Por Gregorio Vidal/Latinoamérica21

En julio de 2022 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una variación anualizada de 8.15 por ciento, la mayor en México en el siglo XXI. Los incrementos de los productos presentan notables diferencias, tanto entre los precios con alta volatilidad como los que registran comportamientos estacionales o dependen de medidas administrativas por cuenta de los gobiernos, como por el resto de los bienes y servicios. El aumento de productos de diversas ramas económicas es una característica de los procesos inflacionarios. Esto, debido a que la capacidad para fijar precios entre las diversas actividades económicas es notablemente diferente.

La inflación está presente en muchas economías. En Estados Unidos el aumento anualizado fue de 8.5 por ciento al mes de julio, mientras que en la zona del euro, el INPC tuvo un incremento anual de 8.6 por ciento. Y es que los intercambios entre las economías la alimentan. El ejemplo global más notable es el comportamiento de los precios del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las gasolinas.

Los precios en estas actividades, con mercados de futuros con cuantiosas colocaciones financieras registran notables incrementos que se han acentuado debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios de los granos básicos también tienen alzas importantes, que también se vincula al conflicto bélico. Hay otros hechos que atienden a las condiciones de producción derivadas de la pandemia y que siguen influyendo en el aumento de precios como la producción y comercialización de los semiconductores (microchips). En América del Norte este es un problema que tiene mayor complejidad debido al recrudecimiento de las diferencias entre Estados Unidos y China.

En México, frente a este complejo escenario, se han tomado medidas para enfrentar la inflación en dos frentes. Por un lado, desde hace meses y considerando que el aumento del INPC es resultado de incrementos de demanda que incluyen un exceso de crédito o por lo menos un nivel notablemente inadecuado de la tasa de interés, el banco central ha estado incrementando la tasa de interés interbancaria a un día (tasa de referencia).

En diciembre el Banco de México decidió incrementar un 0.5 por ciento y posteriormente se realizaron aumentos semejantes. En junio y agosto se aplicó un alza de 75 puntos base en cada caso, situando la tasa de referencia en 8.5 por ciento. La Junta de Gobierno del banco central considera que esta acción de política monetaria es imprescindible para lograr que la trayectoria de la inflación converja con la meta de 3 por ciento en el primer trimestre de 2024.

El alza en la tasa de referencia implica un aumento en las tasas de interés de títulos de deuda pública como los Certificados de la Tesorería. En noviembre de 2021 el rendimiento promedio mensual de estos a 28 días fue de 5.05 por ciento. Para marzo fue de 6.31 por ciento, en julio llegó a 7.76 por ciento, mientras los CETES a 91 días pagaron 8.53 por ciento.

Las diversas actividades económicas están siendo afectadas de forma desigual, y como resultado de estas medidas, muchas de ellas de forma negativa. Además, persiste el diferencial con la tasa de referencia en Estados Unidos que es un dato para que los no residentes mantengan su tenencia de títulos de deuda en el mercado en México.

El Gobierno federal, en una dirección distinta, decidió en mayo ejecutar el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que considera la producción, distribución y comercio exterior y otras medidas, e involucra a sectores empresariales y de la sociedad. El gobierno federal estima sus aportaciones en 1.4 por ciento del PIB. Destacan los subsidios al precio de las gasolinas, a la electricidad de uso doméstico y un conjunto de acciones que buscan avanzar en la seguridad alimentaria.

La parte medular de la acción del gobierno considera programas como Sembrando Vida o Producción para el Bienestar. Por ejemplo, el Programa de Fertilizantes implica la entrega a productores con actividad agropecuaria de pequeña escala. Las entidades federativas seleccionadas son Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala y los cultivos prioritarios: maíz, frijol, arroz y otros de alto impacto social o económico en la región.

El gobierno apoya mantenido tarifas y peajes y ha realizado mejoras en la administración de aduanas y puertos marítimos, y eliminando temporalmente aranceles a la importación de productos básicos e insumos estratégicos. También se concertó con empresas productoras y comercializadoras un grupo de 24 productos que forman parte de la canasta básica para que tuvieran menores incrementos.

En julio, durante la presentación de la evaluación del programa, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo que su ejecución evitó una mayor inflación que según sus estimaciones hubiese estado por encima de 10 por ciento. Los resultados en incremento en la producción de granos básicos, como en la producción de gasolinas y manejo diferente de la generación de electricidad no se alcanzarán en el año en curso.

Por otro lado, los mayores incrementos se han dado en productos agropecuarios (16.05 por ciento) y en alimentos, bebidas y tabaco (12.09 por ciento). Entre los menores incrementos están los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, con 4.76 por ciento; y vivienda y educación (colegiaturas) con 4.9 por ciento.

Los precios de los energéticos han implicado un menor incremento del INPC. Sin embargo, la estrategia aplicada por el gobierno federal no ha tenido un resultado semejante en los precios de alimentos. Tampoco se observan otras acciones del gobierno federal que en lo inmediato permitan disminuir las tensiones inflacionarias. Además, la inversión continúa estancada y las medidas tomadas por el banco central no han generado condiciones para que se modifique su desempeño.

Finalmente, si bien algunos sectores seguirán recibiendo transferencias desde el gobierno, las negociaciones salariales están teniendo incrementos equivalentes o por debajo del aumento del INPC y no hay nuevos proyectos de inversión que modifiquen favorablemente las condiciones de la ocupación y de las remuneraciones. Para la mayor parte de la población no se esperan buenas noticias en el corto plazo.

Gregorio Vidal es profesor e investigador titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa (Ciudad de México). Coordinador del Programa Universitario de Investigación Integración en las Américas. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.

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