Ciudad de México, 1 de julio. (SinEmbargo).- El Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, atribuyó hoy a la mayoría priísta en el Congreso de Baja California la acusación que el presidente del Congreso local, Gregorio Carranza Hernández, del Partido Nueva Alianza (PANAL), presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el presunto desvío de mil 350 millones de pesos en recursos del gobierno de esa entidad para beneficiar al PAN.
Cuestionado al respecto durante la conferencia donde presentó la última actualización del Semáforo de Contingencia Electoral, el dirigente panista dijo que la denuncia fue presentada “para emparejar el marcador mediáticamente”, luego de que el PAN ha denunciado que el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, tiene diversas propiedades, tanto en México como en California, Estados Unidos
Madero pidió a las autoridades federales y estatales entrar al fondo de las denuncias, 67 presentadas por su partido, informar y resolverlas completamente, “incluyendo ésta”, en referencia a la del desvío en Baja California
Hoy el legislador Carranza Hernández entregó el recurso correspondiente ante la Oficialía de Partes de la Fepade contra lo que llamó “la ruta del fraude” o el “Plan Baja Azul”, para supuestamente inducir el voto en favor del PAN en los comicios del domingo 7 de julio.
De acuerdo con Carranza Hernández, la denuncia es un mandato de la mayoría de los diputados del Congreso local, que tiene sustento en el testimonio de personas que participaron en esta estrategia. En ella se responsabiliza, principalmente, al secretario general de Gobierno de la entidad, Francisco García Burgos, sin descartar la participación del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán porque es “el jefe del estado”, asienta.
Según expuso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, desde diciembre de 2011 se diseñó la estrategia para inducir el voto a favor de los candidatos panistas, y en especial el aspirante a la gubernatura, Francisco Vega de Lamadrid.
En su dicho explicó que se realizaría a través de las secretarías de Educación Pública, Finanzas, Desarrollo Económico y Salud del estado, entre otras, y la detección de unos 600 funcionarios o comisionados del gobierno estatal en los distintos distritos electorales, para convertirlos en operadores electorales.
Con los recursos públicos desviados, que a la fecha sumarían unos mil 350 millones de pesos, además de la contratación de personal, se habría instalado un call center en Mexicali y habilitado diversos centros de captura en instituciones de educación pública del estado.
Carranza Hernández es representante del PANAL, partido que forma parte de la alianza “Unidos por California, junto con los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Estatal de Baja California.
