Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– La Comisión Mesoamericana de Juristas, con el respaldo de 40 organizaciones civiles, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la constitucionalidad de la detención de migrantes en las estaciones migratorias y la existencia de puntos de revisión en el interior del país.
Entre los firmantes de esta petición están: Sin Fronteras, Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), Movimiento Mesoamericano, Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Fray Raúl Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo, el padre Pedro Pantoja, de Belén Casa del Migrante, y el padre Alejandro Solalinde del albergue Hermanos en el Camino.
De octubre de 2013 hasta junio de 2014, más de 51 mil menores de edad han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza, de los cuales, 12 mil 146 eran de nacionalidad mexicana. Las estadísticas oficiales mexicanas muestran que en el primer trimestre de 2014 devolvieron a casi mil 600 niñas y niños centroamericanos no acompañados, y recibieron mil 724 niñas y niños mexicanos no acompañados repatriados por EU.
Se estima que de continuar este comportamiento, al finalizar el año el número de niñez migrante no acompañada o separada ascendería a 6 mil 400 que serían devueltos a Centroamérica, es decir, un incremento mayor al 50 por ciento comparada con el año 2012, que en total fue de 4 mil 92.
En este contexto, las organizaciones civiles, presentaron el recurso “de apertura de expediente” ante la oficialía de partes del Máximo Tribunal de con el propósito de que los ministros abran un expediente y emitan una resolución declarativa “que elimine la incertidumbre y establezca una interpretación correcta de la Ley de Migración”.
José Antonio Guevara y Santiago Corcuera, quienes representan a esta asociación civil, dijeron que buscan que el Estado mexicano garantice las condiciones para que “todas las personas migrantes ejerzan los mismos derechos que cualquier ciudadano”.
En entrevista con reporteros, comentaron que el recurso no se trata de un amparo, porque para ello hubieran necesitado que un migrante presentara una demanda, porque eso victimizaría a una persona que de por sí ya es víctima.
“Pretendemos que con esta acción declarativa se elimine la incertidumbre y se establezca una interpretación correcta de la ley de Migración y que permita garantizar las condiciones para que los migrantes ejerzan los mismos derechos que cualquier ciudadano”, explicó Corcuera.
