El Gobierno federal debe enviar cuanto antes una señal clara de que combatirá la violencia en contra de funcionarios públicos, candidatos a un puesto de elección popular y de dirigentes de distintas fuerzas políticas, para no comprometer la elección de 2018, dijeron a SinEmbargo líderes de los partidos de oposición.
La preocupación por la violencia la comparten tanto el PAN, como el PRD y Morena, partidos que en el último mes de 2017 vivieron el asesinato de sus miembros en entidades en donde el crimen organizado ataca tanto a autoridades, como a candidatos en total impunidad.
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Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Líderes de los partidos de oposición exigieron al Gobierno federal que garantice este año no sólo elecciones limpias, sino en paz, debido al incremento en el sexenio de las agresiones en contra de Alcaldes, ex Alcaldes, regidores, candidatos a puestos de elección popular y dirigentes de las fuerzas políticas en distintos estados del país.
“Hago un llamado al Gobierno federal para diseñar una estrategia con los gobiernos locales y garantizar que quienes participen en las contiendas electorales lo hagan con seguridad… que no pierdan la vida en el intento. En el caso de los alcaldes y funcionarios que han perdido la vida, es increíble que después de tantos asesinatos no haya una postura pública en cuestión de avances en las carpetas de investigación que tiene la PGR [Procuraduría General de la República]”, dijo Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y legislador del Partido Acción Nacional (PAN), en entrevista con SinEmbargo.
Sólo en los cinco años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto han sido asesinados 60 presidentes municipales, cantidad que supera a los 49 que fueron ultimados durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
Con la elección de 2018 en puerta, en donde se elegirá no sólo al Presidente de la República sino a más de 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, la violencia alcanzó en diciembre a varios aspirantes de distintos partidos políticos.
En el último mes de 2017 fueron asesinados un precandidato del PAN por el municipio de Tampamolón en San Luis Potosí; uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la Alcaldía de Tomatlán, Jalisco, y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la Presidencia Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
En Jalisco también fue ejecutado Saúl Galindo, Diputado local del PRD, cuando circulaba en compañía de su hijo por una carretera. Salvador Magaña, coordinador de Movimiento Ciudadano, fue asesinado con arma blanca el 24 de diciembre también en esa entidad, así como Miguel García, coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Casimiro Castillo.
“Aquí debe mandar el Gobierno federal señales en el corto plazo muy contundentes: detenciones que envíe el mensaje de que no se va permitir que el Estado mexicano caiga en una situación de inseguridad el proceso electoral, por los candidatos, pero también por los ciudadanos que estarán en las casillas”, exigió Ramos Hernández.
El presidente de la Comisión de Seguridad dijo que es urgente que el Gobierno de Peña Nieto garantice a los candidatos del proceso electoral en marcha que pueden salir a pedir el voto con tranquilidad en 2018, sin miedo a ser asesinados por el crimen organizado.
“Vamos a estar pendiente de estos acontecimientos. Si vemos que se siguen registrando estos crímenes y vemos inactividad por parte del Gobierno, tendremos que hacer un exhorto a la Comisión de Seguridad para que expliquen por qué no han actuado”, agregó.
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UN PROBLEMA QUE PREOCUPA A TODOS
En octubre Ranferi Hernández Acevedo, ex líder del PRD en Guerrero, fue encontrado en la carretera calcinado junto con los cadáveres de su esposa, suegra y chofer.
La situación preocupa por igual a los dirigentes de distintos partidos, sin importar que las víctimas sean de una fuerza política contraria, como es el caso del asesinato de Hernández Acevedo.
“Es inaceptable lo que pasó en Guerrero, que con toda su familia lo quemaron. Lo que está sucediendo en todo el país deja muy mal a México […]. En la elección la violencia sirve para evitar que la gente sala a votar y participe, y también para que quien quiera participar en temas políticos, no lo hagan”, dijo Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general de Morena.
Polevnsky Gurwitz precisó que Morena solicitó a las autoridades federales que detenga la violencia y “que se tenga paz y garantías para todos los ciudadanos”.
“En cuanto a la política, no puede ser que los candidatos a distintos cargos de elección se vean amenazados en la forma en la que se ven amenazados y que no se detenga un tema tan importante”, dijo.
Manuel Granados Covarrubias, presidente nacional del PRD, argumentó que su partido hizo un llamado al Gobierno federal para que tome acciones que garanticen paz y detengan los asesinatos de dirigentes y precandidatos.
“A nosotros nos genera un tema de encender los focos rojos, las alertas. Hacemos un llamado para que todos los niveles de gobierno generen mecanismos de atención y seguridad no sólo por un tema electoral, sino porque hay indignación social frente a la violencia. Hacemos un llamado para que todos los sectores del país se unan y se generen acuerdos máximos para recuperar la paz”, dijo el dirigente nacional del Sol Azteca.
El perredista urgió al Gobierno federal ha generar mecanismos que propicien protocolos y una coordinación nacional para evitar que los candidatos que participarán en la elección de este año estén en peligro.
Hace unos días Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC y Alcalde de Huixquilucan, Estado de México por el PAN, dijo en entrevista con este medio que desde hace un año Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, tiene pendiente revisar un protocolo de seguridad elaborado para los alcaldes en el país.
“La violencia hacia los alcaldes se explica porque somos los encargados de la seguridad de los municipios, por lo que han crecido los asesinatos en las zonas que son controladas por las organizaciones delictivas. Tuvimos una junta hace un año para ver lo del protocolo y ya no volvimos a tener ninguna. Le hacemos un llamado al Secretario de Gobernación para reunirnos a partir del primero de enero y seguir trabajando en el protocolo de seguridad”, pidió Vargas del Villar.