La detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas también ha generado una indignación social que no se había visto en años recientes. Y en esa inusitada efervescencia social, la figura de Lucio Cabañas parece estar de nuevo presente y vigente. En parte, se trata de una casualidad: el maestro rural y líder del Partido de los Pobres estudió en esa misma Normal, surgida del proyecto cardenista de abrir escuelas para los más pobres. Además, un sobrino del guerrillero está entre los 42 estudiantes cuyo paradero es un misterio desde hace ya 96 días.

Pero evocar a Cabañas también es válido si se considera que el Guerrero en el que él vivió y peleó contra el Estado mexicano, no dista mucho del actual. Pobreza, marginación, caciquismo, corrupción, represión y, por encima de todo ello, una impunidad sistemática, siguen siendo norma en la entidad.

Por si fuera poco, ese Guerrero en donde policías perpetraron la desaparición masiva de estudiantes, es el mismo en el que durante los años sesenta y setenta del siglo pasado ocurrieron la mayor cantidad de desapariciones forzadas, durante la llamada “Guerra Sucia”. Hoy, como ayer, se trata de casos que siguen esperando justicia, y sobre los que ya han comenzado a amontonarse otros más, de familiares que perdieron el rastro de los suyos y de fosas que arrojan cuerpos no-sé-sabe-de-quién.

Todo ello hace que el agravio de ayer sea el mismo que el de hoy. No se puede hablar de crímenes del pasado, porque son persistentes. Y todos son resultado de un sistema de impunidad, como lo expresa Tita Radilla, quien tras 40 años sigue esperando el regreso de su padre, detenido por el Ejército en 1974.

“Esa impunidad en la que han estado nuestros casos ha sido lo que ha provocado todo esto”.

Atoyac y Tixtla, Guerrero, 1 de enero (SinEmbargo).– La carretera que marca el camino Atoyac-Pie de la Cuesta serpentea por la sierra guerrerense, con sus cerros revestidos de frondosos y verdes árboles y sus senderos improvisados en las laderas que conducen a poblados desperdigados, algunos de ellos compuestos por no más que un puñado de casitas. En algunos tramos, a la carretera le faltan trozos, como si se los hubieran arrancado a dentelladas.

Son las consecuencias aún palpables de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, que en septiembre de 2013 asolaron principalmente a los municipios del estado de Guerrero. Las comunidades de Atoyac resultaron particularmente afectadas. En la comunidad de La Pintada, por ejemplo, un alud enterró a decenas de personas, y el puente que comunicaba a varias poblaciones con la cabecera, fue destruido. Cuatro meses después, los pueblos serranos de Pie de la Cuesta seguían incomunicados.

En una de esas comunidades, San Juan de las Flores, en una casita de adobe y techo de lámina, vive la familia de María Araceli Ramos, de 43 años.

Hace casi cuatro décadas su padre, Felipe Ramos Cabañas, fue detenido y desaparecido por miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano en el poblado El Espinalillo, en el municipio de Coyuca de Benítez.

María Araceli no habla gran cosa de la desaparición forzada de su padre porque no recuerda mucho: tenía tres años cuando pasó.

Junto con su padre, fueron detenidos y desaparecidos sus tíos Heriberto, Marcos y Raymundo, y su abuelo, Eduviges Ramos de la Cruz.

“Desde entonces no sabemos nada”, dice María Araceli sentada afuera de su casa, ubicada sobre una ladera. Un sendero trazado sobre la brecha y las piedras, a fuerza de pisadas, marca el camino para llegar a ella.

María Araceli no se acuerda de la fecha en que eso ocurrió. Por lo que le ha contado su madre, sabe que antes de que los detuvieran y desaparecieran, el Ejército ya andaba tras los pasos de su padre, sus tíos y su abuelo. Por eso es que los hombres decidieron huir y esconderse.

Seis días antes de que su padre se fuera, su madre había parido. “Dice que ella sufrió bastante porque el gobierno le rodeó a ella”, cuenta María Araceli.

Su madre le ha narrado que los militares “le pateaban las puertas [de su casa] y que le abrieran porque ahí lo tenía escondido [a su padre]. Y mi mamá le abría las puertas y le pateaban la hamaca, al niño que tenía en la hamaca. Y [ordenaban] que lo buscaran, y lo buscaban abajo de las camas. Y pues mi papá no estaba aquí. Se había ido”.

La detención del padre, tíos y abuelo de María Araceli ocurrió la mañana del 9 de febrero de 1975, cuando los militares llegaron a la huerta donde vivían y trabajaban como peones, en El Espinalillo, de acuerdo con el Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los Años Sesenta y Setenta del Estado de Guerrero (Comverdad), dado a conocer el pasado 15 de octubre.

