La Mayoría Calificada que el oficialismo tiene asegurada en San Lázaro y que aún está en vilo en el Senado es necesaria para poder modificar la Constitución, como el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo han dicho que harán para implementar el Plan C.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El triunfo histórico de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas no sólo implica su llegada a la Presidencia de México. La cifra inédita de votos que alcanzó en la jornada de este domingo 2 de junio también se vio reflejada en respaldo a los candidatos a diputados y senadores de Morena y sus aliados, quienes alcanzarán en la Cámara Baja la mayoría calificada que requieren por sí solos para modificar la Constitución, mientras que en el Senado están en la antesala de alcanzar este umbral.
Las cifras del Conteo Rápido dieron cuenta, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados, Morena obtendría entre 233 y 251 diputaciones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre 67 y 77 diputaciones y el Partido del Trabajo PT entre entre 46 y 52 diputaciones. Es decir, el oficialismo tendría para la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre entre 346 y 380 curules en la Cámara Baja con lo cual sí tendría la mayoría calificada que se alcanza con 334 diputados.
En el Senado, los mismos datos del Conteo Rápido señalan que Morena alcanzó entre 57 y 60 senadurías; el Partido Verde entre 10 y 15 senadurías y el Partido del Trabajo entre 9 y 13 legisladores. El oficialismo tendría así entre 76 y 88 escaños, es decir estas cifras señalan que aún no tiene asegurada la mayoría calificada que en esta Cámara es de 86 legisladores. Esta mañana, el Gobierno de México dio a conocer, con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que en San Lázaro Morena y sus aliados tendrán 365 curules y en la Cámara Alta prevén 82 escaños, con el 70 por ciento de las actas escrutadas.
La Mayoría Calificada que el oficialismo tiene asegurada en San Lázaro y que aún está en vilo en el Senado es necesaria para poder modificar la Constitución, como el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo han dicho que harán para implementar el Plan C, con el cual se haría una Reforma Político-Electoral y una Judicial para que los Consejeros y magistrados electorales, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante voto popular, una medida a la cual se ha opuesto el PRIAN y la élite judicial que preside la Ministra Norma Piña.
“Nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia [Sheinbaum] y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. No quiero yo imponer nada. Me siento muy satisfecho, entre otras cosas. Imagínense si no estoy contento, si estamos terminando nuestro mandato y logramos reducir la pobreza”, declaró en ese sentido esta mañana el Presidente López Obrador.
La propia Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una vez que el INE reconoció su triunfo que “aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores”.
El Plan C que ha trazado el Presidente López Obrador se originó ante la negativa de la oposición de discutir en el Congreso una Reforma Político-Electoral y ante la inconstitucionalidad determinada por el Poder Judicial de lo que se conoció como el Plan B, que fueron un conjunto de reformas legales para hacer modificaciones en la materia.
Ante ello, el Presidente instó a los mexicanos a darle en esta votación la mayor cantidad posible de votos a Morena y sus aliados en el Congreso para aprobar reformas constitucionales sin la necesidad de la oposición. De esta manera, López Obrador explicó los cuatro puntos fundamentales en los cuales se basaron sus reformas: “moderar la indulgencia y opulencia”, “elevar el salario del peón”, “educar al hijo del campesino y del barretero al igual que el hijo del más rico hacendado” y “que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte”.
Se trata de un paquete de reformas que toca diversos aspectos. En el plano electoral se propone, por ejemplo, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales —legisladores que llegan al Congreso sin ser votados—, disminuir el porcentaje para que una consulta popular sea vinculante y que los consejeros y magistrados electorales, sean electos por medio del voto popular, una misma medida que propone para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en otra reforma del ramo.
Por otro lado, la reforma sobre los organismos autónomos establece la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En ese sentido, el Presidente indicó esta mañana: “Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual Presidenta electa, luego Presidenta constitucional. Creo que la nueva Legislatura inicia el 1 de septiembre, y yo termino a finales de septiembre [1 de octubre]. Es un mes. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo”.
