Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto empieza su tercer año de gobierno con buenas intenciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, como lo demostró su reciente respaldo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también con la urgencia de aclarar de forma puntual las dudas sobre su patrimonio, el de su familia y su presunto conflicto de interés con la Constructora Higa, coincidieron especialistas entrevistados por SinEmbargo.

En su mensaje a la Nación del jueves 27 de noviembre, en donde presentó un nuevo decálogo para corregir “lo que está mal” en el país, el Jefe del Ejecutivo federal propuso además establecer “sanciones ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que caigan en corrupción”, para enriquecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

No obstante, expertos en el tema consideraron que aunque es indiscutible avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, Peña Nieto aún debe concentrarse en corregir las fallas institucionales que restan fuerza a su anuncio, porque él mismo parece muy alejado de la transparencia que pregona.

“Me parece que en este momento el Presidente no tiene legitimidad para hablar de sanciones ejemplares a empresas que se coludan con autoridades y caigan en corrupción. Me parece que esa fue una de las grandes ausencias sobre lo que el Presidente ha sido ampliamente cuestionado”, afirmó Haydeé Pérez Garrido, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de investigación y Análisis.

La investigadora consideró que ha sido insuficiente la explicación oficial sobre la forma en que la pareja presidencial se hizo de la llamada Casa Blanca, ubicada en Sierra Gorda número 150, en Lomas de Chapultepec, una colonia exclusiva de la Ciudad de México, propiedad de Grupo Higa, una de las empresas más beneficiadas por Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de México.

“Me parece que en ese sentido, hasta que no haya una respuesta clara, contundente y la mayor transparencia alrededor de lo que se le ha acusado, porque hay indicios evidentes de conflicto de interés, no cuenta con la legitimidad de proponer este tipo de cuestiones, definitivamente”, recalcó Haydeé Pérez.

En tanto, Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), observó dos partes en el discurso del Presidente Peña Nieto que a su consideración deberían ser medidos de forma diferenciada.

El doctor en Ciencia Política y Sociología consideró en primer lugar la falta de una explicación clara y contundente sobre los señalamientos hechos al Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera Hurtado, por la propiedad de 7.7 millones de dólares, situada en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

“Lo que yo eché de menos de manera muy notoria fue la omisión del Presidente sobre su propio patrimonio personal, en el debate público ha estado muy presente el tema de la así llamada Casa Blanca y de su vínculo con este empresario que ha hecho negocios multimillonarios con el Estado de México y con el gobierno federal”, explicó en entrevista.

Tras destacar estas ausencias y omisiones, el doctor Mauricio Merino se enfocó en hacer un llamado a aprovechar la oportunidad que se abrió con el respaldo presidencial para entrar de lleno a rediseñar todo el sistema de anticorrupción en el país.

También consideró importante que el Presidente mande un mensaje a los legisladores de su partido para sacar adelante propuestas que si bien no son nuevas, algunas incluso ya se han demorado considerablemente, sí van en la ruta correcta para rediseñar los órganos para combatir la corrupción.

“Me parece positivo que mande una señal de respaldo a la hechura de las leyes secundarias, de las leyes generales en materia de transparencia, que ya están prácticamente en un momento de redacción final en la Cámara de Senadores, lo cual me parece bien que haga ese respaldo porque finalmente estas señales bajan a los legisladores de su partido y eso es importante”, reiteró.

Consideró también la decisión presidencial de abrir una página electrónica renovada del gobierno federal donde, según el mandatario, se transparentarán: sueldos, prestaciones, y todo lo que tiene que ver con los gastos federales.

El optimismo fue compartido por Ernesto Gómez, director ejecutivo de Participación Ciudadana en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. “Esperemos que en materia de combate a la corrupción esperemos que este impulso sea el definitivo y se nos permita avanzar hacia algún lado”, dijo.

No obstante, lamentó que el Presidente Peña Nieto haya responsabilizado al sector empresarial como susceptible de “caer en corrupción” sin pensar en corregir la corrupción institucional.

“Es como mantener el tema ajeno, el gobierno no tiene nada que ver con esto, se crea una instancia que persiga a los malvados y así se va acabar con la corrupción, sigue sin verse un tema de Estado”, destacó.

EL DISCURSO PRESIDENCIAL

Ernesto Gómez, director ejecutivo de Participación Ciudadana en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, lamentó que en el discurso del Presidente Peña Nieto persista una visión poco clara sobre el problema de la corrupción en el país. Desde aquella declaración en la que encasilló a la corrupción como un tema cultural, hasta la actualidad en donde divide este flagelo como un asunto entre buenos y malos.

