En 2020, en la Sierra, campesinos se organizaron para impedir al Ejército la erradicación de cultivos, y exigir respuesta a sus demandas de proyectos productivos y acceso a los programas sociales del gobierno federal.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 2 de enero (ElSur).- La caída del precio de la goma de amapola de 30 mil pesos el kilo antes de 2016, a 6 mil pesos ese año, sumado a la falta de proyectos productivos y de apoyo del Gobierno que compensen la disminución de sus ingresos, mantiene en una severa crisis económica a unos 50 mil productores de unas mil 280 comunidades de 14 municipios de las regiones Costa Grande, Tierra Caliente y Centro del estado, según estimaciones de representantes de la zona.
Esta situación orilló a productores, a partir del año pasado, 2020, a organizarse para impedir al Ejército la destrucción de sus cultivos, exigiendo como condición respuesta a sus solicitudes de proyectos productivos y acceso a los programas sociales del gobierno federal que no les llega.
Las protestas se han replicado en decenas de comunidades de los municipios Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y San Miguel Totolapan, una de las zonas de mayor producción de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el documento Legalización de la amapola con fines medicinales en la sierra de Guerrero, elaborado en 2018 con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a petición de la desaparecida Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, se establece que la adormidera, que es el nombre de la planta de amapola, se produce desde hace por lo menos 40 años en mil 280 comunidades de 14 municipios de la Sierra del Filo Mayor y que por lo menos 50 mil productores y sus familias obtenían ganancias hasta de mil 200 millones de pesos anuales, antes de que el precio se viniera abajo.
Los municipios son Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez (San Jerónimo), Chilpancingo, Coahuayutla, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Zihuatanejo, Petatlán, San Miguel Totolapan y Tecpan de Galeana.
De acuerdo con el documento, en esos 14 municipios los productores siembran la amapola en cultivos dispersos en una extensión aproximada de 11 mil 965 kilómetros cuadrados.
El estudio fue presentado por los amapoleros de al menos 18 comunidades de Leonardo Bravo al gobierno federal al inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su propuesta para la legalización de la amapola con fines medicinales.
Leodegario, uno de los productores de La Soledad, de ese municipio, contó por teléfono que a dos años las cifras son las mismas pero que las condiciones de los productores han empeorado, mientras que quienes los organizaban en este municipio se desmovilizaron y la mayoría fueron desplazados a raíz de la irrupción de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en noviembre del 2018.
Recordó que entonces eran encabezados por Arturo López y Crescencio Pacheco; el primero de Filo de Caballos y el segundo de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, quienes además integraron la Unión de Comisarios, pero los proyectos quedaron abandonados cuando entró la comunitaria de Tlacotepec y expulsó a mucha gente, entre ellos a los dirigentes.
“Ahora, la situación es peor; los precios siguen bajísimos, tenemos que someternos al grupo armado que controla la zona, por un lado, y por el otro nos chingan los guachos, y el gobierno no nos responde cuando le pedimos apoyo, está de la chingada, quieren que nos muéranos de hambre”, se quejó Leodegario.
Contó que los precios bajos de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces la pérdida de los cultivos por el mal tiempo, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de toda la Sierra del Filo Mayor.
LA DESTRUCCIÓN DE PLANTÍOS
El 30 de marzo pasado, la Secretaría de Marina, en su Tercer Informe: México, Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Amapola, informó que la destrucción de la superficie sembrada de amapola en el país en 2019 fue de 14 mil hectáreas y 145 mil 196 plantíos.
En su comunicado 014/2020 destacó que en Guerrero fue donde mayor cantidad de hectáreas de amapola se destruyeron, pero no se desglosa la cantidad que correspondió a este estado.
En el informe se menciona que en el periodo 2017-2018 el cultivo de amapola a nivel nacional se redujo en 9 por ciento en comparación con el periodo anterior, 2016-2017.
El dato coincide con la declaración de los productores, que refieren que después de la caída de los precios de la goma de opio a partir del 2016 muchos dejaron de sembrar porque ya no fue “costeable”.
Según el documento, el diagnóstico se realiza “para tener una mejor comprensión de los factores socioeconómicos que expliquen las causas de la siembra de amapola como marginación, carencia de oportunidades de empleo, falta de servicios de salud y educación.
En tanto, en su edición del 23 de febrero del 2019, El Sur, también con cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó que en 2018 en el país se destruyeron 202 mil 282 plantíos del cultivo ilícito, en 22 mil 941 hectáreas, de las cuales el 79 por ciento fueron en Guerrero y el 32 por ciento en el municipio de Heliodoro Castillo, donde se destruyeron 52 mil 955 plantíos.
En tanto, el municipio de Acatepec, en la región de la Montaña, ocupó el segundo lugar con 28 mil 963 mil plantíos erradicados.
El tercer lugar fue Zapotitlán Tablas con mil 393 en una superficie de 546 hectáreas.
En el municipio de Leonardo Bravo se reportaron 7 mil 830 plantíos en una superficie de mil 70 hectáreas.
Otros datos encontrados en la página de la Sedena indican que entre 2013 y octubre de 2020 se destruyeron en el país 178 mil 608 hectáreas de amapola y mariguana.
En la página no se incluyen las cifras de la destrucción de plantíos realizada en 2020.
Pero de acuerdo con estos datos, la entidad que encabeza la lista de destrucción de plantíos de amapola y mariguana es Guerrero, donde se ha destruido el 28 por ciento del total en el país, seguido de Chihuahua con el 24 por ciento y Durango con el 20 por ciento.