Uno de los testimonios recabados por la Comverdad que refieren la detención de los cinco hombres señala que los militares “irrumpieron violentamente a la vivienda de estos […] los disparos en el interior no se dejaron esperar” (sic).

Desde ese día, nada se sabe de ellos.

Los casos de los familiares de María Araceli forman parte de los 515 casos de violaciones a los derechos humanos documentados por la Comverdad, a partir de los testimonios recabados de 409 personas.

El propósito de la Comverdad fue investigar las ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias, torturas y desplazamientos en Guerrero durante la llamada “Guerra Sucia”, en los años sesenta y setenta del siglo pasado.

El informe señala que estos delitos, cometidos por agentes del Estado contra civiles, ocurrieron en un contexto de “represión generalizada y sistemática”, que constituyó una política de Estado para acabar con la guerrilla en la entidad.

Si bien el Ejército había intervenido en Guerrero al menos desde los años sesenta por diferentes motivos, de acuerdo con la Comverdad, su presencia fue constante a partir de los años setenta.

Un ejemplo de ello, referido en el informe de la Comisión, fue que en marzo de 1971, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos internos, con riguroso carácter de secreto, sobre el Plan Telaraña, cuyo objetivo era la erradicación de la guerrilla.

De acuerdo con archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), referidos por la Comverdad, para el gobierno mexicano el área donde existían principalmente acciones de subversión era la sierra de Atoyac.

Fue ahí donde, a partir de 1967, el maestro rural Lucio Cabañas Barrientos dirigió desde la clandestinidad un movimiento guerrillero al frente del Partido de los Pobres y de su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.

El informe de Comverdad apunta que en Guerrero se llevaron a cabo diferentes operaciones o planes “para lograr el exterminio de la guerrilla a través de la represión contra la población que se consideraba el apoyo y soporte del Partido de los Pobres”.

Algunos datos aportados por la Comverdad, con base en información oficial, corroboran la intención del gobierno mexicano de aniquilar la guerrilla de Cabañas Barrientos: en 1974 comenzaron a aparecer cadáveres de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o vincularlos con el hampa, pero que en realidad estaban relacionados con el guerrillero.

Además, entre las personas que fueron detenidas por el Ejército y trasladadas al Campo Militar Número 1, había quienes sólo estaban ahí por ser familiares del profesor rural convertido a guerrillero. Incluso la familia de Cabañas Barrientos sufrió desplazamiento forzado “por el simple hecho de ser sus familiares”.

¿Qué había en Lucio Cabañas y su movimiento guerrillero que causaba tanto resquemor y preocupación al gobierno mexicano?

Una posible respuesta la ofrece la propia DFS, la policía política secreta del Estado mexicano, en un documento fechado el 7 de julio de 1972.

En éste, reconoce que el Partido de los Pobres “logró lo que ninguna otra organización había obtenido, la de unificar a los grupos clandestinos de izquierda, actuantes en el país, y por lo que correspondes ésta área donde actúa, tendió su red de información, abastecimientos y protección dentro de las áreas rural y urbana”. Además, señala la DFS, “cuentan con el apoyo y la simpatía de los habitantes de la Zona”.

Para el ex guerrillero Francisco Javier Pizarro Chávez, quien fue miembro del grupo de “Los Guajiros” en Chihuahua, la relevancia de Cabañas Barrientos no reside únicamente en haberse levantado en armas, sino también “haber despertado esa conciencia, en aquellos años, sobre el país que estábamos viviendo”.

Se trataba de un país que no dista mucho del actual, a decir de Pizarro Chávez.

Y eso, considera, mantiene el agravio vigente.

“Ahí [en Guerrero] hubo un agravio histórico que es imposible borrar por la simple y sencilla razón de que las condiciones se mantienen igual, no se han modificado en lo absoluto en términos de represión, de corrupción, de caciquismo, agravado todo esto ahora por la presencia de grupos criminales […] que se han convertido en un detonante de mayor sojuzgamiento a las comunidades de Guerrero”.

Si alguien puede dar fe de que el agravio es persistente es María Araceli.

Hace 96 días, el hijo de María Araceli, Cutberto Ortiz Ramos, fue detenido por policías en el municipio de Iguala, a unas cuatro horas de Atoyac, junto con otros 42 jóvenes. Todos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un basurero, juntaron sus cenizas y restos óseos y los arrojaron a un río.

Es probable que María Araceli no sepa que periodistas y académicos han puesto en duda la versión validada por la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la investigación del caso, porque prefiere no ver las noticias para no lastimarse más.

Si lo hiciera quizá sería inevitable que se encontrara con alguna nota periodística referente al caso de su hijo y sus compañeros desaparecidos, que se ha convertido en la crisis de derechos humanos más importante en el actual sexenio.

La detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas también ha generado una indignación social que no se había visto en años recientes. Y en esa inusitada efervescencia social, la figura de Lucio Cabañas parece estar de nuevo presente y vigente.

La referencia, en parte, es obvia, pues Cabañas Barrientos también fue estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos, ahí se formó como maestro rural y ahí comenzó su trayectoria como líder social, al participar en organizaciones estudiantiles y convertirse, en 1961, en el primer secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la organización estudiantil más antigua del país y que hasta la fecha se mantiene en la semiclandestinidad.

Pero la vigencia del líder del Partido de los Pobres también podría explicarse porque su figura bien sirve como referente histórico para simbolizar el agravio histórico que ha vivido la sociedad guerrerense, considera Pizarro Chávez.

Además, la necesidad de luchar contra la situación de pobreza, de desigualdad, para mejorar las condiciones de vida de la gente siguen siendo válidas y vigentes, dice.

“Desde hace mucho tiempo Lucio merece un reconocimiento muy grande porque fue un detonante de la conciencia nacional, de qué es lo que estaba ocurriendo realmente en México. Su biografía política lo acredita como un luchador social permanente desde que era muy joven hasta el día de su muerte, y nunca cejó en su actividad”.

Tita Radilla Martínez conoció a Cabañas Barrientos cuando era niña, dada la amistad de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, con él y con Genaro Vázquez, el otro líder guerrillero guerrerense de esa época.

Siempre se refirió a él como “El maestro”, dice la hija mayor de Radilla Pacheco, otro de los desaparecidos forzados de la llamada “Guerra Sucia” y cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, el organismo resolvió que el Estado mexicano era responsable de la desaparición forzada del campesino y líder social en Atoyac, detenido por militares el 25 de agosto de 1974.

A Tita no le parece adecuado el término “Guerra Sucia”, para referirse a uno de los periodos más oscuros en la historia reciente de México.

Su argumento es simple: una guerra implica el enfrentamiento entre dos bandos, mientras que lo ocurrido en las décadas de los sesenta y setenta fue la “represión brutal” del Ejército contra la población.

Al maestro Lucio Cabañas lo recuerda como un hombre que luchaba por la justicia y que apoyaba los movimientos sociales.

Sentada en el pórtico de su casa en Atoyac, de donde también era originario Cabañas Barrientos, la mayor de los Radilla Martínez reflexiona sobre la relevancia del profesor.

“Yo creo que es una enseñanza que nos ha dejado Lucio de fortaleza, en que a veces hay momentos en que no toda la gente aguanta, hay momentos en que la gente [se] decide porque no hay opción y no le queda otra que defenderse”.

Para la familia de Cutberto Ortiz Ramos la evocación al líder del Partido de los Pobres es inevitable por otra razón: su parentesco con él.

María Araceli comenta que la gente de su comunidad le dice que es su familiar, mas a ella no le consta, pues nunca conoció a Cabañas Barrientos.

Pero de acuerdo con el periódico El Universal, el parentesco del joven Cutberto con el guerrillero le viene del lado paterno.

El pasado 2 de diciembre, día en que se cumplieron 40 años de la muerte del guerrillero, el diario publicó el testimonio de Elodia Ortiz Cabañas, a quien identificó como prima de Lucio Cabañas y tía del normalista desaparecido.

Elodia es también hermana de Cutberto Ortiz Cabañas, otro desaparecido de ese amargo periodo en Guerrero cuya cantidad real de víctimas es hasta la fecha desconocida. Los 512 casos documentados por la Comverdad son sólo una porción de los agravios cometidos contra la población civil en esos años.

 GUERRERO, AYER COMO HOY

En 1960, Guerrero era el estado más pobre del país, alrededor del 60 por ciento de su población era analfabeta, el 93 por ciento de las casas no tenía agua corriente y solamente el 23.5 por ciento contaba con luz eléctrica, de acuerdo con el informe de la Comverdad.

Actualmente, Guerrero es el segundo estado más pobre del país, con 67.6 por ciento de su población empobrecida; una tercera parte de ella, en pobreza extrema.

En el estado persiste un 16.7 por ciento de personas mayores de 15 años que son analfabetas, a las que se suma un 53.8 por ciento que no concluyó la educación básica.

Aún hay 37.7 por ciento de viviendas sin agua entubada y 4.2  sin luz eléctrica, acorde con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pero más allá de las cifras, Radilla Martínez considera que en Guerrero persiste no sólo una situación grave de pobreza y marginación, sino también de falta de acceso a la justicia.

“Es doloroso ver cómo la gente va a hacer denuncias y no hay investigaciones en los casos. Te reciben la denuncia pero igual no hay investigaciones, no hay sanciones, no hay un solo caso que haya sido aclarado, que yo sepa, de alguna ejecución, de algún asesinato de algún líder o de gente común y corriente”, sostiene.

