Cuando el ex diputado local chiapaneco del PRI, Alejandro García Ruiz, dijo que “las leyes son como las mujeres; se hicieron para violarlas”, no solo estaba haciendo gala de un machismo tan insoportable como extendido en este país, sino también haciendo eco de un número importante mexicanos ve la leyes y reglamentos no como algo que no está ahí para cumplirse, sino como un estorbo al que hay que darle la vuelta o simplemente violarlas de manera artera, consciente y macha.
En nuestra cultura política es “más hombre” el que viola la ley que el que la cumple: no pasarse un alto es signo de debilidad; traer arma es una forma superior de virilidad; el que paga impuestos es, además de torpe, miedoso, etcétera. Pero además del machismo político, el Estado mexicano se ha convertido en el gran protector y benefactor de la ilegalidad.
El derecho en México es un fin deseable, no una obligación permanente. Esta concepción de las leyes está en nuestro ADN y es parte del gen priista, ese que decimos que todos llevamos dentro pero que en realidad está a flor de piel. La reforma fiscal aprieta con nuevas disposiciones a los pequeños contribuyentes, pero en la práctica aumenta la tolerancia a la informalidad en todo el país (es un problema social, dicen los alcaldes). Se cambia desde presidencia el discurso del combate al narco, pero hay una violación sistemática a los derechos humanos (y al que menos le importa es el Ombudsman, más preocupado por traer un valet andante que por investigar abusos). Se firman tratados internacionales de cualquier cosa, pero la tortura sigue siendo la principal fuente de investigación de las policías. Gastamos dinerales en Contralorías y Auditorías, pero la corrupción cabalga sin freno en todo el país porque tenemos tatuado en la médula aquello de que “corrupción es robar y que te cachen… la segunda vez”.
¿A quién le interesa el Estado de derecho? Al gobierno de Peña no; ha dado muestras claras que cuando las leyes estorban a la eficiencia política, peor para las leyes. A los empresarios tampoco, pues aunque en el discurso hablen una y otra vez contra la corrupción en la práctica son los más beneficiados de ella; mientras la justicia en México sea una cuestión de dinero y no de leyes llevan la de ganar. La sociedad civil organizada tampoco ha dado muestras de gran interés; hay más organizaciones no gubernamentales enfocadas a la defensa de los animales que al búsqueda de un auténtico Estado de derecho. A los legisladores tampoco; están más preocupados por hacer leyes y complicarnos la vida que por blindar el cumplimiento de las que ya tenemos.
A quién le extraña, pues, en este Estado benefactor de la impunidad, que un ex legislador, ahora convertido en empresario, diga que las leyes son para violarlas. A lo mejor nunca lo repite, pero seguramente nunca dejará de pensarlo (por cierto ex diputado, la violación es un delito, pero al parecer eso también le tiene sin cuidado).
