Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– En su más reciente visita a México, Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, expresó su preocupación por la continúa militarización en varios estados y regiones de México, así como la creciente tendencia a incorporar a militares, en activo y retirados, en Secretarías de Seguridad Pública, en mandos de policías y corporaciones civiles.

El uso de esta práctica “compromete los principios que deben regir a las fuerzas públicas y debilita las garantías de las que deben gozar los detenidos para la efectiva protección de sus derechos humanos”, externó el relator especial en el informe sobre las conclusiones preliminares de su visita a México.

A pesar de que los organismos oficiales y las comisiones de derechos humanos reportaron al relator especial una reducción en el número de denuncias de tortura en los últimos dos o tres años, en su informe preliminar el representante de la ONU afirmó que recibió un “alarmante” número de quejas y testimonios verosímiles y documentados respecto a que persiste una práctica generalizada de mantener malos tratos por parte de militares, marinos y policías, principalmente, durante el proceso de la detención.

“Y cuando digo generalizado quise referirme específicamente a que las denuncias que hemos recibido se refieren prácticamente a todas las corporaciones que hacen arrestos en este país: desde el Ejército y la Marina hasta las policías municipales; ministerio público, el federal y los estatales; prácticamente no hay corporaciones que se dediquen al arresto y la detención de personas contras las cuales no he recibido denuncias”, explicó.

Sin embargo, Juan Méndez celebró el progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar, mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2012 y, más recientemente, a través de la Reforma del Código de Justicia Militar, para que los militares sean juzgados exclusivamente en el fuero civil, en los casos de en los que la víctima sea un civil.

Y es que, como coincidieron expertos y legisladores, la jurisdicción militar no ofrece las garantías de independencia necesarias para el procesamiento de causas que involucren violaciones a los derechos humanos, como pueden ser casos de tortura y malos tratos.

No obstante, el relator expresó su preocupación respecto a un vacío en la nueva legislación sobre los “casos de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, que involucren a militares como víctimas permanecerían dentro del fuero castrense, lo cual no se corresponde con los estándares internacionales y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia”, reiteró.

Por lo que es de esperarse que en sus conclusiones finales, que entregará al Gobierno federal en sobre cerrado dentro de un mes aproximadamente, el relator especial recomiende resarcir este vacío legal.

TORTURA GENERALIZADA

Por otra parte, el relator especial de la ONU externó su preocupación porque persiste una situación generalizada del uso de la tortura en diversos ámbitos judiciales, de seguridad pública, en rehabilitación de internos de centros penitenciarios y hasta para el control de manifestaciones públicas en el país.

“No quiero decir que sea deliberada, ni que sea sistemática ni que sea masiva, no quise decir que altos dirigentes estatales ordenen o que impulsen la comisión de estas atrocidades, pero sí quiero decir que hay una presencia permanente del maltrato en los momentos de la detención”, profundizó.

Detalló el proceso de la siguiente manera: una amplia mayoría comienza con la intrusión sin orden de cateo en domicilios o la privación de la libertad sin orden judicial por agentes vestidos de civiles y en autos no identificados; seguido por la destrucción y robo de propiedad privada; golpes y amenazas a las víctimas, sus familiares o demás personas presentes; y el traslado forzoso de las víctimas con los ojos vendados a sitios usualmente no identificados.

Sin embargo, explicó que es en el traslado desde el lugar de la detención hasta la presentación ante un juez, donde ocurre la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos.

“Las alegaciones se refieren repetidamente al uso de insultos y amenazas para intimidar a las víctimas; los golpes tanto con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo; el uso de bolsas para causar asfixia; los toques eléctricos con la llamada ‘chicharra’, generalmente en los genitales; la desnudez forzada; la asfixia húmeda; la suspensión; y la violencia sexual”, precisó.

Otro de los aspectos más preocupantes de su informe es la ausencia de abogados y defensores públicos en el momento de la detención. Detalló que la mayoría de los detenidos son personas de escasos recursos que no tienen acceso a abogados particulares.

El Relator señaló que parte de estos yerros se deben a que no existe uniformidad respecto de la definición del delito de tortura en los estados de la República, por lo que incluso la definición de la tortura en las legislaciones estatales no tienen relación con los estándares internacionales.

Ante esto, el relator instó al Gobierno federal a trabajar, a través del Código Penal Único, en unificar la definición de esta práctica de conformidad con estándares internacionales, contemplar la prohibición absoluta de la tortura, incluyendo la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar todos los casos, prevenir estos actos y excluir las pruebas obtenidas con el uso de tortura y malos tratos.

TORTURA EN CÁRCELES

Durante su estancia en México, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, viajó a varias regiones del país, incluyendo la Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde visitó prisiones, estaciones, policiales, hospitales psiquiátricos, y el Centro Nacional de Arraigo, entre otros sitios.

Uno de los temas que consideró preocupante en este informe preliminar fue la violencia contra mujeres y adolescentes en reclusión.

“En lo que respecta específicamente al caso de las mujeres privadas de la libertad, reconozco que las mismas condiciones varían según los centros visitados, pero la mayoría de los centros observé condiciones de hacinamiento y falta de asistencia médica y atención específica a las necesidades físicas e higiénicas de las mujeres”, detalló en representante de la ONU en conferencia de prensa.

Sobre el tema de hacinamiento en general, el relator se refirió a la situación del Centro de Readaptación Social (Cereso) de “La Mesa” en Tijuana, Baja California es crítica, con un hacinamiento de un 260 por ciento para la población masculina, ya que alberga una población de seis mil 788 internos, cuando su capacidad es de dos mil 600.

Por otro lado, el relator recibió numerosos testimonios respecto de la usual arbitrariedad en la aplicación de sanciones y de su prolongado plazo en los casos en que las mismas consisten en aislamiento en celdas de castigo.

Además externó al Gobierno de México su preocupación por los casos de violencia contra adolescentes en los centros donde supuestamente deberían rehabilitarse.

“Transmito al gobierno mi inquietud respecto a las numerosas averiguaciones relativas a tortura y malos tratos a las mujeres en las etapas inmediatamente posteriores a la detención, incluyendo casos en que se aplicó a mujeres menores de edad”, enfatizó.

En particular se refirió al Centro Federal de Readaptación Social No.4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit, en donde los testimonios recabados señalaron casos en que se mantiene a los jóvenes dentro de sus celdas por un prolongado período de tiempo, restringiendo su acceso a actividades recreativas, educativas y laborales. Con lo cual se compromete sus posibilidades de rehabilitación.

El relator especial de la ONU terminará su informe en tres o cuatro semanas, al cual agregara una serie de recomendaciones. Lo remitirá de forma privada al Gobierno federal, el cual tendrá 30 días para dar una respuesta a las observaciones realizadas.