Opinión en video
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17-05-2024 - 12:05 am
"La observación cuidadosa del Tribunal Electoral nos lleva, inevitablemente, a la conclusión de que su funcionamiento y decisiones están determinadas por los intereses políticos".
La forma salvaje como Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el apodo de “Alito”, embiste a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, para exigirle, con un lenguaje violento y procaz, que decline su candidatura presidencial en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, la aspirante que respalda la coalición de derecha, integrada por PAN, PRI y PRD, es el más claro signo de la desesperación y del clima anticipado de derrota que flota en el enrarecido ambiente del cierre de campañas, cuando estamos a quince días de los comicios del domingo 2 de junio del 2024.
Sin embargo, aun en el supuesto de que finalmente Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano cedieran a los acosos de PAN, PRI y PRD, en una relación tóxica en la cual el sujeto maltratado, vilipendiado, agredido y permanentemente menospreciado, terminara en los brazos de su violentador, eso no resolvería de fondo el problema de la coalición que mejor representa los intereses de la oligarquía rapaz y depredadora que históricamente a saqueado a nuestro país, pues pese a todo, los números no les cuadran y aun juntos, estarían destinados a la derrota.
Por lo tanto, a la oposición sólo le quedaría un recurso, ante la derrota inevitable: descalificar, desacreditar, desprestigiar el proceso, marcar los comicios con el signo de la infamia para restarles validez y legitimidad, propósito para el cual la oposición contaría con los invaluables servicios de un Poder Judicial abiertamente empeñado en defender los intereses de las minorías privilegiadas, haciendo un uso rencoroso, perverso, corrupto y mal intencionado de las leyes.
No es un hecho fortuito que tres semanas antes de los comicios, el martes 13 de mayo del 2024, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañada de su séquito de dirigentes de PRI, PAN y PRD, se hubiese reunido con los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quejarse de que no hay piso parejo en la contienda electoral, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador interfiere en el proceso para favorecer a la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.
Se quejó Gálvez Ruiz de que, según afirma, se han dictado 51 medidas cautelares para sancionar la conducta del presidente por sus interferencias en el proceso electoral, sin que eso haya modificado la conducta del primer mandatario. Y reprochó que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, no han actuado con suficiente energía y firmeza en contra del mandatario.
Habría que recordar que el martes 9 de abril del 2024 Gálvez Ruiz informó, en conferencia de prensa, escoltada por Marko Cortés, dirigente del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, y Jesús Zambrano, presunto líder de lo poco que queda del PRD, que se había reunido durante tres horas con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la consejera Guadalupe Taddei Zavala.
En esa ocasión la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México solicitó de manera formal a la presidenta del INE, cancelar la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
También aprovechó Gálvez Ruiz para insistir en que el INE debería realizar una campaña de difusión para aclarar a los ciudadanos que los programas sociales no son patrimonio de partido alguno, al acusar al gobierno de la Cuarta Transformación, y a Morena y sus aliados, de utilizarlos como instrumento de propaganda en favor de Claudia Sheinbaum Pardo.
Por otra parte, bajo el argumento de que era necesario “limar asperezas” con integrantes del Tribunal Electoral, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, organizó una cena privada en diciembre pasado con magistrados electorales, a los que acercó con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, publicó este miércoles 15 de mayo del 2024 el periódico Milenio, en una nota firmada por el reportero Salvador Frausto.
A través de mensajes de WhatsApp, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió a sus convocados que tenía mucho que decir. Al encuentro, de manera paralela fueron invitados el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda, agrega la información de Milenio.
Los asistentes a la cena realizada el 12 de diciembre del 2023, confirmaron que la reunión se llevó a cabo un día después de la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón; sin embargo, fueron sorprendidos con la presencia del dirigente tricolor, Alejandro Moreno, cuya asistencia no les fue anunciada de antemano.
La perversión de la derecha nunca debe subestimarse. Y menos cuando tiene un aliado poderoso como lo es el Poder Judicial, que estaría dispuesto a torcer las leyes para descalificar un posible triunfo de Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, tomando como base de argumentación los precedentes jurídicos abonados en las quejas que la oposición ha acumulado en contra del presidente López Obrador, a quien acusan de violar la equidad del proceso electoral.
La observación cuidadosa del Tribunal Electoral nos lleva, inevitablemente, a la conclusión de que su funcionamiento y decisiones están determinadas por los intereses políticos que representan quienes integran la Sala Superior, factor que también será un elemento de riesgo para el proyecto de la Cuarta Transformación en esa máxima instancia jurisdiccional, cuyas resoluciones son definitiva e inatacables.
La Sala Superior del Tribunal Electoral, es actualmente presidida por la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con quien hacen causa común los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Los enfrentan, en la disputa del poder interno y en el campo de las resoluciones, sus compañeros magistrados Janine Madeline Otálora Malassís y Reyes Rodríguez Mondragón, quien renunció a la presidencia del Tribunal Electoral en diciembre del 2023, por presión de sus tres compañeros que lo acusaron de irregularidades en la conducción de esa instancia jurisdiccional. Sin embargo, pese a la disputa interna por el poder en ese órgano colegiado, todos los magistrados son ramas del mismo árbol podrido.
El martes 31 de octubre del 2023 terminaron su gestión los magistrados del Tribunal Electoral José Luis Vargas e Indalfer Infante. La Sala Superior ha permanecido incompleta, con cinco de siete magistrados, pues el Senado de la República no ha nombrado a los relevos de Vargas e Infante,
Los magistrados electorales son nombrados con los votos de las dos terceras partes de los miembros presente en el Senado de la República, de ternas que son propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido cuestionados desde el día de su nombramiento. De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron, en el Senado de la República, quienes serían los siete nuevos magistrados electorales, designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria.
De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política, citadas por el periódico Reforma, las tres bancadas determinaron que, de las siete posiciones del Tribunal Electoral federal, tres serían definidas por el PRI, dos por el PAN, una por el PRD y una más por acuerdo de todas las fuerzas políticas.
La prioridad para el tricolor fue la designación de Felipe Fuentes Barrera; para el PAN, la carta planteada en la negociación fue Reyes Rodríguez Mondragón, quien tuvo el apoyo del senador albiazul Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y el PRD colocó sobre la mesa a Indalfer Infante González. José Luis Vargas Valdez tuvo el apoyo del PRI; Mónica Aralí Soto Fragoso llegó con el apoyo del coordinador de los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón; Felipe de la Mata Pizaña fue impulsado por el PAN; y Janine Madeline Otálora Malassis fue respaldada por PAN y PRD.
El jueves 27 de octubre del 2016 el Congreso aprobó reformas al dictamen de los nombramientos de los siete magistrados electos, para ampliarles sus periodos de gestión: con las modificaciones aprobadas, los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, electos originalmente por el Senado para estar hasta el 2019, durarían en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados electos para permanecer hasta 2022, durarían en sus tareas hasta el 31 de octubre de 2024. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassís, ejercerían su encargo en los términos de la elección realizada por el Senado el 20 de octubre del 2016, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025.
Los integrantes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral han estado protegidos, desde su origen, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 26 de junio del 2017 declaró constitucional y de plena legalidad, por muy estrecha mayoría, la prolongación de los periodos de cuatro de los siete Magistrados del Tribunal Electoral, acción que fue impugnada por los partidos Morena y PRD.
Esta determinación de la Suprema Corte, con una cerrada votación de seis contra cinco, benefició a los Magistrados Indalfer Infante, José Luis Vargas, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, al aprobar una reforma apresurada en octubre del 2016, con la anuencia de PAN y PRI, algo que se consideró irregular, pues los magistrados ya habían sido electos para un periodo determinado, mucho más corto.
De esa manera quedó formalizado que un grupo de cinco magistrados, que actualmente integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Madeline Otálora Malassís, Felipe de la Mata Pizaña y la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, calificarían dos elecciones presidenciales: la de 2018 y la de 2024.
El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, encargado de resolver, en última instancia, cualquier impugnación o controversia que se presente en los procesos electorales federales y locales. Es, asimismo, el encargado de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Si las circunstancias les son finalmente adversas, PRI, PAN y PRD, y los poderes fácticos que les son afines, tratarán de cobrarles sus deudas y favores a los magistrados del Tribunal Electoral. Ahí se jugarán su última carta para tratar de impedir que gane Claudia Sheinbaum Pardo y se profundice el proyecto de la Cuarta Transformación. Seis años más de ostracismo para la oligarquía depredadora, para sus aliados políticos, para sus intelectuales orgánicos, y para los medios de comunicación y manipulación que les sirven incondicionalmente, no podrían resistirlos.
