La crisis de COVID-19 no es la única por la que atraviesa México. Además de la pandemia, el país se enfrenta a un escenario económico adverso que no mejorará hasta 2022, así como a un entorno de violencia e inseguridad pública que no ha dado marcha atrás.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La letalidad del coronavirus en México es más alta que nunca y lo mismo sucede con los índices de violencia que azotan al país. El problema es que tampoco hay ni “habrá guardaditos” –como dijo el Secretario de Hacienda– para remendar el acotado espacio fiscal en la materia, porque el país está por vivir su peor momento económico desde 1932, de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Desde el pasado 31 de agosto, AMLO adelantó que de cara a su Segundo Informe de Gobierno había dos temas de especial relevancia a nivel nacional: las crisis económica y de salud por la COVID-19.
“Sí, es una crisis profunda, pero lo importante es que vamos a salir rápido. No va ser una crisis prolongada y ya hay indicios de recuperación”, explicó el mandatario acerca del primer tema. Lo mismo dijo del coronavirus en la mañanera de aquel día: “Vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de ésta pesadilla”.
Pese al optimismo del Presidente de la República, el subgobernador del Banco de México (Banxico) Gerardo Esquivel Hernández prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contraiga entre 8.5 y 10.5 por ciento en 2020.
La crisis económica “ha estado mayormente definida por el largo periodo de confinamiento del segundo trimestre”, cuando el PIB cayó 17.1 por ciento respecto al trimestre anterior, así como por “la relativamente lenta recuperación que se anticipa para el segundo semestre del año”, indica Esquivel en un análisis sobre el impacto económico de la COVID-19 en México, en el que también anticipa que “no sería sino hasta 2022 cuando esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia”.
Aunque Esquivel reconoce que a pesar de la crisis no se ha visto un aumento significativo en la tasa de desempleo, lo que quiere decir que las pérdidas de ocupación laboral son transitorias o pasajeras, y que el sector informal podría “servir en ésta ocasión como un mecanismo amortiguador del choque económico”, en cualquier caso, “el impacto final en el mercado laboral aún está por definirse y dependerá crucialmente de la evolución de la pandemia y de la capacidad de la economía para evitar que la crisis transitoria se traduzca en una crisis de carácter más permanente”.
Sin embargo, la pandemia sigue su curso y hay incertidumbre con respecto a ella, no obstante la paulatina reapertura económica y la transición a la nueva normalidad, en que el Gobierno federal asegura que 10 entidades están bajo “riesgo medio”, 21 más en “riesgo alto” y una (Colima) en “riesgo máximo”, de acuerdo con el semáforo COVID-19 al 31 de agosto de 2020.
Para el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, el problema es que las cifras oficiales con respecto al número de casos que se reportan están sesgadas, ya que “se han disminuido el número de pruebas diagnósticas”. Una situación que “evita tener un panorama donde podamos evaluar el riesgo de manera certera”, reconoció el investigador en jefe de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ese sentido, Sánchez Flores dijo a SinEmbargo que la pandemia “no ha menguado”. Incluso, las cifras de la Universidad de Oxford de Inglaterra indican por ejemplo que, la letalidad del virus en México, es decir, el número de defunciones por número de casos positivos confirmados aumentó 9.8 puntos porcentuales entre el 21 de marzo y el 31 de agosto de éste año, de modo que hoy en día uno de cada 10 infectados no sobrevive a la enfermedad. La tasa es tan grave que México es la sexta nación con la mayor tasa de letalidad entre 196 países y regiones analizadas, sólo por debajo de Yemen, Italia, Reino Unido, Bélgica y Francia.
La muerte por coronavirus, empero, se suma a la letalidad de la violencia normalizada en las calles, que supone otro de los grandes retos para la Administración del Presidente López Obrador.
En palabras de Francisco Rivas Rodríguez, la situación de seguridad pública que vive el país debido a la alta tasa de incidencia delictiva, particularmente de delitos violentos, “es la mayor crisis de violencia que hemos tenido en la historia de nuestro país”.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONCSJL) explicó que, si consideramos que en menos de dos años de gobierno la Administración de AMLO suma casi la misma cantidad de muertos (46 mil 476 por homicidios dolosos) que la registrada durante los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (59 mil 669), “entendemos que evidentemente la situación es muy grave”.
No obstante y de acuerdo con cifras del Segundo Informe de Gobierno de AMLO, “casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios, menos robo a casa habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio. Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente”.
En la siguiente tabla usted puede consultar la información oficial en materia de COVID-19, economía y seguridad pública a nivel nacional.
