Desde el día uno de su administración federal, el Presidente López Obrador anunció que los Programas de Bienestar serían un pilar en su Gobierno, ya que de su funcionamiento dependería la baja en la violencia, la delincuencia y hasta la corrupción. En la evaluación de los primeros seis meses, la política social ya avanza en todo el país, pero lleva consigo críticas y fallas en el diagnóstico, calidad y transparencia.
Por Dulce Olvera y Daniela Barragán
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– Desde el pasado 25 de mayo, en una casa del Estado de México donde cuelga una lona con la foto del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el logotipo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no dan informes sobre los programas sociales del Gobierno de México.
El lugar, que es atendido por los llamados Servidores de la Nación, sólo abre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La gente se acerca a preguntar sobre por qué algunos adultos mayores no reciben el apoyo prometido a pesar de que ya fueron censados y la respuesta de tres personas que están en un cuarto en el que hay dos computadoras es que no pueden dar información porque “no pueden acceder al sistema”. Y lo dicen sin quitar la vista de sus celulares.
Ante la segunda visita de una mujer, hija de un hombre de 87 años de edad que no ha recibido ni la tarjeta de apoyo, uno de los Servidores de la Nación respondió con gritos: “¿por qué se ponen necios a cuatro meses del Gobierno y en 82 años no reclamaron nada?”.
Casi toda la gente que hacía fila se fue. La mujer que recibió el grito dijo que no quiere volver a preguntar por temor a una represalia a través del apoyo.
Los programas que integran la política social del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a seis meses de iniciado su mandato, fueron lanzados ya en todo el país como uno de los pilares de este nuevo Gobierno, sin embargo, en este mismo periodo han acumulado críticas en cuanto a la implementación y a la estrategia.
Con base en el censo que se levantó desde el periodo de campaña y que fue realizado por simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), adultos mayores, jefas del hogar, estudiantes y personas con discapacidad, son ya beneficiarios de los apoyos. Uno hogar puede tener uno o más de estos ingresos, ya que el objetivo es que con ese dinero la delincuencia y la corrupción no sean ya una opción de supervivencia.
Sin embargo, de acuerdo con expertos y testimonios de habitantes de los estados de Hidalgo, Puebla y Estado de México, hay fallas en estos programas desde el diagnóstico del problema que buscan erradicar, pero que al tratarse de los primeros seis meses, los errores aún son corregibles.
Entre la fallas detectadas en este corte semestral, se menciona la carencia de un diagnóstico completo y posiblemente equivocado; la falta de calidad en las instituciones; la opacidad en los procesos y que el enfoque sea atender solo las necesidades urgentes y no fomentar la independencia económica.
En este sentido, Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó en entrevista que una política nacional que descanse en programas sociales no es errada porque es una variable que funciona para redistribuir el ingreso nacional pero en lo presentado por López Obrador falta el elemento que no cree una dependencia al dinero federal.
“Por un lado está la pobreza, que obviamente está generalizada en el país y afecta a las poblaciones más vulnerables. En este sentido es deseable que el gasto social se concentre en estas poblaciones […] pero el gasto que les permite obtener una independencia económica […] tiene que ser complementado con un gasto de inversión y con un gasto en creación de empleos”, explicó Rodríguez del Villar.
Por su parte, Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que hasta el momento hay elementos que no son positivos porque los programas no parecen tener un diagnóstico completo o en algunas ocasiones es equivocado.
Mencionó como ejemplo los casos de educación o de becas laborales, en los que no se toma en cuenta que las transferencias monetarias son un paliativo a un problema más profundo que es la falta de calidad en el sistema educativo y en la creación de trabajo, o el caso de las estancias infantiles, en el que las madres de familia no necesitan tanto el dinero sino un lugar en el que los niños reciban atención y ellas tengan tiempo para poder participar en el mercado laboral.
De la Torre criticó también la transparencia en el censo. “La mala calidad de la información es algo que se criticó en administraciones anteriores, pero ahora este censo muestra un sesgo entre quiénes lo levantan, que no hay una metodología clara”, dijo.
