tenía registradas a 26 mil personas desaparecidas y ya se contaba con la posible identidad biométrica de 16 mil, porque tenían “fotografías y huellas dactilares”.
En su discurso agregó que, tras un cruce de información de huellas dactilares de bases de datos del INE y de servicios periciales, obtuvieron “4 mil 500 registros de coincidencias”.
El Consejo Nacional Ciudadano de SNB reiteró –en ese mismo evento– su denuncia sobre el retraso en la creación de las comisiones locales de búsqueda, ya que a nueve meses de la entrada en vigor de la Ley, solo el 80 por ciento estaban instaladas.
El Consejo y colectivos de familiares de desaparecidos recriminaron las declaraciones de Navarrete Prida sobre la “coincidencias biométricas” , pues calificaron el anuncio como un acto triunfalista y revictimizante.
“El anuncio pretende mostrar como resultado exitoso información que no ha sido confirmada y que no representa más que hipótesis derivadas de trabajo de cruce de bases de datos [] consideramos que el manejo de información no confirmada respecto de la identificación de personas desaparecidas genera expectativas falsas en las familias que están en búsqueda de sus seres queridos, pues los procesos de validación y verificación de esta no sólo pueden tomar bastante tiempo, sino también derivar en el descarte de hipótesis o detección de duplicidad de datos”, señaló el Consejo Ciudadano.
Y añadió: “Los triunfalismos mediáticos no corroborados solamente generan un ambiente de desconcierto, que no es otra cosa que revictimizacións”.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) denunció -ese mismo día- que el Gobierno los excluyó de la instalación del SNB y con ello nuevamente minimizaba su experiencia en la investigación y búsqueda.
“Al Gobierno de Enrique Peña Nieto se le olvidó que si existe un Sistema Nacional de Búsqueda es porque las familias del MNDM lo propusimos y creamos”, indicó el colectivo en un comunicado.
ALERTA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU) mostró su severa preocupación porque en México persisten las desapariciones generalizadas, la impunidad y la revictimización.
Durante un encuentro celebrado del 5 al 16 de noviembre en Ginebra, el Comité advirtió que en México impera la impunidad y la desaparición generalizada.
El organismo internacional puso énfasis en la demora de la puesta en marcha del SNB; por la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas; el escaso número de condenas; la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención.
El pasado 28 de noviembre, Rainer Huhle, representante del CED recalcó en su visita a México: “a un año de la aprobación todavía no podemos ver la implementación, ni la puesta en práctica”.
ESPERANZAS Y DESILUSIONES
La exigencia de verdad, justicia y reparación del daño retumbó durante el 2018 en el país. Miles de familiares de desaparecidos nuevamente marcharon por las calles para demandar la búsqueda y localización de sus seres queridos, mientras reclamaban al Gobierno de Enrique Peña Nieto por la simulación, violaciones a derechos humanos y mentiras históricas.
El año electoral renovó ligeros bríos en algunos colectivos, ante la promesa de un candidato de izquierda [Andrés Manuel López Obrador] que prometía un cambio: disminuir la violencia, lograr la pacificación y una “reconciliación nacional”.
Pasadas las elecciones de julio, el Gobierno federal realizó diversos foros de reconciliación para hallar fórmulas de pacificación en México; pero lo hizo inicialmente con un discurso de “perdón” que generó molestia e inquietud entre familiares de víctimas. La diatriba no fue bien recibida en ningún lugar del país donde esos encuentros se realizaron. En todos se escuchó la voz firme y clara de las víctimas: “Ni perdón ni olivido […] Queremos verdad y justicia.”
Además, otro aspecto que dejaban “Foros Escucha, para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional” fue la preocupación entre víctimas y algunos expertos por la falta de claridad y transparencia en la metodología de las reuniones. También por la ambigüedad con la que se ha abordado el tema de justicia transicional y comisiones de la verdad.
Por otra parte, el 26 de septiembre, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marcharon en la capital mexicana para exigir verdad y justicia, a cuatro años de su desaparición. Sin embargo, esa protesta fue diferente, ya que los familiares caminaron con la esperanza renovada.
