El Decreto de Nuevo León promulgado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador este 29 de julio para mitigar el impacto de la extrema sequía en este estado, representa un primer paso hacia un futuro postneoliberal al priorizar el agua como bien común de la población en el territorio reconocido por la Constitución por encima del esquema privatizante y excluyente de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

El decreto se basa en el reconocimiento del derecho humano al agua logrado en la reforma al 4º artículo Constitucional del 8 de febrero de 2012, y en la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que afirma: “el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”, por lo que “el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.

Más importante aún, el Decreto se basa en el artículo 27 constitucional al ordenar que “se aproveche temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados, destinados para usos distintos del doméstico y del público urbano”.

Así el Ejecutivo lanza un primer golpe contra la Ley de Aguas Nacionales salinista, la cual junto con la Ley Agraria, la Ley Minera, la Ley Forestal y las contrarreformas al artículo 27 constitucional, sentaron las bases para la privatización de los recursos de la Nación. Bajo la LAN se repartieron las aguas de la Nación, principalmente a grandes concesionarios, de tal modo que hoy en día casi la mitad de los acuíferos y cuencas del país no cuentan ni siquiera con la disponibilidad requerida para cumplir con los derechos de ciudades sin acceso, pueblos indígenas, de comunidades marginadas, de núcleos agrarios y pueblos originarios.

La LAN, y la industria de abogados “coyote” que han surgido en torno a ella, han tratado los “derechos adquiridos” por los concesionarios como si fueran equivalentes a la propiedad. Sin embargo, una concesión no es más que un permiso condicionado y temporal, otorgado por el Estado, y, como dice el Decreto, sin la garantía de la entrega del total del volumen concesionado. El agua es de la nación y constitucionalmente su distribución siempre debe respetar el bien público sobre el interés privado.

Al exigir que se obtengan volúmenes de particulares para cumplir con volúmenes para consumo humano, este Decreto del Ejecutivo está abriendo un camino que el Poder Legislativo se ha rehusado reiteradamente a hacer, incumpliendo así con el mandato constitucional y la sentencia de la SCJN del 24 de enero, de contar con una Ley General de Aguas en el pasado período de sesiones de febrero a abril, que garantizara el acceso equitativo y sustentable, a través de la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.

El Decreto de Nuevo León nos abre una puerta al futuro postmercado, pero sin contar con los instrumentos que la Ley General de Aguas nos tendrá que dar: ¿cómo se va a determinar los volúmenes a obtener, de cuáles concesionarios? ¿Cómo se va a negociar los ajustes a las concesiones? Sobre todo: ¿Qué hacer frente a una crisis que no se confinará a Nuevo León ni a un plazo corto?

Al estar acercándonos aceleradamente a una crisis hídrica tamaño Titanic en el norte y centro del país, celebramos que el Presidente haya lanzado un primer bote de salvavidas. Sin embargo, nos preguntamos: ¿se podrá arreglar con decretos Presidenciales la ausencia de una Ley General de Aguas que, como exige la Constitución, enfrente el sobreconcesionamiento y el acaparamiento que tanto sufrimiento, enfermedad y muerte nos genera?

Sobre todo, nos preocupa profundamente la insistencia por parte de los presidentes de las comisiones de recursos hidráulicos en ambas cámaras en aprobar una escueta “Ley de Aguas”, para dejar intacto el sistema de concesiones establecido por la LAN. El Decreto de Nuevo León es un paso absolutamente necesario, pero de ninguna manera suficiente.

Se requiere reemplazar ésta legislación a la que nos ató el salinismo y reemplazarla con una Ley General de Aguas que provea los instrumentos requeridos para garantizar el acceso a todas y todos los mexicanos al agua de calidad que necesitamos, en equilibrio con nuestra fuente de vida: la naturaleza y con participación de quienes estamos dispuestos de ser corresponsables desde la ciudadanía frente a las crecientes crisis del agua en todo el país.

Pedro Moctezuma

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Coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida

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