La independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha quedado en entredicho innumerables ocasiones, pero está vez, los ministros se superaron a sí mismo y exhibieron su cinismo, al declarar inconstitucional una consulta popular sobre la reforma energética.

La desfachatez de los ministros Luis María Aguilar, Fernando Franco Salas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza —actual presidente de la SCJN— y Arturo Zaldívar, quedo plenamente exhibida con esta vergonzosa resolución.

En tan solo 107 minutos declararon improcedente la consulta popular propuesta por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el argumento de que “se actualiza uno de los supuestos constitucionales que impide llevarlas a cabo al estar relacionadas con los ingresos y egresos del Estado mexicano”.

La interpretación de los ministros lleva el sello del Estado, su patrón. Con esos salarios exhorbitantes que perciben cada uno, (4000 veces el salario mínimo) como le van a decir que no al inquilino de Los Pinos. Los ministros son empleados de Enrique Peña Nieto. Y hay que comprenderlos. Están cuidando la suntuosa vida que han preferido a cambio de vender su conciencia.

Y para ello, están dispuestos incluso a violar la Constitución. La consulta popular está avalada por la propia Constitución, un hecho que no fue respetado por los ministros.

Después de la reforma política de 2012 se incluyó en la Carta Magna la figura de la consulta popular. Algo que los ministros interpretan de una forma distinta, obedeciendo los deseos de su amo.

La Consulta es factible con excepciones en materia electoral, la restricción de los derechos humanos, la seguridad nacional, la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y los ingresos públicos.

Pues bien, los ministros se agarraron de “los ingresos públicos” para decir que la legítima consulta popular sobre la reforma energética es inconstitucional.

Y claro, para exhibir esa dependencia de la SCJN a Los Pinos se eligió a una digna exponente, la ministra Olga Sánchez Cordero, quien elaboró el proyecto de dictamen.

Para la señora ministra, violar la Constitución bajo el pretexto de una interpretación de Estado, es valido. Según ella “la Constitución nunca habla de concesiones, siempre de asignaciones y de contrataciones”, y agregó que la reforma constitucional establece un sistema de asignaciones en el área eléctrica, petrolera y de hidrocarburos con la finalidad toral de obtener ingresos “que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la nación”, por lo que su relación es directa con los ingresos del Estado, “respecto de los cuales no es posible que tenga verificativo la consulta popular”.

La lista de despropósitos de la Tremenda Corte es cada vez más larga. Los ministros van acumulando disparates o francas violaciones a la Constitución como este ejemplo.

La Tremenda Corte, como ahora se le conoce por sus decisiones gubernamentales, pensaba que iba a tener carro completo, pero se equivocó. Uno de los ministros, decidió no seguir al rebaño y reivindicar el derecho popular a la consulta sobre reforma energética.

Se trata del ministro José Ramón Cossío, quien consideró que debían avalarse las solicitudes de consulta popular, porque no hacerlo, sería negar a los ciudadanos un derecho fundamental de interés público.

El ministro Cossío, que se ha destacado por su irrestricta defensa al estado de derecho, sin importar intereses particulares, ni mucho menos de partido o Estado, fue más allá en su acertada interpretación: “Restringir la consulta es restringir un derecho humano”.

Si la consulta popular no es un derecho humano, ¿entonces qué es?. Es el instrumento necesario para preguntarle al pueblo si está de acuerdo con las decisiones tomadas por un Congreso que ya no es popular y que solo obedece al Ejecutivo.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana. Es nuestro derecho. Es la oportunidad de emitir nuestra opinión a través del voto. Y según la reforma política debería incluir todos los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como actos administrativos del Ejecutivo Federal o de las autoridades competentes, e incluso del orden jurídico federal o de las omisiones de las autoridades.

De hecho, la Ley Federal de la Consulta Popular fue publicada apenas el pasado 114 de marzo. La ley reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, para regular el procedimiento para la convocatoria, organización y declaración de resultados de la consulta popular.

El problema fue que el Congreso de la Unión otorgó en esta ley una serie de facultades a la Suprema Corte, que finalmente será quien decida si es constitucional o no el objeto de la consulta popular, y la encargada de calificar la trascendencia de las consultas populares y, en su caso, notificar a la autoridad competente que sea afectada por el resultado de cierta consulta.

Pues bien, ya podemos ir despidiéndonos de esta nueva simulación del Estado. La cacareada consulta popular emanada de la reforma política no es más un fiasco, una mentira más, una pantalla. Siempre será declarada inconsitucional por la SCJN, si así conviene a los intereses del amo de los ministros, el Ejecutivo.

Para demostrarlo, los asalariados de primera clase, los ministros, ya rechazaron tres solicitudes de consulta promovidas por partidos. Dos sobre la energética y una del Partido Acción Nacional sobre el salario mínimo.

Por algo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la conocen ya como la Tremenda Corte al servicio de Enrique Peña Nieto. Y para muestra observen la foto del ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza en clara inclinación ante el procurador de justicia, Jesús Murillo Karam durante la firma de solicitud de vigencia del código único.

Hay imágenes que valen más que cien palabras. Simbólico. ¿No creen?

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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