La alcaldesa del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, la panista Roxana Lili Campos Miranda, enfrenta acusaciones públicas por el otorgamiento de contratos mediante adjudicación directa para la adquisición de patrullas y otros vehículos para la seguridad del municipio y, además, otro de los negocios es el de la recolección de basura, cuyo contrato millonario lo ganó un empresario –Michael Alejandro Barrera Martínez –que en realidad es dueño de un taller mecánico cuya dirección fiscal es un misterio. En ambos casos se trata de contratos leoninos ventajosos que superan los 300 millones de pesos. En el caso del arrendamiento de las patrullas, el documento fue clasificado como secreto.

La alcaldesa panista del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Roxana Lili Campos Miranda, no resuelve el grave problema de inseguridad de esa demarcación turística –en su gobierno se han presentado más de 200 ejecuciones y unos mil 800 narcomenudistas han sido puestos en manos de las autoridades sin éxito –pero muestra amplias habilidades para hacer millonarios negocios al amparo del poder político.

Uno de los escándalos más estruendosos fue el contrato por adjudicación directa que le otorgó a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V por un monto de 310 millones de pesos. El objetivo: arrendar patrullas y equipo policiaco.

Este contrato se realizó a pesar de que la alcaldesa panista presume a los cuatro vientos que la policía de su municipio es la mejor pagada del país con salarios que oscilan entre los 20 mil y los 25 mil pesos. Pero el territorio, sin embargo, está plagado de criminalidad. La venta de droga opera impunemente y los distribuidores gozan de protección oficial.

No es todo: La empresa Lumo enfrenta presuntas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a que ha incurrido en diversas anomalías en distintos estados del país.

Un caso que fue ventilado públicamente es que esta empresa hizo el mismo negocio en el municipio de Guadalajara, donde el entonces alcalde, Pablo Lemus –actual candidato al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano –le otorgó un contrato directo pese a que Lumo –que es propiedad del empresario Jaime Santos Ayala –presentó la oferta más alta: había poco más de 300 millones de pesos de diferencia con respecto al resto de las ofertas que fueron presentadas.

De acuerdo con datos obtenidos por este reportero, Lumo y sus socios tienen contratos bajo el mismo concepto en veinte entidades del país. Y en buena parte de los estados enfrenta juicios y demandas por diversas irregularidades en los procesos de contratación. En la plataforma de transparencia se establece que Santos Ayala (el dueño de Lumo) ha obtenido 169 contratos en la administración pública y sus ganancias se estiman en unos mil 500 millones de pesos. Debido a que ha incurrido en vicios e irregularidades, el empresario y su compañía están bajo la mira de la FGR y la UIF, según se pudo confirmar.

El contrato que le otorgó la alcaldesa de Solidaridad a esta empresa tiene todo el tinte de ser tan ventajoso como otros que ha firmado en diversos estados: el monto es por 310 millones 107 mil 735 pesos; en la contragarantía, por ejemplo, se establece que apenas se le penalizaría con veintiún millones en caso de incumplimiento. De acuerdo con los términos del contrato, el negocio consiste en arrendar patrullas, camionetas y motocicletas de playa que, al término del mismo, tendrán que regresarse a la empresa en la Ciudad de México. Esto ocurrirá en septiembre de este año, cuando Campos Miranda concluya su gestión y no si es reelecta, pues de otro modo podrían celebrar otro contrato igual de leonino.

De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto Lumo como la alcaldesa Campos Miranda pactaron que el contrato de arrendamiento de patrullas y otros vehículos para la seguridad se clasificara como secreto y en el documento hay omisiones graves: no se especifica, por ejemplo, cuantos vehículos fueron arrendados; tampoco se aclara si, en caso de robo o pérdida total, Lumo se hará responsable de reponer las unidades.

Solidaridad, un basurero

Por si fuera poco, la alcaldesa Campos Miranda ha seguido haciendo negocios al amparo de la presidencia municipal en otros rubros. Esta vez le otorgó un contrato millonario a presuntos empresarios de un taller mecánico para hacerse cargo de la limpieza pública del municipio sin contar con experiencia para esa labor.

La historia de este caso establece que el contrato por adjudicación directa fue para la empresa Electrotaller Industrial y Comercial S.A. de C.V., cuyo propietario es un empresario priista oriundo de Tabasco que responde al nombre de Michael Alejandro Barrera Martínez.

La adjudicación, de acuerdo con una fuente consultada, fue por la suma de 343 millones 476 mil pesos. La firma del contrato se efectuó el 14 de octubre de 2021 y concluye en septiembre de 2024.

Desde esa fecha, el empresario priista y sus presuntos socios en el taller mecánico de Tabasco se empezaron a hacer cargo del manejo de residuos sólidos a través de una treintena de camiones recolectores de basura. También atienden el mantenimiento correctivo de las unidades. Se calcula que por este jugoso negocio el empresario tabasqueño ha obtenido ganancias por unos cien millones de pesos anuales.

La empresa recolectora de residuos sólidos se fundó en 2018. En la promoción que realiza a través de su página web, Electrotaller Industrial y Comercial S.A de C.V. reconoce que el giro en el que son especialistas es en la reparación de vehículos y en ningún momento aceptan que son expertos en manejar residuos sólidos, pues la empresa en estricto sentido es un taller mecánico.

Al igual que lo hizo con Lumo, la alcaldesa de Solidaridad le otorgó al empresario (el mecánico) ventajas en la contragarantía, pues en caso de que incumpla los términos del contrato sólo deberá pagar una penalización de 29 millones de pesos.

Pero eso no es lo más grave: resulta que la dirección fiscal del taller mecánico ubicado en Villahermosa, Tabasco, no existe. Su presunta sede es un condominio que tiene las siglas de Rp, lo que pone en duda su existencia.

Esto explica por qué la zona de Playa del Carmen –la ventana turística hacia el mundo, como la llama la alcaldesa Campos Miranda –tiene graves problemas en la recolección de basura. Este problema es grave es colonias como Ejidal, Playas del Sol y Luis Donaldo Colosio, aunque también se observan tiraderos en la Quinta Avenida (uno de los sitios más concurridos por turistas de todo el mundo) debido al pésimo manejo de los desechos.

Otro dato no menos sorprendente es lo que ocurre en la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Durante un recorrido por ese lugar se pudo observar chatarra acumulada, camiones descompuestos que lucen viejos y abandonados. Todo un basurero que contiene fierros y llantas desechadas.

Debido a la presunta corrupción que impera en el municipio de Solidaridad con estos y otros negocios, las autoridades estatales ya intervinieron. La contraloría estatal investiga este caso al igual que la Fiscalía Anticorrupción del estado.

El caso es de tal magnitud que de haber consecuencias las acciones de la justicia no sólo podrían alcanzar a los empresarios citados que se prestaron a estos enjuagues sino a la propia alcaldesa panista Roxana Lili Campos Miranda, quien pese a todas estas acusaciones busca afanosamente la reelección en el municipio de Solidaridad.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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