Hoy me viene a la mente la frase utilizada hasta el cansancio en los spots y en general en todo comunicado, oficio o documento con carácter oficial de alguna Secretaría de Estado que maneje recursos públicos del gobierno federal.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
Esta frase deriva de la obligación de incluir la leyenda misma que se estableció por el año 2004 en la Ley General de Desarrollo Social, años más tarde surgió bajo la leyenda:
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
Haciendo clara referencia a cualquier programa que utiliza recursos públicos y que generalmente están destinados al apoyo social hacia los más desfavorecidos, a sectores con alguna vulnerabilidad, Sedesol, Economía, el extinto Fonaes ahora Inaes, o los más recientes programas de la Secretaría de Desarrollo Social –Cruzada contra el Hambre, Oportunidades, Piso Digno, Setenta y cinco y más por mencionar algunos–.
En sentido estricto, la implementación de esta disposición versa fundamentalmente como un inhibidor de prácticas antidemocráticas, es decir, que sea utilizado con fines electorales, algo que en nuestro país difícilmente sucede verdad…
Tristemente hoy en día somos visores de cómo el gobierno federal del color y filiación política que se quiera usted imaginar sea rojo, azul o amarillo, pasando por los gobiernos estatales y llegando incluso a operar a nivel municipal, fundan sus acciones con base en la intimidación condicionando los apoyos y beneficios de los programas públicos con fines electorales, utilizando estos niveles de gobierno como enlaces y operadores electorales.
La Constitución general en sus artículos 41 y 134 distingue entre dos tipos fundamentales de actos de expresión: el que conocemos como propaganda gubernamental que se define como aquella que difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y por otro lado la propaganda política que va dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.
Durante el proceso electoral o lo que se conoce como la veda electoral, los recursos federales en su procedimiento de entrega quedan en la congeladora por decirlo de alguna manera, pero me pregunto qué más da, si durante los meses anteriores al inicio de las campañas electorales se ha burlado la disposición legal a diestra y siniestra.
Es en este punto medular donde regresamos al verdadero origen del mal en México, la Ilegalidad, en que no se procura justicia, ese es nuestro verdadero problema, en que la ley se hizo para darle la vuelta, en donde siempre pagan justos por pecadores, en donde al más pobre se le utiliza como un número más electoralmente hablando, cuando en realidad son los políticos y los malos servidores públicos a quienes se les debería de tratar como un número, pero no un número electoral, sino un número de reo.
¿En dónde queda la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos? Se sancionará al funcionario público que por distracción, error o por descuido se olvide de presentar su declaración patrimonial, pero para aquellos que juegan con la necesidad de la gente, aquellos que se burlan de las instituciones, aquellos que utilizan a la administración pública como caja chica, como juguete nuevo, como un medio para obtener riquezas, canonjías y privilegios, sí, a ellos la ley nunca llegará a juzgarles.
Dicen que la culpa no es del indio sino de quien lo hizo compadre, y en efecto la culpa es de los ciudadanos que no exigimos, que no reclamamos, que sólo contemplamos los atropellos, que seguimos creyendo ciegamente en nuestras instituciones, pero ¿qué podemos esperar si todo se ha gestado desde la base en materia electoral todo está controlado, desde los cargos de consejeros electorales que son propuestas y cuotas de los partidos políticos, cuando en realidad deberían de ser sujetos en estricto apartidistas y representantes de la ciudadanía?
Los programas del gobierno son carnada electorera, las delegaciones en los estados son sucursales de los partidos políticos, las estructuras de los partidos se encuentran en las entrañas de la administración en los tres niveles de gobierno, las leyes están redactadas a modo para poder darles la vuelta, campañas, precampañas, topes y gastos de campañas, todo lleva la mano de quien mece la cuna. Vamos, hay partidos que se dan el lujo y descaro de comprobar artículos de deportes acuáticos como gastos de partido por increíble que resulte.
La aparición de nuevos partidos que sólo buscan dinero fácil con estructuras fantasmas, pero con un conocimiento de los requisitos legales a la perfección, candidaturas a fines a los intereses familiares y partidarios, apoyo y aportación de recursos de campañas por parte de grupos de la delincuencia organizada, esa es nuestra mafia electoral, nuestra democracia si es que se le puede llamar así es de las más caras del planeta y pienso que el burlarse de la necesidad de millones de mexicanos y de la ignorancia de algunos, no se le puede decir que es democrático. Nos vemos la próxima semana…