LA PANDEMIA PERSISTE
Si bien es cierto que México es el cuarto país con más defunciones acumuladas (64 mil 158) por COVID-19, así como la octava nación con más casos acumulados de coronavirus (595 mil 841) a nivel mundial de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos al corte del 31 de agosto de éste año, lo cierto es que dichas proporciones no reflejan la magnitud del problema tan bien como lo hacen algunos indicadores relativos, como en el caso de la tasa de letalidad (10.8 por ciento de los casos confirmados de COVID-19) de la Universidad de Oxford de Inglaterra.
Las cifras de ésta última casa de estudios también indican que México tiene bajo nivel proporcional de aplicación de pruebas para detectar y confirmar casos de coronavirus, lo que limita la información oficial sobre el comportamiento del virus en su territorio, además de señalar que el incremento diario de casos positivos, aunque parece ir en decremento, no está exento de un repunte, sobre todo considerando la reapertura de actividades a nivel nacional, incluido el estatus naranja de 21 entidades federativas, así como amarillo de 10 más, que implica un cierto grado de flexibilización en términos de movilidad y por ende, una repercusión en la dinámica del distanciamiento social.
Por un lado, los datos de la Universidad de Oxford refieren que México aplica 1.9 pruebas de coronavirus por cada caso confirmado, es decir, el nivel más bajo entre 78 naciones con información disponible al cierre de agosto de 2020.
La cantidad de pruebas realizadas en México ha ido a la baja. En comparación con la tasa de pruebas (67) por caso confirmado registrada a principios de marzo de éste año, el número de pruebas realizadas en la actualidad es 34 veces inferior.
En el caso del incremento diario de casos positivos, la información oficial de la casa de estudios británica refiere que entre el 31 de marzo y el 30 de julio de 2020, el grado de contagios fue 58 veces mayor. Sin embargo, a partir de julio y hasta el 28 de agosto, dicha tasa fue a la baja en 57.3 por ciento al pasar de 9 mil 600 a 4 mil 100 casos nuevos por día.
Para el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores de la UNAM, las cifras presentan un escenario incierto en un México en que la pandemia aún no da signos concretos de ir en decremento. Por ello, el especialista en bioinformática señaló que uno de los actuales grandes retos del Gobierno federal es tener “mejores diagnósticos a nivel de pruebas y a nivel de definición de casos”, ya que “con los cambios en la definición de casos se podrá evaluar y tratar mejor a los enfermos de COVID19”.
En ese sentido, el médico universitario urgió la importancia de “no tratar o considerar a la COVID-19 sólo como una enfermedad respiratoria, sino tratarla como una enfermedad sistémica que puede afectar riñones, corazón, intestino y pulmones, afecciones que resultan en complicaciones severas y que pueden llevar a la muerte”. Por ello hizo un llamado a que el Gobierno refuerce sus campañas de información para evitar el uso de medicamentos que fueron considerados como una opción de tratamiento para el coronavirus, pero que se ha demostrado que no tienen efectos, como en los casos de la ivermictina, la azitromicina y la hidroxiquinolona.
“Los médicos deben de ser muy cuidadosos en lo que recetan. Aquellos que están recetado cosas como dióxido de cloro deben ser castigados. Para esto habría que tipificar el delito en el Código Penal bajo el Artículo 149 Bis, que habla de los ataques a la salud”, explicó Sánchez Flores a SinEmbargo.
Entre otros grandes retos para la Administración del Presidente AMLO, el investigador de la UNAM mencionó la necesidad de reforzar el equipamiento para personal médico y las condiciones para evitar contagios al interior de las instituciones de salud pública, así como aumentar el apoyo y las inversiones para el desarrollo de vacunas nacionales, porque “aunque sea una inversión a largo plazo, debe hacerse por el bien no sólo de la salud, sino por el bienestar económico del país”.
CRISIS, DESEMPLEO Y POBREZA
“El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo”. En la opinión del economista Gerardo Esquivel Hernández, entre sus principales impactos están la desaceleración de actividades turísticas por el cierre de fronteras en el primer trimestre de 2020, la desaceleración económica generalizada por la suspensión de actividades no esenciales, sobre todo entre abril y mayo, además del paulatino proceso de reapertura económica que será definitorio del tamaño de la crisis actual.
Las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) indican al respecto que éste año, las actividades productivas tuvieron la contracción más grande desde que se tiene registro. En abril, el descalabro fue de 17.5 por ciento con respecto a marzo, y de 19.7 por ciento en comparación con abril de 2019. En mayo, las actividades económicas volvieron a caer: 2.4 por ciento adicional con respecto a abril y 21.6 por ciento con respecto a mayo de 2019.
