Chiapas, que fue un refugio para los desplazados de Guatemala, está ahora frente a una paradoja dolorosa: después de haber ofrecido asilo a miles de guatemaltecos durante el conflicto civil de los años 80, hoy el éxodo se invierte: la violencia en Chiapas ha llevado a miles de chiapanecos a buscar refugio en Guatemala. Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos advierten que la actual crisis de seguridad en Chiapas es grave y no debe de ser minimizada.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- A finales de 1981, Chiapas fue testigo del arribo masivo de guatemaltecos que huían de la guerra civil en su país. Hoy, 43 años después, la situación se ha invertido: ciudadanos chiapanecos están cruzando la frontera hacia Guatemala para refugiarse de la violencia que azota sus regiones y sigue recrudeciéndose en el estado.
El éxodo masivo de guatemaltecos a Chiapas que se registró entre los años 1981 y 1983 dejó al menos 46 mil refugiados en distintos municipios fronterizos, de acuerdo con cifras oficiales de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ambas instituciones que iniciaron sus operaciones en México a finales de 1982 precisamente debido al exilio guatemalteco en Chiapas.
Hoy en México se desconoce si este inédito desplazamiento masivo de 580 chiapanecos hacia Guatemala, registrado la semana pasada, es único o el inicio de un fenómeno más amplio. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que los desplazamientos forzados de personas y comunidades en Chiapas, a causa de la violencia, siguen registrándose.
Apenas este miércoles 31 de julio, 800 habitantes de la comunidad La Esperanza, ubicada en el municipio de Chenalhó, Chiapas, abandonaron sus hogares a raíz de un ataque perpetrado por un grupo armado ocurrido el martes por la mañana. Mientras tanto, en la comunidad Nuevo Reforma, del municipio de Chicomuselo, en la región Sierra de Chiapas, al menos 400 personas huyeron debido a un ataque con un dron explosivo.
“Hay municipios que siguen siendo focos rojos con situaciones de desplazamiento muy graves y evidentes que deben ser atendidas de manera urgente, humanitaria y de fondo. Este es el caso, por ejemplo, de los Altos de Chiapas, el municipio de Chenalhó y el municipio de Pantelhó. Ayer y hoy en la madrugada todavía hay desplazados; se habla de 800 desplazados en la comunidad La Esperanza, que pertenece al municipio de Chenalhó, pero que está en el límite con el municipio de Pantelhó”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Jorge Hernández, coordinador de Serapaz en el estado.
Otro ejemplo es el desplazamiento forzado de 4 mil personas, la mayoría indígenas de la etnia cho’ol, que apenas en junio pasado huyeron de sus comunidades en el municipio de Tila, luego de haber permanecido como rehenes en sus propias casas, escondidos y resguardados debido a los actos de violencia. Los pobladores permanecieron asediados casi una semana frente a personas armadas que quemaron viviendas, asesinaron personas y cometieron abusos, de acuerdo con reportes de prensa.
“Son circunstancias” , dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el desplazamiento de habitantes a Guatemala. El mandatario destacó el 26 de julio en su conferencia que México es un país muy grande y que en todos lados hay conflictos, pero que lo de Chiapas no representa ingobernabilidad.
“Somos más de 130 millones de mexicanos. Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es asunto como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país; eso era lo que decían los opositores durante toda la campaña”, expuso.
En cuanto al caso de Tila, el mandatario lo atribuyó a una confrontación entre la población: “Es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo; no. Es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar”, señaló en su conferencia del 10 de junio.
No obstante, pobladores y organismos de la sociedad civil alertaron que en Chiapas lo que se vive es crítico:
“En los últimos días, la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región”, destacó el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur en un posicionamiento conjunto emitido este 31 de julio, en el que alertaron que la disputa entre organizaciones criminales por el control de territorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano ponen en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias.
El Colectivo, que agrupa al menos 80 organizaciones que trabajan en la región, informó que los municipios y ejidos cercanos a Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicadas debido a bloqueos carreteros realizados por los grupos criminales.
“La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales”, destaca el posicionamiento.