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17-05-2024 - 12:04 am
"Se llama compra o coacción del voto. Es un delito electoral. Amerita además de la aplicación de las sanciones que marca la Ley".
A final de cuentas –como aquí lo he señalado una y otra vez— parecen ser las dádivas económicas vestidas de programas sociales las que determinarán el resultado de la elección presidencial del 2 de junio.
O sea, la compra y coacción del voto… desde el oficialismo.
A lo largo de la campaña que está a dos semanas de terminar se han ido decantando uno a uno los temas de la controversia electoral –como la inseguridad, la salud, la economía, la educación, la corrupción– y, al final, quedan efectivamente esos programas como el asunto esencial para la decisión de los ciudadanos ante la urna.
De ahí los afanes pienso que tardíos de la oposición por contrarrestar el alud de spots del partido oficial, con el que se chantajea con mentiras abierta e impunemente a los electores: Si no votas por mi vas a perder tu pensión, tu beca, tu apoyo económico. Así de simple y directo. Y descarado. Superar semejante desventaja, tramposa e ilegal, sería una hazaña adicional de Xóchitl Gálvez.
Ojo: el tema no es la ejecución de programas sociales como la pensión para adultos mayores, sino su uso propagandístico en spots de campaña para chantajear a los electores. Ese es el sentido de la mayoría de los promocionales de la candidata de Morena y socios a la Presidencia de la República.
Deliberadamente se confunde la entrega ya programada y calendarizada de los apoyos económicos a los beneficiarios, lo cual no está prohibido por la ley, con la utilización propagandística de dichos programas con intención de franca extorsión sobre el elector.
Inclusive el INE cae en esa confusión. Se niega –con razón- a prohibir la ejecución de los programas sociales durante la contienda electoral, cuando no es ese el problema. Debiera en cambio vetar y castigar el chantaje publicitario que se ejerce todos los días en miles y miles de spots de radio y televisión.
Tres ejemplos, entre decenas:
–La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, aparece a cuadro y advierte, con todo solemne: “Los únicos que podemos garantizar la continuidad de los programas sociales somos los representantes de la Cuarta Transformación”.
–En otro, ella misma alude al ex presidente Vicente Fox Quesada. “¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos?”, dice Sheinbaum. “Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar cabr…, como dice Xóchitl (Gálvez)”, dice Fox en un video.
–Tres: en un spot de televisión, Sheinbaum Pardo enumera los diferentes programas sociales mientras en imágenes se palomea en una libreta los diferentes temas: adultos mayores, becas para jóvenes, sembrando vida, etcétera, para finalmente asegurar ella misma que sólo con el gobierno de la 4T seguirán esos beneficios.
Parte de esa estrategia fue la decisión tramposa de Andrés Manuel de adelantar el pago de dos bimestres a los beneficiarios del programa de adultos mayores. Su coartada fue afirmar que lo hacía para no violar la ley electoral durante la campaña, lo cual es otra falsedad. Entregó en marzo pasado 12 mil pesos de un golpe a cada uno de ellos (alrededor de 12 millones en el país), correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Fue evidentemente una maniobra electorera, que incluso de reflejó en encuestas que midieron el efecto de la “dádiva” presidencial y en la calificación del propio mandatario.
Como escribí aquí hace más de un mes, tarde pero aun a tiempo asumieron los opositores que en efecto ese es el tema que puede inclinar la balanza a favor del partido del gobierno, “simple y sencillamente porque a una amplia capa de la sociedad, hay que reconocerlo, lo que le importa no son ni los muertos, ni la inseguridad, ni el dominio del crimen organizado en amplias regiones del país, ni la falta de atención médica, ni la corrupción de los hijos del Presidente, sino tener asegurada su pensión de seis mil pesotes cada dos meses”.
Hay 12 millones de beneficiaros de este programa, según la cifra oficial. Multiplíquelo por un mínimo de cuatro miembros de la familia que según el Inegi se ven beneficiados, de manera directa o indirecta, en promedio. Suman así 48 millones de votantes potenciales.
Recordé un dato que resulta harto elocuente en la encuesta más reciente del periódico El Financiero: 64 por ciento de los entrevistados que dijeron recibir programas sociales respondieron que votarán por Claudia Sheinbaum Pardo, mientras apenas 21 lo harían por Xóchitl Gálvez Ruiz. Una diferencia de 43 puntos porcentuales.
Esta práctica vulnera obviamente los preceptos de equidad e imparcialidad de la contienda que busca garantizar la legislación electoral vigente.
Además de la propaganda electoral con ese sentido está el activismo directo de miles de servidores de la Nación, empleados del gobierno En el caso de Ciudad de México tengo evidencia directa de la visita casa por casa de jóvenes que portan chalecos guindas del gobierno capitalino para advertir a los ciudadanos que votar por otra opción que la de Clara Brugada y Sheinbaum Pardo significa que se pierdan los apoyos económicos de que disfrutan. Así, sin recato.
La regulación de los programas sociales está establecida en el artículo 134 de la Constitución, y asegura que éstos se apeguen a su objetivo y reglas de operación, “evitando, en todo momento, su uso con fines políticos y su orientación bajo el criterio de las buenas prácticas de aplicación de los recursos públicos”.
Prohíbe en efecto la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o de la Ciudad de México, “con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para que se abstengan o voten a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura”.
Se llama compra o coacción del voto. Es un delito electoral. Amerita además de la aplicación de las sanciones que marca la Ley, una declaración clara y contundente de la autoridad electoral al respecto. Que se divulgue masivamente que los programas sociales son un derecho constitucional que nadie puede suprimir. Quedan dos semanas. Aún es tiempo. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
DEBATE. El debate de las candidatas presidenciales sobre el tema de la inseguridad del próximo domingo está tácitamente ganado antes de ocurrir por la aspirante opositora Xóchitl Gálvez. El dato aterrador de 187 mil homicidios dolosos en la que va del sexenio de los abrazos y no balazos es más que suficiente para describir el fracaso rotundo de la autollamada Cuarta Transformación en este tema. “Hay más homicidios en el país (pero) no más violencia”, dijo AMLO para nuestra tranquilidad.
@fopinchetti
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17-05-2024 - 12:03 am
"A juzgar por lo sucedido en ocasiones anteriores, la intención del voto no se mueve por el desempeño en el debate".
El último debate y nos vamos a la elección. ¿Es importante el debate del domingo? Depende a quién le preguntemos. Para los seguidores de Claudia Sheinbaum, esos que creen en las encuestas que dicen que la candidata de Morena va 30 puntos arriba, los pregoneros del arroz cocido, el debate es absolutamente intrascendente. Si la elección es un trámite, el debate es un sello burocrático, una constancia de que la candidata asistió. Para los seguidores de Xóchitl Gálvez, esos que creen en la única encuesta que dice que la candidata del Frente ya alcanzó a Claudia, el debate es la madre de todas las batallas, realmente creen que ahí se juega la elección. Los fans de Máynez, por su parte, ven el debate como la oportunidad de consolidar su posición, cualquiera que esta sea.
El tema del debate, seguridad, le es sumamente incómodo a la candidata oficial. Dejemos de lado la promesa incumplida del presidente de pacificar al país. La estrategia de militarización, al igual que sucedió con Calderón, no dio resultados. El palmarés es terrible; el sexenio de López Obrador es el periodo con más homicidios acumulados y en el que la desaparición golpeó a 60 mil familias. La baja en el resto de los delitos, robo, asalto, secuestro, etcétera, suponiendo que sea cierto, pues lo que se contabiliza son las denuncias, palidecen frente a la tragedia del homicidio y la desaparición.
Si Sheinbaum se ve obligada a defender el desempeño del gobierno obradorista se va a meter en un callejón sin salida. Si defiende los números de su gestión en Ciudad de México, el resultado del debate dependerá de la habilidad de Gálvez para desmontar el maquillaje de esas cifras. Varios investigadores sociales han señalado dos prácticas sistemáticas de las autoridades de la capital en los últimos años: clasificar homicidios con otras causas de muerte en el Servicio Médico Forense, y peor aún, el movimiento de cadáveres hacia los límites del Estado de México para manipular la realidad.
