En Yucatán, como en buena parte de México, el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI es desde hace varios años obstaculizado por el persistente muro constituido por grupos antiderechos y por sus aliados políticos. En este escenario, el reconocimiento de derechos como los implicados en el matrimonio igualitario, a diferencia de lo sucedido en los vecinos Campeche y Quintana Roo, no ha podido materializarse. Sin embargo, aunque el muro antiderechos yucateco sigue actualmente en pie, el debilitamiento de sus cimientos y las cuarteaduras en su superficie son palpables. Y nunca sus fracturas o fisuras habían sido tan evidentes como en las últimas dos semanas.

Empecemos describiendo la más reciente manifestación de este muro antiderechos. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario en México, el Congreso de Yucatán ha tenido suficientes ocasiones para modificar las leyes locales y para despojarlas finalmente de los elementos inconstitucionales y discriminatorios que persisten en este sentido. Sin embargo, los principales partidos en Yucatán se han cansado de evitar el tema y se han rehusado a escuchar a grupos defensores de derechos humanos. En los últimos días, las personas que coordinan las tres bancadas más importantes -Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Felipe Cervera Hernández (PRI) y Miguel Candila Noh (Morena)- incluso han declarado a la prensa que es necesario consultar a los electores o revisar los niveles de aprobación popular antes de reconocer plenamente el matrimonio igualitario, mostrando así su ignorancia supina en materia de derechos humanos y su apoyo directo o indirecto al muro antiderechos [1].

Hasta hace diez años posiciones o declaraciones de esta naturaleza habrían resultado inconsecuentes. Por ejemplo, la iniciativa formulada en 2008 por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos para reformar el marco jurídico de Yucatán con el fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo[2] fue desechada por el Congreso local sin mayores consideraciones o reflexiones. Sin embargo, en 2019 el muro antiderechos se tambalea impactado por dos fenómenos relativamente recientes.

(1) El primero es el surgimiento de nuevas organizaciones y colectivos proderechos que, integradas principalmente por activistas jóvenes, han aparecido con decisión en la arena política. Así, tan sólo la semana pasada un grupo plural conformado por activistas, periodistas, estudiantes o empresarios -entre otros- decidió firmar una carta de auxilio que se mandó a organizaciones como la ONU, la CIDH, el Conapred o la CNDH para que se posicionen y evidencien lo inconstitucional y discriminatorio del Congreso de Yucatán; es decir, para que ayuden a derrumbar lo que queda del muro antiderechos. De este esfuerzo surgió el Colectivo por la Defensa de Todas las Familias,grupo que ofreció una rueda de prensa donde presentó un documento fijando su repudio a la posición del Congreso y afirmando que “las familias necesitan ser protegidas y no pueden esperar más tiempo.”[3] Estos eventos incluso aparecieron en medios nacionales, como Aristegui Noticias o Proceso. Desde entonces, pronunciamientos similares han venido de otras organizaciones locales – como Más Derechos Humanos- y de un buen número de personas -principalmente jóvenes- en redes sociales.

 Vale la pena subrayar que este ímpetu contrasta con lo que ocurre en los grupos antiderechos. Y es que mientras estos últimos son básicamente los mismos y están integrados por las mismas personas que hace diez años, los grupos proderechos florecen o se renuevan. A ello hay que organizaciones referentes en defensa de derechos humanos en ese estado -como Indignación, el Unasse o Cessex– persisten en sus esfuerzos por derribar el muro antiderechos. Por ejemplo, hace unos días estas organizaciones dieron a conocer que la SCJN concluyó en un proyecto que el Congreso del Estado de Yucatán ha vulnerado la igualdad y el derecho a la no discriminación al excluir a personas del mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio.

(2) El segundo fenómeno reciente con que se ha topado la posición anticonstitucional y discriminatoria del Congreso de Yucatán y de sus aliados antiderechos tiene que ver con la prensa local. Ante los esfuerzos de los grupos proderechos, la reacción de Diario de Yucatán -sin duda el medio líder y el más influyente en ese estado- ha sido sensible, positiva e inteligente. Además, medios y un grupo de periodistas jóvenes y cada vez más visibles han cubierto y sabido dar un enfoque de derechos humanos a esta discusión. El resultado es que los grupos antiderechos se han topado con un torrente de artículos, notas o reportajes que exhiben con claridad su naturaleza. Es decir, directa o indirectamente la prensa local -con conocidas excepciones, como Grupo Sipse- parece haber decidido darle la espalda a posiciones anticonstitucionales o discriminatorias.