Aunque los datos no concuerdan, existe coincidencia de que Guerrero ocupa el primer lugar en la producción y, a su vez, en la destrucción de plantíos de amapola, concentrados en la Sierra del Filo Mayor, particularmente en el municipio de Tlacotepec.
Pero la sierra sigue igual.
Rafael, un productor de Las Vinatas, municipio Heliodoro Castillo, dijo que, sin embargo, la producción de amapola en la sierra no ha servido para el desarrollo de la región y tampoco para “sacarnos de pobres” y que, al contrario, los ha estigmatizado como amapoleros, “y eso para el gobierno es que somos de la delincuencia”.
Se quejó de que la culpa la tiene el mismo gobierno; “¿apoco creé que vamos a vivir de la pura siembra del maíz y frijol?, eso sólo nos alcanza para que nuestras familias tengan tortillas y algo para comer, ¿pero, y no nos vamos a vestir y a calazar?, ¿no nos vamos a curar cuando nos enfermemos?, de dónde vamos a sacar dinero?.
Argumentó que de la siembra de la amapola apenas sacan para sus otras necesidades, porque, “como en todo, los campesinos somos los que menos ganamos, los chingones son otros y es a nosotros a quienes nos viene a chingar el gobierno con la destrucción de los plantíos, ¿a ver, por qué no se la quitan a los que les vendemos?, saben quiénes son, ¿no será que son los mismos?”, reprochó.
Explicó que a raíz de que el precio de la amapola disminuyó a partir de 2016 porque se comenzó a comercializar el fentanilo (droga sintética más potente pero más barata que la goma de opio), muchos dejaron de sembrar porque ya no les dejaba ganancias, entonces comenzaron a solicitar al gobierno federal proyectos productivos, mientras que a partir del actual gobierno de López Obrador pidieron su incorporación a los programas sociales; “pero ni una cosa ni la otra hemos recibido, y la chingadera es que la cosa está cada vez peor”.
Según contó, los proyectos productivos para el cultivo de aguacate, durazno, pera y manzana, son más seguros “pero tiene sus pros y sus contras”.
Agregó que la goma que sacan de la amapola, suben a comprarla hasta la sierra, “nosotros no nos preocupamos para llevarla a vender fuera de aquí, en cambio el aguacate, el durazno, la pera y la manzana, no hay quien nos las compre, tenemos que llevarlos a Chilpancingo, Iguala o hasta México y eso cuesta mucho, por eso necesitamos del apoyo del gobierno”.
Sin embargo dijo que con la amapola hay más riesgos, porque “si te cae el gobierno (los soldados) te la chingan y ya te quedaste sin nada, tu trabajo se fue a la chingada”.
Explicó que el proceso desde la siembra hasta el rayado para extraer la goma tarda tres meses. Contó que la mejor temporada es la de lluvias porque no invierten en el regadío, pero que aún así nos es mucha la ganancia.
Dijo que la pasada temporada, el kilo de la goma de opio tuvo un precio de 6 a 8 mil pesos.
“Digamos que yo saqué 5 kilogramos, multiplicado por 8 mil, son 40 mil pesos, pero le invertimos 20 mil por la compra de abonos, líquidos y el pago de peones, entonces me vinieron quedando como 20 mil en tres meses de chinga dura, realmente es muy poco. Eso es si se logra, pero si no se da bien, te la tira el viento o te la chinga el gobierno te quedaste amén, valió madre tu trabajo”, lamentó.
PRODUCTORES NO SON DELINCUENTES
Un integrante de la desaparecida Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, que estaba constituida por 18 comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, la primera agrupación que promovió la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales en 2018, a raíz del desplome del precio de 25 y 30 mil a 6 y 8 mil el kilo, explicó que a pesar de que están en una región productora de goma de opio, la gente está “muy jodida” y no tiene dinero suficiente para subsistir.
Reprochó que el gobierno persigue a los productores pero no a los traficantes, comerciantes y a quienes la procesan que son los que se llevan las ganancias, y son los causantes de la violencia.
Dijo que saben que mientras los campesinos venden el kilo de goma máximo a 8 mil pesos, los traficantes comercian la heroína que procesan de la goma de opio en 35 mil dólares y hasta en 600 mil pesos.
Contó que esa desigualdad los movió a promover la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales para beneficiar a los 50 mil productores de la sierra. “Toda esta gente producimos millones pero vivimos en la miseria, no es justo”.
Se quejó de que, sin embargo, el gobierno en vez de escucharlos, “nos echó” a los comunitarios de Tlacotepec “porque no le convino y le incomodó nuestra propuesta. No nos engañan, el gobierno apoyó la entrada de los comunitarios, llegaron de la mano militares y comunitarios, y ahora todos los que promovimos la propuesta andamos fuera de nuestros pueblos”.
Pidió que ahora cuando menos el gobierno los escuche y no destruya los plantíos. Denunció que no solamente deja sin sustento a miles de familias, sino que con la fumigación destruyen las siembras de maíz, duraznos, aguacate y contaminan los ríos y provocan enfermedades.
Explicó que en la sierra es muy difícil que vivan sólo del maíz y el frijol. “Allá se vive del maíz, del frijol, de las huertas de aguacate, duraznos y de la amapola”, pero añadió que para las huertas de aguacate y duraznos necesitan del apoyo del gobierno, “y para la siembra de la amapola, no le pedimos más que nos la deje sembrar”.
Defendió que quienes la siembran no son delincuentes, “si el gobierno no quiere darnos proyectos y apoyos para que vivamos de otra cosa que no nos destruya ni nos quite lo que tenemos”, exigió.