A juzgar por lo sucedido en ocasiones anteriores, la intención del voto no se mueve por el desempeño en el debate. Que sirva de algo dependerá esencialmente de que el equipo de Gálvez logre posicionar el problema de seguridad como un tema de conversación en las casas de los mexicanos a partir de algo contundente, retador y memorable que se diga durante el encuentro del domingo, y que sea de tal magnitud que movilice a los ciudadanos molestos por los resultados de seguridad.
Hasta ahora el mejor termómetro de las campañas es el jetómetro del presidente en las Mañaneras. Si las próximas semanas vemos a un presidente más molesto y atacando más a la oposición, significa que el debate hizo mella en las encuestas que él ve todas las mañanas a la hora en que supuestamente está atendiendo el problema de seguridad.
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17-05-2024 - 12:02 am
"Javier nos recuerda ese México violento que arranca a nuestros hijos e hijas, sobre todo de las clases empobrecidas, de tajo, negándoles a ellas un futuro y destruyendo el proyecto de vida de quienes le sobreviven".
El miércoles 15 nos congregamos víctimas, familiares, amigxs, organizaciones y periodistas en torno al memorial de Javier Valdez, periodista asesinado hace 7 años en Culiacán, Sinaloa. Sigue siendo sorprendente la capacidad de convocatoria que su memoria nos deja, obviamente gracias al tesón de su esposa, Griselda, y sus hijos.
En el trajín de las elecciones y el lodazal político, está la terca memoria de quienes no están, de quienes nos faltan a causa de la impunidad y la indolencia de la clase política.
Conmemorar a Javier es un atento recordatorio de que este país es un camposanto debido a los pacto criminales y que ninguna campaña, por más estridente que sea, puede hacer tal ruido que nos distraiga de la urgente necesidad de revertir la violencia que acaba con la vida de mujeres, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas postuladas a un cargo de elección popular y miles de jóvenes atrapados en esta lucha ciega y cruel por los mercados ilegales.
Javier retrató el México narco, pero sobre todo, a sus víctimas. Y en este país tomar partido por las víctimas es, en automático, convertirse en enemigo de los poderes fácticos y formales
Han pasado 7 años desde su artero homicidio y puede decirse que es de los pocos casos que hay avances en cuanto al procesamiento y sentencia a los autores materiales. Sin embargo, el autor intelectual Dámaso López “el Mini Lic” no ha sido extraditado a México porque es testigo protegido en los Estados Unidos. Aun así, en pocos casos, excepcionales, se llega a identificar todos los niveles de autoría y participación en los crímenes contra la prensa, principalmente en asesinatos.
Eso no es razón para el triunfalismo sino para una pregunta muy puntual: ¿las fiscalías pueden y no quieren avanzar en procurar justicia? Parece que sí, pero dejan en las propias víctimas y sobrevivientes, así como en las organizaciones que las acompañan, la carga de empujar los procesos.
Hoy día el discurso tramposo del gobierno trata de desvirtuar las luchas visibilizadas poniendo motes como “víctimas VIP” representadas por “organizaciones con intereses (oscuros, faltaba más)”. Pero esa retórica no aguanta la prueba del ácido. Si no fuera por la visibilización pública, por la incidencia y diversas estrategias políticas, jurídicas y comunicacionales aparejadas, los casos estarían condenados al olvido. Pero incluso con esas estrategias no hay garantía alguna de que los casos avancen.
Tenemos como ejemplo que, debido a la presión social en ese fatídico mayo de 2017, el presidente en turno Enrique Peña Nieto convocó una reunión de gobernadores en calidad de urgente a fin de analizar e implementar medidas de seguridad para el trabajo de los periodistas en el país. Nada cambió. Desde el asesinato de Javier Valdez, Artículo 19 ha registrado 58 asesinatos de comunicadores, en posible relación con su labor. La tragedia continuó y el actual gobierno no hizo gran cosa para revertir la situación. De todas formas se mantienen vivas las voces de resiliencia frente a un Estado con deudas enormes en materia de derechos humanos.
En resumen, Javier nos recuerda ese México violento que arranca a nuestros hijos e hijas, sobre todo de las clases empobrecidas, de tajo, negándoles a ellas un futuro y destruyendo el proyecto de vida de quienes le sobreviven. También nos recuerda que exhibir esa violencia y los vínculos criminales de quienes la propician es un riesgo alto, incluso de perder la vida. Por último, deja claro que en el país donde campea la impunidad del 97%, no es posible exigir justicia , verdad y reparación sino en colectivo y con redes de solidaridad.
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16-05-2024 - 12:04 am
El 2 de junio se enfrentan dos visiones de Estado. Una que cree que éste debe limitarse a corregir distorsiones de mercado y otra más audaz que ve en el poder estatal la llave para la “prosperidad compartida”.
Más allá de slogans, frases hechas y narrativas creadas por estudios publicitarios ¿cuál es la diferencia fundamental entre los dos proyectos presidenciales que competirán en las urnas el próximo 2 de junio? Desde mi punto de vista: la visión que cada candidatura tiene del Estado, su función y estructura. Eso está en juego.
Sostengo que el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez es de corte neoliberal, con todo lo bueno y lo malo que esconde esa palabra, ya tan manoseada. Basta escuchar sus discursos, conocer a sus asesores y leer el fondo de sus propuestas de Gobierno. Su proyecto es el de un Estado pequeño que externaliza soluciones al dispersar recursos públicos a entes privados. Para muestra, dos botones: sus propuestas en materia de salud pública y educación.
En salud, la política estrella de Xóchitl Gálvez no pasa por construir infraestructura hospitalaria, sino distribuir una tarjeta (“Mi salud”) que garantice la entrega de medicamentos y acceso a clínicas privadas. La propuesta educativa es similar. No consiste en ampliar la oferta de escuelas, sino en asumir el costo de las colegiaturas de entidades privadas a jóvenes que no entren a las públicas. Es un proyecto que financia la oferta y no la demanda, es Javier Milei en el espejo mexicano.
El proyecto de Gálvez no solo rehúye una reforma fiscal para nutrir las arcas del erario; ofrece eliminar el pago del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen menos de 15 mil pesos mensuales, el 49% de los trabajadores mexicanos.
En síntesis: el Estado que imagina Xóchitl Gálvez es uno que gestiona programas, externaliza servicios públicos, interviene en el mercado para subsanar sus poquitos errores y cobra menos impuestos. Es neoliberalismo 2.0. No está bien ni está mal. Es lo que está en juego.
Leo el programa de Claudia Sheinbaum en la dirección contraria. Un análisis de sus propuestas refleja no solo la intención de aumentar y consolidar capacidades estatales; subyace también la idea de un Estado cuyas políticas detonan crecimiento. El examen de sus planteamientos me recordó al libro ya clásico de Mariana Mazzucato y su noción de Estado Emprendedor. Es decir, un Estado que asume riesgos y facilita inversiones. El que perfila Mazzucato es un Estado que se aleja del Leviatán burocrático, perezoso e inercial y se acerca a uno que moldea y genera mercados. Es un Estado que no solo incentiva la inversión empresarial, sino que la dinamiza a través de inversión pública.
Así percibo, por ejemplo, el papel que pretende otorgarle a Infonavit para construir viviendas, el plan de política industrial en el sureste del país y la propuesta de construcción de corredores y parques industriales a mansalva. Pienso inevitablemente en Mazzucato y su Estado Emprendedor cuando leo con atención la propuesta de Sheinbaum sobre infraestructura ferroviaria y su énfasis en el papel que habrá de tener CFE en la modernización de hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, y en general, en dirigir el proceso de transición energética. Esa visión de Estado solo podría materializarse si Sheinbaum se compromete a aumentar la inversión pública, renunciar a la austeridad mal entendida y a emprender una reforma fiscal progresiva —fundamentos que, todo hay que decirlo, el Gobierno de López Obrador ni siquiera se planteó.
El 2 de junio se enfrentan dos visiones de Estado. Una que cree que éste debe limitarse a corregir distorsiones de mercado y otra más audaz que ve en el poder estatal la llave para la “prosperidad compartida”.