“Es el primer día, en todos estos cuatro años, que los padres nos sentimos con esa esperanza. El primer día que un Gobierno nos dice: ‘sí les vamos ayudar, sí vamos a saber la verdad’. Es el primer día y por eso estamos contentos… con el corazón lleno de esperanza y sin justicia no hay paz. Para los padres sin justicia no hay paz”, pronunció Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge Álvarez, tras una reunión que sostuvieron los padres de los estudiantes desaparecidos con el Presidente elector, Andrés Manuel López Obrador.
El 4 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa.
“En el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad”; se planteó.
El pasado 17 de diciembre, familiares de personas desaparecidas emitieron una carta abierta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para expresarle la desilusión que les causó su discurso en la toma de posesión el 1 de diciembre.
Los colectivos recordaron que AMLO, en su mensaje, sólo hizo alusión al caso de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa sin tomar en cuenta a los más de 37 mil desaparecidos y desaparecidas.
“La omisión hecha en su discurso, de los más de 37 mil desaparecidos, nos duele y despierta la desesperanza[…] Pareciera que no ha tomado en cuenta el dolor de todos estos familiares [.. Nos sentimos relegados cuando excluyó a nuestros seres queridos desaparecidos”, expresaron en una carta y en un vídeo.
En la misiva, recordaron que el Presidente se comprometió a que habrá verdad y que ningún caso quedará en la impunidad, por lo que exigieron que cumpla con su palabra.
“No más palabras sino hechos. No queremos las familias ser engañadas nuevamente. La desilusión y la traición será algo peor para el país”, advirtieron.
PRIMERA SOLICITUD DE ALERTA DE GÉNERO POR DESAPARICIÓN
La ola de desaparición de mujeres en el país, principalmente en el Estado de México, es otro aspecto que también se acentuó en 2018.
Tan sólo en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad se han acumulado un total 3 mil 686 mujeres desaparecidas y no localizadas del 1 de enero de 2012 al 15 de septiembre de 2018.
El aumento de reportes de desaparición alertó a organizaciones civiles, quienes solicitaron Alerta de Violencia de Género de Violencia (AVG) por desaparición de mujeres, la primera solicitud de AVG específicamente por el tema que desaparición.
El 29 de agosto se instaló el grupo de trabajo de la AVG y el 18 de octubre, el grupo de expertas presentó su informe donde concluyó que “la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en los siete municipios del Estado de México es un problema” en el Estado de México.
Además, el grupo identificó que no hay prevención en los casos de desaparición; tampoco debida diligencia en la investigación y sanción, así como, de manera fundamental, hay una falta la atención a las víctimas, que incluye la reparación integral del daño.
El grupo de trabajo presentó una serie de observaciones al Estado de México, y las autoridades tienen un plazo para cumplirlas. Si las observaciones no quedan debidamente solventadas se emite la AVG. El plazo establecido concluye en marzo de 2018, informó Ana Laura Velázquez, abogada de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una de las organizaciones peticionarias.
“Nosotros consideramos que sí es importante que se emita la Alerta porque no se ha visto un avance efectivo, no se ha visto una atención real o cambio en la forma en que se atiende esta problemática [desaparición de mujeres]. Además, es muy importante que se de visibilidad a lo que ocurre en Estado de México: vemos que hay otras entidades donde sí se tiene muy focalizado, a nivel nacional, la emergencia en casos de desaparición de mujeres, pero vemos que en Estado de México está muy desdibujado, y por lo tanto, la atención no es efectiva”, expresó la activista.
La Alerta de Violencia de Género se aplicaría para los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco.
La preocupación por la ola desaparición de mujeres en México escaló hasta la CEDAW, organismo internacional que manifestó el pasado 24 de julio su profunda preocupación por “la alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, ya sean víctimas directas, cuando son ellas las desaparecidas, o indirectas”.
El organismo internacional también alertó por “las barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel federal, estatal y municipal; y los escasos datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer desglosados por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima”.
