Activistas explicaron que la atención a la crisis de desaparición en México, así como a la crisis forense es aún una deuda que queda pendiente porque si bien hay avances legislativos y en la activación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación forense, las personas siguen desapareciendo y las que están desaparecidas siguen sin ser encontradas.
Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- México cierra el año 2022 con al menos 109 mil 321 personas reportadas como desaparecidas en el territorio nacional desde que se tiene registro. Jalisco es la entidad que ocupa el primer lugar con 15 mil 38 casos, seguido por Tamaulipas con 12 mil 12 mil 464 y el Estado de México con un total 11 mil 875.
Atender este fenómeno producto de la violencia que asola al país ha sido el reclamo constantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y principalmente de las madres buscadoras que han evidenciado la crisis que se vive en la materia, en la que en este año además se sumó otro factor que las pone a ellas en alerta y vulnerabilidad: el asesinato de las activistas.
Activistas en el tema de la desaparición explicaron a SinEmbargo que la atención a esta problemática y a la crisis forense es aún una deuda que queda pendiente porque si bien ha habido avances legislativos y en la activación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación forense, las personas siguen desapareciendo y las que están desaparecidas siguen sin ser encontradas.
“México sigue sumando adeudos. Estamos cerrando el año con más de 108 mil personas desaparecidas y aun cuando hay esfuerzos, la realidad es que no han parado de desaparecer personas, pero tampoco han encontrado a las personas, entonces sigue acumulándose las cifras y la falta de acción del Estado o de una acción efectiva”, explicó en entrevista Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MNDM).
Grace Fernández, quien busca a su hermano desaparecido Dan Jeremeel, destacó que los colectivos de búsqueda aun ven a las autoridades, como la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, “indolentes” y “pasivas”, en tanto que son los familiares quienes realizan la labor de búsqueda en el país, la cual, le corresponde al Estado mexicano.
“La Fiscalía sigue total y completamente ausente por no decir desaparecida tanto en los trabajos de búsqueda como en los de identificación y desafortunadamente no solamente las familias seguimos subsidiando el trabajo del Estado, sino que ahora se están enfrentando a los grupos criminales que son los que no quieren que no sigan buscando”, señaló.
Del total de las más de 109 mil personas desaparecidas, 81 mil 310 son hombres, es decir el 74.37 por ciento y al menos 27 mil 280 son mujeres, el 24.95 por ciento.
El año 2021 es el periodo que más registro de personas desaparecidas acumula con un total de 10 mil 412 casos, seguido del año 2019 con un total de 9 mil 254 registros. Sin embargo, hay una cifra de 16 mil 149 casos que están documentados sin año de registro, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
BUSCADORAS, LA VIDA EN RIESGO
Al menos cinco asesinatos de mujeres buscadoras o integrantes a colectivos se registraron a lo largo del año, cifra reconocida por la Secretaría de Seguridad y Protección Civil a través del subsecretario, Ricardo Mejía el pasado 17 de noviembre.
María Carmela Vázquez, quien buscaba a su hijo desaparecido, es el caso más reciente, registrado el pasado 6 de noviembre, en el municipio de Abasolo, Guanajuato.
Los casos registrados en el año en curso son: Ana Luisa Garduño, quien desde hace 10 años buscaba al presunto feminicida de su hija Ana Karen Huicochea, asesinada el 28 de enero en Temixco, Morelos; Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado, fue asesinada el 4 de octubre; Brenda Jazmín Beltrán, buscaba a su hermano desaparecido desde 2018 fue asesinada el domingo 17 de julio en Sonora, han generado indignación entre los colectivos.
En tanto que Rosario Lilián Rodríguez Barraza, quien buscaba a su hijo Fernando, fue secuestrada el 30 de agosto, en pleno Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, cuando fue subida por la fuerza a una camioneta cuando salía de una misa dedicada a su hijo cerca de las nueve de la noche. Su cuerpo fue localizado después sin vida.
Juan Carlos Gutiérrez, Director de la organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, explicó que la desaparición forzada en México aún constituye un gran reto en materia de Derechos Humanos en México, junto con la violencia de género, la violencia feminicida y la tortura.
“El tema de la desaparición sigue siendo una dinámica multicausal y que demuestra o refleja las multiplicidades de las violencias que azotan al país y especialmente el control del crimen organizado como agente protagónico en el fenómeno que además pone en riesgo la vida de las rastreadores”, expresó el experto.