A no dudarlo: así como las propuestas tienen alcances distintos, también sobrellevan riesgos diferentes. Cada visión esconde experiencias históricas inenarrables y remite a proyectos fallidos del pasado. Cada una ofrece comparaciones que, según sea el caso, pueden resultar odiosas o muy iluminadoras. Cada una carga con mitos e imaginarios de los cuales resulta imposible desprenderse. Hay héroes y villanos en cada bando, tiros y troyanos.
A pesar de eso (o precisamente por ello) es tan significativo lo que ésta en juego.
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16-05-2024 - 12:03 am
"De acuerdo con investigaciones y datos públicos, Carmona fue un empresario ligado al partido MORENA, además de que operó como financiero de campañas de varios candidatos de ese partido".
A menos de cuatro meses de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las aduanas del país siguen hundidas en un mar de corrupción; lo peor es que la red de funcionarios y exfuncionarios que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como el propio presidente pretendieron llevar a juicio sigue intacta, pues los acusados de brindar protección a las mafias del huachicol sólo fueron cesados de sus cargos pero no procesados y menos encarcelados. El lunes 13 fue asesinado en Polanco Carlos Narváez Romero, sobrino del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien ocupó diversos cargos en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Su muerte podría estar relacionada con venganzas y hasta un posible ajuste de cuentas, pues presuntamente estaba relacionado con exfuncionarios dedicados al tráfico de combustibles robados y a la recaudación de dinero que provenía de los amos del huachicol. El hoy occiso no pudo ocupar la titularidad de las aduanas de México porque informes de inteligencia lo ligaron con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, asesinado en 2021 en Nuevo León.
Intacta y no menos protegida, la red de funcionarios –y exfuncionarios –señalados de brindar cobijo a las mafias huachicoleras empiezan a ser acallados cuando falta menos de cuatro meses para que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Este grupo de funcionarios también fue denunciado por agentes aduanales de extorsiones mediante una mecánica que les resultó muy rentable: utilizaban el sistema para poner en rojo las operaciones de algunos empresarios exportadores e importadores, lo que ocasionó una desbandada de clientes. El llamado semáforo rojo sólo podía cambiar a verde si el agente aduanal pagaba una suma millonaria.
La cabeza de este jugoso negocio tiene nombre y apellido, de acuerdo con la denuncia referida. Se llama César Alejandro Reyna Carrillo, exadministrador General de Comunicaciones y Tecnología de la Información de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Pero él no operaba solo: su brazo derecho, según la denuncia que varios empresarios hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, responde al nombre de Álvaro Alejandro Hernández Sierra; en el esquema de corrupción hay otro personaje: Leonel Arturo Escalona González. Todos ellos se dedicaron a extorsionar a importadores, exportadores y agentes aduanales.
El negocio ilegal fue descubierto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2021 cuando el presidente López Obrador decidió que los militares se hicieran cargo de las aduanas. Incluso, la FGR comenzó las investigaciones en contra de los entonces funcionarios, pero lo extraño es que nunca fueron procesados. Simplemente los cesaron de sus puestos y actualmente gozan de impunidad pese a que el presidente ordenó que ese caso no quedara impune.
En un informe de la Sedena del 18 de agosto de 2022, por ejemplo, el titular de esa dependencia le hizo del conocimiento al general Audomaro Martínez Zapata, director General del Centro Nacional de Inteligencia, la situación que privaba desde entonces en las aduanas debido a la corrupción; le expone el dato de que un alto funcionario del sector –Jun Carlos Madero Larios, director adjunto de la Agencia Nacional de Aduanas –está implicado en la protección y cobros de sumas millonarias a las mafias del huachicol.
Dice el informe:
“El citado director de investigación informó que el lic. Juan Carlos Madero Larios, presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora, asimismo está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán, en el concepto de que dicho funcionario debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cumplimiento a la instrucción del presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021 en carta conjunta de la Secretaría de Marina y esta secretaría. Sin embargo, continúa laborando en la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México) como administrador de operación aduanera, como se pudo constatar en la nómina transparente de la Función Pública durante la reunión.
“Por otra parte, comentó el referido director que, se tiene conocimiento que el lic. Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director General de Evaluación, en contubernio con el ingeniero César Reyna Carrillo, director General de Tecnología de la Información, y con la colaboración del licenciado Leonel Arturo Escalona González, manipulan el sistema de parametrización de la ANAM (Reconocimiento aduanero por alertamiento) para presuntamente realizar actos de extorsión a los Agentes Aduanales.
“Por lo anterior, se le sugiere por ese Centro bajo su respetable cargo y la que le fue proporcionada a la Dirección de Investigación de esa Dirección General, por conducto de la jefa del C.C.O (Aduanas) de esta secretaría, se realicen las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos”. El documento lo firma el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.
Pese a esta orden y no obstante que en una de sus habituales conferencias mañaneras el presidente López Obrador pidió que este asunto no quedaría impune, lo cierto es que la red de funcionarios fue cesada de sus cargos, pero nunca procesados, y menos encarcelados. Siguen libres y gozando de impunidad.
No es todo: De acuerdo con empresarios del ramo aduanero consultados, el grupo de presuntos extorsionadores sigue muy bien conectado en la Agencia Nacional de Aduanas: su principal contacto está en el área jurídica. Y aunque no refieren su nombre sí la describen de cuerpo entero:
“Es una mujer robusta, de 58 años, es actualmente funcionaria de la Dirección Jurídica de la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México); utiliza seis teléfonos celulares. Ella es el enlace de estos exfuncionarios cesados y tenía comunicación con Carlos Narváez Romero (el empresario aduanero asesinado el lunes 13 en Polanco), y desde su posición como funcionaria les proporciona información de todas las áreas de las aduanas. Para despistar maneja un Jetta 2012. Valdrá mucho la pena publicar su historia”.
El crimen que sacude al poder
El lunes 13 por la mañana, cuando regresaba a bordo de una patineta de dejar a su hijo en la escuela, en Polanco, dos balazos se incrustaron en la cabeza de Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas, pieza clave del llamado Grupo Tabasco –integrado por políticos y empresarios ligados al presidente Andrés Manuel López Obrador –, quien antes de morir estaba dedicado a la asesoría aduanera y, presuntamente, al cobro de cuotas a grupos dedicados al contrabando de combustibles.
El asesinato, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y algunos testigos, fue perpetrado por dos sujetos que portaban casco y viajaban en una motocicleta. Los asesinos del empresario ya lo esperaban. Ese día, de acuerdo con las versiones de sus familiares, le pidió a sus escoltas que lo vieran más tarde. Decidió llevar a su hijo a la escuela. Cuando regresaba a bordo de una patineta fue asesinado a malsalva. A su arribo al lugar del crimen, los paramédicos confirmaron que Narváez Romero ya no tenía signos vitales. Su muerte fue instantánea, concluyeron.
Carlos Narváez Romero –un hombre cercano al presidente López Obrador, según referencias de amigos suyos –no era un personaje menor. Su entorno estaba plagado de claroscuros por sus presuntas relaciones con funcionarios que formaron parte de la red de corrupción de Aduanas –como César Alejandro Reyna Carrillo y Leonel Arturo Escalona, entre otros – que además estaban presuntamente ligados a grupos dedicados al contrabando de combustible robado tanto en México como en Texas.
El hoy occiso trabajó en la ANAM en tiempos de Rafael Mollinedo, actualmente titular de la OMC con sede en Suiza; en alguna etapa fungió como director de Procedimientos y Evaluación Aduaneras. Incluso, dentro del gobierno, fue impulsado por amigos suyos para que ocupara la titularidad en las aduanas, pero no fue posible: las áreas de inteligencia ya lo relacionaban con el tráfico de combustible robado y con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, el 22 de noviembre de 2021 a las 5:00 de la tarde, cuando estaba sentado en una barbería.
De acuerdo con investigaciones y datos públicos, Carmona fue un empresario ligado al partido MORENA, además de que operó como financiero de campañas de varios candidatos de ese partido.