CIFRAS DE DELITOS, AL ALZA
Además de los episodios violentos, como bloqueos de carreteras, ataques armados y amenazas con drones explosivos, las cifras oficiales muestran un incremento de la violencia homicida.
En el primer semestre de 2024, las víctimas de homicidio doloso (con un total de 491) crecieron un 107.17 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, que registró 237 víctimas.
Sin embargo, en contraste, los casos de secuestro y feminicidio registraron una disminución en los delitos, con 19 víctimas de secuestro y 15 de feminicidio de enero a junio, lo que representa una baja del 9.52 por ciento y 28.57 por ciento, respectivamente, en comparación con el primer semestre de 2023, cuando ambos delitos tuvieron 21 víctimas cada uno.
Mientras tanto, las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo también presentan una disminución en las denuncias, de al menos el 67.32 por ciento, ya que de enero a junio de 2023 se habían abierto al menos 202 carpetas de investigación por ese delito, en tanto que en el mismo período del presente año las autoridades solo reportan 66 carpetas de investigación.
Expertos y activistas consultados por SinEmbargo señalaron que la violencia del narcotráfico ha exacerbado las tensiones preexistentes y ha creado una crisis humanitaria.
La paradoja del éxodo actual, donde los chiapanecos buscan refugio en Guatemala después de que Chiapas ofreciera asilo a guatemaltecos en los años 80, es un reflejo de la gravedad de la situación, coincidió en entrevista con SinEmbargo Jorge Hernández de Serapaz, coordinador del grupo de trabajo en Chiapas.
“Estamos viviendo una violencia crónica en un estado que está cada vez más caliente. Es una violencia crónica; estamos viendo, al menos por así decirlo, cinco zonas en esta dimensión de violencia crónica: la zona Altos, la zona Selva, la zona Norte, la zona Fronteriza y la zona Sierra. Estas cinco grandes zonas de Chiapas las vemos en esta dimensión de violencia crónica. Chiapas, en los años 80, fue zona de refugio para los hermanos guatemaltecos, y ahora, paradójicamente, son los hermanos mexicanos chiapanecos quienes están refugiándose en las comunidades y los municipios de Guatemala”, señaló.
Gerardo Alberto González Figueroa, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), explicó que la violencia en el estado ha escalado y en contraste con el pasado, cuando Guatemala era el refugio para los desplazados, ahora es Chiapas el que enfrenta una crisis humanitaria.
“Lo que vivimos de alguna manera cuando llegaron refugiados guatemaltecos entre los años 1981, 1982 y 1983 por la violencia política de Centroamérica, y ahora esta violencia en Chiapas, que si bien tal vez no se le catalogue como política, es una violencia de altas proporciones, en donde prácticamente a quienes están afectando es a las comunidades. Están arrasando con comunidades enteras, las cuales no se refugian en un lugar específico; siempre tratan de buscar lugares afines, y ese es el fenómeno que estamos viendo en la frontera”, señaló el profesor.
González insistió en que los cárteles están arrasando comunidades enteras, obligando a los residentes a buscar refugio en lugares más seguros, principalmente en municipios como Amatenango de la Frontera, Comalá y Madero. En estos lugares, los habitantes se trasladan a Guatemala para escapar de la violencia.
“Cada vez hay un incremento muy violento en el enfrentamiento entre los cárteles. La situación aquí es que se están llevando a la sociedad para los campesinos, que muchas veces resisten, quedan en sus territorios, en sus casas, en sus parcelas. Entonces la pregunta es: ¿Hasta dónde estamos llegando?”, abundó el catedrático.
En cuanto a la disputa territorial, los expertos reiteraron que la región es peleada principalmente por dos cárteles: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. El investigador del Colegio de la Frontera Sur, además, mencionó que una facción conocida como el Cártel Chiapas-Guatemala que podría ser una extensión del CJNG debido a tensiones dentro de la estructura criminal.
