Guatemala, 3 Nov (Notimex).- El gobierno de Guatemala y diversos sectores del país apoyaron la aprobación de una ley anticorrupción, luego que una anterior fracasó en el Congreso hace 10 años, pese a que excluyó sanciones más severas contra funcionarios deshonestos.
El Congreso de Guatemala (unicameral) aprobó esta semana la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, que encontró una férrea resistencia entre grupos parlamentarios y organizaciones políticas poco dispuestas a rendir cuentas y enfrentar los tribunales.
La ley anticorrupción incorpora al Código Penal delitos como la figura del testaferro, cobro de comisiones, tráfico de influencias, nombramientos ilegales y cohecho pasivo y activo, aunque al final eliminó acciones contra la defraudación y la evasión fiscal.
La legislación establece los nuevos delitos que serán castigados con penas de cinco, 10 y 14 años de prisión, luego que en la versión original del proyecto de ley se planteaban sanciones más severas y se ampliaban los casos que pueden constituir ilícitos.
Incluye además sanciones contra quienes obstaculicen o impidan la obtención de evidencias o medios de prueba al Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil o la Dirección General de Investigación Criminal, que recibirán penas de tres a seis años.
Según el analista Álvaro Pop, la clase política intentó en general asumir una actitud de indiferencia para que el proyecto de ley saliera del ámbito de la opinión pública y luego de algunos meses “de trámite” en el Congreso, terminara archivado.
Una iniciativa de ley contra la corrupción entró por primera vez a debate parlamentario hace 10 años. Sin embargo, el trámite formal finalizó poco después cuando el proyecto fue “engavetado” ante el poco interés de los legisladores para discutirlo.
En esta oportunidad, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, su bancada parlamentaria y diputados afines aprovecharon su condición mayoritaria en el Congreso para promover la aprobación de la propuesta.
No obstante, el compromiso para la aprobación se vio en riesgo por la inconformidad, tanto de la oposición como de los propios diputados oficialistas.
El proceso se prolongó por varios meses hasta que, de manera sorpresiva, esta semana se logró la aprobación de la iniciativa.
El presidente guatemalteco afirmó que la nueva ley es parte de los esfuerzos que impulsa su gobierno por la transparencia.
El diputado oficialista Oliverio García coincidió en que la nueva norma contribuirá a combatir la corrupción, pues incorporó al código penal la figura del delito de enriquecimiento ilícito, que no estaba contemplado en las leyes del país.
Roberto Villate, líder de bancada y uno de los máximos dirigentes del principal partido opositor, aseveró que aprobaron la iniciativa para cumplir el compromiso con la población, pero que no estaban de acuerdo con la emisión de una ley debilitada y que eliminó acuerdos ya establecidos.
La diputada Nineth Montenegro, quien ha encabezado iniciativas contra la corrupción, opinó que se pudo haber elaborado una mejor legislación en la materia, pero que de todas maneras representa un gran avance en la lucha por la transparencia.
