Xalapa, 2 Ago. (Notimex).- Organizaciones sociales integrantes de la Red Civica Veracruzana (Recive) acusaron que el Código Electoral aprobado por unanimidad en el Congreso local está hecho “a la medida” de los partidos políticos y del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Criticaron que el nuevo ordenamiento legal se aprobó de manera “fast track”, pues su discusión no superó los 10 días, evitando “un debate amplio y público” sin tomar en cuenta los aportes de las organizaciones sociales y estudiosos del tema electoral.
“Resulta sorprendente que a la reforma al Código Electoral se haya aprobado con tal rapidez, premura, improvisación, y poco tacto político, desdeñando totalmente las opiniones, conocimientos y experiencia de organizaciones ciudadanos e investigadores universitarias con amplia trayectoria”, precisaron.
En conferencia de prensa, dijeron que según las consideraciones del ordenamiento legal, donde supuestamente se da cuenta de la consulta pública y debate político, este ejercicio se reduce a tres reuniones con los representantes de los partidos y con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado.
Misma omisión que se repite con los consejeros del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), reportándose sólo un encuentro con Jesús Alberto López y Juan Shuster Fonseca, académicos del Colegio de Veracruz y la Universidad Veracruzana, respectivamente, sin precisar “cuáles fueron las aportaciones” en todos los casos.
La Recive señaló que esta reforma electoral no garantiza la ciudadanización del Consejo General del IEV y de los consejos distritales y municipales, lo que mantiene que estos cargos sean “cuotas de los partidos políticos”.
“La elección de los consejeros debería ser mediante una convocatoria pública emitida por el Congreso local, donde se contemple la participación de las organizaciones civiles, quitándole a los partidos políticos y al gobernador la facultad de proponer a sus hombres o mujeres de confianza”, manifestó.
Las organizaciones sociales señalaron que el Código Electoral no establece sanciones para quien rebase los topes de campaña, que debería ser causa de nulidad de la elección, así como el castigo a quien compre o coaccione el voto.
Detallaron que el Instituto Electoral Veracruzano continúa sin mayores facultades para la fiscalización de los gastos de precampaña y campaña, “ni de una mayor vigilancia al uso de los recursos que manejan los partidos, tanto públicos como privados”.