Narváez Romero es sobrino de Octavio Romero Oropeza, actual director de Petróleos Mexicanos. Después de despachar como funcionario en el sector aduanero, Narváez salió de las aduanas en junio de 2023 debido a que, desde entonces, empezó a recibir amenazas de muerte que presuntamente provenían de los contrabandistas del huachicol o de otros funcionarios de aduanas relacionados con ese negocio ilícito, entre otros, presuntamente de César Alejandro Reyna Carrillo –y su grupo –señalado en su momento como “el cabecilla de la mafia huachicolera” dentro de la ANAM. Cabe señalar que este grupo de exfuncionarios de aduanas sigue operando por fuera varios negocios presuntamente ilegales, entre otros, el tráfico de combustibles con el respaldo de funcionarios que actualmente despachan en la dependencia.
Incluso, a Narváez también se le señaló como operador externo en la presunta recaudación de cobros a los grupos dedicados al tráfico de combustibles. En un principio se le relacionó en este negocio con Juan Carlos Madero –el que está mencionado en el informe de la Sedena –y César Reyna, señalado como cabecilla del grupo. Su principal operador, de acuerdo con los informes de inteligencia consultados tiene nombre y apellido. Se llama Álvaro Alejandro Hernández Sierra.
La red de corrupción en las aduanas no sólo sigue impune, peor aún, sigue operando presuntamente al amparo del poder político que dice combatir la corrupción.
A pesar de que las 49 aduanas del país están militarizadas, la corrupción continúa.
–¿Qué opina usted del combate a la corrupción en el actual sexenio? El presidente ofreció abatirla como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo –se le pregunta a un agente aduanal que solicitó el anominato.
–En 2018 todos pensábamos que el actual sería un gobierno eficaz en el combate a ese problema y al crimen. Pero por desgracia el presidente que ofreció barrer las escaleras de la corrupción no ha tomado ni siquiera la escoba.
ACLARACIÓN:
Debe destacarse aquí que, en una carta enviada a SinEmbargo.mx desde el pasado 11 de abril, César Alejandro Reyna Carrillo niega estar implicado en los negocios que los informes de inteligencia refieren y afirma que la publicación de su nombre (vinculado a presuntos hechos de corrupción) le afecta en su reputación, pues “actualmente no enfrento ningún proceso judicial o investigación formal”.
Textualmente, expone:
“En este artículo –se refiere al que este mismo autor publicó el 26 de febrero de 2023 –mis datos personales (nombre, apellido e imagen) se encuentran publicados vinculándome por un suceso por el cual actualmente no enfrento ningún proceso judicial o investigación formal, siendo dicha información incierta y sin sustento judicial alguno.
“Lo más grave del artículo es que se me vincula a un asesinato. Esto me preocupa profundamente ya que es información totalmente incierta que perjudica gravemente mi imagen y mi reputación.
“Quisiera aclarar que entiendo y valoro el papel que los medios de comunicación desempeñan en la difusión de información relevante y veraz. Sin embargo, considerando que la información allí redactada es totalmente incierta y que no cuento ni con antecedentes penales ni una investigación formal hacia mi persona, me gustaría expresar mi preocupación por cómo la presencia continuada de mi nombre y apellido en los resultados de búsqueda de Google relacionados con este hecho incierto (que) está afectándome y generando un impacto negativo en mi vida personal, familiar y profesional”.
Cabe mencionar que la petición del señor Reyna Carrillo ya ha sido atendida, como corresponde, por área editorial de este diario digital.
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16-05-2024 - 12:02 am
"Las críticas a Sánchez llegaron no solo desde la derecha, pues incluso antiguos dirigentes del PSOE lo acusaron de pactar con fuerzas enemigas del orden constitucional".
El domingo 12 de mayo hubo elecciones en Cataluña. El President de la Generalitat, –gobierno autonómico–, Pere Aragonès, adelantó los comicios después de que no había logrado la aprobación de los presupuestos para 2024, por lo que consideró que ya no tenía el apoyo parlamentario necesario para seguir gobernando, por lo que puso en marcha el proceso de renovación del Parlament varios meses antes de que concluyera la legislatura, gracias a una atribución de los jefes de gobiernos parlamentarios, que permite renovar los gobiernos antes de que reine la ingobernabilidad o le garantiza a los líderes un nuevo período, pero con apoyos electorales renovados.
La situación en Cataluña es la más complicada de toda España. A partir de 2010, el independentismo cobró fuerza, en medio de la gran crisis económica abierta en 2007 en el mundo, como un subterfugio del entonces partido dominante, Convergència i Unió, una coalición nacionalista de derechas que había controlado, con solo la excepción de un par de legislaturas, la política catalana desde la transición democrática española.
CiU enfrentaba entonces serios problemas de prestigio, por los escándalos de corrupción que afectaban a su patriarca Jordi Pujol, quien había presidido la Generalitat durante 23 años, a partir de 1980, y a su familia. El sucesor de Pujol como líder del partido, Artur Mas, que había ganado las elecciones después de siete años como líder de la oposición a un gobierno tripartito de izquierdas encabezado por el Partit dels Socialistes de Catalunya, rama catalana del Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Catalunya, partido histórico , de gran relevancia durante la Segunda República Española (1931–1939) e Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Alternativa, mezcla de organizaciones agrupadas en torno a los rescoldos del comunismo catalán.
A pesar de su carácter nacionalista, CiU había sido un partido clave en la construcción de la democracia española. En el referéndum de diciembre de 1978, Convergencia había promovido el voto por el sí a la nueva constitución democrática española, la cual obtuvo un apoyo de más del 90 por ciento de los votos de la ciudadanía catalana. El arreglo autonómico surgido del proceso constituyente le garantizaba a Cataluña no solo el autogobierno sino la protección de su identidad lingüística y de su cultura.
El tripartito de izquierda había promovido, con el apoyo del entonces Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, un nuevo estatuto de autonomía –la constitución local– que avanzaba en los derechos específicos de los catalanes y reconocía a Cataluña como una nación, lo cual despertó la ira de la derecha española, que llevó el nuevo estatuto, aprobado por las Cortes Generales de España y votado en referéndum local, ante el Tribunal Constitucional, el cual declaró varios de su artículos inconstitucionales, con lo cual despertó el viejo sentimiento independentista, apaciguado durante la transición democrática de la década de 1970.
El caso es que Mas llegó al gobierno en medio de una gran crisis política y con los escándalos de corrupción de la familia Pujol en ascenso. Su gobierno fue el más radical, entre los gobiernos autonómicos de toda España, a la hora de aplicar recortes sociales para enfrentar la crisis presupuestal provocada por la crisis financiera mundial, y se aferró a las políticas de austeridad con mayor celo incluso que el impuesto desde la Comisión Europea, pero para distraer la atención frente a los efectos sociales devastadores de su gestión, comenzó a agitar las aguas de la autodeterminación de una región que ha estado vinculada a lo que ahora es España desde sus orígenes, aunque los políticos nacionalistas han sabido sumar agravios históricos reales o imaginarios para nutrir su fuerza política.
Artur Mas enarboló entonces la consigna de que España robaba a Cataluña, con la argucia de que la economía catalana es una de las más ricas y que el arreglo fiscal provoca que los impuestos de la región acaben subsidiando la improductividad de otras regiones, como Andalucía. A eso le sumaba cierto racismo catalanista, de desprecio al resto de los españoles desde una pretendida superioridad cultural. Así desató el órdago independentista, el cual no pudo ya encabezar porque su primer intento de referéndum fue declarado inconstitucional y él quedó inhabilitado para volver a ser President después de las elecciones de 2015, cuando ya con otro nombre y separado de sus socios históricos de Unió Democrática, organización democratacristiana, el partido de Mas logró formar gobierno con Carles Puigdemont a la cabeza de una coalición independentista que obtuvo mayoría absoluta d ellos escaños en el Parlament –con el apoyo de Esquerra Republicana y de un grupo anticapitalista radical e independentista– aunque no mayoría absoluta de los votos a favor de las fuerzas independentistas.
El gobierno de Puigdemont dedicó todas sus energías a impulsar la independencia, sin ningún otro objetivo de política y llevó a cabo un referéndum en octubre de 2017 a pesar de la prohibición judicial. Después de los resultados de la votación ilegal, en la cual participaron casi exclusivamente los partidarios de la independencia, Puigdemont declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, pero la suspendió en el mismo acto. El gobierno conservador de derechas de España, encabezado entonces por Mariano Rajoy, actuó con contundencia contra los rupturistas. Primero le echo la policía a los votantes y después desapareció los poderes locales echando mano de un artículo constitucional que hasta entonces nunca había sido utilizado.
