Unos 560 vecinos de San Fernando, Chiapas, denunciaron ante la Profepa que la planta de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos que está asentada en la zona se encuentra dentro de un área natural protegida; que sus trabajadores depositan bolsas de basura con residuos peligrosos en los contenedores de las colonias; y no cuenta con la reglamentación adecuada que determinara el impacto ambiental al suelo, subsuelo y aire que realizan al operar.
Sin embargo, alertaron, la Profepa resolvió que “el procedimiento administrativo [tuvo como] resultado una sanción administrativa; sin embargo no amerita ningún otro tipo de sanción más que la que se impuso”.
Por Andrés Domínguez
Chiapas, 1 de abril (Chiapas Paralelo/SinEmbargo).- Habitantes de las colonias San Fernando, 16 de septiembre, Viva Cárdenas, Álvaro Obregón, El Canelo, Ribera El Limón, Don Ventura y San Antonio del municipio de San Fernando, denunciaron al Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, José Ever Espinoza Chirino, por extralimitar sus funciones y no realizar una investigación exhaustiva de la contaminación, y en su caso afectación, que emite una planta de tratamiento de residuos peligrosos cercana a sus viviendas.
La empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A de C.V” construyó una planta de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) dentro del área natural protegida “Viva Allende”. Su ubicación se encuentra a 1.5 kilómetros al este de la localidad 16 de septiembre con una población de 1020 habitantes y a 1.4 kilómetros al norte en la localidad de Viva Cárdenas con una población de 1431 habitantes, estas dos características incurren en violaciones ambientales a nivel federal.
Los vecinos de las ocho colonias han denunciado a diferentes autoridades ambientales las faltas en las que opera la “Planta Integral de Tratamiento de Residuos Peligrosos JB”, nombre oficial de la planta. Sin embargo, en una reciente respuesta, la Profepa manifestó que después de haber evaluado las pruebas, lo único que ameritaba era una sanción administrativa.
CONSTRUYERON LA PLANTA SIN AVISO
Más de 560 vecinos expusieron que dicha planta fue construida sin ninguna notificación. Además, en febrero de 2018, detectaron que comenzaron a operar por un horno, cuyo olor era fétido. Asimismo, se dieron cuenta de que empleados depositaban bolsas de basura con residuos peligrosos dentro de los contenedores de las colonias.
Ante esto, los habitantes comenzaron investigar respecto de la operación de la Planta Integral, donde descubrieron a través de solicitudes que no contaban con la reglamentación adecuada que determinara el impacto ambiental al suelo, subsuelo y aire que realizan al operar.
Cabe señalar, que la misma Profepa acreditó las violaciones que actualmente mantiene la planta. La primera: estar dentro del área natural protegida, delito localizado en el numeral 4.2.1.2 de la NOM-055-SEMARNAT-2003 (Pág. 8). En segunda, operar en una distancia menor a cinco kilómetros de establecimientos con población mayor a 1000 personas, vigente en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en párrafo segundo del Art. 65 (Pág. 26).
El pasado 3 de marzo, la Profepa notificó de la resolución presentada sobre este caso:
“La autoridad ambiental dentro de sus atribuciones se encuentra vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental, procurando el cumplimento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos (…) por lo que esta delegaciones el ámbito de su competencia substanció el procedimiento administrativo el cual fue resultado con una sanción administrativa; sin embargo con las infracciones incurridas, no amerita ningún otro tipo de sanción más que la que se impuso”.
Ante esta resolución, los habitantes rechazaron dicho dictamen por parecerles incongruente. Ya que mencionan, que la empresa opera en flagrancia, hecho documentado con pruebas y fundamentación legal.
Indicaron que en una primera visita la Profepa llegó a la empresa y no detectó ninguna irregularidad, sin embargo, después de la documentación que lograron tener los vecinos con evidencias de operatividad por fuera de las normas establecidas, esta delegación federal volvió a llegar y solo dictó una sanción administrativa.
Cabe señalar, que durante el 2018 y lo que va de este 2019, los vecinos han acudido a procedimientos jurídicos ante Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas y la Secretaria de Áreas Naturales Protegidas (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, esta última es la que tiene la facultad de atracción mayor para realizar acciones frente a la empresa.
Asimismo, con este dictamen, deslinda de la responsabilidad a la Profepa, para conferírsela al Ayuntamiento Municipal de San Fernando; quien el pasado mes de septiembre, logró una clausura temporal, pero en menos de 24 horas los empleados rompieron los ellos y continuaron con sus operaciones hasta el día de hoy.
“Hay una clara omisión de los peritajes, con esta resolución transfiere toda la responsabilidad a los ciudadanos, cuando debe ser la Profepa, quien debería investigar (…) No sabemos si es por omisión, dolo o ineptitud, no existe un peritaje, por tanto, dicha autoridad se extralimita en sus funciones ya que su objetivo es cumplir la ley no interpretarla” afirmó Manuel Balcázar, representante vecinal.
Además, señalaron que esta empresa cuenta con un socio oriundo de Comitán, municipio donde José Ever Espinoza Chirino fungió como director de la policía municipal, asimismo, el ex delegado de la Profepa, Jorge Constantino Kanter, era de ahí.
Balcázar manifestó que la resolución visibiliza una total incompetencia de las autoridades por salvaguardar el cuidado del ambiente y la salud de la población. Por tanto, levantaron una denuncia ante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), a través de la Semarnat, para que dé cuenta de la negligencia y omisión con la que actúa el actual delegado respecto a las operaciones de esta empresa.
Respecto a una de las resoluciones, donde la Profepa presenta como prueba la palabra del titular de la empresa, indica:
“La obligación de Profepa es hacer una investigación, no preguntar a las partes, porque nos iríamos a lo que dice la empresa confrontándolo con la población. Por esto, corresponde a la ley, hacer las diligencias pertinentes, incluidos los peritajes, pero no lo solicita” añadió Balcázar.
EMPRESA FAVORECIDA
El 26 de febrero, personal de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtla Gutiérrez, acompañado de representantes de la Profepa y empleados de la empresa logística de transportación y comunicación JB (autorizada para el transporte de residuos peligrosos biológicos infecciosos -RPBI–), recuperaron seis kilos de tubos de ensayo con sangre en su interior abandonados en un río de Cintalapa.
Sin embargo, la recolección del material peligroso fue por fuera de las normatividades establecidas, ya que fue recogida por un vehículo de 3 toneladas, con logos que advierten el traslado de material peligroso, pero una foto confirma que el chofer de la unidad no cuenta con el mínimo de equipo de protección para recogerlo, además, el material acumulado dentro de bolsas negras de basura.
Los vecinos aseguran que fueron estas mismas unidades las cuales vieron que tiraban la basura de sus residuos peligrosos, biológicos e infecciosos.
“Llama la atención que estos mismos camiones son lo que nosotros vimos en enero del año pasado tirando basura en bolsas negras dentro de nuestras colonias” señaló Balcázar.
Finalmente, los vecinos explicaron que Profepa niega que la empresa realice destrucción del material, pero no se han presentado las bitácoras de actividades que documentan las operaciones de la empresa.
Por tanto, indicaron que seguirán con este proceso de denuncia e inclusive llegaran a autoridades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de que se les salvaguarde sus derechos a la salud y un medio ambiente libre de contaminación.