Lo mismo ocurre con los casos de desapariciones, dice. El más claro ejemplo de ello son los 42 normalistas -que hoy cumplen 96 días desaparecidos- y los casos que a partir de ese hecho han comenzado a salir a la luz, algunos mantenidos en secreto por el temor de los familiares, otros liados en un sistema de justicia inoperante.

Para Radilla, la relación entre lo que aconteció hace 40 años en el estado y lo que ocurre actualmente es clara: la impunidad que ha prevalecido en los casos más antiguos de desaparecidos explica que sigan ocurriendo tales crímenes, en donde la participación de agentes del Estado sigue siendo una constante.

Para los familiares de los desaparecidos de los años setenta, dice Radilla Martínez, el caso de los normalistas desaparecidos ha reavivado la crisis que ellos mismos atravesaron antaño.

“Es doloroso, es muy doloroso [porque] la familia sigue sufriendo igual que si hubiera sido ayer”, dice quien también es hija de un desaparecido.

“También hay desesperanza porque [la gente] dice ‘¿Nunca va a haber justicia?’. Porque nosotros seguimos buscando a nuestros desaparecidos, y si no pueden encontrar a los recientes, no quieren encontrar a los recientes, pues mucho menos van a encontrar a los de la década de los setenta”.

Alberto Mesino Acosta desapareció el 18 de julio de 1974, en el ejido de Agua Fría, en Atoyac.

“Mi mamá anduvo en las cárceles, fue a ver a Rubén Figueroa [Gobernador de Guerrero de 1975 a 1981] y lo que le dijo fue: ‘No, no lo busques, a tu hijo se lo llevo la chingada’. Fue con Rosario Ibarra al Distrito Federal. Teníamos un ganadito, se lo acabó buscando a su hijo. Nunca lo encontró. Acabamos con todo, con todo, con todo. Vendimos casi todo, a ver si lo encontrábamos. Pero no”.

Quien habla es Hilario Mesino Acosta, hoy de 76 años, quien nació y creció en el serrano poblado de El Escorpión, en este mismo municipio.

“La familia se desintegró. Después se fue poniendo más duro la represión y tuvimos que bajarnos aquí a Atoyac”, rememora el anciano, de figura robusta y piel morena.

Su madre falleció sin encontrar a su hijo Alberto. Murió de cáncer. “Y de tristeza”, dice su hijo.

Mesino Acosta es fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y padre de Rocío, Juan Carlos y Norma Mesino Mesino, todos luchadores sociales. A los dos primeros los asesinaron, sin que hasta la fecha se hayan investigado, y mucho menos castigado, los crímenes, a decir de Norma, quien ha sido amenazada por su trabajo como defensora de los derechos humanos.

Para Mesino Acosta, la situación en Guerrero poco ha cambiado de como era hace 40 años. Si acaso, sopesa, ahora los defensores de derechos humanos y las organizaciones sociales tienen posibilidad de existir.

No obstante, dice, la represión persiste. Sólo que ahora es “más sofisticada”.

Tal sofisticación, considera, consiste en que si antaño el gobierno recurría a grupos paramilitares para asesinar a los luchadores sociales u opositores al régimen, ahora se sirve de las bandas de narcotráfico para hacerlo.

Radilla Martínez también percibe en ello una continuidad: quienes cometieron los crímenes contra la población en el pasado fueron “maestros” de los perpetradores actuales. Y desliza el asunto de la relación entre militares y miembros del crimen organizado.

La mención al general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, quien combatió la guerrilla de Cabañas y Vázquez en Guerrero y quien pasó siete años en prisión por presuntos nexos con el narcotráfico, es inevitable.

LA IMAGEN DE LUCIO CABAÑAS

Una imagen de Cabañas Barrientos, hecha con estencil y pintada con aerosol negro, adorna una de las paredes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, localizada en el poblado de Ayotzinapa, municipio de Tixtla.

Debajo de la figura, está escrita su célebre consigna “Ser pueblo, Hacer pueblo, Estar con el pueblo”.

La figura de Cabañas Barrientos se replica en otros varios muros de la escuela, la misma en la que él estudió entre 1956 y 1963.

Entonces las normales rurales en el país, ese proyecto educativo del cardenismo, todavía sumaban 29; aún no comenzaba el embate hacia ellas durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que redujo su número a la mitad.

La imagen del maestro rural aparece en la Normal al igual que otras como la de Genaro Vázquez –también egresado de esta escuela–, Ernesto “Che” Guevara, Carlos Marx, Vladimir Lenin o Federico Engels.

De todos ellos han retomado sus ideas, aunque formalmente la Normal reconoce su vocación como marxista leninista.

