Tardó muchos años la región del estado conocida como los Pueblos del Rincón, conformada por los municipios de San Francisco y Purísima, en tener un protagonismo en la política estatal.

Hoy, el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el líder de la mayor fuerza política en el Congreso son originarios de esa zona. Muchos cuadros medios del gobierno e incluso uno de los principales asesores del gobernador, durante la primera parte del sexenio, también son nativos de allí.

Quizá nunca, como ahora, se den las confluencias para hacer posible un respaldo público y un impulso a esos municipios, hasta ahora marginados, paradójicamente, por su cercanía a León, la gran urbe que absorbe buena parte del esfuerzo y las inversiones de los gobiernos estatales.

Sin embargo, dentro del amplio abanico de carencias y necesidades, sobresale una cuestión: el pasivo ambiental generado por una empresa de capital leonés, precisamente, en territorio de San Francisco del Rincón, pero con efectos perniciosos en toda la región.

Química Central, productora de sales de cromo para la industria del curtido, acumuló a lo largo de décadas desechos de tierras tóxicas, conteniendo cantidades importantes de cromo hexavalente, un metal altamente tóxico, cuya acción como un poderoso agente cancerígeno se encuentra ampliamente documentada en estudios científicos internacionales.

Los desechos acumulados a lo largo de ese tiempo alcanzan las 300 mil toneladas y forman una montaña que sobresale en las instalaciones de la planta. Actualmente la operación ha dejado de producir ese desecho, según afirman los propietarios y ha constatado la propia autoridad. El problema hoy día radica en la magnitud del pasivo ambiental, que se ha vuelto literalmente inmanejable.

Sin duda, los propietarios actuales, herederos de los socios originales, tienen una responsabilidad corporativa con la situación, no obstante que argumenten que la acumulación de los desechos ocurrió en ausencia de una normatividad clara al respecto, en su momento.

El gobierno, por su parte, tanto el federal como el estatal, tiene la obligación de intervenir y buscar una solución que contemple el reparto de responsabilidades, pero que, sobre todo, anteponga el bien de los habitantes de la zona, no solo las actuales sino también las futuras generaciones.

El hecho de que el gobernador Miguel Márquez sea nativo de Purísima del Rincón y conozca de cerca el problema, al igual que su paisano Juventino López Ayala, Coordinador de los panistas en el Congreso, y Antonio Salvador García, el Secretario de Gobierno, debería constituir un factor para apresurar la búsqueda de soluciones.

El problema requiere voluntad y recursos financieros. El propio gobierno federal, que fue omiso durante mucho tiempo y que hoy pretende lavarse la cara aplicando clausuras que sirven de muy poco para atacar el problema de fondo, no puede ni debe ser ajeno a la búsqueda de una remediación efectiva.

Para los habitantes de San Francisco del Rincón y de Purísima del Rincón, esta es una oportunidad que puede no volver.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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