“Hasta el momento hay diagnósticos incorrectos, problemas de transparencia y una falta de coordinación en la política social de este gobierno. El problema fundamental es que cuando se procede sin diagnósticos adecuados, sin transparencia y sin coordinación y se borra la experiencia anterior y los programas anteriores y se quiere hacer un cambio tan drástico con estas fallas”, añadió.
La manera de contrarrestar este panorama, agregó, es corregir gradualmente, ofrecer información sólida, transparente y actualizada, es decir, un Padrón Único de Beneficiarios que se planteó desde la administración de Enrique Peña Nieto.
“Ahora lo que se decidió es acabar con lo anterior, reconstruir prácticamente todo el sistema de información social, pero se ha hecho mal y en consecuencia no tenemos claridad respecto a si la política se construye sobre base sólida […] Esta administración puede todavía hacer modificaciones para la construcción de esos programas, que se afinen y sean mucho más transparentes y operativos, pero hay un problema de fondo”, concluyó.
MÁS DE 200 MIL MILLONES PARA BENEFICIARIOS
El Plan Nacional de Desarrollo (2019-2014), en el rubro de política social, expone los nueve programas de bienestar para los que se destina este 2019 un presupuesto público de 207 mil 100 millones de pesos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en situación de pobreza, jóvenes que no estudian ni trabajan, campesinos, damnificados de sismos, familias que buscan crédito para la vivienda, y a pequeños comerciantes que requieren un crédito, con prioridad a poblaciones indígenas.
En mayo concluyó el Censo del Bienestar, levantado casa por casa por los “Servidores de la Nación” desde el periodo de transición, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha recorrido varios municipios para anunciar los programas de bienestar.
Actualmente los 32 superdelegados, en su mayoría miembros de Morena, están entregando los apoyos a 14 millones de personas de manera directa con tarjeta bancaria para evitar “los moches” de intermediarios.
Pero la meta es llegar a 22 millones de beneficiados una vez se consolide el Banco de Bienestar y los 10 mil Centros de Desarrollo Integral en 250 comunidades apartadas, ya que “se encuentra uno con el problema de que no hay sucursales bancarias en todo el país, ni siquiera en las cabeceras municipales”, dijo el mandatario en conferencia matutina. “El propósito es que cuando menos de cada dos domicilios, en uno llegue un apoyo directo, y en las zonas indígenas en todos los domicilios”.
Los recursos públicos para financiar los programas sociales se están obteniendo de lo que se ahorra con el combate a la corrupción, la eliminación de gastos superfluos y del robo de combustibles, plantea el PND.
“Se requiere que la organización institucional, las normas y reglas de operación y la ejecución en campo, de estas nuevas acciones cumplan con los más altos estándares de calidad técnica, de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana, para evitar los resultados negativos del pasado”, exigió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en un análisis sobre la política social del Gobierno federal.
“El mayor riesgo para la política social es la reconstrucción de redes de clientelismo político usando los beneficios de los nuevos programas sociales. Por su cobertura a millones de personas y por el monto presupuestal, es imperativo evitar cualquier sesgo en la selección de quienes reciban transferencias”, agregó.
Para evitar la discrecionalidad y uso clientelar, urgió un padrón único de beneficiarios con amplia vigilancia pública, a partir de una reforma a la Ley General de Desarrollo Social; y la reglamentación del artículo 134 constitucional para aplicar medidas de transparencia y “blindaje” que protejan los programas sociales.
LOS AVANCES EN ENTREGAS
Considerando que el 26 por ciento de las personas adulto mayores no tiene pensión ni apoyo económico, el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 2,550 pesos bimestrales a mujeres y hombres de más de 68 años o de 65 años si viven en comunidades indígenas, aunque el monto no cubre el costo total de la canasta alimentaria mensual (1,569 pesos urbana y 1,117 pesos rural).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador especificó que llevan una dispersión de recursos a esta población alrededor del 85 por ciento, ya que de la meta de ocho millones de adultos mayores, 6 millones 500 mil ya han recibido su apoyo de manera regular.
