Pablo Gómez Álvarez expuso en “Los Periodistas” cómo el Poder Judicial sirvió durante años al Poder Ejecutivo. “Todo el que levantaba la voz para revelarse ante la falta de libertades democráticas era reprimido y el Poder Judicial era un soldado del Presidente y recibía las órdenes del Ministerio Público que pertenecía al Ejecutivo”, declaró en entrevista.
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– El Poder Judicial ha servido durante años, hasta poco antes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como “un soldado del Presidente” de quien recibía consignas directas como parte del aparato represor, denunció Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968 que fue detenido y condenado a 16 años por las lesiones y homicidios perpetrados el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.
“El Poder Judicial no ha cumplido con sus obligaciones morales, no ha cumplido. El Poder Judicial fue utilizado (en la represión estudiantil), nos condenaron a 16 años acusándonos del homicidio de las personas que resultaron asesinadas ese día en la plaza; o sea, nos culparon de la muerte y lesiones de nuestros propios compañeros. Es una perversidad eso, dónde se ha visto semejante cosa”, expuso Gómez Álvarez en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
—¿El Poder Judicial fue el cancerbero del régimen podrido? —se le preguntó.
—El Poder Judicial llegó a los extremos a los que llegó el Ejecutivo porque fue su guardián, era su mozo, su empleado, su todo.
Pablo Gómez fue uno de los invitados a la primera conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien centró este primer acto en reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en esta masacre, particularmente la del entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien es señalado en el Decreto publicado este miércoles como el responsable de la matanza, ante la cual la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció disculpas públicas.
“Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y, al mismo tiempo, pone un alto y dice: ‘Nunca más’”, declaró la Presidenta al condenar la represión de hace 56 años “contra estudiantes que, en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados”.
Pablo Gómez recordó en la conferencia que quienes fueron acusados de la matanza de 1968 fueron los presos políticos. “Las víctimas, parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros; de ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces, de ese tamaño. El Poder Judicial a través de un tribunal nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente, se concedió por parte del Congreso una amnistía”, mencionó.
Al respecto, Gómez Álvarez ahondó en la entrevista que esos fueron los cargos que presentó el Ministerio Público y el Juez dictó sentencia de 16 años de prisión por eso. “Había otros delitos políticos como incitación a la rebelión, conspiración, motín, la retahíla de delitos, pero los más duros eran homicidios, lesiones”.
El titular de la UIF expuso que basta con hacer una revisión hemerográfica para dar cuenta de cómo el Poder Judicial servía al Poder Ejecutivo “Les puedo poner 20 ejemplos: los maestros, los telefonistas, los telegrafistas, todos. Todo el que levantaba la voz para revelarse ante la falta de libertades democráticas era reprimido y el Poder Judicial era un soldado del Presidente y recibía las órdenes del Ministerio Público que pertenecía al Ejecutivo”.
—¿Antes y después del 68? —se le preguntó.
—Pero mucho después. Hasta hace poco todavía, hasta antes del 2019 el Poder Judicial recibía consignas directas del Ejecutivo.
Pablo Gómez indicó cómo, por ejemplo, esto ocurrió en la petición de Consulta Popular que se hizo después de la Reforma Energética, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando la izquierda protestó, votó en contra en el Congreso y convocó a una Consulta Popular que ya estaba en la Constitución.
“La Consulta Popular la debe calificar la Corte, según la Constitución, entonces se envía a la Corte el pedimento con las firmas. Había dos o tres peticiones que reunieron la cantidad de firmas que es muy grande e invitaron nuestros insignes ministros, que como la Consulta Popular no abarca los ingresos públicos, o sea los impuestos, contribuciones, derechos, entonces tampoco la Reforma Energética porque iba a traer como consecuencia el incremento de ingresos públicos porque íbamos a tener compañías extranjeras que iban a pagar impuestos en México y derechos con motivo de sus concesiones”, recordó.