El esténcil de Cabañas Barrientos replica aquella icónica fotografía en la que aparece sentado, con un sombrero de campesino puesto, camisa y pantalón desgastados y botas de trabajo, y un rifle descansando entre sus piernas. Una mano puesta sobre la otra y la pierna derecha un poco flexionada son ademanes que contrastan con el rostro impasible y sereno. En la foto original, al lado izquierdo de Cabañas aparece Pedro Hernández (quien fue desaparecido el 9 de enero de 1975), pero en la imagen que se suele difundir del guerrillero sólo figura él: su rostro, su semblante imperturbable, su sombrero. Y su rifle.

Esa misma imagen ha aparecido también en las protestas por los 43 normalistas desaparecidos que se han hecho en la capital del país. Ahí, como pinta en paredes y fachadas, o en carteles en manos de manifestantes, se ve el rostro del guerrillero con una frase contundente: “Lucio vive”.

El semblante sereno de Lucio Cabañas en esa famosa fotografía poco se parece al gesto adusto de otra fotografía suya, que se encuentra en el expediente que la DFS hizo sobre él, cuya versión pública se puede consultar en la Galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN).

En esa imagen corresponde más con la descripción que la extinta policía secreta hizo de él en algún momento durante los años que lo espió.

La DFS lo describió así: “De 35 a 40 años de edad, 1.68 m. de estatura, color moreno en un tono cenizo subido, pelo negro, lacio, painado [sic] con raya en el lado izquierdo, gordo con abdomen mediano y poco notoria [sic], poca fortaleza física, escaso bigote y ojos negros”.

Además de la descripción, menciona su alias: “El Profe”.

En una ficha, con el número de expediente 30-13-73, legajo 5, hoja 272, se hace referencia a los otros nombres o motes atribuible al maestro rural: “Tirso”, Miguel Ramírez, “Valente”, Chiu, “Miguel”, “Valentín Moreno”, El Pelón, “LÓPEZ MECINOS Tirso” (sic).

En el expediente que la DFS armó del espionaje a Lucio Cabañas, el primer documento en el que se le menciona es un memorándum de tres páginas formado por el entonces Director Federal de Seguridad, coronel diplomado del Estado Mayor, Manuel Rangel Escamilla. Está fechado el 1 de noviembre de 1960.

La referencia a Cabañas es porque su nombre aparecía entre los firmantes de un manifiesto entregado al final de una protesta. El manifiesto era firmado por el Frente Estudiantil Cívico de Ayotzinapa, del que Cabañas era presidente, según la DFS.

Para entonces, Cabañas Barrientos aún era estudiante de la Normal de Ayotzinapa.

Los memorandos del expediente de Cabañas van dando cuenta de su participación, como representante estudiantil, en actos políticos, así como sus actividades políticas dentro de la Normal de Ayotzinapa.

Pero en ellos también se exhibe cómo lo veía el gobierno mexicano, vía su policía secreta, y cómo se refería a él en los mismos términos en que lo hacía públicamente.

Por ejemplo, en la ficha con número de expediente 40-1-63, legajo 36, hoja 203, del 8 de julio de 1963, se dice de él: “El problema de las Escuelas Normales Rurales es: LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS de 4o. año de profesional de la Rural Federal de Ayotzinapa, Gro., Srio. Gral. de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y miembro de la C.J.M. controla las Normales Rurales ubicadas en Mich., Gro., Pueb., Tab., Oax., Chis., N.L., Yuc.,Camp.Tamps.,Son. y Ver.” (sic).

En los años posteriores, ya convertido en profesor y participante de movimientos sociales, se le menciona reiteradamente como “agitador” o repartidor de “propaganda subversiva”.

Durante 1967, cuando apoyó la protesta de los padres de familia de la Escuela Primaria Juan N. Álvarez, que exigían la restitución de dos profesores y el despido de la directora del plantel, la DFS lo señala de “estar azuzando a los padres de familia para que provoquen disturbios”.

El 18 de mayo de 1967, mientras participaba en un mitin con esos padres de familia en Atoyac, policías judiciales estatales que trataban de eliminarlo, terminan asesinando a 11 personas, entre ellos una embarazada. Ese evento marcó el momento en que Cabañas Barrientos se volcó a la clandestinidad en la sierra de Atoyac, desde donde combatió al Ejército mexicano hasta 1974.

En ese contexto, los espías del Estado mexicano también dijeron de él en algún momento que “está organizando un grupo de gente armada, de diversos municipios de esta región y principalmente de los ejidos, con la finalidad de provocar un zafarrancho en Atoyac, contra la gente rica, que según dice, es la que explota a los podres y a los campesinos. Como se trata de un agitador profesional, se teme cumpla sus amenazas”.

