Recientemente conocí la experiencia de Costa Rica en la administración de justicia para casos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Fue interesante observar que contrario a lo que promovemos en México, desde la sociedad civil, de judicializar los procesos para favorecer mayores garantías al debido proceso a la población migrante y sujeta de protección internacional, en este país, se ha apostado a favorecer lo contrario, es decir, crear desde el Poder Ejecutivo, un mecanismo que garantice se cumplan las obligaciones en materia de observancia, resguardo y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas para que no haya necesidad de judicializar ninguna resolución.

Hablamos del Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica,  una institución que nace de  la necesidad de permitir una mayor tecnicidad en las decisiones adoptadas en materia migratoria. Se trata de que las resoluciones finales dictadas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y la Dirección General de Migración y Extranjería, en materia migratoria, pueden ser recurridas – vía apelación- ante un órgano que sujete su resolución a la aplicación rigurosa de criterios técnico-jurídicos; lo que consecuentemente, evita que el criterio político incida sobre lo que eventualmente se resuelve, lográndose así resoluciones más coherentes y razonablemente acertadas desde un punto de vista legal, y por ende un mayor grado de seguridad jurídica.

Antes de su creación, la materia objeto del conocimiento del Tribunal Administrativo Migratorio era competencia del Ministro de Gobernación y Policía. No obstante, con la aprobación de nueva normativa, el Estado Costarricense adquirió una serie de obligaciones en materia de observancia, resguardo y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, considerándose conveniente y oportuna la creación de un órgano independiente, técnico y especializado en la temática migratoria y de refugio, que garantice a las y los administrados, la protección de sus derechos ante las instancias administrativas, de una manera eficiente y eficaz.

El principal objetivo de este Tribunal Administrativo Migratorio, es garantizar la seguridad jurídica migratoria y una justicia pronta y cumplida para las personas migrantes y refugiadas, en aplicación de la normativa nacional e internacional.

El tribunal analiza y resuelve los recursos de apelación sometidos a su conocimiento, a través del desarrollo de una labor de interpretación, aplicación y valoración jurídica, dentro del marco de la racionalidad, transparencia y objetividad institucional de conformidad con los instrumentos nacionales e internacionales vigentes. Pretende generar a partir de la jurisprudencia que emita, certeza jurídica en cuanto a los criterios técnicos empleados para fundamentar las resoluciones de carácter migratorio en Costa Rica. Lo anterior con estricto apego a los estándares internacionales y en resguardo y aplicación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Se trata de una institución relativamente  reciente por lo que seguramente enfrenta grandes retos. Sin embargo,  es  importante destacar que se trata de una respuesta gubernamental encaminada a dar certeza jurídica en cuanto a los criterios técnicos empleados para fundamentar las resoluciones de carácter migratorio, atendiendo la situación de vulnerabilidad de esta población y en el interés de que estas se den en resguardo de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que se encuentren Costa Rica, por lo que es una práctica que se debe analizar y reconocer en nuestro país.

Twitter: @NanPerezG

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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