Con la misma facilidad con que hace más de quince años, diputados de todos los partidos políticos aprobaron la creación de la figura del arraigo dentro de una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, elevaron la herramienta jurídica incluyéndola –esto en 2008– en la Constitución Mexicana; hoy día legisladores de todos los partidos, redujeron los días de arraigo de 80 (40 más una ampliación de 40 días), a 20 días con una ampliación que no puede sobrepasar los 35 días en total.

Esa decisión se tomó el día de ayer en la Cámara de Diputados con 389 votos a favor. Los legisladores reformaron el artículo 16 de la Constitución Mexicana para disminuir la cantidad de días en que una persona que se presume inocente, sin cargos, ni señalamientos, ni pruebas en su contra, pueda permanecer retenida –arraigada– para que las autoridades ministeriales investiguen y entonces tengan elementos para declararlo culpable.

Las decisiones de los diputados están sujetas a las decisiones de los mandatarios. Cuando en 1996 se incluye por primera ocasión el arraigo en materia de persecución del crimen organizado, los legisladores atendieron la sugerencia/orden del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. La figura se mantuvo sin movimiento hasta que llegó Felipe Calderón Hinojosa como ejecutivo nacional. Entonces y dentro de su limitada estrategia para combatir el mismo problema de la inseguridad de alto impacto producto del narcotráfico y la delincuencia organizada, pidió a las Cámaras, y le fue concedido, primero, que el arraigo se inscribiera en la Constitución, y después, la ampliación a 40 días con igual número en una ampliación. Con 80 días en total el arraigo mexicano se convirtió en uno de los más largos de nación alguna y en la muestra máxima de la incapacidad del Ministerio Público para investigar y de las Procuradurías para procurar justicia.

Hoy, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, ahí van los diputados a recular una vez más. El arraigo ya no será de 40 días con un máximo de 80, sino de 20 y con una ampliación que no sobrepase los 35 días. Esto se supone que de alguna manera se adecuará a la estrategia de combate al crimen organizado y el narcotráfico, y de procuración de justicia de este nuevo gobierno priista, y de la cual poco conocemos los mexicanos todos.

Los diputados actuaron en esa medida, y es preciso referir la parte del costo y la responsabilidad de los legisladores porque muchos, por lo menos el presidente de la Cámara de Diputados, don Francisco Arroyo Vieria, conoce bien el tema y ha estado presente en el mismo. Cuando en 1996 el Presidente Zedillo pidió la creación del arraigo, Arroyo era Senador de la República, lo mismo que fue de 2006 a 2012 cuando Calderón solicitó las modificaciones, y hoy cuando Peña lo requiere, funge como Diputado local. Como él hay varios.

La no confrontación de las distintas ideologías representadas en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, para discutir, analizar y sopesar las propuestas del Ejecutivo o de los partidos políticos tratándose de modificaciones para complementar la estrategia de combate a la inseguridad, hace ver al Estado mexicano como un asunto de personas y no de instituciones.

Ciertamente, organismos –más internacionales que nacionales– han solicitado desde la creación misma del arraigo su desaparición, o mínimo la disminución de días en que una persona no encontrada culpable en las primeras 72 horas debe permanecer recluida sólo para darle tiempo a la autoridad de probar culpabilidad. El sistema mexicano no es como la norma de los internacionales donde el principio de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad es la premisa principal. Acá, debido en gran medida a la deficiencia en materia de investigación, análisis, investigación forense, científica y ministerial, padecen nuestras autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Entonces tenemos una mayor inseguridad, una mayor corrupción y un mayor número de días en el arraigo. Sin embargo, a escasos cinco meses de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, los legisladores actuaron en su parte sin exigir que la Procuraduría General de la República hubiese cambiado para poder entonces sí, adecuar las leyes de la constitución.

Los mexicanos seguimos sumergidos en una terrible e impactante inseguridad. Las instituciones y las corporaciones siguen inmersas en niveles de corrupción, dado que no ha habido limpia alguna, ni transparentes son los casos de investigación al respecto, y la procuración de justicia se ha centrado más en deshacer los casos del sexenio anterior que en armar los propios.

Persisten las ejecuciones, subsisten los cárteles, se mantiene la corrupción en el Estado mexicano, pero los diputados decidieron que disminuir el arraigo es el primer paso para iniciar el cambio de estrategia. El Ministerio Público federal, como en muchos estados el local, adolece de herramientas científicas para investigar, de capacitación no sólo técnica, sino académica y legal para analizar la información producto de las investigaciones, y este en el mejor de los casos y pensando que se trata de elementos que no están corrompidos por los criminales.

Entonces, en lugar de primero hacer la limpia, la renovación, la reingeniería interna o como la quieran llamar en este gobierno, van al tema del marco jurídico –así como muchos legisladores han votado en todas las modificaciones, muchos ministerios públicos y agentes ministeriales han estado en todas las administraciones–. Pero el problema no es el marco jurídico, el problema son las personas, la ausencia de liderazgos para hacer valer la ley, para aplicar la justicia a todos por igual y de manera respetuosa en el proceso para evitar la necesidad de arraigos, no de 40 días sino de 20 que siguen siendo muchos para mantener a inocentes aprisionados en casas de seguridad y arraigos.

Los diputados, una vez más, complacen al gobierno sin exigir una transformación de fondo que respete la Constitución y el marco legal. De plano ya no se sabe de lado de quién están los representantes del pueblo.

Adela Navarro Bello

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