Ciudad de México, 3 de oct -La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por presunto enriquecimiento ilícito y eventual lavado de dinero al magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, debido a que su evolución patrimonial de los últimos cuatro años no concuerda con los ingresos que obtiene en el Poder Judicial Federal (PJF), publica el diario La Jornada el día de hoy.
El diario señala también que un testigo protegido declaró a las Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) haber sobornado a Luna Altamirano, confesó haber entregado a menos en dos ocasiones millones de pesos en efectivo a Luna.
El magistrado fue suspendido de sus actividades en junio pasado debido a que fue acusado de favorecer a miembros del crimen organizado. De acuerdo con una nota de Proceso de junio del 2011, Luna Altamirano ha propinado varios reveses judiciales al gobierno federal en torno al cártel que comandan Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
La PGR dio inicio desde principios de este año a una averiguación previa contra el magistrado Luna. De acuerdo con fuentes gubernamentales, la investigación contra Luna llevó a la PGR a intervenir por lo menos 10 números telefónicos en que se detectaron informaciones que presuntamente comprometían al juzgador.
SU RELACIÓN CON “EL CHAPITO” Y LA REINA DEL PACÍFICO
Proceso destaca en una nota publicada el 11 de juno de este año que el magistrado se convirtió en personaje incómodo para la PGR a partir de sus sentencias absolutorias a grandes personajes de la delincuencia organizada. Entre las que se encuentran, el caso de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, al que Luna Altamirano le revocó la sentencia; así como el caso de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, a quien el magistrado absolvió de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.
En el 2008, Luna Altamirano dictó sentencia absolutoria a”El Chapito”, revocando su condena a solo cinco años de prisión. Este año el gobierno estadunidense incorporó al delincuente en su lista de narcotraficantes, acusado de los mismos delitos por los que Luna Altamirano lo exoneró.
Cuatro meses después, el magistrado absolvió del cargo de lavado de dinero a Luis Raúl Arriola Márquez, quien formaba parte de la lista negra del blanqueo de capitales de Estados Unidos, que incluía también a varios de sus familiares.
En el 2006, Luna revocó el auto de formal prisión contra Amado Azuara González, exdirector del Reclusorio Preventivo Sur, acusado del delito de evasión de presos, argumentando que no se comprobó su participación en la fuga del narcotraficante guatemalteco Otto Roberto Herrera García.
En el 2007, tuvo uno de sus escándalos más polémicos debido al proceso penal por genocidio en contra del expresidente Luis Echeverría por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, Luna Altamirano, determinó: “Sí hubo genocidio, pero no hay pruebas de que el Echeverría –entonces secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– haya sido responsable”.
Tres años después, Luna Altamirano absolvió al empresario Carlos Cabal Peniche –quien enfrentaba 17 juicios–, de la única sentencia en donde, en primera instancia, fue encontrado culpable por una defraudación fiscal de 370 mil 625 pesos, cometida en 1993 a través de su empresa San Carlos World Trade.
Tres semanas después, el 15 de junio de ese año, el magistrado exoneró al hermano del Mayo, Jesús Zambada García, El Rey Zambada, acusado de ser el dueño de 300 kilos de cocaína, siete rifles de asalto y 100 cartuchos útiles. En esta ocasión, señaló que hubo errores de la PGR, ya que entró sin una orden de cateo a la bodega donde estaban dichas evidencias.
Al año siguiente, el 3 de marzo, revocó la condena de 46 años y seis meses de prisión contra Moisés Arenas Jiménez, involucrado en el linchamiento de tres agentes de la Policía Federal Preventiva en Tláhuac, ocurrido el 23 de noviembre de 2004. Estimó que no existía ningún indicio en su contra del secuestro de los tres agentes y el homicidio de dos de ellos, pues estaba a 12 metros de distancia de los hechos.
El 9 de mayo de 2011, Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, ganó dos litigios cruciales a la PGR: en uno, el Primer Tribunal, canceló su extradición a Estados Unidos; en el otro, Luna Altamirano la absolvió de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.