El muro antiderechos yucateco tiene sus horas contadas. Y sus integrantes parecen percatarse de que algo ha cambiado radicalmente. Y es que sin la desesperación derivada de los dos puntos anteriores sería difícil explicar por qué algunos de sus integrantes han cometido al menos dos errores fundamentales:

(a) El primero tiene que ver con la estrategia de comunicación de los grupos ultraconservadores locales. El discurso de estos grupos ya no pasa primordialmente por cuestionar si el matrimonio igualitario es un derecho humano, sino que busca asociar el término “derechos humanos” con la caricatura de teoría de conspiración que llaman ideología de género. Es decir, al carajo con la ONU, la OMS, la CIDH, las instituciones académicas más prestigiadas y demás organizaciones expertas.

A ello hay que sumar que, por una parte, los voceros antiderechos en redes sociales son mucho más duros que en ocasiones anteriores, mientras que, por la otra, los dirigentes de estos grupos son cada vez más reticentes a posicionarse abiertamente contra los derechos LGBTI. En pocas palabras, los grupos antiderechos se han enredado en el discurso y han decidido dejar libres a sus versiones más rupestres e impresentables.

Así, grupos ultraconservadores locales circularon recientemente una petición colocada en la plataforma CitizenGo primordialmente por Whastapp o a través de redes vinculadas con organizaciones religiosas. De acuerdo con la prensa local, en esta petición -que el autor de esta columna no pudo encontrar en internet- se pueden leer cosas como: “Si el poder político vacía el concepto de matrimonio eliminando de su definición la complementariedad sexual y la posibilidad de fundar una familia, el único elemento relevante será tener una cama de dos plazas, cayendo en el absurdo de premiar las prácticas sexuales de los contrayentes”.

(b) El segundo error que revela las fracturas en el muro antiderechos fue cometido por el mismísimo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Miguel Sabido -sí; leyó usted bien-. Por increíble que pueda resultar, Sabido respondió a la pregunta de si los derechos humanos deben estar ligados a la aprobación popular afirmando que “ciertos temas sí deben ser sometidos a consulta”.[4] Que la Codhey apoye causas antiderechos es una contradicción catedralicia que puede sorprender a quienes no viven en Yucatán. Sin embargo, hay una explicación disponible para esta aberración: el consejo que integra la Codhey es nombrado por el Congreso local -el mismo que es liderado por personas que desconocen de derechos humanos, que fomentan la discriminación o que están dispuestas a aceptar lo inconstitucional-.

Para efectos de este análisis, lo importante es que la fuerza inusitada de organizaciones, activistas y periodistas podría haber orillado a que Sabido -voluntariamente o presionado por quienes le empujan – exhiba públicamente o su desconocimiento de derechos humanos o su discriminación explícita. Ante la nueva ola de críticas, la primera reacción fue sugerir que estábamos ante un caso de “fake news”; pero el periódico que publicó la nota –La Jornada Maya– afirma contar con los audios que la respaldan.

Con las fracturas en el muro antiderechos, el Congreso de Yucatán, sede de algunos de los ladrillos fundamentales en ese muro, tendrá que decidir en los próximos días si cambia la legislación local para que deje de discriminar a las personas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio. Dos cosas son ciertas: de una forma u otra, eventualmente las leyes serán modificadas en Yucatán para reconocer el matrimonio igualitario plenamente, y el derrumbe del muro antiderechos es inminente. Por ende, las diputadas y diputados locales tendrán que elegir si se derrumban con éste, o si deciden, de una vez y por todas, comenzar a respetar la constitución y a reconocer plenamente a todas las personas y a todos los derechos.

[1] https://www.yucatan.com.mx/editorial/dique-antiderechos

[2] https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=1973&id_opcion=406&op=448

[3] https://www.yucatan.com.mx/merida/colectivo-pide-que-se-legisle-en-pro-de-enlace-igualitario

[4] https://www.lajornadamaya.mx/2019-02-25/Algunos-temas-de-DH-deben-ser-sometidos-a-consulta–Codhey

Antonio Salgado Borge

https://www.sinembargo.mx/author/antoniosalgado

Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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