Si los legisladores y el Gobierno de Morena cumplen lo prometido, en las próximas semanas México se convertirá en el tercer país del mundo que legalice el uso adulto del cannabis, junto con la regulación de sus usos médicos y terapéuticos, y dejará atrás la absurda prohibición del cultivo del cáñamo para usos industriales. En los días por venir, se tendrán que dictaminar las diversas iniciativas sometidas al Senado, aunque también en la Cámara de Diputados se han presentado proyectos de ley para ser tomados en cuenta.

Un año después de que la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentara su iniciativa para una regulación integral no prohibicionista de la planta, los legisladores parecen finalmente dispuestos a dar un paso fundamental para dejar atrás una de las políticas públicas peor diseñadas e implementadas de la historia mundial, la que durante un siglo ha impuesto la prohibición de un conjunto de sustancias psicoactivas que se consideran dañinas para la salud de los individuos y peligrosas para la sociedad. Una estrategia que alcanzó un alto grado de consenso internacional, a pesar de que desde el principio mostró que causaba muchos más males que aquellos que pretendía evitar.

Exactamente un siglo después de su prohibición en México, la mariguana parece estar a punto de salir de la clandestinidad a la que se le condenó con base en prejuicios y teorías a medio cocinar sobre los supuestos daños causados por su consumo. Una prohibición completamente ineficaz para erradicar su uso, tanto terapéutico como personal, pero que, en cambio, ha dejado una enorme secuela de corrupción y violencia, ha carcomido al Estado mexicano y ha favorecido a organizaciones delictivas, que se han armado y han reclutado ejércitos para enfrentar la prohibición gracias a las ingentes ganancias que el mercado clandestino les ha generado.

Finalmente, el consenso prohibicionista se ha roto en México y se está abriendo paso la sensatez, pero, llegada la hora de regular, es el momento de hacerlo con prudencia y fijarse en los detalles, para evitar los riesgos que una mala ley sobre una sustancia que, a pesar de no ser demoniaca, como durante décadas se le estigmatizo, y de tener un potencial de peligrosidad menor que el alcohol y el tabaco ­–desde siempre legales en México– no es inocua, pues tiene potencial adictivo y su consumo implica riesgos a la salud y al entorno social de los consumidores. De ahí que los legisladores deban hacer un trabajo fino, para evitar tanto una regulación insuficiente en su capacidad de acabar con el mercado clandestino, como una que acabe por generar incentivos para que las empresas mercantiles promuevan su uso y abuso.

La ventaja con la que cuentan los legisladores mexicanos es que ya hay suficiente experiencia internacional acumulada como para no regular a ciegas. En distintos estados de los Estados Unidos se han puesto en marcha modelos regulatorios con características específicas y diferentes resultados. Por supuesto, las experiencias de Uruguay y Canadá, cada una con sus concreciones propias, también deben ser evaluadas para armar el entramado legal más apropiado para México.

En los Estados Unidos, como era de esperarse, el modelo de regulación del cannabis ha sido esencialmente comercial. Sin embargo, no se ha tratado en ningún caso de una liberalización absoluta del mercado. Los dos primeros estados en legalizar el uso personal, Washington y Colorado, siguieron patrones distintos y obtuvieron resultados diferentes. Washington, más restrictivo, dio pocas licencias y puso impuestos muy altos, mientras que en Colorado se otorgaron más licencias y los impuestos fueron menores. En el primero, después de un par de años solo el treinta por ciento del mercado era legal, mientras el 70 por ciento seguía siendo controlado por organizaciones clandestinas. Los porcentajes en Colorado eran los inversos a los dos años de haber terminado la prohibición, pues solo el 30 por ciento del consumo se hacía en el mercado gris, mientras la recaudación fiscal permitía al Gobierno local contar con recursos sustanciales para proyectos educativos.

Con todo lo exitosa que parezca, la experiencia de Colorado también sirve para poner atención en los riesgos de la comercialización, pues incluso en un país con un Estado de derecho tan sólido como Estados Unidos, el peligro de captura empresarial del regulador puede debilitar la capacidad estatal para poner por delante de los intereses comerciales la prevención y la protección de la salud de los consumidores. Por su parte, la experiencia canadiense muestra los riesgos de una integración vertical de la industria, de manera que sean las grandes empresas, y no los pequeños productores y comerciantes, hasta ahora víctimas de la prohibición, las que acaben sacando provecho de las nuevas condiciones de legalidad.

Hace unos días, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó una iniciativa más para regular el cannabis. En ella propone la creación de un monopsonio estatal –una empresa intermediaria encargada de comprar toda la producción de los agricultores con licencia autorizados a sembrar, cultivar y cosechar los diferentes tipos de cannabis, y canalizarla a los empresarios autorizados para transformarla y venderla– que evitaría la integración vertical y la creación de empresas privadas con la fuerza suficiente para dominar el mercado y capturar al regulador. De inmediato el modelo, inspirado en la experiencia uruguaya, fue objeto del escarnio mediático y en las redes; la columna de trascendidos de Reforma acusó a Delgado de proponer la creación de una suerte de CONASUPO de la mariguana. Pero la propuesta de Delgado no es ningún despropósito, en un país donde los órganos reguladores suelen ser endebles y atrasados, como lo muestra cotidianamente la COFEPRIS, cuyo director actual está anclado en la tradición sanitarista decimonónica en lo que a cannabis se refiere.

Si no se quiere crear la empresa estatal, entonces se deben establecer mecanismos regulatorios eficaces para evitar la integración vertical de la industria del cáñamo para uso personal y medicinal, pues si surgen empresas que controlen desde el cultivo hasta la comercialización final será más difícil que el Estado ponga por delante la salud de los consumidores, como lo prueba la industria del tabaco, dominada por un oligopolio que ha obstaculizado una regulación realmente eficaz.

La hora de la regulación ha llegado. No es aceptable ya que el Senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, siga deshojando la margarita, como lo ha hecho durante meses, ni que pretenda hacer pasar su iniciativa, la cual evita la regulación integral y se queda en un mero simulacro limitado al autocultivo, pues eso no le haría nada al mercado clandestino ni generaría instrumentos de reducción del daño como eje de la política pública hacia el cannabis.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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