En el contexto del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la trágica la noche de Iguala, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, se movieron varios actores y escenarios para saber hacia donde camina la investigación de uno de los peores casos de violación a derechos humanos del México contemporáneo. En una semana, del 21 al 28 de septiembre, se celebraron diversos encuentros entre autoridades y padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, se llevó a cabo la movilización masiva del 26 de septiembre en la Ciudad de México, se presentó un nuevo informe del caso y los familiares emitieron un pronunciamiento sobre lo que sigue para su movimiento.

1.- El primer evento en esta cadena de sucesos fue la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres y madres, más sus asesores legales, el jueves 21 de septiembre en Palacio Nacional que resultó en un desencuentro y desacuerdo. La molestia principal de los familiares que reclamaron al presidente que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no les entrega la información solicitada, especialmente una conversación telefónica grabada la misma madrugada del 27 de septiembre en la que se habla de a donde llevar a un grupo de 17 estudiantes desaparecidos. Para los padres esa podría ser una prueba importante para determinar a donde llevaron a sus hijos. Al día siguiente, en la conferencia mañanera, López Obrador negó que el ejército no le haga caso y oculte información. Para zanjar las diferencias, se acordó una nueva reunión con altos funcionarios para el lunes siguiente.

En su conferencia mañanera, López Obrador resumió así el reclamo que recibió: “Esa desconfianza no tiene fundamento. Porque también para manipular, lo digo con toda claridad y al mismo tiempo con todo respeto, se dice: ‘es que usted tiene buenas intenciones, usted da instrucciones, pero no le hacen caso. No es con usted, es con las autoridades de la Secretaría de la Defensa’. No, las autoridades de la Defensa, el general secretario y todos, dirigentes de la Sedena, servidores públicos, militares, oficiales, mandos, todos están actuando con lealtad al pueblo, con lealtad a las instituciones”, enfatizó.

2.- Reunión de los padres con altos funcionarios del Gobierno el lunes 24 de septiembre, también en Palacio Nacional: asistieron Luis María Alcalde, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana; y el fiscal especial para caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. Al salir del encuentro, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo: “vamos para atrás, se regresa a la narrativa de la verdad histórica”. En esa reunión se les presentó un “informe” de la Sedena sobre lo que ha aportado para la investigación del caso Ayotzinapa.

3.- El martes 26 de septiembre, noveno aniversario de la desaparición de los 43, se lleva a cabo la marcha de los padres y sociedad solidaria en la Ciudad de México. Hay un ambiente de crítica y cuestionamiento a López Obrador y su Gobierno, pues pesa la sensación de que no cumplirá su palabra de saber la verdad y hacer justicia por los 43 normalistas desaparecidos. “AMLO dijo que todo cambiaría… ¡mentira! ¡mentira!, es la misma porquería”, fue una de las consignas más repetidas en la marcha del aniversario según la crónica de Animal Político. Hay fuerte discurso de los padres y de Vidulfo Rosales contra la postura del Gobierno, en especial, las críticas se centran contra el ejército. Se habla incluso de suspender el diálogo con el Gobierno de la Cuarta Transformación.

4.- El miércoles 27 de septiembre, Alejandro Encinas presentó el 2º informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj). Reconoce que la desaparición de los 43 es responsabilidad del Estado e incluso cita a Peña Nieto como uno de los principales responsables de construir la “verdad histórica”. Dijo Encinas: “La Presidencia de la CovaJ ha demostrado que la mal llamada verdad histórica fue una construcción —elaborada desde el Gobierno federal— para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso. La complicidad de funcionarios de los tres órdenes de Gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado”. Alejandro Encinas enfatizó que existe una gran diferencia entre la “verdad histórica” del Gobierno de Peña Nieto, de la investigación que lleva a cabo la Covaj.

5.- Al día siguiente, jueves 28 de septiembre, los padres y madres ofrecen una rueda de prensa para manifestar su postura ante en el plantón que mantienen en el Campo Militar nº 1. Distinguen entre la postura del “gabinete de seguridad” que defiende la “verdad histórica” y la postura de la Presidencia a través del 2º informe Covaj presentado por Encinas. Dicen que este informe tiene aportes que les permiten seguir dialogando a pesar de las diferencias de esta coyuntura. Dicen: “Desde aquí, rechazamos en todos sus términos la ‘narrativa de hechos’ realizada por el ‘gabinete de seguridad’, que hizo pública el Gobierno federal (…) Por lo demás, enfatizamos que el informe presentado el día ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta ‘narrativa de hechos descrita’”. Y añaden: “El informe del Subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los días pasados”.

La síntesis de lo que ocurrió entre el 21 y 28 de septiembre es que se pasó del casi rompimiento con el Gobierno, a la posibilidad de restablecer el diálogo. Claramente los padres y madres de los 43 ven dos posturas en el gabinete: una que se aferra a la “verdad histórica” y que defiende privilegios de los militares y otra que reconoce la responsabilidad del Estado y que exige que la Sedena coopere y entregue toda la información en su poder.

En concreto, los padres y madres de los 43 exigieron tres puntos en su pronunciamiento leído en el plantón: “1) que las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la información que hemos solicitado; 2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica; y 3) que el Gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso”.

Con independencia de las postura dentro del gabinete, anticipan que seguirán luchando para saber de sus hijos: “La lucha por la verdad sigue”, anunciaron en el Campo Militar nº 1. Si no hay avances, regresarán a protestar frente el principal “símbolo de la represión” en México.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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