Para garantizar los derechos de los menores, jóvenes e indígenas con discapacidad permanente, y eliminar la marginación, discriminación y racismo del que son víctimas, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad apoya con 2 mil 250 pesos bimestrales a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años o de cero a 64 años que vivan en comunidades indígenas.
“Las transferencias no sustituyen la necesidad de políticas de inclusión educativa, de atención especializada en salud, de inserción laboral y de accesibilidad –entre muchas otras- conforme el enfoque de derechos, especialmente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, observó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
De un millón de beneficiarios, a la fecha se está dando el apoyo a 150 mil. En este caso “es más difícil”, explicó el Presidente, porque al tratarse de personas con poca movilidad que no pueden ir al banco, “tenemos que escoger bien al familiar” que lo recibe.
El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está dirigido a estudiantes menores de 18 años del nivel básico, media y superior, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema. Se les dan 800 pesos bimestrales al padre o tutor de los niños o a los jóvenes durante los cinco bimestres del ciclo escolar y deben reincorporarse cada año.
López Obrador detalló que en el caso de las becas para primaria y secundaria llevan un avance del 50 por ciento; para la preparatoria el 70 por ciento; y de las becas universitarias ya van entre 100 mil y 300 mil ya dispersadas.
Para los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es para que 2.3 millones reciban una beca mensual de 3 mil 600 pesos más seguro médico, mientas se capacitan durante un año en empresas de todos los tamaños y sectores, instituciones públicas u organizaciones sociales de la mano de un tutor, excepto como asistentes personales, de seguridad privada, veladores, promotores de partidos políticos ni de trabajo doméstico.
Además, Jóvenes escribiendo el futuro entrega 4 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes menores de 29 años de las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez, con prioridad a mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes, a quienes vivan en una zona de atención prioritaria y a quienes vivan en contextos de violencia.
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, expuso que hay 501 mil 559 aprendices capacitándose en 75 mil 507 centros de trabajo –ubicados en el 92 por ciento de los municipios, incluyendo los que tienen mayor presencia de huachicol–, de los cuales ya reciben la beca 378 mil 650 jóvenes del 1 millón que tienen como meta para el primer año.
“El 58 por ciento de los aprendices son mujeres y el 42 por ciento hombres. Esto, digamos, también nos habla de que son las mujeres las que mayores dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral”, comentó en conferencia matutina. “Hay mil 533 jóvenes que concluyeron la universidad, estudiaron en el posgrado y han acudido al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que nos habla de este drama que existe en nuestro país: que los jóvenes, aunque estudian, no han podido incorporarse al mercado laboral”, agregó.
De la red de tutores, los aprendices se han vinculado 70 por ciento en el sector privado (la mayoría microempresas), 23 por ciento en instituciones públicas, y siete por ciento en organizaciones de la sociedad civil.
A nivel nacional, hay más aprendices registrados en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Michoacán. “Esto también responde a una realidad nacional, que es en el sureste donde ha habido menos crecimiento, donde hay más jóvenes que no estudian y no trabajan”, dijo Alcalde.
Sembrando vida, por su parte, está pensado para campesinos de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, particularmente mayores de edad, con ingresos inferior a la línea de bienestar rural y que tengan 2.5 hectáreas disponibles.
Se les dan 5 mil pesos mensuales, apoyos en especie (plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para establecer un sistema productivo agroforestal, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se busca generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, y recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.
De acuerdo con el Presidente, este año se planea contar con 200 mil sembradores para 500 mil hectáreas, y se lleva un avance del 70 por ciento en la dispersión de apoyos.
Y, respecto a las Tandas del Bienestar, apenas comenzaron. El objetivo es que un millón de pequeños negocios reciban un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. Se comenzará con 6 mil pesos y al término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario podrá acceder a otro préstamo por 10 mil pesos; en el siguiente ciclo la cantidad a financiar será de 15 mil pesos y el tope máximo será de 20 mil pesos.