Por su parte, el coordinador de Serapaz agregó que el desplazamiento de chiapanecos a Guatemala no es un fenómeno aislado. Mientras que 580 mexicanos han cruzado la frontera de manera visible, muchos más lo han hecho de forma discreta. Hernández señala que los focos de mayor riesgo incluyen municipios como Chenalhó y Pantelhó, donde los desplazamientos y la violencia siguen siendo graves
“Los 580 mexicanos que se han ido a Guatemala son aquellos que, de manera pública y masiva, cruzaron la frontera. Sin embargo, quiero decir que esta frontera está abierta y que, desde que empezó esta violencia, familias y personas han salido de manera constante, discreta y permanente. Tenemos información de que muchos también se han trasladado al lado de Guatemala para vivir y radicar casi de manera permanente”, expresó.
El Colectivo Monitoreo Frontera Sur puntualiza que los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En su posicionamiento emitido el 31 de julio, la agrupación recordó que en mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares de desplazamiento por los eventos de violencia de alto impacto.
“En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales, los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales.”
Las organizaciones Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (Serapaz), identificaron que, al menos desde el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que, desde 2021, se disputan el control de la zona fronteriza.
La situación se ha agravado particularmente hoy, sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos.
Los mismo reporten indican que se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han registrado ejecuciones de civiles en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados.
Además, el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos del Colectivo de Monitoreo –integrado por las organizaciones Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)– explica que, a pesar de que la presencia de organizaciones de la delincuencia organizada a nivel nacional se “intensificó” tras el inicio de la denominada Guerra contra el narco, en 2006, fue “hasta la segunda mitad de 2021 cuando se colocó a Chiapas por vez primera en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada”.
El punto de inflexión del reciente recrudecimiento de la violencia serían los sucesos del 7 de julio de 2021, de acuerdo con el informe mencionado, cuando fue asesinado Gilberto Rivera, conocido como “El Junior”, hijo de un importante operador de la delincuencia organizada en la región. Este homicidio desencadenó una serie de enfrentamientos, ejecuciones y reacomodos de plazas en diversas localidades, desde Frontera Comalapa hasta Pantelhó, pasando por Teopisca, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.
Durante todo el 2023, los homicidios dolosos alcanzaron un total de 571 víctimas, lo que supuso un incremento de al menos el 33.41 por ciento en comparación con las 428 reportadas en el año 2022. Además, los secuestros aumentaron en un preocupante 180 por ciento durante el mismo periodo, con un total de 42 casos registrados en 2023 frente a los 15 reportados el año anterior.
PREOCUPANTE MINIMICEN LA CRISIS, ALERTAN
Las al menos 80 organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos expresaron su preocupación por la respuesta del Estado y aseguraron que minimizar la situación, no solo ignora la gravedad del problema, sino que también aumenta el riesgo para los civiles.
“Resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales. Estas afirmaciones, por una parte, desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y, por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar”, destaca el comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.
Por su parte, los analistas consultados también señalaron que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la respuesta ha sido insuficiente y que el gobierno mexicano no puede seguir ignorando la magnitud del problema.
González Figueroa advirtió que el gobierno federal y estatal deben actuar con mayor rapidez y eficacia: “En concreto, el gobierno mexicano, tanto el estatal como el federal, no puede minimizar esto. En algunas comunidades tienen información y deben actuar a corto plazo, desmembrando el cártel económico. En segundo lugar, se requiere una política a mediano y largo plazo de intervención militar, no en el sentido de una guerra, sino para tomar control de la soberanía. Y, en tercer lugar, justicia, nunca de haber paz.”
Hernández de Serapaz destacó la necesidad de un enfoque más estratégico y coordinado: “Esta violencia crónica consiste justamente en una violencia estructural, en el sentido de que todos los sectores de una estructura social están involucrados en una situación que invade todas las estructuras y capas sociales. Esto afecta desde cuestiones económicas y políticas hasta cuestiones de salud; toca todas las ramas y acciones de la vida social y de cada una de las personas que vivimos en este estado. Existe una responsabilidad del Estado mexicano, en toda su dimensión y en todas sus responsabilidades, en poner atención a la población civil que está en esta situación de violencia crónica y en esta crisis humanitaria, especialmente en estos territorios.”
