El capo Édgar Valdez Villarreal, conocido en el mundo del hampa como “La Barbie”, sembró terror y violencia en México durante su paso por tres cárteles del narcotráfico: ahora empezó a generar incertidumbre luego de que se dio a conocer que había sido liberado en Estados Unidos.

Las dudas sobre su posible liberación surgieron a raíz de que el portal Borderland Beat reportó, la tarde del pasado lunes, que el exmiembro del cártel de Sinaloa –con registro 05658-748 –había sido puesto en libertad aunque, en principio, se dijo que ya no estaba bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

La noticia corrió como pólvora. Ese día el Presidente fue cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera. No tuvo respuesta. Sólo dijo que le parecía extraño porque Valdez Villarreal estaba sentenciado a varios años, aunque no precisó nada sobre los años de sentencia. Ofreció informar al respecto.

Un día después, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que ya había solicitado informes al gobierno de Estados Unidos para conocer si había sido o no liberado Valdez Villarreal; era claro que el responsable de la política exterior tampoco tenía el dato actualizado. Luego dijo que la embajada de Estados Unidos en México le confirmó que Valdez sigue en prisión.

Este peloteo evidenció la falta de comunicación entre las autoridades mexicanas, la DEA y otras instancias estadunidenses, problema que se complicó todavía más tras la captura y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020.

Este episodio provocó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviara una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y, así, limitar las acciones de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, en territorio nacional; se impuso, además, que debían informar sobre las investigaciones que realizaran y, por otra parte, se les obligó a solicitar permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que pudieran portar armas. Esta medida frenó varias investigaciones en contra de capos importantes, entre otros, Ismael “El Mayo” Zambada, quien goza de impunidad en el actual gobierno.

Tras el caso Cienfuegos las cosas entre el gobierno mexicano y la DEA no han marchado bien. La comunicación ha sufrió un cortocircuito, hasta ahora irreparable; también se robusteció la desconfianza y el intercambio de información no fluye debido a la desconfianza. Esto se volvió a confirmar ahora con el rumor de la posible liberación de Valdez Villarreal, pues el gobierno federal no ha explicado con detalles cual es la situación actual de “La Barbie”.

El capo tiene historia: Tuvo una larga actividad en el crimen organizado mexicano. Es ciudadano norteamericano. Nació en Laredo, Texas, allá por el año de 1973. Comenzó su carrera criminal como sicario del cártel del Golfo. Luego formó parte de Los Zetas. Más tarde se pasó de bando y fue arropado por los hermanos Beltrán Leyva.

Arturo Beltrán Leyva –“El Barbas” –lo hizo su sicario personal: En el año 2005 eran amos y señores de Guerrero. Ese pedazo del pacífico estuvo bajo su absoluto control. Les disputaba la plaza el cártel de Los Zetas, pero los Beltrán tenían a su disposición a toda la policía del estado. En ese tiempo el alcalde de Acapulco era Félix Salgado Macedonio – actualmente funge como gobernador de Guerrero y senador de la República– a quien se le vinculó con ese grupo criminal que, entonces, formaba parte del cártel de Sinaloa.

Los tentáculos de los hermanos Beltrán llegaban a Morelos, Estado de México y la capital del país. Valdez Villarreal vivía aparentemente refugiado en esos territorios. En Morelos operaba de la mano de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, a quien se atribuye haber negociado con Felipe Calderón que Genaro García Luna fuera nombrado secretario de Seguridad Pública Federal en 2006. El acuerdo se habría tomado en una reunión que sostuvieron Villarreal, Ismael “El Mayo” Zambada y Arturo Beltrán Leyva (tomado del libro “El Licenciado”, de Jesús Lemus, editorial Herpers Collins).

Édgar Valdez Villarreal fue detenido en los límites del Estado de México y Morelos en 2010. Nunca fue perseguido. Su captura ocurrió como consecuencia de un incidente de tránsito. Ahí fue aprehendido y después recluido en el penal de La Palma. Cinco años después, en 2015, el gobierno mexicano lo extraditó a Estados Unidos aún cuando tenía sentencias pendientes por cumplir.

