Entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche del martes, se publicaron tres textos sobre el supuesto financiamiento ilegal de la campaña de AMLO en 2006. El primero se publicó en Deutsche Welle por la periodista Anabel Hernández, el segundo por Steven Dudley en el portal InSight Crime. Por último, quizás el más relevante, es el que firma el periodista Tim Golden para ProPublica, una agencia de noticias independiente y famosa por su periodismo de investigación de alta calidad.

Con algunos matices, las tres historias cuentan lo mismo: un acto de supuesto financiamiento ilegal de la campaña de López Obrador en 2006. Los tres textos aseguran estar basados en “una docena de entrevistas”, todas ellas anónimas. No hay material gráfico ni pruebas. Sobran las preguntas y faltan afirmaciones contundentes. Empezamos mal.

En el centro del asunto está una investigación iniciada por agentes de la DEA en 2010 y que un Comité de Revisión de la agencia —siguiendo sus propios protocolos— decidió cerrar a finales de 2011. Los agentes pretendían seguir un puñado de pistas vagamente relacionadas y corromper a operadores del PRD para implicar a López Obrador en un caso de narcotráfico. Así es como se lee.

A cuatro meses de la elección en México, en lo que parece un acto de desagravio, los agentes implicados en aquel caso decidieron contar los orígenes y desarrollo de una investigación que no logró cuajar. En otras palabras: lo publicado es el relato de agentes de la DEA que pretenden ganar en un ciclo noticioso lo que no pudieron probar ante un fiscal o ante sus superiores. Es un acto de rabia. Un acto de rabia sincronizado.

No hay espacio para un resumen pormenorizado de los textos. Basta y sobra decir que la fuente central de la investigación de la DEA es Roberto López Nájera, abogado de los Beltrán Leyva, el grupo involucrado en el supuesto soborno. Su nombre clave es Jennifer. En 2010, Jennifer comenzó a trabajar con la DEA a cambio de protección y una iguala mensual. Su fama le precede a lo publicado esta semana: se trata de un “testigo protegido” utilizado desde hace años por fiscales en Estados Unidos para la fabricación de delitos. En muchas notas periodísticas publicadas entre 2010 y 2014, a Jennifer se le acusa de “agarrar hilos sueltos de información y convertirlos sobre la marcha en otra rama de su nido de falacia”. Basar una historia en su relato es un salto al vacío. Su credibilidad es nula.

Es verdad que Jennifer no es la única fuente, pero sí es la central. Sin ésta, se cae el caso. ¿Debe, por tanto, descreerse por completo de la historia? No del todo. Debe investigarse la posible colusión de ex colaboradores de López Obrador (y otros políticos) en presuntos actos de financiamiento ilegal. A las acusaciones periodísticas tendrán que responder, sin justificaciones y pretextos, Mauricio Soto y Nicolás Mollinedo (los presuntos implicados). Nada de justificaciones ni pretextos. De probarse, los corruptos deben ser castigados, así los hechos hayan sucedido hace 18 años. El dinero ilegal envilece la política. Y, a la larga, produce muchos muertos. Que la historia sea vieja no la hace menos relevante.

Dicho eso, es imposible no leer este episodio como una ofensiva de un sector de la DEA contra el gobierno de López Obrador. No hay otro modo de entender la forma y fondo en que se publicó la historia. Son múltiples los enojos que tiene la DEA contra el mandatario (todos ellos descritos, en su momento, por este columnista en este espacio): la decisión del presidente de regular la presencia de agentes extranjeros en México a través de la Ley de Seguridad Interior, la disolución de una de las Unidades de investigación Sensibles que operaba en México y, sobre todo, la defensa desde Palacio Nacional a Salvador Cienfuegos en el otoño de 2020. Cada una de esas acciones (entre otras) han enturbiado la relación entre el gobierno y agencia. La filtración de los agentes de la DEA a los tres periodistas es una venganza que pretende lastimar donde más duele: en la campaña electoral.

Termino. Con la filtración, la DEA enseña todas sus cartas y juega a la política en México.  Los periodistas que creyeron su historia —queriéndolo o no— decidieron empeñar su prestigio y credibilidad. Eso es lo de menos. Lo importante, al menos en el corto plazo, es que la campaña electoral en México estará más movida de lo previsto y al Norte del Río Bravo hay quienes pretenden agitarla todavía más. Que nadie crea que este asunto está terminado.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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