El independentismo había partido a Cataluña a la mitad y había generado una brecha con España que parecía insuperable. La fiscalía del Estado y el Poder judicial abrieron juicios en contra de los integrantes del gobierno autonómico destituido por usar sus cargos para emprender acciones inconstitucionales y desacatar las órdenes de los jueces de parar el referéndum. Varios dirigentes de Junts, el partido de derechas encabezado por Puigdemont, de Esquerra y de otras organizaciones acabaron en la cárcel, pero Puigdemont huyó en el maletero de un coche y se exilió en Waterloo, Bélgica.
Cuando los socialistas volvieron a encabezar el gobierno de España, con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, necesitaron de los votos de Esquerra y de Junts en el Congreso de los Diputados primero para la moción de censura que derribó al gobierno de Rajoy, implicado en un caso grande de corrupción y luego para la investidura de Sánchez después de las elecciones de 2019. Entonces, el Presidente planteó el indulto para los políticos catalanes que ya habían sido condenados.
Ocurrió, sin embargo, que en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 el PSOE sufrió un batacazo, lo que lo llevó a adelantar las elecciones parlamentarias a julio del año pasado, para que fueran los electores los que decidieran sobre su permanencia en el gobierno. Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, creyó que podría formar gobierno trasladando al ámbito nacional las alianzas con la ultraderecha que le habían permitido capturar los ayuntamientos de buena parte de las ciudades y con los que había formado gobierno en la mayoría de las comunidades autonómicas en liza. Pero los escaños no le alcanzaron, mientras que Pedro Sánchez pudo construir una amplia alianza para su investidura, con el apoyo no solo de los nacionalistas catalanes, sino del partido Bildu, heredero del entorno político de ETA.
Las críticas a Sánchez llegaron no solo desde la derecha, pues incluso antiguos dirigentes del PSOE lo acusaron de pactar con fuerzas enemigas del orden constitucional. La cosa se agravó cuando Sánchez anunció que promovería una ley de amnistía para perdonar los delitos vinculados al proceso independentista catalán, lo cual sonó a traición y fue considerado anatema no solo por parte de la derecha, sino de intelectuales y políticos de izquierda.
Sánchez ha defendido que su política promueve la reconciliación en Cataluña. Aunque durante la campaña electoral había dicho que no habría amnistía, la negociación con las fuerzas independentistas para lograr su investidura el año pasado puso la aprobación de la amnistía en el centro del debate.
El hecho es que el domingo hubo elecciones en Cataluña y el Partit dels Socialistes de Catalunya, encabezado por Salvador Illia, un político muy cercano a Sánchez ganó, mientras que los partidos independentistas no sumaron la mayoría absoluta de escaños por primera vez desde 2010. Ahora lo más probable es que Illia logre ser investido como President, mientras que el bloque independentista se ha roto, Puigdemont ha quedado fuera de la jugada y toda la política catalana se ha realineado. Sánchez ha logrado con una política pactista, lo que los populares no lograron con su mano dura: desarbolar al independentismo.
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16-05-2024 - 12:01 am
"A mí me parece delirante, querido lector, que pretendan que un partido que se dice socialdemócrata, se pudiera aliar con la derecha conservadora y con el priismo corrupto".
Poco falta para las elecciones, querido lector. Dos semanas y se acabaron las campañas y el ánimo rijoso, esperemos. Es normal que en el periodo electoral los ánimos se desborden y que corran insultos e imprecaciones entre los contendientes y sus partidarios. No sabemos, sin embargo, si alcancemos esa normalidad democrática una vez que pase el 2 de junio. A mí me preocupan, y mucho, las señales de parte de la coalición opositora, sobre todo de parte de sus analistas e intelectuales que una y otra vez han intentado instalar la especie de que la elección presidencial podría anularse. La narrativa es muy clara y preocupante porque devela pulsiones claramente antidemocráticas. El asunto, querido lector, es si esas pulsiones permanecerán como amenaza o si de perder la elección intentarán ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas. O si, por el contrario, se comportarán de manera leal al sistema democrático. Las señales que han mandado, de total desesperación estos días, al tratar de manera grosera y chantajista al candidato de Movimiento Ciudadano intentando que decline por ellos, hablan por sí mismas y dejan ver que no le tienen mucho aprecio a la pluralidad democrática y a la representación de minorías. La descalificación que sus seguidores han hecho del candidato Álvarez Máynez son bochornosas, cuando no clasistas y racistas, inadmisibles.
A mí me parece delirante, querido lector, que pretendan que un partido que se dice socialdemócrata, se pudiera aliar con la derecha conservadora y con el priismo corrupto ¿por qué lo harían? No veo qué ganancia podría tener Movimiento Ciudadano para unirse a lo que dicen combatir. Perderían el sello que han construido esta campaña, el empuje que han ganado como una tercera vía, y seguramente a muchos de sus votantes simpatizantes de la izquierda que se verían obligados a inclinarse por Morena, o a abstenerse.
Estas obviedades les pasan de noche al frente opositor prianista porque está desesperado ante la constatación de que su candidata no logró el objetivo de ser competitiva, ni lograron imponer en la opinión pública la narrativa, falsa, de que esta es una elección excepcional por el peligro de que la democracia sea liquidada, o que esta es una elección de Estado.
Como en el 2006 y en el 2018 su intención ha sido crear miedo en el elector, pintando escenarios catastróficos de ganar la izquierda lopezobradorista. No les funcionó hace seis años y muy probablemente este año tampoco. El desprestigio de los partidos opositores es demasiado grande como para que la mayoría de la gente pueda olvidar el régimen de corrupción y desigualdad en que tenían sumido al país y los pueda ver como una opción ante el actual gobierno, con un presidente muy bien calificado e innegablemente popular. Lo que es increíble es que lo hayan siquiera pensado, en lugar de hacer una autocrítica profunda, deshacerse de políticos impresentables y de intereses empresariales cupulares, a partir del triunfo y el gobierno de López Obrador: tuvieron seis años. En cambio, los partidos se convirtieron en cascarones para los peores intereses y decidieron proponer lo mismo y los mismos, que ya hace seis años fueron votados y botados del poder. Ahora tendrán que enfrentar, junto con sus intelectuales y consejeros, el dilema que los persigue y decidir si son capaces de ser leales al juego democrático o no, por más que estén en desacuerdo con quienes gobiernan.
Si las encuestas resultan ser correctas y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, gana la elección con una diferencia muy amplia, la oposición difícilmente intentará anular la elección: sería un disparate. Pero si el margen de ganancia fuera menor, que es lo que anhelan y se ve muy poco probable, podría ser que buscaran anular el triunfo de Morena judicialmente aduciendo inequidad en la contienda, actos anticipados de campaña o cualquier otra causa que les convenga: para eso tienen abogados en sus filas y hasta ex ministros de la Corte a su servicio. Obviamente, este escenario es especialmente riesgoso para la estabilidad del país. Entraríamos a una zona de incertidumbre e inestabilidad que nadie puede desear, salvo quienes son incapaces de aceptar la regla básica de la democracia, que implica la posibilidad de perder elecciones. Muy mal mensaje, pues, que los partidarios de Xóchitl Gálvez estén sacando esa última carta, anticipando su fracaso en las urnas.
Lo más importante es, querido lector, que la gente, usted y yo, votemos libremente en un par de semanas, y que nuestros votos definan quiénes nos habrán de gobernar; que esos votos se respeten por parte de todos los contendientes y que tanto el gobierno como las oposiciones contribuyan a la estabilidad en el cambio de gobierno. Digamos, ese es el contrato básico de la democracia, gane quien gane. Exijamos, pues, que todos los que aspiran al poder, una vez que se decida la voluntad mayoritaria, la respeten. Son los votos, no los tribunales, quienes determinan a los gobernantes. Hay que recordarlo, no está de más.
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15-05-2024 - 12:05 am
"El que tiene el poder, tiene logros que puede presumirle a los ciudadanos. Pero no siempre".