Según su expediente en la DFS, la policía política secreta mantuvo el espionaje a Cabañas desde 1960 y hasta un par de años después de su muerte, ocurrida en 1974.

Sin embargo, una investigación de la revista Contralínea refiere que la vigilancia a Cabañas también formó parte del espionaje que la DFS mantuvo de las normales rurales.

La revista refiere que en la versión pública del espionaje a la FECSM (que consta de 10 mil 3 fojas, también disponibles en el AGN), existen desde reportes de seguimiento a estudiantes, fichas de los alumnos elaboradas por los informantes del régimen, memorandos y reportes de las actividades de los normalistas, transcripciones de discursos y conferencias, folletos, carteles y otros documentos que los estudiantes generaban, y hasta informes de las competencias deportivas que se realizaban entre las normales.

En el texto, el reportero Zósimo Camacho plantea que los documentos -en los que los espías se refieren a los normalistas como “conocido agitador”, “inconformes gratuitos”, “manipulados”, “dizque estudiante”, “revoltoso”- demuestran “el profundo arraigo de los normalistas rurales con las comunidades campesinas, su vocación socialista, su permanente lucha por mejorar las condiciones materiales y económicas de las escuelas y su disciplina que los llevó a construir una estructura permanente de lucha”.

“CUNA DE LA CONCIENCIA SOCIAL”

“Ayotzinapa. Cuna de la conciencia social”, se lee en el muro que marca la entrada a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ese internado para varones de donde son estudiantes los 42 jóvenes desaparecidos desde el 26 de septiembre.

Agustín Vázquez Flores cuenta que al llegar a la Normal le intrigó saber qué significaba esa frase, qué significaban las otras frases escritas en los murales de la escuela, por qué había tantas imágenes revolucionarias.

En la semana de adaptación, que los estudiantes conocen mejor como “semana de prueba”, fue donde se enteró de qué significado tenía la Normal de Ayotzinapa, cuáles habían sido sus luchas, por qué sigue una doctrina marxista leninista.

“Y sí tiene gran importancia, porque políticamente tiene que estar formado un maestro rural”, considera el joven de 20 años, estudiante de segundo año de la Licenciatura en Educación Primaria en esta escuela magisterial. Actualmente, la matrícula de alumnos es de 526 alumnos, de acuerdo con Agustín.

El joven explica que la formación se basa en cinco ejes, que son los que distinguen a la FECSM: educativo, deportivo, cultural, político y productivo.

Agustín se formó políticamente gracias a  los compañeros que integran el Comité de Orientación Política Ideológica (COPI), que son “quienes se encargan de darle difusión a la ideología de la FECSM” a los estudiantes de primer año.

Ahora él forma parte de la cartera del COPI. Cuando se refiere a él o a sus compañeros de esa cartera, los llama, genéricamente, COPIs.

Los COPIs, dice, también se encargan de la formación de los activistas, que son quienes en el futuro ocuparán la dirigencia de la FECSM. La Federación es la organización que agrupa a todas las normales rurales del país.

Entre los 42 normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala hay 10 activistas, la mitad del total que actualmente tiene la escuela, de acuerdo con el miembro del COPI.

Agustín es de Zihuatanejo, un municipio de la Costa Grande de Guerrero, ubicado a siete horas de Tixtla.

Antes de entrar a la Normal, él no había escuchado hablar de Lucio Cabañas, ni de Genaro Vázquez, no conocía nada de luchadores sociales ni de las organizaciones sociales que se engarzan con Ayotzinapa.

Quiso entrar a Ayotzinapa porque unos años atrás se había mudado a Tixtla a estudiar la preparatoria, de modo que sabía de su existencia y lo motivaba saber que algunos de sus conocidos iban a entrar ahí.

Su otra opción distaba en la ubicación, mas no en el modelo educativo, uno pensado en atender a los estudiantes más pobres del país. Se trataba de la Normal de Tiripetío, en Michoacán, ubicada a tres horas de donde vive su familia.

Se decidió por Ayotzinapa porque le gustó la disciplina que percibió ahí. “Ayotzinapa: desvelo, trabajo y disciplina”, dice como si fuera un mantra.

Sentado afuera de la Casa del Activista, donde se forma a los cuadros que serán los futuros dirigentes de la FECSM, Agustín rememora la primera vez que supo de Lucio Cabañas.

Había escuchado a sus compañeros hablar de Lucio, decir que Lucio era de Atoyac, que algunos venían de allá de donde era Lucio, que Lucio hizo tal cosa, que Lucio hizo tal otra.

“Ya hasta que una vez, sin querer, le pregunté al que era nuestro COPI: ‘Paisa, ¿pues quién es Lucio?’”.

Era un jueves, aún estaban en su semana de prueba.

