Los funcionarios públicos asumen con naturalidad que el dinero público es de ellos y para gastar a su antojo. De ahí las megadeudas en los estados y gastos onerosos en superficialidades. Tal vez eso podría atenuarse si la economía de México creciera y estuviésemos administrando la abundancia, como en tiempos pasados. Pero la crisis es permanente.

Los últimos casos de corrupción publicados en los medios de comunicación me hicieron recordar aquella frase del Presidente Peña: la corrupción es cultural en México. En su momento todos nos lanzamos ante semejante aberración. Sigo pensando que no es cultural, sin embargo, lo que dijo el Presidente tiene algo de verdad en lo que se refiere al poco ímpetu para bajar los niveles de corrupción y a la aceptación popular de que siempre viviremos con la corrupción hasta el cuello (“el que no transa, no avanza”). La voluntad de cambio va de la mano del sacrificio que tendría que hacer la clase política para dejar de gozar de privilegios metalegales. Difícilmente harán ese sacrificio. Esto, sin embargo, no implica que se avance con tanta lentitud en establecer mayores controles de rendición de cuentas y transparencia a diversas iniciativas de gobierno.

Mientras la Auditoría Superior de la Federación tiene un rezago de años en la revisión de la cuenta pública, las anomalías en el gasto crecen continuamente. Hace unos días la Auditoría Superior de la Federación señaló que hay 42 mil 701 millones de pesos por aclarar en la Cuenta Pública de 2014. Y es así como se va acumulando la corrupción, sin que haya sanción alguna, sólo algunas notas periodísticas que aparecen cuando la Auditoría decide dar a conocer información. Pero el sistema premia a los corruptos. Eso debe quedarnos claro.

Según una nota de Animal Político: “Debido a la situación económica […], organismos autónomos revelaron sus planes de austeridad para ahorrar por lo menos 65 millones”. Organismos como derechos humanos, transparencia, auditoría, evaluación educativa y competencia fueron las áreas más afectadas.

Puede entenderse que debido a la crisis se tengan que hacer recortes al gasto. Pero lo que es incomprensible es la grosera incoherencia del Gobierno federal de gastar 4 mil millones de pesos en publicidad oficial (es decir, propaganda) durante 2015. Esta gasto en propaganda equivale, según el diario Reforma, al recorte que este año se aplicará en cuatro Secretarías de Estado: la SEP (3 mil 660 millones de pesos), Economía (360 millones de pesos), Energía (201 millones de pesos) y Hacienda (150 millones de pesos). Las grandes beneficiaras, otra vez, fueron las televisoras con un paquete de mil 273 millones de pesos de las campañas de dependencias federales.

El mismo día en que se da a conocer tan absurda cifra, el mismo Presidente pedía a las dependencias “hacer más con menos”. ¿Y si mejor se le quita todo el dinero para propaganda a todos los gobiernos, partidos políticos y órganos autónomos? Es el único camino porque, al parecer, al Presidente y a los gobernadores les gusta salir en la televisión. Hacer más con menos está bien, pero no mientras los gastos groseros se hagan en la promoción de la imagen presidencial.

La funcionaria Hilda García, que trabaja en la Secretaría de la Función Pública, instancia gubernamental dedicada a luchar contra la corrupción en México, disfrutó de una cena con champán, caviar y salmón durante su estancia en Londres. Todo cargado a nosotros: los contribuyentes. ¿Por qué Hilda puede pensar que puede gastarse eso sin problema alguno? ¿Por qué no le pasa por la cabeza que hacer eso también es corrupción? Esta información fue revelada por la agencia Reuters en un reportaje publicado hace unos días. El reportaje firmado, por Elinor Comlay, señala que la SFP, dependencia —supuestamente— encargada de supervisar la rendición de cuentas de la administración pública federal, “admite que tiene poca idea de cómo sus propios empleados gastan el dinero en el extranjero”. Y yo incluiría que tampoco tiene idea de cómo se gasta el dinero público en las dependencias.

A lo que voy es que no hay un contrapeso legal que castigue los malos gastos (caviar, propaganda, lujos, etcétera), ni un contrapeso ético que combata la práctica —que no es lo mismo que la cultura—. Mientras ningún mecanismo de éstos exista, difícilmente podremos ver un cambio real. Aquí, como en muchos otros casos, el aliciente generalizado es la impunidad. Es decir, el Presidente puede gastar esas cantidades para salir en la televisión simplemente (y perdón la obviedad) porque puede. ¿Y por qué puede? Porque no hay ningún contrapeso real, ningún mecanismo real que lo castigue: ni político ni social ni legal. La práctica generalizada de corrupción está tan arraigada, que cambiarla implica un golpe de timón no sólo a las leyes, sino a lo que todos pensamos de la corrupción y de la obtención de beneficios.

Ejemplos de malos actos de gobierno pasan todos los días frente a nosotros. Y más allá de un escándalo mediático de un par de días, el hecho muy pronto se vuelve parte de la historia, porque ya está el nuevo caso en las primeras planas. No hay voluntad política de ningún partido para generar un cambio; y no la hay porque tendrían que ser parte de ese cambio. Mejor se solapan unos a otros mientras gastan al contentillo nuestro dinero. Esperemos que el nuevo andamiaje jurídico anticorrupción sea el impulso que se necesita para cambiar esta práctica en todos los ámbitos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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