Como sucede con muchas expresiones que expresan las aspiraciones más elevadas de una comunidad, se han cometido muchos abusos al amparo del “interés nacional”. Aunque todos deseamos que nuestro país sea próspero, podemos disentir en cómo lograr eso, entrando así en el terreno de la política y el disenso. De esa forma cuando un gobernante o régimen se asume como el titular de semejante elevado interés, termina tarde o temprano persiguiendo a quienes no se ajusten a sus criterios y actuando sólo a favor de un cada vez más reducido grupo de sectarios.
Lo mejor que hemos podido diseñar para evitar esos escenarios es reconocer la pluralidad de intereses, siempre y cuando sean lícitos y respeten los derechos de los demás. Al hacerlo, se hace que negocien en los órganos legislativos, donde nadie va a ganarlo o a perderlo todo. En este esquema se deben reivindicar y transparentar los intereses, toda vez que eso brinda certeza en las negociaciones. Pretender aislar a alguno por razones arbitrarias es beneficiar a otros; y lamentablemente podríamos no conocer sus exigencias.
Cierto, existe la posibilidad de que uno de los intereses intente abusar de su posición. En todas las democracias ha habido casos de corrupción; relaciones privilegiadas entre comisiones, grupos de presión y agencias gubernamentales o incluso manejo faccioso o personal de información privilegiada. Cuando eso sale a la luz suele haber un escándalo de tal magnitud que se tiene que regular en materia de cabildeo y conflictos de intereses. Las mejores prácticas en otros países sugieren transparentar intereses externos de legisladores y cabilderos. Prohibir estas actividades implica solamente hacerlas más opacas y vulnerables a la corrupción.
En México se vivió por décadas en un doble discurso frente al sector privado. Por una parte los grandes murales condenaban la acumulación de riqueza, mostrando a un empresario que, con mirada voraz y abrazado a un saco de dinero, era linchado por un obrero, campesino o ambos según las fantasías del muralista. Y por la otra se permitía la inversión privada, siempre amparada por el poder. De esa forma se nos enseñó a odiar al empresario en política, aunque el PRI daba cuotas de representación a obreros y campesinos. Eso se llama simulación.
Algo similar aqueja al grupo de legisladores conocidos como “Telebancada”: se considera que tienen un conflicto de intereses solamente porque sabemos qué buscan en una agenda determinada, gracias a que han trabajado o tienen vínculos con las televisoras. Irónicamente, la democracia funciona mejor cuando hay claridad de causas. ¿Pueden estos grupos abusar de su posición? Aunque hasta el momento no hay una constancia clara de que así haya sido, es posible. Sin embargo el problema no se resuelve quitándolos, sino impulsando reglas que los obliguen a transparentarse y los hagan políticamente responsables si incurren en un acto de corrupción. En este entorno se necesitan reglas que fomenten la responsabilidad política, de tal manera que haya incentivos para que los gobernantes limiten sus márgenes de opacidad.
Por otra parte la democracia no se beneficia con quienes, a nombre del “interés nacional”, no sabemos claramente qué posturas enarbolan y quiénes terminarían beneficiándose de éstas. Y naturalmente son quienes más maniqueos y virulentos son para denunciar y descalificar las posturas de los demás. Esto es, hasta que se les cae el teatro.
Con todo lo triste que ha resultado el escándalo que protagonizó la Dip. Purificación Carpinteyro la semana pasada para quien lo observó, se exhibe a una izquierda en la bancarrota moral. Cuando se detonan problemas como este en otras democracias, la respuesta inmediata es abrir la discusión sobre la transparencia en intereses externos y mejorar las normas en materia de cabildeo, de tal forma que haya certeza en las relaciones entre los órganos legislativos y los grupos de presión. Entre las normas que se han adoptado se encuentran prohibir al legislador saliente trabajar en actividades que tengan que ver con los temas que trató como legislador.
Al contrario, la Dip. Carpinteyro reconoció la grabación y dijo que no había conflicto de interés porque el negocio no se había concretado, y que incluso pensaba trabajar en el área de telecomunicaciones cuando termine su mandato. No sé si la izquierda comparte la misma flexibilidad moral de la legisladora, pero parte de las prácticas que se consideran corruptas es precisamente usar información privilegiada en su beneficio.
En vez de hablar de transparencia, el PRD en su conjunto se instaló en el cinismo: no importa lo que haya hecho su legisladora, los de enfrente son peores y por ello deberían excusarse del debate en torno al dictamen que se negocia en el Senado. Con esto no sólo muestran intolerancia al debate, sino poca capacidad para impulsar una agenda sin estridencias – si acaso existe. Si esto lo hacen como oposición, podría no ser buena idea darles más poder.
También al evitar tocar el tema de la transparencia en la declaración de intereses externos y procesos, dejan pasar la oportunidad de posicionarse en el tema dentro de la discusión del dictamen. Lo peor: ese vacío sólo fortalece a los voceros de la demagogia cuando anuncian que todo el sistema está podrido.
Es una pena que una crisis que hubiera generado grandes oportunidades a la izquierda haya sido desaprovechada en un desplante de maniqueísmo e intolerancia. Una democracia necesita una oposición fuerte y creíble, no una postrada en la bancarrota moral, ideológica y programática.
