Hace no mucho le escuché decir a un alto funcionario de la Cancillería que “México vivía un sobre-escrutinio internacional en materia de derechos humanos y que había que ponerle fin a eso”. Sin afán de polemizar de más, llama poderosamente la atención el “sobre-escrutinio” al cual aludió el funcionario. Sé que no es una idea de un funcionario demente, sino que es una política en ciernes que el gobierno se propone imponer para cerrarle el paso a la comunidad internacional y así recibir menos críticas. Como si el problema fueran los informes de la ONU y la OEA y no la preocupante situación que vivimos respecto a violaciones de derechos humanos.

El año 2000 fue decisivo para insertar a México en el nuevo orden mundial. Todavía recuerdo con nitidez que el primer acto de gobierno de Vicente Fox fue firmar un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La primera firma en un país en paz. De ahí, el gobierno federal lanzó la invitación permanente para que mecanismos especiales de las Naciones Unidas y de la OEA visitaran México. Y eso sí hay que reconocerlo: en las casi dos décadas que han pasado desde entonces casi todos los relatores especiales han visitado nuestro país.

Los informes que se han presentado sobre México por parte de la ONU y de la OEA son amplios y merecen mucha mayor atención de la que se les ha dado. Ha habido severos señalamientos, muy severos, como es el caso del relator contra la tortura, o el de libertad de expresión, o el de ejecuciones extrajudiciales. Detrás de ese lenguaje diplomático y algo condescendiente, hay señalamientos sumamente precisos y severos que la comunidad internacional le ha hecho a México. En otras palabras, por más que la diplomacia intente bajar el tono, la comunidad internacional ha cumplido con su tarea. Ahora bien, que el mismo sistema internacional sea suave ante condiciones y contextos difíciles, como el mexicano, es otra historia. Los mecanismos internacionales están diseñados con esa premisa: ser suaves.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) está de visita en nuestro país. Su visita sin duda llega en un momento muy importante para respaldar el trabajo que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó el proceder de la PGR en el caso de Ayotzinapa. Tener al pleno de la CIDH en nuestro país es una oportunidad que es necesario aprovechar para brindar información directa sobre violaciones a los derechos humanos que suceden regular y generalizadamente en nuestro país. Los miembros de la CIDH se reunirán con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y directamente con víctimas. A pesar de su lenguaje suave, se espera el viernes un informe de misión severo para el gobierno mexicano.

En una democracia debe caber todo tipo de opiniones, hasta las mentiras o estupideces. Así es su naturaleza. En éstas, caben también las últimas aseveraciones de Isabel Miranda de Wallace que ha señalado de manera incendiaria que el GIEI tiene que salir del caso Ayotzinapa porque hay conflicto de interés, ya que Emilio Álvarez Icaza — mexicano— es el Secretario Ejecutivo de la CIDH. La ignorancia de Miranda de Wallace es evidente; simplemente no conoce cómo funciona el sistema interamericano. Pero lo interesante es cómo voces como la citada, o bien la del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que afirmó lo siguiente:

“Esta Misión de Alto Nivel no tiene el propósito de ver los derechos humanos en México, incluido el derecho a la seguridad pública, sino que tienen un fin claramente político, contrario al mandato del organismo y que pervierte su razón de ser. Uno que busca desacreditar por completo a las instituciones públicas del país y desestabilizarlas”.

Sin duda, lo importante no es lo que dicen voces que no conocen el sistema, sino el efecto en el ámbito mediático que pueden tener tales falsas aseveraciones. La CIDH no está aquí para participar en un juego político a favor o en contra del gobierno mexicano. La visita oficial de la CIDH debe provocar cambios reales en nuestra realidad nacional.

A pesar de que tengo muy claro que la visita de CIDH a México es una buena noticia, no deja de rondarme en la cabeza la siguiente pregunta: ¿Qué aportará de nuevo la visita de la CIDH? ¿ Volverán a decir lo que ya decenas de informes internacionales han dicho o arrojará algo nuevo, más fuerte y contundente que permitirá generar cambios nacionales? ¿O se centrarán en repetir que la impunidad es el cáncer que debilita el goce de los derechos humanos, que la corrupción alimenta la impunidad y debilita el estado de derecho, etcétera?

Es imperativo que el aporte de la CIDH sea contundente. Porque hay que recordar que más que una visita para que la CIDH conozca la situación en México, es una visita para que ellos emitan señalamientos de tal envergadura que el gobierno mexicano tenga que echarlos a andar. De lo contrario, será un informe más, al cual no se le dará seguimiento y quedará como un hecho aislado y anecdótico. Y en esta cuestión habría que hacer un alto. La CIDH debe de aportar algo nuevo y no solamente simples recomendaciones que a la mera hora no son mas que buenas intenciones basadas en un deber ser.

México hace bien en dejar entrar a la comunidad internacional. No hay un tal “sobre-escrutinio internacional”. Es un logro que debemos valorar y reconocerle al gobierno. Por ello, sería absurdo que volvieran a cerrar la entrada. Quiero pensar que no hay marcha atrás. Aunque cuando recuerdo las últimas respuestas de la Cancillería ante el informe de Juan Méndez (Relator contra la Tortura de la ONU) me inclino a pensar que sí hay un grupo dentro del gobierno federal que contempla la idea de que se protegerá más al presidente si dejamos de recibir visitas internacionales.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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