“El presidente viola todos los días la ley, interviniendo ilegalmente en cosas que le prohibe la ley, en favor de su partido. Aquí hay una presión ilegal e invisible contra el INE y contra el Tribunal”, dijo Aguilar Camín el 15 de abril pasado por televisión abierta. Ya no atendí a lo demás que dijo porque lo de la presión “invisible” me dejó abismado. ¿Qué será una presión que no puede verse? ¿Cómo la del aire en una llanta o más parecida a la fuerza de gravedad que nos mantiene con los pies en la tierra? ¿A qué se refería el “interlocutor de Alito”, como lo llamó su colega, Jorge Castañeda? ¿A algo como el “influjo psíquico” por el que un tribunal de Ecuador acusó a su ex presidente, Rafael Correa?
Después, escuché que más dijo Aguilar Camín esa noche de televisión. Dijo: “Hay una evidente carga de todos los programas sociales que son del gobierno, que los paga Hacienda. Hay una privatización en servicio de Morena que es un interés privado, público, pero particular”. Aquí el interlocutor de Alito se hizo bolas entre público, privado y particular. El conductor del programa de tele salió al quite para avivar la súbita pérdida del hilo de su entrevistado: “Tomando en cuenta la feria de dinero que se repartió en estos meses sobre todo del partido gobernante y tomando en cuenta la participación ilegal del Presidente, que a mi siempre me ha chocado eso, pero es ilegal, yo sí creo que la cancha está dispareja”. Luego, simplemente reforzó la idea: “Si se están dando las condiciones, en el caso de que pierda la oposición, que la oposición diga esta no fue una elección justa, fue una elección inequitativa, por tanto hay que anularla”. Remató tiempo después, Aguilar Camín: “Un gran abogado te construye un caso hacia la nulidad de la elección”.
Un mes más tarde, el equipo de campaña del PRIAN, incluyendo a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, fueron al Tribunal Electoral a sustanciar una posible anulación de la elección. Como siempre, Gálvez dijo cosas contradictorias, tan acostumbrada a mentir dependiendo de su auditorio. Dijo: “La injerencia presidencial tendrá que evaluarse al calificar la elección. El piso está disparejo”. Pero, en otro momento, de la misma conferencia de prensa, también dijo: “La anulación no se puso en la mesa como escenario”. Luego, fiel a su apocamiento retórico, en el que da igual si es del PRI o ciudadana, sostuvo, al mismo tiempo, que Las Mañaneras de López Obrador la perjudican y la favorecen. De verdad. Dijo las dos cosas:“El presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que son falsos. Primero diciendo que yo iba a quitar los programas sociales, lo que es falso. Luego aduciendo problemas de corrupción que nunca han existido y en todo eso el presidente incide, se mete en la elección a favor de su candidata abiertamente. La misma injerencia presidencial la que ha generado que crezcan sus preferencias pues la gente ya se dio cuenta que hay un abuso de poder que está intentando imponer a su candidata”. Entonces, tenemos al PRIAN denunciando la famosa inequidad que ya enunciaba Aguilar Camín y su anfitrión en la tele pero tenemos a su candidata diciendo que esa misma disparidad le favorece y le perjudica, al mismo tiempo. Por lo tanto, no toda inequidad es mala para la oposición de la derecha.
Me detengo un momento en este punto. Uno de las fábulas creadas por la oposición sobre la elección presidencial es la idea de que López Obrador y sus programas sociales deberían de desaparecer mientras estén las campañas electorales. Eso —dicen— sería “equitativo”. Por eso, supongo, Aguilar Camín utiliza el término tan desafortunado de “presión invisible” para describir a Las Mañaneras. Por eso, supongo, también Xóchitl Gálvez se refirió en su reunión con el Tribunal cuando dijo: “el INE ha dictado al mandatario 51 medidas cautelares, de ellas 17 están en firme y el presidente sigue reincidiendo, pues, apuntó, decidió no cancelar las conferencias mañaneras, mientras que el Tribunal Electoral no se lo ordenó. Ellos (el INE y el Tribunal) argumentan que emitieron medidas cautelares, pero, debido a que la ley no establece sanciones a los funcionarios públicos que violen estas, López Obrador sigue reincidiendo”. El asunto es, pues, que se eliminen las conferencias de prensa donde el Presidente informa de los avances en obras, se presentan denuncias, y se dan cuestionamientos. Si Andrés Manuel no habla, la contienda electoral se hace instantáneamente equitativa. Lo sostiene alguien, como Aguilar Camín, que ha confesado públicamente no haber visto nunca una Mañanera en su vida. Está en contra de algo que nisiquera conoce, él, que también acusa al obradorismo de querer “destruir lo que no conoce”.
Ellos no estuvieron en las batallas que dimos muchos ciudadanos para que Fox no influyera en la elección que terminó en fraude en el 2006. No es que Fox hablara de sus logros, que no tuvo, ni bien de Felipe Calderón, el enviado de su partido, sino de que no hiciera el fraude que hizo. Fox organizó a su propio gabinete con los gobernadores de los estados para que, en complicidad con Elba Esther Gordillo y el sindcato de maestros, rellenaran urnas con el número justo de votos para que Calderón ganara. A eso nos referíamos cuando decimos “inequidad” y piso disparejo. No a que el Presidente hablara en conferencia de prensa. Al final, ni siquiera les alcanzó ese fraude y tuvieron que implementar el cibernético que acabó dando una ventaja del 0.57 al usurpador de Acción Nacional. Y digo que ellos, Aguilar Camín y el conductor de tele, no estuvieron con nosotros en esas batallas, porque públicamente firmaron a favor del fraude de 2006. El 3 de agosto de 2006 aparecieron sus firmas en un manifiesto que validaba el fraude electoral y que dice: “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude. Nuestras instituciones electorales son un patrimonio público que nadie debe lesionar”. Con ese manifiesto, desviaron la atención de la verdadera “inequidad” que nosotros denunciamos en otro desplejgado, coordinado por Carlos Monsiváis, en el que pedimos el recuento voto por voto y casilla por casilla. Lo que desviaron los entendados de Aguilar Camín fue decir que no había fraude porque decirlo era insultar a los pobres ciudadabnos que contaban votos en las mesas de casilla. Nunca dijimos que ese fuera el problema, sino el uso del poder presidencial de Fox para meter más votos en ciertas secciones que controlaba el sindicato de maestros de Gordillo. Desde ese entonces se nos quiso convencer de que si cuestionábamos a las instituciones electorales, estábamos contra la democracia y que pretendíamos “destruir lo que se ha avanzado”. La garantía de la elección era el pobre escrutador que se había desvelado contando votos. Pero nosotros estábamos hablando de una operación orquestada desde la Presidencia de Fox para variar los resultados de la soberanía popular e imponer a Calderón.
Pero vayamos ahora al otro punto de la “inequidad” de la contienda presidencial: los programas sociales. En un número de la revista de Aguilar Camín, María Amparo Casar, sí, la que cobra una pensión en Pemex a la que no tuvo nunca derecho y pretende que se la sigamos pagando hasta el año 2999, esa misma escribió contra las programas sociales. Su idea es que, para que no pudieran afectar el resultado electoral, los beneficiarios tendrían que creer, que los programas sociales no que son una propuesta y un proyecto de transformación de la 4T, sino algo que sale de la nada, del aire, cae del cielo o crece en los árboles, de tal manera que no tuviera relación alguna ni con López Obrador ni el obradorismo. Así lo dice: “El clientelismo, práctica política ancestral, no es más que el intercambio de votos y apoyos de un sector de la población a cambio de diferentes bienes por parte de un “patrón”, “jefe” o “capo político”: permanencia en el trabajo, avance en sus carreras o salarios, transferencias en efectivo o ciertos servicios. Esto, bajo la amenaza de que, si el intercambio no se cumple, los beneficios desparecerán”. Como los programas sociales son universales, es decir, que los cobran como derecho hasta las viejitas que van a los mítines de Claudio X. González vestudas de rosa, entonces Amparo Casar tiene que argumentar que existe alguna coerción para el intercambio entre votos y apoyos sociales. Y la presión invisible la encuentra en que la gente cree que es gracias al obradorismo, cuando, de hecho, lo es. Y esa coerción también la encuentra en que Xóchitl Gálvez ha sostenido una y otra vez que los programas deben ser temporales porque desincentivan el esfuerzo y la iniciativa para trabajar. Desaparecerían, auténticamente, los programas sociales con Xóchitl. De eso no hay duda. Pero esa amenaza la toma Casar como si fuera del Presidente López Obrador y no de los que sistemáticamente ha sostenido su propia candidata del PRIAN. No hay tal intercambio de apoyos por votos, ni hay forma de coaccionar a la gente para que no reconozca que el obradorismo es el autor de los programas sociales. Son derechos y, como tales, se pueden reclamar, aunque votes por Gálvez. En eso consiste la universalidad de los derechos, algo que Casar cree que sólo existe para ella y su pensionaria mente.