Ya extraditado, “la Barbie” se declaró culpable por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pese a ello, un tribunal de Atlanta lo sentenció en 2018 a 49 años de cárcel y al pago de poco más de 190 millones de dólares.

La captura de Genaro García Luna puso bajo el reflector a Valdez Villarreal, quien ahora funge como testigo protegido de cargo en el juicio contra el exfuncionario federal. Tanto en México como en Estados Unidos se tiene muy claro que el capo conoce muy bien las relaciones de García Luna y Felipe Calderón con el crimen organizado.

El propio Valdez Villarreal publicó un par de cartas –una en Reforma y otra en Milenio –en las que dio cuenta de las reuniones que presuntamente sostuvieron ambos con narcotraficantes. Cabe señalar que cuando García Luna tenía todo el poder el cártel de Sinaloa controlaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una terminal aérea señalada por la DEA como trampolín del narcotráfico.

El miércoles 30, autoridades estadunidenses aclararon que “La Barbie” sigue en prisión.

Su aparición como testigo estelar de la DEA en el caso García Luna se llevará a cabo en enero de 2023, cuando se lleve a cabo el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

Por ahora, Édgar Valdez Villarreal sigue cumpliendo su sentencia de 49 años. Ninguna autoridad, hasta ahora, ha determinado una reducción de la pena por haber colaborado con información. Es posible que después de que ocurra el juicio contra García Luna en Estados Unidos se tome una decisión sobre este tema.

APUNTES DEL SUBSUELO

            El CASO DEL EMPRESARIO GANADERO Jhovani Aguirre Benítez llegó a la conferencia mañanera: el miércoles 30, un reportero expuso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la injusticia que enfrenta esta persona desde agosto de 2021, cuando fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana –sí, los que dependen de Omar García Harfuch –al servicio del capo Álvaro Sánchez Sánchez, “El Tartamudo”, cabecilla del cártel de “Los Hermanos Sánchez”, que operan en el Estado de México, Querétaro, Chiapas y Veracruz.

Ese día, Aguirre Benítez no iba a ser puesto a disposición de las autoridades. Los policías, en contubernio con el capo, inventaron una denuncia ciudadana para dar seguimiento al vehículo en el que Aguirre viajaba con su familia; la denuncia decía que en el vehículo iba gente armada. Eso era falso. Con base en esa denuncia, los agentes interceptaron a Aguirre Benítez y el objetivo era entregarlo al capo Sánchez Sánchez, quien ya les había pagado para ello.

Sin embargo, los agentes sospecharon que habían sido filmados y no pudieron cumplir el encargo. Fue entonces cuando maquinaron un segundo plan: llevarse la camioneta de Aguirre. En un paraje abandonaron a la esposa y a los hijos y, 17 horas después, la pusieron a resguardo de las autoridades. Cuando fue revisado el vehículo los agentes hallaron mil gramos de cocaína y una pistola. Ambas evidencias fueron sembradas. Por estos delitos que no cometió, Jhovani Aguirre fue sentenciado a ocho años de prisión.

Mediante cañonazos de dólares, Sánchez Sánchez le fabricó otros delitos: trata de personas, secuestro y robo. Estos casos están en el estado de México. Aguirre Benítez protestó ante las autoridades a través de sus trabajadores para exigir se aclaren estos delitos fabricados. Pero en el gobierno de Alfredo del Mazo hicieron oídos sordos a las protestas. La corrupción en esa entidad lo tiene controlado todo. Nadie escucha los agravios que sufren los desprotegidos.

Tras la denuncia ante el presidente López Obrador se espera que las cosas se empiecen a mover para resolver esta injusticia fraguada entre policías, fiscales y el capo Álvaro Sánchez, quien es investigado por la DEA, pues se le atribuye la introducción de una tonelada semanal de cocaína a Estados Unidos.

Hasta ahora, este personaje del hampa vive cobijado por las autoridades mexicanas.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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