“Por supuesto que sigue existiendo este enfoque completamente punitivo en el combate a la corrupción, ‘que se meta a la cárcel a los corruptos’, eso es importante, pero pensamos que el combate a la corrupción requiere un sistema más integral que nos permita prevenir y solamente sancionar a las personas, sino corregir a las instituciones  para eliminar espacios y riesgos de corrupción”, explicó en entrevista.

El especialista también lamentó que frente a las propuestas presidenciales “más realistas en materia de seguridad pública”, Peña presentó dos puntos en su decálogo en materia de combate a la corrupción con alusiones abiertas, poco concretas y ambiguas. “Y en ese sentido sí desilusiona la forma de ver estos temas –que son tan importantes– los siga utilizando como meros recursos discursivos”.

Ernesto Gómez explicó que el problema no es la ausencia de iniciativas o de propuestas, de hecho, consideró que existen demasiados planteamientos sobre la mesa, algunos de ellos “redundantes”. El tema, dijo, es centrar el debate en considerar si México mantiene un enfoque punitivo o a transita hacia un enfoque preventivo y de corrección.

De la propuesta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción criticó que se proponga la creación de un Comité Nacional de Ética y uno de Participación Ciudadana sin tener “claro hacia dónde va y cómo van a funcionar”.

“No por el hecho de crear más mecanismos de participación ciudadana, de crear consejos, observatorios ciudadanos van a poder hacer algo por sí solos. La Función Pública ha estado encaminando un proceso y supongo que lo seguirá haciendo, de reflexión profunda sobre qué tiene que tener un mecanismo y cómo puede funcionar mejor, y eso creo que es el camino pertinente”, expuso.

Independientemente de que se creen nuevas instituciones de combate a la corrupción, comentó, serán innecesarias si no atienden los problemas sustantivos del país, que son unir un sistema fragmentado, conformar un sistema nacional de combate a la corrupción que obedezca a los ejes de prevención, de combate y sanción, pero también de corrección de las instituciones públicas.

NO HACEN FALTA LEYES SINO QUE SE CUMPLAN

Haydee Pérez, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, consideró que el problema de México en materia de transparencia y rendición de cuentas no radica en la faltas normas legales; lo que necesitamos, dijo, es trabajar en la implementación de esas normas.

“El problema en este momento es la incapacidad del Estado para investigar y sancionar casos de corrupción. No olvidemos que tenemos una Secretaría de la Función Pública debilitada desde el inicio del sexenio, que lleva casi dos años sin funcionar; tenemos instituciones limitadas de presupuesto y sin capacidades de investigación y de sanción; un ejemplo muy bueno es la Auditoría Superior de la Federación”, explicó la investigadora.

Respecto a las medidas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción, sostuvo que las propuestas le cargan la mano al Congreso, “que de alguna manera es eludir la responsabilidad [de Peña], es centralizar y profundizar en medidas y compromisos que llevan muchos años sin funcionar”, expuso.

Más allá de calificarlas como buenas o malas, Haydeé Pérez consideró que el problema es la falta de credibilidad del Presidente Peña Nieto en este tema, porque ha faltado a su palabra prácticamente desde el inicio de su sexenio.

“¿Cuáles son las garantías que tenemos como ciudadanía de creer, en primer lugar, que va funcionar este decálogo si ya dijimos que se limita a la creación de leyes y a profundizar cuestiones que llevan años sin funcionar”, afirmó.

“Independientemente de eso, ¿qué garantía tenemos de que se van a cumplir cuando desde el inicio de su gobierno se comprometió a sacar la reforma anticorrupción, una reforma que finalmente no ha sucedido?. Se comprometió también a bajar el gasto de los recursos que se van de forma discrecional al rubro de publicidad oficial y no se ha hecho”, agregó la investigadora de Fundar.

Asimismo destacó que el Presidente Peña asumió 26 compromisos del gobierno federal en el marco de la alianza para el Gobierno Abierto, y si bien la mayor parte de ellos van avanzando conforme a lo planeado, los compromisos más significativos, que justamente tienen que ver con personas desaparecidas, con seguridad y justicia y con minería y petróleo, son los más rezagados. “Entonces no tenemos ninguna garantía para creer en el Presidente”, reiteró.