La extitular de Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en 2017 enfrenta un proceso penal por de usar indebidamente la información a la que tuvo acceso para discriminar y estigmatizar en redes a Lesvy Berlín.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en la Ciudad Universitaria de la UNAM en mayo de 2017, inició hace cinco años un proceso penal para que funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que revictimizaron a la joven fueran sancionados por difundir información privada. La denuncia registró un primer avance hasta esta semana, cuando se programó la primera audiencia de la extitular de Dirección de Comunicación Social de la dependencia, a quien se le acusa del delito de ejercicio ilegal del servicio público.
Actualmente la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos mantiene abierta una investigación en contra de varios servidores y servidoras públicas, por lo que, además de la exfuncionaria, otros servidores como policías y titulares de áreas de la Procuraduría podrían ser sancionados, explica Lucía Reyes Cárdenas, una de las abogadas de la familia Rivera Osorio e integrante de las organizaciones Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Este 29 de agosto se celebraría la audiencia intermedia contra María Elena Cárdenas Rodríguez, exdirectora de Comunicación Social en el periodo en el que Miguel Ángel Mancera fue Jefe de Gobierno y Rodolfo Ríos era el Procurador capitalino, pero esta se difirió porque la exdirectora planteó, a través de su defensa legal, que está interesada en solicitar la suspensión condicional del proceso, es decir, llegar a una salida alterna. La abogada Reyes Cárdenas explicó que ello implicaría que la funcionaria cubra una serie de requisitos, entre ellos el pago de la reparación integral a las víctimas.
María Elena Cárdenas fue denunciada penalmente porque al día siguiente del feminicidio de Lesvy, el 4 de mayo de 2017, utilizó la información a la que tuvo acceso como Directora de Comunicación para autorizar una serie de tuits con contenido discriminatorio y estigmatizante basado en la primera declaración que hizo a las autoridades la pareja de la joven y extrabajador de la UNAM, Jorge Luis Hernández, quien ya fue sentenciado a pasar 52 años privado de la libertad. La exdirectora renunció días después.
En los mensajes se difundió información sobre la vida privada de Lesvy, lo que en ese momento fue condenado por organizaciones, defensoras de derechos humanos y cientos de mujeres que consideraron este hecho como una forma de responsabilizar a Lesvy Berlín de su muerte, lo que derivó en una protesta que se popularizó en redes sociales con el hashtag #SiMeMatan para exhibir que culpar a las víctimas de feminicidio es una constante de las autoridades en la Ciudad de México y todo el país.
Estas protestas llevaron a que el 5 de mayo de 2017 cientos de universitarias marcharan en Ciudad Universitaria para exigir justicia. El 25 de agosto de 2017, Araceli Osorio y Lesvy Rivera, la mamá y el papá de la joven estudiante, denunciaron ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos la filtración de información de la carpeta de investigación que se seguía por la muerte de su hija.
La abogada Lucía Reyes explica que, conforme el caso avance, marcaría un precedente, ya que sería la primera vez que en la Ciudad de México que funcionarios y exfuncionarios serían sancionados por estigmatizar y revictimizar a una víctima de feminicidio. Resaltó que es importante porque, con la información difundida por las autoridades, la comunidad universitaria y otras mujeres también fueron dañadas, al enviar el mensaje de que cualquiera podría ser discriminada desde las instituciones.
La violación a los derechos humanos de Lesvy y su familia por estos hechos fue acreditada desde 2018 por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la recomendación 01/2018, pero es hasta ahora que el caso comienza a avanzar, a cinco años de que se interpuso la denuncia contra las autoridades que resultaran responsables del ejercicio ilegal del servicio público, un delito sancionado por el artículo 259 del Código Penal de la Ciudad de México.
Lucía Reyes atribuyó los retrasos a la falta de voluntad de las autoridades y la protección entre funcionarios de la exprocuraduría, ahora Fiscalía General de Justicia. También recordó que la primera defensa legal de la exfuncionaria fue negar su responsabilidad en múltiples ocasiones.
«La Fiscalía tardó todo este tiempo en integrar esta carpeta de investigación [contra la exdirectora de Comunicación] por las resistencias. Finalmente quien está investigando es parte de la propia dependencia, entonces a veces escuchamos cosas como: ‘Entre pares no nos vamos a poner la soga’. Entonces la integración de la carpeta de investigación llevó muchísimo tiempo», mencionó.
El 13 de septiembre se realizará otra audiencia contra la exfuncionaria en el Centro de Justicia del Reclusorio en Santa Martha Acatitla, para ese día la defensa de la exdirectora de Comunicación Social tendrá que tener lista una propuesta de reparación del daño que incluya garantías de rehabilitación, de no repetición de los hechos y otras medidas.
«Debe incluir medidas de satisfacción porque a veces la reparación del daño solamente se entiende en un carácter económico y psicológico. Generalmente te dicen cuantifica cuántas terapias va a necesitar la víctima. Pero la reparación del daño no solamente tiene que ver con esas dos dimensiones, debe cubrir con estándares nacionales e internacionales, contemplar el impacto derivado de las violaciones a derechos humanos; que la persona acusada entienda que afectó la integridad de las persona y otros grupos», insistió la abogada del OCNF.
Lucía Reyes dijo que en este caso la exservidora pública tendría que reconocer su responsabilidad, el impacto que generó en la familia de Lesvy, la comunidad universitaria y a la sociedad en general, por ejemplo, a través de una disculpa pública y al mostrar disposición de apoyar en la elaboración de alguna guía o manual para garantizar que no se repita un acto similar dentro de las instancias de justicia en estos casos de violencia contra las mujeres. Lo más importante, agregó la abogada, es que la familia de Lesvy acepte los términos.
El camino para obtener justicia por el feminicidio de Lesvy ha estado lleno de trabas para su familia, pues tuvo que protestar en múltiples ocasiones hasta lograr, en octubre de 2017, que la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclasificara el caso de homicidio simple culposo a feminicidio agravado, con lo que obligó a la Procuraduría a investigar el crimen bajo esta línea y al Juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, a cambiar la autovinculación a proceso de la pareja de la joven, a quien en un primer momento se le acusó de no impedir el supuesto suicidio de la joven.
