Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– Las reformas estructurales promovidas desde la Presidencia de la República y validadas por el Poder Legislativo olvidaron incluir los derechos de niños y adolescentes, afirmaron representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Criticaron que reformas como la de telecomunicaciones, educativa, energética y financiera sean elaboradas como si fueran temas que sólo atañen a la clase política, al sector empresarial, a la academia y a organizaciones civiles, sin tomar en cuenta a niños y adolescentes, que hoy representa el 35 por ciento de la población y serán a quienes afectará en el futuro todos los cambios que se realicen hoy.

“Lamentablemente sigue siendo una construcción de nuestras leyes ‘adultocéntrica’ que no está considerando a niños y niñas, expresamente no se respetan los derechos enmarcados en la Convención Sobre los Derechos de los Niños, tampoco lamentablemente ni siquiera en el lenguaje se consideran los derechos de los niños y niñas”, afirmó en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Por ejemplo, dijo, la Reforma en Telecomunicaciones no considera a los menores de edad porque no contiene crear instrumentos legales para generar contenidos adecuados de acuerdo a la edad de los pequeños, para regular la publicidad nociva y tendenciosa, y para fomentar los espacios de expresión de niños y adolescentes.

Asimismo, la Reforma Energética que se discute hoy tiene su fundamento en el argumento de que dentro de 20 o 30 años se agotará el petróleo en México, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe transformarse en empresa productiva del Estado y asociarse con particulares para subsistir. Además, se pretende que Pemex reduzca en el futuro el nivel de dinero que hoy paga en impuestos, el cual permite al Estado contar con recursos suficientes para realizar sus actividades.

Todas estas acciones afectarán directamente a la generación que hoy todavía no cumple la mayoría de edad.

“Lo está haciendo ahora en la energética, y uno diría ‘la energética es sobre el petróleo, es otra cosa’. No tiene que ver con niños y niñas que representan el 35 por ciento de la población, casi 40 millones de ciudadanos que se van a ver afectados o beneficiados con estas reformas”, detalló el director ejecutivo de REDIM.

En el mismo sentido se expresó la porque forman parte de esta sociedad y son un poco más de un tercio de la población del país

“Todos las diputadas y diputados somos responsables de impulsar este tema, porque sí bien es cierto que las niñas, niños y adolescentes no pueden votar, no pueden expresar sus opiniones o sus inconformidades, es momento que también sean considerados en estas reformas. Tienen que ser escuchados”, detalló la Diputada federal Verónica Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora, que también es integrante de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, consideró vital incluir en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones herramientas suficientes que permitan atender las demandas de niños y adolescentes, quienes parecen quedar de lado en la iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

TELECOM, SIN RESPETO POR NIÑOS

Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil como la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), Fundación ¿Y quién habla por mi?, Save the Children México, entre otras, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentaron que la legislación secundaria de la Reforma en Telecomunicaciones no incluya el respeto a los más elementales derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De forma específica, señalaron que no se consideran sus derechos informativos y acceso a la cultura. Tampoco explica cómo se dará cauce a la alfabetización digital, tan fundamental para la integración de la infancia a la sociedad de la información y el conocimiento.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recordó que en la reforma constitucional del 2011, el Poder Legislativo modificó el artículo cuarto de la Carta Magna para incorporar el interés superior de la infancia, esto significa, en términos prácticos, que toda legislación y política pública del Estado no deberá afectar a la infancia y sí buscará su beneficio en términos de desarrollo.

“En octubre de 2011 se modificaron dos artículos, el cuarto y el 73. El cuarto incorporó el interés superior de la infancia, esto establece que cualquier acción legislativa, presupuestal o de gobierno tiene siempre que considerar el interés superior de la infancia. También se modificó el artículo 73 para que a nivel federal se tenga una distribución de concurrencias y competencias con las entidades federativas”, explicó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim.

Asimismo, hace 24 años México firmó un tratado internacional conocido como La Convención sobre los Derechos del Niño, que en general obliga a que el Estado elabore sus instrumentos legislativos siempre con conciencia sobre el beneficio que representará a niños, niñas y adolescentes.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos del 12 al 17 establece el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.

Las OSC señalaron que esto implica que la legislación secundaria que apruebe el Senado deberá influir de manera radical en los medios de comunicación, para desarrollar políticas públicas acordes con la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes, ante los retos que encontrarán en la sociedad de la información y el conocimiento.

No obstante, en el contexto de la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, estos preceptos no se logran de forma satisfactoria.

Recordó que la reforma telecom señaló que “El Estado garantizaraì a la población su integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”.

A decir del Diputado Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de San Lázaro, la inclusión digital no se trata simplemente de regalar tablets o lap tops. Tampoco implica sólo crear infraestructura, accesibilidad y conectividad, sino sobre todo enseñar habilidades digitales y para el  procesamiento de la información y habilidades de comunicación.

