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El Juez estatal señaló que no es viable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el exgobernador, pues se encuentra sujeto a un proceso penal ante una autoridad judicial distinta.
El empresario y exdirector jurídico de Gobernación durante la administración de Roberto Borge Angulo, recibió un disparo en la cabeza tras sufrir un asalto en Tulum.
El Juez Sexto de Distrito en el Estado de México ordenó que se cite a una nueva audiencia donde se defina si el ex mandatario es vinculado a proceso pues se determinó que la ocasión anterior el fallo que lo vinculó no cumple con la motivación y fundamentación adecuada, según informó Reforma.
Mario Castro Basto, quien se desempeñó como director de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la Administración de Roberto Borge Angulo, fue detenido este domingo en Mérida, Yucatán.
El abogado es investigado por ser parte de una red de corrupción de la que era participe Borge Angulo, quien está preso. Al ex mandatario se le acusa de rematar 22 predios con un valor menor al avalúo a familiares y amigos, el nombre del abogado Celso González aparece en varios contratos.
22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, fueron embargados.
El ex funcionario fue trasladado en avión a Chetumal durante el transcurso de la medianoche, además de que le fueron practicadas dos certificaciones médicas: una en la Ciudad de México y la otra en Quintana Roo.
Roosevelt Ercé Barrón Barrera es acusado de su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública durante la administración de ex Gobernador Roberto Borge, actualmente en prisión. Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Este sábado fue detenido Roosevelt Ercé Barrón Barrera, ex funcionario del Gobierno de Quintana Roo […]
Borge Angulo está acusado de al menos seis delitos cometidos durante su administración. Cuatro denuncias han sido interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE) que gobernó corrompiendo y sometiendo a la prensa.
Javier Duarte de Ochoa sabía a lo que le tiraba cuando a finales de junio, en Guatemala, se acogió voluntariamente a la extradición a México. Sus abogados le tenían al tanto de las pifias que obraban en la carpeta de investigación integrada por delitos federales en su contra. Nueve meses no bastaron para que la Procuraduría General de la República (PGR) articulara una indagatoria bien sustentada contra el ex Gobernador de Veracruz.
“Vamos a hacer mejor las cosas durante mi administración […]. A mi lo que me compete es trabajar por todos los quintanarroenses […]. Y desde el momento en que uno jura la Constitución del estado y protesta este cargo, pues tiene esa enorme responsabilidad [para con la gente]. Entonces me siento en plenitud para gobernar […] y sobre todo, nunca dejaré de hacer lo que yo considere, consensuadamente, con los ciudadanos, qué es lo mejor para Quintana Roo” (Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, en entrevista con los periodistas Agustín Ambriz y Luciano Núñez (Luces del Siglo TV), el 10 de agosto de 2011).
Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz cumple 181 días prófugo de la justicia mexicana, un día más de lo que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto tardó en recapturar a Joaquín Guzmán Loera, el supuesto narcotraficante más poderoso del mundo. Para analistas como José Antonio Crespo, Alberto Aziz Nassif y Daniel Vázquez Valencia el caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción y la impunidad de la clase política en México, y de la falta de voluntad del actual Gobierno federal para ejercer la justicia, ya sea por complicidad o por omisión.
En el operativo participaron al menos 60 elementos del Ejército y de la Marina, fuertemente armados, que llegaron en cinco camionetas al domicilio ubicado en la citada calle.
El año que está por concluir se vio mermado por distintos hechos que demostraron –de acuerdo con especialistas– el desinterés del Gobierno mexicano en temas de medio ambiente y conservación de especies. Del caso Tajamar a daños provocados por la minería, las autoridades exhibieron que el interés económico rebasa en prioridades al público.
Un total de siete funcionarios que laboraron en la administración de Roberto Borge Angulo en Quinta Roo fueron demandados por manejo indebido y el desvío de dos mil 388 millones de pesos.
Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal General de Quintana Roo, debe renunciar o de lo contrario, podría darse un juicio político en su contra en los próximos meses, pues existen denuncias ciudadanas y organizaciones civiles que afirman que obstruye la justicia y protege las espaldas del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, dijeron legisladores del Congreso local a SinEmbargo.