Los mercenarios de la imagen perdieron el control y hoy la ciudadanía de todas las categorías se expresa en protestas imparables. ¿Qué está pasando? Me propongo revisar la comunicación involucrada en el descontrol social actual. Tomo como punto de partida las recientes reformas constitucionales promovidas por la presidencia.
En la reforma energética, la de más claro impacto, es claro que el país salió perdiendo en términos de dinero. Los políticos en activo y los medios pasivos insistieron en que “vamos a estar mejor”. Pero la mayoría social no lo ve así, dadas las malas noticias que han seguido después del anuncio. La excepción son los muy pocos privilegiados que se beneficiarán directamente por los negocios que harán con las empresas que desde hace muchos meses sabían que nuestro sector energético se pondría a la venta.
Los gasolinazos son un precedente que el mexicano a nivel banqueta sufre cotidianamente, pese a que fue inventado con carácter de “temporal”. Como hemos visto, el día de terminación de ese aumento se ha prorrogado en dos ocasiones; dicho en términos simples, el gobierno le mintió a la ciudadanía. La tenencia vehicular es otro caso con el que hemos vivido más de tres décadas. El engaño queda establecido y hace nido en la memoria colectiva.
¿Qué puede hacer un ciudadano a nivel banqueta ante eso? Nada. La protesta tiene requisitos por demás intrincados, laboriosos y difíciles de armar; no se vale la consulta popular cuando se trata del dinero de la nación, dijo la Suprema Corte, aunque la nación seamos los ciudadanos -y, por lógica, se trata de nuestro dinero-. Pero tampoco se vale opinar en cualquier otro aspecto.
Poblaciones enteras han sido capturadas por la violencia ilegal o por la legal (fuerzas públicas del orden). De nada les ha servido a estas comunidades denunciar los hechos a sus autoridades municipales, a las estatales ni a las federales. En esta situación, y con la autoridad que les da la propia Constitución, han optado por defender sus vidas, a sus familias y sus bienes. La reacción del aparato oficial ha sido criminalizar esta defensa. El Dr. Manuel Mireles, de Tepalcatepec, Mich., es uno de cientos de ejemplos, la gran mayoría ocultos a la opinión pública.
Los abusos de poder son el pan de cada día. La tortura es sólo uno de los excesos cotidianos que se dan porque la estructura legal está acomodada para la impunidad. En la conciencia colectiva ha quedado establecido que todos los políticos son iguales, que es imposible lograr permisos, negocios, trámites fuera de la corrupción, y que no hay denuncia contra funcionario alguno que prospere. En ese suelo cae la semilla de la resignación. Pero ésta, a diferencia de las promesas gubernamentales incumplidas, sí tiene un límite que no estaba en los planes.
La línea se cruza cuando la frustración ya no es personal, sino social. Primero, la voz unificada de los medios de mayor influencia en el público muestran una realidad positiva, favorable, apuntalada por elogios incluso desde el extranjero. Al principio la masa social asume esos puntos de vista por inercia. Sin embargo los encargados del bienestar social van dejando huellas y el conjunto ciudadano ve que estas siguen, siguen y siguen, pero en sentido opuesto al deber ser. Comienza entonces una suspicacia generalizada.
Los individuos vivimos atentos a nuestros semejantes: en qué tono dicen algo, con qué mirada, captamos sus ademanes, su postura corporal y el contenido de su comunicación. Son claves con las que podemos saber si es verdad o mentira lo que dicen, algo que en esencia necesitamos para nuestra convivencia e incluso supervivencia. Y cuando detectamos que alguien nos miente, tomamos esa base para interpretar sus mensajes.
Los mexicanos ya no creemos que todas las manifestaciones sean violentas; ni que todo el que se opone a los abusos de poder estén ligados con el crimen organizado; ni que los cuerpos oficiales estén en serio buscando a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y ya tampoco lo creen los organismos internacionales, cuya voz se multiplica en todo el orbe. La cantidad pavorosa de fosas encontradas tan solo en octubre es una huella imborrable de que las cosas no son como los boletines oficiales dicen. Y la explicación que toda la sociedad encuentra lógica es que hay muchos esqueletos en los armarios del gobierno.
Estamos, pues, ante una profunda crisis de confianza: la sociedad no cree en la autoridad, porque no ha visto que sus hechos acompañen a sus palabras. En este punto, del dicho al hecho hay un trecho que se antoja insalvable. Ya se habla en el extranjero de que la actual falta de credibilidad que pesa sobre Los Pinos es el Waterloo de Peña Nieto. Otros opinan que el aguante de los mexicanos todavía no se agota. Como sea, este distanciamiento entre pueblo y gobierno es una noticia poco alentadora.
