Por Martha Ardila*

Ni bien Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en el mes de agosto, se inició el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas que habían sido interrumpidas en 2019. Este es un primer paso; sin embargo, llevará mucho tiempo antes de que las relaciones puedan retomar la normalidad previa, y para ello deben ser tenidas en cuenta ciertas dinámicas: las históricas, las institucionales, las fronterizas, las migratorias y las comerciales. Estas dinámicas han llevado a que la normalización de las relaciones no se esté alcanzando a la velocidad deseada, pese a la voluntad política de ambos gobiernos y la identidad ideológica de Nicolás Maduro con Petro.

Las relaciones colombo-venezolanas han sido históricamente complejas, intermitentes y abarcantes. En el mejor de los casos se han caracterizado por una “cooperación vacilante”. El diferendo fronterizo por el golfo de Venezuela o de Coquivacoa son una constante “amenaza” para los encargados de tomar decisiones en ambos países.

En este contexto inciden tres aspectos en la relación bilateral (desde Colombia hacia Venezuela): la ideología, y con ello el papel de las elites políticas, económicas y militares; la frontera y la tensión por la seguridad fronteriza, y los actores externos como Estados Unidos, Rusia y China. Hay que recordar que Colombia ha sido un gran aliado de Estados Unidos y que su política exterior se deriva, en gran medida, de dicha alianza.

Durante años, la Comisión de Vecindad, creada en 1987, y la Comunidad Andina (CAN) sirvieron de paraguas para la relación bilateral. En 2006 Venezuela se retiró de la CAN, aunque en la reciente visita de Petro a Caracas se anunció su reintegro. Y la Comisión de Vecindad (Copaf) se disolvió con la revolución bolivariana. La Copaf y la CAN habían contribuido a la cooperación y a la generación de confianza entre ambos países.

La normalización de las relaciones tiene como antecedente un péndulo entre ideologización y pragmatismo, así como también una diplomacia ciudadana que se desarrolló entre los dos países. Los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque ideologizaron la relación con Venezuela. Esto quedó en evidencia a través de acciones de Colombia en el Grupo de Lima junto con Juan Guaidó y la ayuda humanitaria en febrero del 2019. Todo lo contrario sucede con Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, cuya relación es más pragmática.

Con diversos énfasis ideológicos, los candidatos presidenciales eran conscientes de la necesidad de restablecer las relaciones con Venezuela, un vecino con el que se comparten dos mil 219 kilómetros y una balanza comercial, hasta 2007, de alrededor de ocho mil millones de dólares a favor de Colombia.

Desde antes de su posesión, Gustavo Petro adelantó conversaciones con Venezuela y comenzó a trabajar para normalizar las relaciones. Tras posesionarse, anunció a Armando Benedetti como Embajador en Caracas, mientras que Venezuela asignó a Félix Plasencia en Bogotá. Sin embargo, sectores de la sociedad civil de ambos países cuestionan dichos nombramientos. Benedetti no conoce la dinámica consular ni diplomática y, a su vez, se ha fortalecido una diplomacia presidencial que dificulta el restablecimiento de la institucionalidad perdida.

En cuanto a la problemática de la frontera, las élites políticas, económicas y militares tienen un imaginario de la propia frontera. Debido a la violencia, la diversidad de actores en el conflicto, el abandono del Estado y la presencia de grupos al margen de la ley, se ha tendido a estigmatizar este espacio territorial. De hecho, la frontera colombo-venezolana tiene diferentes ámbitos territoriales como el Norte de Santander-Táchira, la Guajira, Arauca-Apure y la Serranía de Perijá-César, que obligan a crear y a ejecutar políticas públicas diferenciadas aunque haya temas comunes como la seguridad.

La frontera cuenta con la presencia de actores ilegales, relacionados, algunos de ellos, con el crimen transnacional, que han controlado la frontera, especialmente cuando ha estado cerrada desde el 2015. Asimismo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó negociaciones en Caracas con el Gobierno colombiano, es binacional. Aunque nació en Colombia, también se encuentra en Venezuela. A su vez, hay disidencias de la antigua FARC y de la delincuencia común.

De todas maneras, las trochas o pasos ilegales continúan funcionando; algunos controlados por el crimen trasnacional o el ELN. Asimismo, el Ejército y la guardia civil venezolana cobran para ingresar legalmente a Venezuela, por lo que la población ingresa por las trochas tradicionales, ya que les representa un menor costo.

El dilema de la migración

En Colombia hay más de dos millones y medio de inmigrantes venezolanos, según cifras de Migración Colombia, y en el 2021 se formuló el Estatuto Temporal Migratorio, que busca proteger a la población migrante que se encuentra en condiciones de irregularidad.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), casi siete millones de venezolanos han abandonado el país. De estos, el 84 por ciento se concentra en Latinoamérica y el Caribe, y de ellos, el 38 por ciento, en Colombia. La mayoría está en Bogotá, la región fronteriza del Norte de Santander, Medellín y Cali.

Pero esto no siempre ha sido así. Durante las últimas décadas del siglo XX, los colombianos emigraron a Venezuela y muchos de ellos se quedaron a vivir ahí. Tal como sucede actualmente con los venezolanos, estos procedían de diferentes sectores laborales y condiciones socioeconómicas, y buscaban suplir las carencias de sus familias. El boom petrolero fue un gran atractivo, mientras que el conflicto interno expulsaba población colombiana. Sin embargo, debido a la crisis económica de Venezuela, muchos regresaron forzadamente a sus lugares de origen.

Actualmente, el restablecimiento económico, en términos de comercio e inversión, ha sido una de las principales motivaciones de Colombia para la normalización de las relaciones con Venezuela, ya que este era el principal destinatario de productos colombianos, muchos de ellos con valor agregado. Durante varios años primó el pragmatismo y la autonomía comercial.

La interrupción de las relaciones en 2019, además del cierre de la frontera, acarreó la caída del comercio; también se dificultó la conectividad, y esta se hizo, en gran medida, de manera ilegal. Las diplomacias gremial y empresarial, no obstante, han sido muy activas. Por otra parte, los venezolanos tienen poca capacidad de compra, y reactivar su aparato productivo va a tomar años. La producción petrolera también ha disminuido. A su vez, hay desconfianza del empresario fronterizo y nacional colombiano, dada la falta de pago, por lo que se requiere el restablecimiento de la confianza en ambos países.

Así pues, y como vemos, el completo restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas no es fácil, será progresivo y requerirá el restablecimiento de medidas de confianza mutua. Son muchos los aspectos que dificultan su materialización, por lo que tomará tiempo recuperar la relación entre los dos países.

*Martha Ardila es cientista política, profesora e investigadora de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá). Doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Especialista en las relaciones internacionales en América Latina.

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