El reclamo de la falta de apoyos también se ha generado desde los colectivos de personas desaparecidas que año con año organizan campamentos y acciones anuales de rastro de búsqueda. Este año, la VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Brigada Nacional o BNBPD) se realizó por segunda ocasión en el estado de Morelos, del 27 de noviembre al 09 de diciembre del año en curso, desde la cual denunciaron no solo la falta de sensibilización y ayuda por parte de las autoridades, sino el incumplimiento de sus funciones, pues en esta ocasión las madres rastreadoras tuvieron que interrumpir la búsqueda de fosas debido a un incidente.
“Durante las intervenciones, se registró un fuerte incidente de seguridad en el municipio de Huitzilac que obligó a la Brigada de Búsqueda a abandonar el sitio de búsqueda, sin la capacidad de retomarse durante el resto de la jornada debido a la imposibilidad de realizar un ejercicio de búsqueda seguro para las familias”, denunciaron las familias.
La Brigada de Búsqueda, que es un esfuerzo impulsado por más de 190 colectivos de 27 estados de la República mexicana, logró realizar rastreos y búsqueda de fosas clandestinas en los municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaltizapan, Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Huitzilac y Yautepec, en los cuales, lograron el hallazgo de 3 puntos positivos con restos óseos en superficie y una fosa clandestina con seis cuerpos en su interior, previo a ser amenazados y retirados por la inseguridad.
“A pesar de las dificultades enfrentadas, incluyendo el incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades federales y estatales en todos los aspectos relacionados con la Brigada Nacional, este séptimo ejercicio representó nuevamente logros hacia la búsqueda de personas desaparecidas y la construcción de paz en México”, explicaron.
SIMULACIÓN EN LOS APOYOS
Mientras que colectivos de madres, padres y familias que buscan a sus seres queridos padecen la falta de presupuesto para llevar a cabo estas labores que muchas veces son dejadas de lado por las autoridades, parte de los recursos que envía la federación se desperdician o no se ejercen como se mostró en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en Informe de la Cuenta Pública reveló que al menos nueve estados de la república no han ejercido en su totalidad los recursos que se destinaron en 2021, para la búsqueda de personas,
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública de la ASF los estados de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México reintegraron al menos 121 millones 721 mil 500 pesos, de los 581 millones 941 mil pesos que se transfirieron a 30 entidades federativas para realizar acciones para la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizada, es decir, que algunas entidades regresaron desde el 30.3 por ciento hasta al 100 por ciento del total ministrado a cada una.
Para las madres rastreadoras y colectivos de búsqueda el subejercicio evidenciado por la ASF muestra la insensibilidad de las autoridades, la falta de atención y prioridad para la búsqueda de personas desaparecidas, además de una falta de planeación en las acciones.
“Desgraciadamente las autoridades, las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías, el Gobierno federal y los gobiernos estatales ya están acostumbrados a que las madres buscadoras de los diferentes colectivos les hagamos el trabajo pesado, que es salir a campo con nuestros propios recursos y medios a buscar y a encontrar fosas”, relató Bibiana Mendoza, del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato Hasta Encontrarte.
“El no gastar estos recursos en la búsqueda de personas nos lastima profundamente a las familias, porque entre las familias nos ayudamos y nos apoyamos. De hecho acabamos de hacer un deposito de dinero que juntaron varias familias para apoyar a otra familia que busca a una joven”, detalló Martha Leticia García Cruz, quien busca a su hijo César Ulises Quintero García, desaparecido desde el 4 de agosto del 2017 en Jalisco.
(AP Foto/Eduardo Verdugo)
Guerrero y el Estado de México son las entidades que no ejercieron ni un centavo de lo que se les transfirió de acuerdo con el reporte de la ASF.
En el caso del Estado de México, una de las entidades con mayor número de desaparición y el estado que tiene el mayor número de mujeres desaparecidas, le transfirieron para la búsqueda de personas en total 10 millones de pesos y en el caso de Guerrero 9 millones 120 pesos.
En el caso de Chihuahua y Guanajuato, estados gobernados por Partido Acción Nacional regresaron el 87.5 por ciento y 30.3 por ciento del monto, respectivamente. A Chihuahua se le transfirió para el ejercicio 2021 un total de 36 millones 259 mil 900 pesos de los cuales reintegró 31 millones 734 mil pesos, y de los 12 millones que se destinaron a Guanajuato, regresó 3 millones 641 mil pesos.
En el caso de Chiapas, de los 8 millones 780 mil pesos reintegró el 68.5 por ciento, es decir, 6 millones 106 mil pesos. En el caso de Ciudad de México, regresó el 45.9 por ciento, pues de los 13 millones que se le enviaron reintegró 5 millones 968 mil pesos.