En cualquier caso, confirma Esquivel, “es posible anticipar que en mayo la economía tocó fondo”. Sin embargo, las cifras del Inegi refieren que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) –que sirve para calcular el PIB anual y trimestral– se recuperó en junio, con un repunte de 8.9 por ciento con respecto a mayo, aunque con un nivel 14.5 por ciento inferior a lo registrado en junio de 2019. Para el subgobernador de Banxico, dicha situación responde a la reapertura de algunos sectores adicionales (minería, construcción, automotriz y aeroespacial) a partir de junio, por lo que “es altamente probable que la producción de la economía haya comenzado a recuperarse”.
Aunque la reapertura de actividades económicas haya repuntado, también es cierto que el desplome productivo seguirá su curso, en menor o mayor grado, mientras continúen las restricciones sanitarias y de movilidad.
Al respecto, Esquivel afirma que “si consideramos que durante el tercer trimestre de 2020 seguiremos avanzando paulatinamente con la reapertura de la economía, es posible que en dicho trimestre tendremos una producción trimestral que aún estaría por debajo de su nivel del año pasado en un rango que fluctúa entre 8 y 12 por ciento. […] En ese mismo sentido es posible anticipar que, si la reapertura gradual de la economía continuase, la caída en el cuarto trimestre todavía podría rondar entre 4 y 8 por ciento con respecto al mismo trimestre del año previo”.
Lo anterior implica que la caída del PIB en 2020 podría fluctuar entre 8.5 y 10.5 por ciento y que la productividad previa a la crisis sanitaria no será recuperada hasta después de 2021.
La desaceleración económica por la pandemia de COVID-19 limita la oferta por el lado de la productividad de las actividades económicas y al mismo tiempo, también limita la demanda por las consecuencias de las restricciones sanitarias sobre el empleo, lo que a su vez impactará en los niveles de pobreza a nivel nacional.
Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que de febrero a julio de 2020 se perdieron 1 millón 117 mil 584 empleos formales, lo que supone la peor caída registrada en un periodo similar, al menos desde el año 2000. El problema es que de acuerdo con Esquivel, “el 83.7 por ciento (933 mil) de todos los empleos perdidos corresponden a trabajadores que percibían entre uno y dos salarios mínimos”.
Si a la pérdida de empleos registrada por el IMSS sumamos a los 20 millones de empleados de tiempo completo que entraron en un “estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi, el problema se torna aún más complejo ya que el tema no sólo es cómo recuperar los empleos perdidos por la inactividad económica, sino además, cómo reintegrar a los millones de personas que se desvincularon del mercado laboral, entre ellos 8.7 millones de mexicanas y mexicanos que dejaron su empleo de tiempo completo para laborar medio tiempo.
“Al final del día –explica Esquivel en su análisis– un punto clave será si el cierre transitorio de actividades se convertirá o no en un cierre permanente para un número significativo de empresas”, lo que tendrá consecuencias en los niveles de pobreza a nivel nacional.
Para el economista del Banxico, el aumento mínimo estimado de nuevos pobres en México es cercano a nueve millones de personas, lo que implicaría que antes de que acabe la pandemia podríamos llegar a tener un total de 70 millones de personas pobres en México “y una tasa de pobreza por ingresos del 56 por ciento de la población total, es decir, el nivel más alto de pobreza en lo que va del siglo”.
A fin de mitigar el impacto económico de la COVID-19, Esquivel asegura que el Gobierno federal deberá llegar a un equilibrio entre las políticas de austeridad y las políticas de reactivación económica –como en el caso de las medidas fiscales– para evitar el estancamiento económico, por un lado, y la aplicación de estímulos infructuosos, por el otro, en un entorno en que una parte de la economía está cerrada, no por problemas de oferta y demanda, sino por cuestiones de salubridad.
Para remediar el problema, el subgobernador de Banxico propone cinco medidas básicas: un seguro de desempleo de emergencia para trabajadores formales que perdieron su empleo; un programa de protección a la nómina para empresas; el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas empresas; un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos para negocios y comercios; y un programa de apoyo a trabajadores informales que hubieran perdido temporalmente su fuente de ingresos.
ESPIRAL DE VIOLENCIA
Las cifras de violencia dadas a conocer ayer por el Presidente AMLO coinciden con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo con base en dichas cifras arrojó que, en los primeros siete meses de los años comprendidos entre 2018 y 2020, las tasas general de delitos y de delitos con violencia (homicidio doloso, delitos contra la libertad personal, robos, abuso sexual y violación) por cada 100 mil habitantes fueron a la baja en 12 y 21.4 por ciento, respectivamente.
Pese al panorama oficial, las cifras dadas a conocer por el Ejecutivo federal se inscriben en un contexto sesgado que, al ser ampliado en términos de una línea temporal, da cuenta de otra realidad nacional: que existe un repunte generalizado de ilícitos y de violencia en México que la actual Administración ha sido incapaz de contener.