“El COPI nos mencionó que quién era Lucio Cabañas, qué hizo por la Normal y qué hizo por su pueblo. Incluso nos contaron que él fue el primer COPI, el fue el primer secretario general de la FECSM, y pues uno como que halagas a personas como él, que lucharon”.

Lucio Cabañas no es sólo una figura recurrente en los muros de la Normal, sino también en la formación de los futuros maestros que ahí viven.

Agustín recuerda que cuando estaba en primer año, los COPIs les decían a los de su generación que cuando terminaran de estudiar tenían que ir a las comunidades no solamente a impartir clases, sino ser unos “todólogos” para poder socorrer a la gente que necesitara resolver un problema tan simple como arreglar la luz o hacer una reparación.

“¿Por qué? Porque se supone que el profesor es la gente más consciente en cualquier lado, y sí es cierto”, dice Agustín.

Durante sus prácticas de observación, él mismo lo ha constatado, afirma. Eso es lo que se les inculca en Ayotzinapa, dice; eso es lo que significa para ellos el “Ser pueblo. Hacer pueblo. Estar con el pueblo” de Cabañas.

“Siempre y cuando estés con el pueblo, ayudes al pueblo, te van a responder aunque no de la misma manera como tú lo estás ayudando, pero sientas bases de que el apoyo ya lo tienen, incondicionalmente lo tienen, pero pues ya está en ellos si deciden apoyar o no”, sostiene el normalista.

Un ejemplo: el año pasado, cuando la tormenta Manuel provocó el desbordamiento de una laguna y la consecuente inundación de Tixtla, los normalistas acudieron a apoyar a la gente. Ahora, dice Agustín, esa ayuda se recompensa, pues la gente de Tixtla se ha solidarizado con ellos en el caso de los estudiantes desaparecidos.

Al recorrer las calles de la cabecera municipal de Tixtla es posible ver, en los zaguanes de las casas, cartulinas con mensajes de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. El pasado 14 de diciembre, tras el enfrentamiento entre policías federales y normalistas, padres de familia y miembros de la CETEG, en la víspera de un concierto en Chilpancingo, la sede fue finalmente cambiada. Tixtla fue la alternativa.

Sin embargo, el apoyo a los normalistas de Ayotinapa no es unánime, pues hay un sector de la sociedad que reprueba sus acciones, como el “boteo” para hacerse de recursos, el bloqueo de vialidades, o la “toma” de autobuses de pasajeros para poder ir a hacer sus prácticas de observación.

Pero el límite entre el desacuerdo con sus métodos y la estigmatización y criminalización se ha vuelto muy difuso. A los normalistas se les han impuesto motes como “Ayotzivándalos” o “Ayotzilacras”, y en varias ocasiones se ha dicho que la Normal de Ayotzinapa es un “semillero de guerrilleros”.

Incluso después de ocurrido el ataque contra normalistas en Iguala, en medios locales y redes sociales es posible encontrar comentarios despectivos sobre los normalistas.

Uno de ellos provino de una militante priísta y ex Diputada federal suplente, Marili Olguín Cuevas. A mediados de noviembre, escribió en su cuenta de Facebook un comentario que aludía a Ayotzinapa, y terminaba con la frase “Mátenlos para que no se reproduzcan!” (sic).

De todo eso está consciente Agustín.

“Ciertamente vas a tener gente a tu favor y gente en contra”, expresa.

La agresión que policías y sicarios cometieron contra ellos la noche del 26 de septiembre y que dejó un saldo de cuatro normalistas muertos, uno en coma y 42 desaparecidos, vino a poner en el centro de atención a Guerrero, a su violencia, a la corrupción de su clase política, a sus desaparecidos, y también a la Normal de Ayotzinapa.

Pero para Agustín, eso no ha cambiado la dicotomía en las opiniones de las personas, incluso respecto al ataque en Iguala.

“Hay gente que dice: ‘No, pues estuvo bien que les pasó eso, porque ya estaban haciendo sus desmanes, querían secuestrar autobuses, o querían retener unidades’, o sea querían chingar a la población, en muy pocas palabras”, acota Agustín. “Y pues hay gente consciente que sí dice: ‘No, pues está mal porque los compañeros luchan, no luchan por ellos, luchan por toda la población, por todo Guerrero’”.

A partir de la tragedia por la desaparición de los normalistas, medios nacionales e internacionales han volteado a ver a la Normal de Ayotzinapa, a hablar de ella como el sitio donde estudian los hijos de los más pobres, a referir los embates sistemáticos que ha sufrido y su lucha por sobrevivir, a contar las precarias condiciones en las que subsisten sus alumnos. También, a señalar que no es la primera vez que son agredidos recientemente, y a recordar que el 12 de diciembre de 2011 policías  estatales asesinaron a dos normalistas durante un bloqueo en la Autopista del Sol, y que luego el 7 de enero de 2013, un tráiler atropelló a normalistas en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, matando a dos y dejando herido a otro par.

