A la memoria de Regina Martínez, periodista

El lamentable asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, es el 67 homicidio de periodistas en nuestro país. La cifra se dice fácil pero no hay país en el mundo con las características de México que se acerque a la situación que estamos viviendo aquí. Desde hace años se ha advertido del espiral de violencia contra la prensa y de los efectos nocivos que ésta tiene para con el ejercicio periodístico y el derecho a la información de la sociedad. La realidad es que medios, sociedad y autoridades nos hemos quedado impávidos ante decenas de muertes de colegas periodistas que han sido asesinados o desaparecidos.

Hay regiones en el país donde ser periodista es una profesión de alto riesgo. Tan alto, que cada vez conocemos más casos de periodistas que prefieren cambiar de actividad ante el latente temor de generar información que los ponga en riesgo. Una de esas regiones de silencio es Tamaulipas. El contexto de inseguridad en ese estado es el ejemplo más acabado de la falta de estado de derecho y, por ende, donde el periodismo independiente es prácticamente inexistente. Esto es comprensible cuando vemos que no hay estado que garantice un contexto de seguridad para ejercer la libertad de prensa. Es por este desamparo que se obliga a la prensa a tomar decisiones meta periodística para salvaguardar la integridad física y la vida. Por ejemplo, no publicar información de interés público por temor a represalias letales. Ante este escenario, la prensa solamente puede sobrevivir haciendo lo que los poderes fácticos le dejen hacer con el beneplácito del estado.

Noel López Olguín, Miguel Ángel López, Misael López, Yolanda Ordaz y Gabriel Manuel Fonseca, periodistas veracruzanos que perdieron la vida durante 2011. El estado de Veracruz fue el estado más peligroso para ejercer el periodismo. El homicidio de Regina apunta a que las cosas no han cambiado ni cambiarán para bien en el futuro cercano. Ha resultado común escuchar a las autoridades veracruzanas condenar públicamente los homicidios de periodistas. Su retórica es conocida y a nadie asombra lo vacío del discurso oficial. Prometen investigar y resolver el caso de Regina. Sin embargo, la evidencia empírica señala que no lo harán. Como no lo han hecho en los cinco casos que antecedieron al caso de la corresponsal de Proceso. El semanario ha afirmado que no dejará que el caso de Martínez corra la misma suerte. Es un dejo de esperanza para romper, en un caso tan solo, el perene ciclo de impunidad. Veracruz parece encaminarse a vivir lo que está viviendo Tamaulipas.

El diagnóstico de la violencia contra la prensa está claro, por lo menos los trazos generales. Ahí están los 67 casos para intentar entender el por qué de la violencia. En todos los casos, el común denominador es la falta de castigo a los responsables. Inclusive más simple: es la falta de investigaciones diligentes, independientes y eficaces en los casos. Al revisar algunos expedientes de esos 67 casos podemos comprender que la falta de investigaciones es la fuente primaria para que el 99% de los casos queden en completo desamparo legal. El mensaje que emana de la impunidad, y de las autoridades que solapan ésta, es de aliento para cometer futuras agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Saben los agresores que jamás recibirán un castigo por atentar contra la vida de un comunicador. Sale barato, en otras palabras.

Sin temor a equivocarme podría afirmar que nos hemos acostumbrado a la impunidad como elemento intrínseco en nuestra sociedad. Nuestra incapacidad por erradicarla pasar perniciosamente por el letargo funcional de la sociedad para transformar nuestra realidad. Hemos fallado y debemos de reconocerlo. Asumir nuestra responsabilidad sería un importante primer paso para caminar hacia un futuro más promisorio que, al final de cuentas, nos convenga como Estado. De lo contrario, seguiremos contemplando el desmoronamiento de nuestra sociedad. Seguiremos observando el cinismo e ineficacia de las autoridades para realizar el trabajo técnico de gobernar.

Dice mucho de un país cuando los periodistas guardan silencio por temor a perder la vida. Dice mucho de nuestra democracia. Pero también dice mucho el encono reinante entre los medios de comunicación que se deja ver en una pobre cobertura sobre los hechos violentos contra colegas de otras casas editoriales. La máxima de “los periodistas no debemos de ser la nota”, debió haber sido cambiada después del primer asesinato. Por desgracia, ahora sí son la nota. La falta de solidaridad entre medios solapa la impunidad y los malos actos de gobierno. El fácil olvido de los colegas caídos. La falta de memoria colectiva que los aleja aún más de la justicia. Reconocer que el contexto está dado para que casi cualquier medio o periodista sufra alguna agresión, debería alentar la creación de un interés traslapado que sea frenar la violencia que están sufriendo. Es la prensa la que tiene la capacidad de evidenciar los actos de negligencia gubernamental, los que pueden elevar el costo político de la ineficacia. El punto de inflexión será cuando reconozcan que la violencia afecta a todos, directa o indirectamente. Será el momento cuando los medios asuman su responsabilidad en este galimatías.

Los 67 periodistas asesinados y los 13 desaparecidos, no pueden ser meras estadísticas. Detrás de cada número hay historias de desamparo, dolor, angustia y miedo. Es nuestro deber no olivar cada una de esas historias.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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