Toda elección es inequitativa porque siempre va a existir un partido en el poder y otros en la oposición. El que tiene el poder, tiene logros que puede presumirle a los ciudadanos. Pero no siempre. Si el partido en el gobierno siempre tuviera la sartén por el mango, el PRI jamás habría perdido contra Fox o López Obrador no hubiera ganado contra Meade y Anaya. Lo que sucede en México es que siempre se ha necesitado de una cascada inaudita de votos para que el fraude electoral no se haga presente. No es que el INE o el Tribunal garanticen de que no haya fraude, sino que los ciudadanos aseguran la democracia con millones de votos. De eso estamos hablando cuando miramos las encuestas y Claudia Sheinbaum va veinte puntos arriba que el PRIAN. Hay un aprendizaje de la gente: hay que salir a votar en masa y por un mismo partido, de otra forma, puede resultar el fraude electoral.
Ahora quiero señalar una más de las miserables contradicciones de la oposición. Y es el cambio de opinión que tuvieron los abajofirmantes cuando la elección por fraude de Carlos Salinas de Gortari y ahora, que les enerva López Obrador. el argumento de estos mismos opinadores de televisión fue que, si bien la legitimidad —la justeza del poder— no estaba en su origen, porque, en el mejor de los casos “no se sabía quién había ganado”, sí existía una legitimidad en el ejercicio del poder, es decir, que Salinas de Gortari se iría “legitimando” con sus políticas, como el clientelar Programa Solidaridad, aunque detentara el poder usurpado a la soberanía popular. Estaba bien que Salinas se fueran “legitimando” desde una silla presidencial robada, pero Andrés Manuel, cuya legitimidad fue respaldada por más de la mitad de los votos, no puede establecer una autoridad basada en sus políticas públicas y programas sociales. De ahí se sigue la actual retórica opositora de que los derechos sociales universales “compran votos”. O la otra, tan en boga en 2019, de que un exceso de democracia destruye la democracia “desde adentro”. De ahí se sigue a la escandalosa “elección de Estado” que la oposición ha retomado de cuando el PRI gobernaba y no bregaba para levantar a su candidata titubeante y contradictoria, Xóchitl Gálvez. Por ejemplo, llamaron “elección de Estado” a la del estado de México donde triunfó Delfina Gómez, sin atinar a notar su propia contradicción: que la maestra Delfina ya había ganado en 2017, cuando Morena no tenía la presidencia de la República. Pero no importa. Debajo de su contradicción existe un principio que no se ha alterado desde 1988: los opinadores no creen en el acto de votar como constitutivo de la legitimidad popular. Son completamente ciegos a la existencia de un movimiento popular que se apropió de las elecciones para dotar, no de adjetivos a la democracia mexicana, sino de un contenido de justicia social. “¿Cuánta pobreza soporta una democracia?”, se preguntó Carlos Fuentes en 1992. Lo que no sabía es que lo pobres se convertirían en ciudadanos altamente politizados.
Del “vámonos legitimando” del Salinismo, al “haiga sido como haiga sido” del Calderonato, los opinadores han pensando que la legitimidad de origen no es el voto sino el procedimiento de la elección: tantas casillas instaladas, actas computadas, resultados. No importa que no coincidan con la voluntad popular. Fue un concepto formalista que, en el fondo, albergó la posibilidad del fraude electoral. En las posturas de los opinadores, tanto en 1988 como en 2006, el tema no era la democracia sino la estabilidad post-electoral, es decir, administrar, “gestionar” la insatisfacción, la indignación moral, y la ira colectivas. Ahora, con las intenciones de voto prácticamente decididas en proporciones que van del 2 o 3 a 1, los mismos opinadores hablan de “elección de Estado” y, ahora sí, por primera vez de “fraude” y “anulación”.
Por último, el PRIAN le presentó al Tribunal Electoral un “mapa de riesgo” de los distritos en que ellos sienten que puede haber violencia el día de las elecciones. Lo primero que me sorprendió es que incluyeron a la CDMX, el territorio donde su candidato, el mafioso del Cartel Inmolbilario, tiene como jefe de seguridad al Jefe Goliat, Barrientos, acusado de trata de mujeres y secuestro. El mismo terriotorio donde el PRI tiene a la huestes de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en prisión por tráfico sexual. El mismo territorio donde el propio candidato del PRIAN ha pactado con el Sindicato Libertad, cuyo lider de las pipas de agua, Hugo Bello, está en la cárcel por cobrar “derecho de piso” y extorsionar a los comerciantes de la capital. Entonces, me pregunto si ese “mapa de riesgo” es un aviso de las porquerías que hará el PRIAN el día de la elección para anular el 30% de las casillas y con ello declarar nula la elección presidencial. Me lo sigo preguntando.
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15-05-2024 - 12:04 am
"El taladro de su temperatura, cuando exhibe su presencia y la ostenta sin reparo alguno".
I
La bruma del deseo,
y su paradoja;
este aliento del más allá
que se nombra aquí.
El conocimiento desplegado
al compartir la contemplación:
el pináculo y sus desnudas huellas.
II
El abrazo de la vida,
su alumbramiento que palpita;
la mirada que pronuncia
la verdad sin palabras.
Ese anhelo
de saberse
en la dicha del encuentro.
Su pausado gozo,
la intuición del misterio.
La belleza que se admira
en la ternura de su esencia,
al descifrar los signos
diseminados en los días.
III
Tomarse de la mano
es el primer poema:
el humano puente de los aprecios;
la sonrisa de la curva
que conoce mejor el camino,
de la recta y sus espejismos.
Las invisibles brazas del calor,
en un tronar de dedos,
arropan el desánimo;
las hojas secas crepitan
en los rincones del sentimiento.
IV
Las sombras,
son el templo oculto de los magos,
ahí conservan el tesoro de la noche:
el imaginario Santuario,
los polvos de su frescura
y sus anhelos,
para vencer el rigor
de la rutina de los días.
V
La agudeza del sol que se retira;
ese incendio esculpido en el horizonte;
su contundencia
en la distancia perfecta,
para ser la evidencia
más palpable
de su endiosamiento.
El taladro de su temperatura,
cuando exhibe su presencia
y la ostenta
sin reparo alguno.
VI
El círculo,
la sabiduría Impecable
de la rotación;
el bautizo de la sagrada danza
al descubrir los intervalos
que el viento alienta,
los pasos que quiebran
los grilletes de las horas:
esos tobillos sueltos,
los talones,
que pertenecen a los ríos.
Las cuevas y los árboles
custodios
de estas joyas olvidadas,
en medio de la aridez.
La primigenia soltura,
el desprendimiento;
la virtud de levantar la mirada;
el espejo de la altura;
el instinto de acortar la distancia:
la libertad de sentir;
los privilegios del ser,
su combatiente corazón.
Rendija: Este orden se resquebraja en nuestras manos.
Con los amigos buscamos palabras para descifrar el derrumbe de los días; buscamos razones, causas, responsables, incluso en nosotros mismos. Los excesos, la ceguera de la envidia y el resentimiento, las debilidades humanas arrastradas hasta el cansancio, por las diversas culturas cada vez más comprimidas en los algoritmos y sus matrices tecnológicas y conceptuales. Falta oxígeno y vitalidad en cada rincón, sometidos al circuito de la virtualidad y sus instintos magnificados. El ego de la prosperidad individual; los pasos apresurados de un suicidio colectivo. La profunda ignorancia de lo inmediato, el tiempo existencial reducido a los éxitos del instante virtual, la materia misma menospreciada; una suerte de extravío existencial crudo y abrumado de violencia. La barbarie arropada en la sofisticación de un lenguaje tecnológico que pretende ignorar la misma practica interior que nos define: la devoción, que es la semilla de la sabiduría, despojada hoy de su naturaleza de asombro y respeto, por la imposición del orgullo de un conocimiento que impera y no deja de lucrar con la ignorancia cotidiana.
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