El operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López fracasó porque desde su planeación hasta su ejecución hubo omisiones, falta de comunicación y una larga cadena de errores y omisiones, de acuerdo con los pormenores que ha dado a conocer el Gabinete de Seguridad.

Además, los militares a cargo de esa tarea fueron superados por los hombres del cártel de Sinaloa en número de elementos, en la táctica de guerra y también en armamento. En pocas palabras, el Ejército fue sometido y obligado, por las circunstancias, a liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Desde el punto de vista humano, es entendible que ante la posibilidad de que los soldados fueran asesinados y la población agredida a balazos –posiblemente pudo haberse presentado una verdadera masacre –el Gabinete de Seguridad haya decidido soltar al detenido y negociar con el cártel de Sinaloa la liberación de algunos militares aprehendidos por los sicarios y el cese del fuego.

Lo que no se entiende es la renuncia del gobierno de la Cuarta Transformación a seguir combatiendo al crimen organizado, sobre todo en las condiciones en las que está el país. El Presidente –terco hasta la médula –insiste en atacar las causas (pobreza y desigualdad social) pero pierde de vista que la miseria no es generadora de criminalidad y que el crimen tiene otras causas que no se están atacando.

En principio, para atacar al crimen organizado el gobierno debe limpiar a la clase política, el corazón de la mafia. Es la inmensa impunidad que existe en el país, producto de la corrupción, una de las razones principales por las que el crimen ha aumentado en México.

Como ya se ha dicho en otros artículos, más del 80 por ciento de los municipios del país están gobernados por políticos que también están directa o indirectamente vinculados con alguna modalidad del crimen organizado. Y ese flagelo no se está combatiendo. Este diagnóstico lo hizo en 2010 el área de estudios municipales del Senado de la República. Ahí están los datos duros de esta realidad que, hoy, es más cruda.

Este problema deriva en que las estructuras policiacas estén al servicio del crimen. Es muy fácil explicarlo: si las cabezas están implicadas con los cárteles, toda la cadena de mando, por lógica, está contaminada. Por ello, existen cientos de comandantes policiacos que también trabajan para algún cártel de la droga. Y son intocables.

Otra causa del crimen es la disposición de dinero, imparable hasta ahora, por los mafiosos. El crimen dispone de muchos recursos para corromper autoridades, pagar campañas políticas que no se auditan, capturar a las instituciones y atrofiar, hasta donde más se pueda, la procuración y la acción de la justicia.

Hasta ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera, que preside Santiago Nieto, no tiene un mapa pormenorizado del verdadero patrimonio que dispone el crimen organizado. Dónde lavan el dinero, en qué negocios está invertido el recurso que es producto de actividades ilegales.

Tampoco ha trabajado, hasta ahora, en investigaciones que incluyan a políticos y empresarios ligados al crimen y al lavado de dinero y que poseen fortunas descomunales que fueron amasadas de la noche a la mañana.

Existe, además, una amplia lista de gobernadores y exgobernadores, jueces y magistrados que se han hecho multimillonarios como consecuencia de la protección que brindan –o brindaron -- a los hombres de la mafia.

Si el gobierno empezara por estas causas –estas sí son reales, la pobreza como causa del crimen es una ficción presidencial –México estaría dando pasos agigantados en el combate criminal. El encarcelamiento de políticos y empresarios ligados al crimen empezaría a poner orden en el campo delincuencial.

Pero, por desgracia, hacia ese punto no mira el Presidente de la República. López Obrador no habla de narcopolitica porque para él los criminales son parte del pueblo.

Tras los hechos de Culiacán, el Presidente dijo que no hay guerra contra el crimen organizado. ¿Entonces cómo se combatirán a los capos de la droga y a los mafiosos que generan violencia? ¿Dónde queda el recurso de la coerción como instrumento del Estado para combatir a la criminalidad?

El crimen organizado, como ya está más que demostrado, no entiende palabras. Ellos son amantes de la guerra y sus principales instrumentos son la corrupción y la violencia.

Así han sometido a pueblos enteros que hasta ahora viven inmersos en una estela de violencia imparable. En cada municipio del país opera una célula del delito, ya secuestradores, ya narcos, ya huachicoleros. Y todos, sin excepción, disponen de protección policiaca y política.

Por esa razón el gobierno de Estados Unidos muestra su preocupación sobre el caso mexicano, pues cuestionan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cuenta con una política antidrogas clara. En realidad, hoy no sabemos a qué juega el Presidente ante el crimen organizado. Si no hay combate frontal ni se atacan las verdaderas causas, entonces lo que se pretende es seguir consolidando un Estado fallido, un Estado mafioso, un narcoEstado.

El Estado fallido es en el que vivimos ahora, donde el gobierno no tiene capacidad de garantizar la seguridad en ningún rincón del territorio. Por todas partes hay violencia extrema: asesinatos, levantones, secuestros, trata de personas, tráfico humano, lavado de dinero, narcomenudeo, cobro de piso, venta de protección, asesinatos a sueldo…Y no pasa nada.

El Estado fallido también está más que claro en las instituciones y los hombres que las encabezan, incapaces de operar en favor de la sociedad porque la corrupción mantiene paralizadas sus acciones.

Queda claro que el crimen organizado no tiene un enemigo en la presidencia, sino un aliado que no quiere utilizar los instrumentos legales para combatir nada.

El caso Culiacán, con todo y las fallas gubernamentales, sienta un precedente muy peligroso en el país: es muy probable que otros cárteles igual de bélicos que Sinaloa utilicen como rehén a la sociedad para doblar al gobierno.

Con la declaratoria de no a la guerra contra el crimen, lo que no queda claro es qué pasará con Ovidio Guzmán. ¿Lo van a detener o ya no se meterán con él?

Ovidio Guzmán cuenta con una solicitud de extradición a Estados Unidos, donde tiene un expediente abierto por tráfico de drogas y asociación delictuosa.

La implementación del operativo en Culiacán se planeó precisamente porque existe una orden de captura internacional. Y desde hace siete meses el Ejército trabajaba en su ubicación para efectuar su detención y, después, su extradición. Pero no contaban con la reacción del cártel. Ahí falló la inteligencia del Estado.

En este caso existe una contradicción muy clara: Ovidio tiene orden de captura internacional, pero el Presidente afirma que no hay guerra contra el crimen ni quiere muertos ni daños colaterales. ¿Será detenido Ovidio Guzmán? El cártel de Sinaloa le agradeció al Presidente su liberación y pidió que fueran destituidos y procesados los funcionarios que planearon y ejecutaron el operativo del pasado 17 de octubre.

El caso, coincidentemente, ya está en manos de la Fiscalía General de la República y, por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional realiza lo propio, conforme a sus leyes internas, para castigar a los militares que incurrieron en fallas, las cuales son evidentes, como la falta de comunicación, las omisiones y los errores de táctica. Según dijo el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, habrá castigo para los responsables.

Servidos, señores del cártel de Sinaloa.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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