Si comparamos, por ejemplo, las cifras anuales de 2015 a 2019, así como las cifras preliminares de 2015 a 2020 del SESNSP, se observa que la tasas de delitos y de violencia fueron en aumento, inclusive alcanzando niveles históricos dentro del periodo de análisis.
Entre 2015 y 2019, la tasa general de delitos cometidos a nivel nacional tuvo un incremento sostenido que equivale, proporcionalmente, a un aumento de 6.7 por ciento anual, de modo que en cuatro años la comisión de ilícitos aumentó 29.1 por ciento.
Algo similar ocurrió con algunos delitos de alto impacto (homicidio doloso, delitos contra la libertad personal, robos, abuso sexual y violación). En ese sentido y durante el periodo referido, las cifras del SESNSP indican que la tasa de delitos con violencia aumentó a un ritmo proporcional de 12.9 por ciento anual, hasta alcanzar una diferencia de 51.6 por ciento en cuatro años.
Para Francisco Rivas Rodríguez, “2019 ha resultado el año más trágico de la historia. Fue primer lugar en homicidio doloso, en feminicidio, en lesiones dolosas, en violencia familiar, en narcomenudeo, en trata, en robo a negocio… Segundo lugar en extorsión, tercer lugar en violaciones, quinto lugar en secuestro y robo con violencia, así como octavo lugar en robo a transeúnte desde que tenemos registros”.
El director general de ONCSJL dijo a SinEmbargo que “por más que el Presidente insista en que están conteniendo el problema […] los homicidios siguen creciendo con base en los datos oficiales. Entonces, la crisis nunca había sido tan grave y no se ve en el escenario que vaya a haber alguna mejora pronto”.
Pese a que la incidencia delictiva tiene una tendencia al alza, éste año “evidentemente la pandemia tuvo un efecto positivo en términos de la reducción de delitos patrimoniales que se cometieron a lo largo del periodo de confinamiento, pues en la medida en que no había gente en las calles, fue más difícil que te pudieran asaltar, o que pudiese haber un evento violento. No obstante que los delitos patrimoniales bajaron, los homicidios, feminicidios, el narcomenudeo y la trata siguieron creciendo”, abundó Rivas.
La información oficial coincide con el especialista en temas de seguridad pública y procuración de justicia. A partir de diciembre de 2019, los delitos (en general) fueron a la baja. Tras un repunte delictivo entre enero y marzo, la caída continuó hasta mayo de 2020, y a partir de junio las cifras repuntaron. Sin embargo, hay precisiones al respecto.
En primer lugar, la caída en la incidencia delictiva registrada en 2019 es común en los cierres de cada año. En los últimos cuatro años, en noviembre y diciembre de cada año, los delitos (en general) tendieron a la baja. Empero, el decremento acumulado registrado en los dos últimos meses de 2019 fue 1.1 puntos porcentuales inferior al decremento registrado en el mismo periodo de 2018. En segundo lugar está el repunte general de la incidencia delictiva en México, que entre mayo y julio fue de 26.4 por ciento. A pesar de que la comisión de ilícitos registrada pasó de 121 mil 847 a 154 mil 23 casos, la actividad criminal no ha llegado al nivel más alto registrado en lo que va del año (171 mil 336 delitos registrados en marzo).
En la opinión de Francisco Rivas Rodríguez, el problema con la seguridad pública es que el Gobierno federal no tiene una estrategia, por lo que “no queda claro si sigue o no sigue la política de los abrazos, si vamos o no vamos a perseguir a los delincuentes, si la justicia depende de la popularidad, o si la justicia depende de lo que se establece en la ley”.
Al no haber una estrategia, explicó el analista, “los resultados que tenemos son desastrosos. Hoy no tenemos claro ni hacia dónde vamos ni cómo vamos a mejorar. La verdad es que yo no encuentro ni un solo acierto en términos de resultados. […] Hoy no ha cambiado nada. Seguimos haciendo exactamente lo mismo: tenemos una Guardia Nacional que se compone de los expolicías federales, muy mermada respecto a lo que era, de Ejército y Marina que siguen trabajando como trabajaban con Calderón y con Peña. Están haciendo exactamente lo mismo porque hoy nadie les ha dicho cómo deberían de actuar de manera diferente”.
A la par que hace falta una estrategia, dijo Rivas, hace falta ver de dónde van a salir los recursos suficientes para ejecutar el plan, “dado que hoy tenemos el peor recorte presupuestal en la historia de nuestro país, tanto en 2019 como en 2020, que ha llevado a la inoperatividad de las instituciones de seguridad y justicia, y por lo que leímos, ya el Secretario de Hacienda salió a decir que el próximo año tampoco habrá recursos. Entonces, sinceramente pienso que las cosas sólo pueden empeorar”.