Se trata de crear políticas públicas que permitan hacer viable los preceptos constitucionales en la vida cotidiana de los mexicanos.

El Diputado Adame advirtió que la Reforma en Telecomunicaciones, aún con sus muchos beneficios, “puede echarse a la basura” si no se regulan los contenidos en los medios de comunicación en las leyes secundarias y se antepone la dignidad humana.

DEMANDAN 10 PUNTOS

Las OSC demandaron al Senado incluir los derechos de la Infancia acordes a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y protección de los derechos de la infancia, en cualquier iniciativa que se apruebe en materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Para resumir sus demandas, presentaron un decálogo mínimo que deberá incluirse en la legislación secundaria.

1. Garantizar que los medios de comunicación dirigidos a niños y niñas cumplan las leyes y respeten sus derechos.

Se refieren a que la programación general de la televisión mexicana, abierta y de paga, así como la de los sitios web públicos y privados dirigidos a la infancia, incluyan los preceptos en la Convención de los Derechos del Niño y a la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

2. Los medios de estado regionales deben tener una barra infantil de tv o radio de calidad.

Los medios públicos en las entidades federativas deberán contar con una franja de al menos tres horas diarias de programación de calidad para niños, niñas y adolescentes, compuesta en un 60 por ciento por programación de producción nacional que incluya lo local y un 40 por ciento por programas provenientes de distintos países del mundo.

3. Un canal nacional abierto con 24 horas de tv de calidad para niños y niñas.

El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) deberá trasmitir en el recién creado canal de televisión abierta, 11.2 por ciento de programas dirigido a los niños, niñas y adolescentes. Deberá estar diseñada para que atienda a los diversos niveles de desarrollo infantil, así como la diversidad cultural de México,

La programación no hará la apología de la violencia, no emitirá contenidos contrarios a los principios de paz, de no discriminación y de respeto, promoviendo activamente una cultura de paz comunitaria y familiar, cuya programación promueva el interés de los niños y niñas por la ciencia, el arte y su comunidad.

4. Derecho a recibir información pertinente, adecuada a su edad, y que eduque e informe.

Las OSC se refieren al derecho de la infancia a recibir información de calidad, diversa en género, adecuada a las edades, así como a la pertenencia étnica y cultural de los menores.

Para garantizar contenidos de calidad, los medios públicos deberán asesorarse con el sector educativo, de salud, de cultura y otras instancias gubernamentales y no gubernamentales.

5. Libertad de expresión en radio, televisión e internet.

El Estado deberá garantizar espacios participativos incluyentes, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones para el ejercicio de las libertades de expresión de niñas y niños a través de los medios públicos.

Además deberá garantizar la existencia, desarrollo, viabilidad y financiamiento de los medios sociales, comunitarios e indígenas en el país.

6. La publicidad dirigida a niños y niñas debe respetar sus derechos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá establecer un reglamento sobre publicidad, desde una perspectiva de derechos humanos, que garantice el derecho de niños y adolescentes a contenidos informativos y verídicos, así como eliminar la publicidad engañosa cuyos efectos son perniciosos para su salud y desarrollo.

7. Medios de calidad para niñas y niños a través de fondos concursables.

Plantean crear un Fondo de Fomento Concursable, abierto, plural y transparente, para producción de cine, video, páginas web, programas de televisión y juegos de calidad, para fomentar la participación privada en producciones del Estado, el cual contará con beneficios fiscales.

8. Agenda digital para la infancia que incluya conectividad, educacion para los medios y ciudadanía participativa.

Demandan crear una agenda nacional en telecomunicaciones que no se limite a la conectividad, sino que incluya la alfabetización digital, desde la escuela y desde otros espacios comunitarios como los kioscos digitales.

Precisan la necesidad de desarrollar y aplicar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes de material violento y otras representaciones que perpetúen la discriminación, así como medidas que prevengan el abuso sexual,  la trata de personas y que promuevan la igualdad de género.

9. Áreas especializadas en niños y niñas en el IFT y OPMA.

Tanto el IFT como el OPMA deberán contar con áreas especializadas en investigación, diagnóstico, y desarrollo de políticas públicas para manejar el tema de la infancia, tanto en Radiodifusión como Telecomunicaciones.

10. Un consejo ciudadano del audiovisual y las telecomunicaciones en relación con la infancia como interlocutor del IFT y OPMA.

Proponen crear desde la sociedad civil un Consejo del Audiovisual, las Telecomunicaciones y la Infancia, el cual será un órgano multidisciplinario y plural, integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en los temas, que trabajarán en conjunto con el área del IFT encargada de infancia, en todos los temas antes señalados.