“¿Por qué esperamos hasta un 26 de septiembre para que toda la población se diera cuenta de que Ayotzinapa sí es lo que es, una escuela, y no es una ‘cuna de guerrilleros’?”, cuestiona Agustín. “Esas opiniones se admiten, pero pues también los queremos ver cuando estén de este lado, cuando tengan un desaparecido, a ver qué hacen, qué reaccionan”.

CONTRA LA IMPUNIDAD

Una mañana de abril de 1973, el Ejército llegó a la comunidad de Los Piloncillos, en Atoyac. Los soldados sacaron a los hombres de sus casas y los llevaron a la cancha. Ahí ejecutaron a seis, incluido un chico de 16 años.

En El Quemado, otra comunidad de ese municipio, más de 40 personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. La mayoría fue desaparecida transitoriamente, para que aceptara que había cometido delitos que se les imputaban, pero hubo quienes hasta hoy siguen desaparecidos.

Poblados enteros en Guerrero fueron reprimidos. Entre ellos se puede mencionar a San Francisco del Tibor, Corrales del Río Chiquito, Tres Pasos, San Juan de las Flores, San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, La Remonta, San Martín de las Flores, San Juan de las Flores, La Soledad, El Camarón, Alto del Camarón, San Andrés de la Cruz…

De otros, como Corrales de Río Chiquito, la gente fue desplazada forzadamente.

Otras comunidades de plano fueron desaparecidas por el Ejército, como fue el caso de El Potrero o Valle Florido, en Acapulco, o La Peineta, en Atoyac.

Quienes eran detenidos, por lo regular eran llevados a instalaciones militares o cárceles clandestinas. Hubo un gran número de personas, incluidos menores de edad, trasladadas al Campo Militar Número 1.

Diversos testimonios refieren, además, la realización de vuelos al mar para tirar los cuerpos de personas ejecutadas previamente en la base militar de Pie de la Cuesta, Acapulco.

De todos esos detenidos y desaparecidos, si alguien debe saber algo es el Estado mexicano, señala la Comverdad.

Así lo asienta y explica en su informe:

“Existen los elementos de convicción para asegurar que el Estado mexicano, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conocen el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la guerra sucia en el Estado de Guerrero, puesto que tanto de los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos de los hechos, como de los documentos consultados en el AGN se sabe que el ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares” (sic).

Sin embargo, la propia Comisión admite que la impunidad y la falta de investigación de los delitos ha impedido que se conozca la verdad y se sancione a los responsables por esos crímenes.

En sus comentarios finales, la Comverdad anota algo que bien podría tomarse como advertencia.

“El miedo y la indiferencia social son algunos de los enemigos a vencer para que  siempre prevalezca la memoria histórica colectiva, hay que evitar que lo acontecido se vuelva a repetir aun cuando los nuevos acontecimientos de violencia en nuestro estado no permitan ser optimistas, no existen diferencias más que de pensamiento entre los seres humanos y esos pensamientos no son argumentos válidos para matar impunemente a alguien”.

La postura de Radilla Martínez sobre el caso de los normalistas desaparecidos resuena ahora como un eco: “Esa impunidad en la que han estado nuestros casos ha sido lo que ha provocado todo esto”.

No se trata sólo de los desaparecidos de Guerrero, sino de los de el país entero. Así lo subraya Pizarro Chávez, quien ve en la indignación social que ha provocado el caso de los normalistas y la herida que ha reabierto sobre las desapariciones forzadas, una plataforma para convocar a la sociedad ya no sólo a movilizarse, sino a organizarse.

“El Estado por sí mismo no lo va a hacer, por mucha presión de organismos internacionales que tengan, por muchas marchas y manifestaciones que se realicen. Esto ha sido muy positivo porque ha sido un despertar, es una expresión muy nítida, muy clara del hartazgo social que existe, pero todos los problemas no se pueden exorcizar con eso”.

No obstante que el ex guerrillero reconoce que la guerrilla detonó un proceso de liberalización política –“sin proponérnoslo, porque nosotros lo que buscábamos era hacer una revolución”–, no ve cabida para un movimiento armado en el contexto actual.

Antes bien, propone, tiene que construirse un frente amplio y popular, que se plantee demandas muy concretas en torno al tema de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos.

“Y creo que ahí la figura de Lucio juega un papel muy importante, porque si en ese entonces no se hablaba de derechos humanos, lo cierto es que fue una época atroz en la materia  […] y eso está en la memoria histórica del pueblo de Guerrero y debe estar en la memoria histórica de México”.