Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– La solicitud de juicio político contra Ángel Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero con licencia, se quedará en algún cajón de alguna oficina de la Cámara de Diputados; se guardará, sin resolución, como ha sucedido con otras tantas denuncias presentadas contra servidores públicos en México por no atender sus responsabilidades, coincidieron especialistas consultados por SinEmbargo.

La solicitud de juicio político fue ampliada contra Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; y contra Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; por sus omisiones para investigar el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, el 31 de mayo de 2013, donde se señaló como autor intelectual al entonces Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

“La posibilidad de que funcione un juicio político de esta naturaleza contra estos servidores público específicos no parece tener ningún futuro”, reconoció el doctor Jesús Rodríguez Zepeda, coordinador general del posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-I).

Otros especialistas coinciden en que la petición se empolvará, de la misma forma que cayeron en el olvido solicitudes de juicio político en contra del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y contra la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por presunto desvío de recursos públicos con fines electorales.

O como el juicio político contra el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elias, por presunta violación de derechos humanos contra la tribu yaqui; o como el juicio político contra Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, por el endeudamiento desmedido en su entidad que llegó a la cifra de 33 mil millones de pesos, en su sexenio.

Para el doctor Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA), la figura del juicio político es una opción extrema porque, en este caso, implica una intervención del Legislativo en nombramientos del Ejecutivo. Asimismo reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.

“No tenemos esos mecanismos [de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, reconoció el especialista.

LA IMPUNIDAD EN MÉXICO, SIN IGUAL EN EL MUNDO

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó el pasado 22 de octubre una solicitud de juicio político contra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el argumento de que éste fue omiso al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.

Recordó que el 12 de junio del 2013, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el cual se pidió a la Secretaría de Gobernación investigar la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular de Iguala, que derivó en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.

El doctor Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana sostuvo que si se solicitara juicio político contra todos los servidores públicos que son omisos a su responsabilidad y que derivado de esa omisión se presentaran “eventos determinados”, ninguno saldría bien librado.

“Si se tuviera que llevar a juicio político a todos los tomadores de decisiones públicas que han sido omisos a su responsabilidad, la verdad es que no quedaría títere con cabeza”, afirmó con sarcasmo.

Explicó que México tiene una larga historia de que sus servidores públicos no asumen responsabilidades jurídicas, por escándalos políticos o por situaciones que los involucran directa o indirectamente.

“En otras sociedades, frente a escándalos políticos, las responsabilidades indirectas que son de tipo político, cuentan mucho y con mucha frecuencia servidores públicos renuncian aunque no estén directamente involucrados. Pero eso es algo que en México ni tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.

“Aquí los servidores públicos se van hasta que es insostenible mantenerse en el puesto que ocupa”, recalcó el maestro en Filosofía Moral y Política.

Señaló que antes de juzgar o prejuzgar a un funcionario público se debe establecer una cadena causal, entre una hipotética omisión y los eventos determinados que esta omisión conlleve, antes de perseguir algún tipo de responsabilidad.

Por su parte, el doctor Miguel Rábago indicó que a pesar de que pocas veces es exitoso, el juicio político es recurrente en México porque pocas veces se responsabilizan a los servidores públicos que no cumplen con sus funciones.

“Si uno no da resultados en un tiempo particular, podría pedir separarse del cargo por su propia voluntad, y es algo que no vemos en México, pareciera que tenemos que llegar a extremos de este grado para que las personas se hagan responsables de este tipo de cuestiones”, apuntó el doctor en derecho.

Explicó que no es un asunto de tradición, cultura o nivel económico de una nación, sino de desarrollo político de las instituciones y de la aplicación de los postulados constitucionales.

Detalló que en muchos países europeos, donde predominan los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, existe la figura de moción de censura, es decir ciertas medidas por la que se puede llamar la atención a los funcionarios o hasta removerlos de sus cargos con un voto en el Parlamento.

El académico se pronunció por el juicio político como una herramienta extrema, pues antes deberían establecerse comisiones investigadoras en el Congreso que funcionen verdaderamente, a fin de determinar el tipo de responsabilidades que amerita el servidor público.

“Vemos la aplicación de juicio político de una manera muy politizada y muy parcial, yo creo que más bien hay otros mecanismos que son las comisiones de investigación, que en México han sido pésimas, pero que en otros países han sido efectivas y han llegado incluso a forzar la renuncia del Presidente, acuérdate del caso WaterGate, con Nixon”, precisó.