La impunidad, y la consecuente conciencia que tienen quienes violan la ley sobre la improbabilidad de ser castigados, incuba a quien secuestra, extorsiona o asesina, a quien corrompe o se corrompe. Se trata de la misma impunidad que brilló por su ausencia en los 10 puntos anunciados por el Presidente. Ni una sola palabra sobre procuración e impartición de justicia, ni sobre el cumplimiento de las condenas penales.

La administración peñanietista está concentrada en reformar el contexto legal en que actúan las instituciones y no en transformar las instituciones desde dentro. La lógica del Presidente es no quitarse su elegante uniforme de capitán del barco y ordenar, desde atrás del timón y trabajando sobre los planos de los aparatos que mueven el navío, el cambio de algunas piezas, en lugar de arremangarse la camisa, meterse al cuarto de máquinas y transformar la operación misma de los motores. La primera es la lógica de las reformas legales y la segunda es la lógica de las transformaciones institucionales.

Aquí se apuntan tres caminos prioritarios de transformación institucional, uno relativo a la procuración de justicia, otro a la impartición y uno más al cumplimiento de condenas. La premisa es que México requiere mucho más de acciones de transformación institucional, de arduo trabajo en el cuarto de máquinas, con algunas pequeñas adecuaciones legales –solo las necesarias–, que de más promesas de nuevas leyes y reformas a las leyes actuales, de más intentos por cambiar los planos de la maquinaria.

1.     Autonomía de la FGR.- Urge acelerar el proceso de transformación institucional de la PGR en Fiscalía General de la República (FGR). A diferencia de la actual PGR, la FGR tendrá autonomía constitucional. En aras de que tenga auténticamente una vocación de Estado, su titular debe llegar con un amplio respaldo, por lo que hay que elegirlo escrupulosamente.  La mecánica con la que se eligió a los consejeros del INE probó ser eficiente y dar buenos resultados. Incluye un Consejo Técnico de Evaluación conformado por expertos, plazos claros para que el Legislativo decida y, en caso de incumplimiento, lineamientos para que la SCJN insacule. Se requiere una reforma legal mínima para incluir este procedimiento, pero sobre todo elegir a alguien abocado a la transformación de una institución cardinal que hoy sirve de muy poco.

2.     Sistema Público de Monitoreo del Nuevo Sistema de Justicia Penal.- En 2008 se aprobó el paso de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio y se fijó 2016 como límite para completar el tránsito. El gobierno federal monitorea la implementación de esta reforma, pero no informa periódicamente a la sociedad sobre ello. Informar a la sociedad, además de abonar a la rendición de cuentas, exhibiría a quienes se rehúsan a la reforma. De hecho, la exhibición pública es uno de los pocos instrumentos de presión que podría utilizar la federación hacia los estados más remisos, que según CIDAC son Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. Sin embargo, para que la presión sea efectiva, el Presidente mismo debe poner a la vista de todos a tales estados e involucrarse en su emparejamiento.

3.     Reordenamiento de la población penitenciaria.- Deben ser revisados todos los casos de quienes purgan penas en el sistema penitenciario. El grado de peligrosidad de cada interno tiene que ser sopesado con criterios técnicos y, en función de ello, decidir si debe permanecer recluido o terminar de pagar su condena fuera de prisión. En caso que se decida prolongar el encierro, ha de definirse cuidadosamente dónde debe purgarlo. Es tan aberrante que lleven años encarcelados quienes se robaron cualquier baratería como que se beque a delincuentes de baja peligrosidad para que se formen criminalmente con los peores capos dentro de las mismas prisiones.

Las leyes son formales y potenciales; las instituciones son sustanciales y actuantes. Las leyes son rígidas o laxas; las instituciones son fuertes o débiles. En los hechos, es trágicamente irrelevante si las leyes son rígidas o laxas mientras las instituciones sean débiles. En este momento, la aplicación de la ley en México –es decir, el combate a la impunidad– depende mucho más de las instituciones que de las reformas legales, es decir, de la operación del cuarto de máquinas que de los cambios en los planos, aunque aparentemente en Los Pinos no piensan así.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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